TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, 13 de Febrero de 2020
209° y 160°

CAUSA: EA-2881-15
JUEZA: ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA
SECRETARIA: ABG. CHAYNA ALVAREZ
FISCAL 17º DEL M. P: ABG. FRLORALBA SALAZAR
DEFENSA PÚBLICA: ABG. ERIKA VALLECILLOS
SANCIONADO: E.J.C.R (IDENTIDAD OMITIDA)
DELITO: ROBO AGRAVADO Y USO DE FACSIMIL
ASUNTO: PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS LIBERTAD ASISTIDA Y REGLAS DE CONDUCTA Y SE DEJA SIN EFECTO ORDEN DE CAPTURA

Atendiendo a la garantía dispuesta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativa al ejercicio y el disfrute pleno de los derechos y garantías establecidos a favor de todos los niños, niñas y adolescentes, a través de la protección integral del Estado, la Sociedad y la Familia, a la cual quedan obligados desde el momento de su concepción; y por cuanto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere jerarquía constitucional a los principios y normas contemplados en referida Ley especial, y toda vez, que entre las atribuciones que le corresponden a este Tribunal de Ejecución se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las medidas de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia que las ordena y decretar el cese de las mismas cuando corresponda, es por lo que este Juzgado de Ejecución, efectúa análisis detenido al presente atado documental, en orden a emitir el pronunciamiento de ley, del cual se observa:

En fecha 10-11-15, el Tribunal Segundo (2°) de Control de la Sección de Adolescentes de este Circuito Judicial Penal, declara penalmente responsable al adolescente iuris E.J.C.R (IDENTIDAD OMITIDA), por encontrarse incurso en el delito ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal y USO DE FACSIMIL, previsto en el artículo 114 del de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones, imponiendo la sanción PRIVACION DE LIBERTAD, por el lapso de TRES (03) MESES, motivo por el cual, por auto de fecha 10-11-15, declara la firmeza de la sentencia definitiva, por vencimiento del lapso para la interposición del recurso de apelación, sin que las partes lo hayan ejercido, y ordena la remisión de la causa a este Tribunal Ejecutor.

En fecha 30-11-15, ingresa la presente causa seguida a E.J.C.R (IDENTIDAD OMITIDA), al Tribunal Único de Primera Instancia en función de Ejecución de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, de este Circuito Judicial Penal y en ocasión a eso, se dicta el auto de ejecución de medidas el día 03-12-15, imponiendo la media el día 18-12-15.

En fecha 14-09-15, se recibe recurso de apelación interpuesto por la ABG. ERIKA VALLECILLOS, en su condición de defensora pública.

En fecha 24-11-15, se recibe cuaderno separado procedente de la Corte de Apelaciones de la Sala Especial de Adolescente de este Circuito Judicial Penal, donde declara Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la ABG. ERIKA VALLECILLOS, en su condición de defensora pública, del adolescente E.J.C.R (IDENTIDAD OMITIDA) y Confirma la decisión dictada en Audiencia Especial de Presentación de Detenido.

En fecha 19-08-16, se declara sin lugar solicitud de revisión de Medida Privativa de Libertad, interpuesto por la ABG. ERIKA VALLECILLOS, en su condición de defensora pública, de fecha 13-06-16.

En fecha 02-12-16, se realiza audiencia de Revisión de Medida, en la cual se acordó sustituir la sanción PRIVACION DE LIBERTAD, por las medidas de REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA, por el lapso de UN (01) AÑO, NUEVE (09) MESES Y SIETE (07) DIAS y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, por el lapso de SEIS (06) MESES, todas de cumplimiento simultaneo.

En fecha 10-04-18, se declara en REBELDIA y se ordena la UBICACIÒN del adolescente iuris E.J.C.R (IDENTIDAD OMITIDA), por incumplimiento de la medida, impuesta por dicho Tribunal.

En fecha 20-11-18, se declara la CESACION por cumplimiento de la medida SERVICIOS A LA COMUNIDAD, y se ordena la captura del sancionado E.J.C.R (IDENTIDAD OMITIDA), por incumplimiento de las medidas REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA.

En fecha 02-07-19, se acuerda dejar sin efecto Audiencia para oír, vista la orden de captura, en contra de antes señalado.

Ahora bien, transcurrido el tiempo para el cumplimiento de la medida, se efectúa un breve recuento de las actuaciones que constan en autos, del cual no se refleja en la causa ninguna documentación que permita dar por cumplida, parcial o totalmente la medida REGLAS DE CONDUCTA, y en cuanto a la medida de LIBERTAD ASISTIDA, se evidencia en autos que desde el día 20-02-17, el sancionado antes mencionado interrumpió el programa de libertada asistida “San José”, por lo que se concluye que el sancionado no dio fiel acatamiento a las medida en marras, y dado el tiempo transcurrido, esta Decisora, procede al estudio de la normativa relacionada con la institución de la prescripción de sanciones, contenida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuyo artículo 616 se contempla: “Las sanciones prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas más la mitad. Este plazo empezara a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva, o desde la fecha en que se compruebe que comenzó en el expediente que comenzó el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar dentro del expediente, se tomara como último acto procesal, la fecha de la declaratoria de rebeldía”. (Cursivas del Tribunal).

Deviene entonces de lo anterior, que cuando se trate de sanciones que no ameritan la privación de libertad, el Juez para poder considerar la institución jurídica de la prescripción debe tomar en cuenta: a) que exista una sentencia condenatoria definitivamente firme, esto es un pronunciamiento judicial donde se hayan agotado o dejado de ejercer los recursos y por tanto ya no pueda ser impugnado; y b) que se haya verificado el decurso del

tiempo ordenado como sanción más la mitad del mismo, tiempo que debe ser computado desde el día de la firmeza de la sentencia, desde la fecha de comprobación en la causa del incumplimiento, o de la declaratoria de rebeldía, si fuere el caso.

En cuanto a la prescripción se ha señalado en doctrina que constituye un modo de liberarse de una obligación por el curso del tiempo, y el tiempo para tal figura extintiva no comienza si la obligación no ha surgido. Al respecto, Mendoza Troconis, en su Curso de Derecho Penal Venezolano Parte General Tomo III, señala que...” el Transcurso del tiempo sin ejecución de lo condenado hace inútil esa ejecución....”. Igualmente, destaca el referido jurista, que:... “la pena tardía no tiene objeto, no es eficaz, no llena los fines buscados por la represión, se borra la necesidad de dar satisfacción al ofendido, se pierde el ansia de retribución, desaparece la importancia del delito y con ello pierde su sentido la pena”. (Cursivas del Tribunal).

De ahí, se afirma que la prescripción es un medio que extingue la ejecución de la pena, que opera cuando ha transcurrido un determinado lapso de tiempo, que previamente está establecido en la ley, sin que se haya verificado la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional a través de una sentencia firme; todo lo cual produce como efecto, la extinción para el Estado del poder de hacer efectivo el castigo al delincuente. Como en el caso de la acción penal, también la prescripción de la pena es de orden público, de allí que dadas las condiciones para que opere, es obligación del juez declararla.

En este mismo orden de ideas, el artículo 645 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prescribe: “Cumplida la medida impuesta u operada la prescripción, el juez o la jueza de ejecución deberá de oficio o a solicitud del ente público, Consejo Comunal u otra organización social, que ejecuta la medida, decretar de inmediato la cesación de la misma y en su caso, la libertad plena”. Asimismo, se extraen del artículo 647 de la Ley Adjetiva Especial, en su encabezamiento, las funciones del juez de Ejecución, entre las que se encuentra en el literal “h”: “Decretar la cesación de la medida”. (Cursivas del Tribunal).

Dicho lo anterior, y como quiera que el cese de las medidas está supeditado a su cumplimiento o al decurso del tiempo por el cual opera la prescripción de las sanciones, y habida consideración, que de acuerdo a lo estipulado en la norma 616 de la Ley antes mencionada, las sanciones prescriben por el transcurso del tiempo más la mitad, el cual debe ser contado desde el incumplimiento de la sanción contenida en la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Segundo (2°) de Control de la Sección de Adolescentes de este Circuito Judicial Penal, y siendo que las sanciones REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA, prescriben en el tiempo de DOS (02) AÑOS, SIETE (07) MESES, VEINTICINCO (25) DIAS Y DOCE (12) HORAS, y visto que la primera de las medidas fue interrumpida en fecha 02-12-16, y la segunda el 20-02-17, es por lo que se ordena hacer el computo desde esos días.

Así las cosas, y toda vez, que desde el día más cercano a la fecha actual, entre las dos citadas en el párrafo anterior, el 20-02-17, a la presente, ha decursado el tiempo de DOS (02) AÑOS, ONCE (11) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS, que excede de DOS (02) AÑOS, SIETE (07) MESES, VEINTICINCO (25) DIAS Y DOCE (12) HORAS, por los que opera la prescripción, es por lo que se decreta la prescripción de las sanciones REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA, a favor del ciudadano E.J.C.R (IDENTIDAD OMITIDA), y en consecuencia, se decreta la CESACION de las citadas medidas, y la LIBERTAD PLENA del sancionado, librándose la respectiva boleta de libertad plena, de acuerdo a lo establecido en la norma 645 ibídem; y por tanto se deja sin efecto la orden de captura Nº 184-18, de fecha 20-11-18. Remítase en su oportunidad al Archivo Judicial Central, para su custodia y resguardo definitivo; y así se decide.

DISPOSITIVA

Por todas las razones anteriormente señaladas, este Tribunal Único de Ejecución de la Sección de la Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial del estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: decreta la PRESCRIPCION de las sanciones REGLAS DE CONDUCTA Y LIBERTAD ASISTIDA, establecidas en los artículos 620, 624 y 626 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que pesan sobre el sancionado E.J.C.R (IDENTIDAD OMITIDA), debido al decurso de un tiempo superior al dispuesto en la Ley que regula esta materia, para que opere la prescripción de las referidas sanciones, todo conforme a lo previsto en el artículo 616 ejusdem. SEGUNDO: decreta la libertad plena del sancionado antes mencionado, dejándose sin efecto orden de Captura Nº 184-18, de fecha 20-11-18, y asimismo, se acuerda la remisión de la causa al Archivo Central para su custodia y resguardo definitivo por no existir otra sanción pendiente de acatamiento. TERCERO: líbrese las boletas de notificación a las partes. Diarícese. Déjese copia. Cúmplase.
.LA JUEZ;

ABG. ZULY REBECA SUAREZ GARCIA
LA SECRETARIA,

ABG. CHAYNA ALVAREZ

En la misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, librando Notificaciones Nº 271, 272 y 273-20, oficios Nº 148 y 149-20 y Boletas de libertad Nº 025-20.

LA SECRETARIA,

ABG. CHAYNA ALVAREZ
Causa Nº: EA-2881-15
ZRSG/ca.-