REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 5 de marzo de 2020
209º y 161º
ASUNTO: AH19-X-FALLAS-2020-000004
Asunto principal: AP11-V-FALLAS-2020-000125
PARTE ACTORA: Ciudadana ANA MARIA COROMOTO PITA GOMEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-10.378.498.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JOSE RAMON TORO BLANCO, ALBERTO JOSE OPEZ COLINA y NARCISO CORNIEL PALACIOS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos V-2.764.579, V-2.212.247 y V-1.954.392, respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 68.013, 10.936 y 10.254, en el mismo orden enunciado.-
PARTE DEMANDADA: Ciudadano JOSE CIPRIANO GONCALVES DOS REIS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No V-10.354.588.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación judicial alguna.
MOTIVO: ACCION MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE UNIÓN ESTABLE DE HECHO.-
- I -
Se produce la presente incidencia en virtud de la solicitud de decreto de medida cautelar planteada por la parte actora en su libelo de demanda, y en tal sentido se observa:
Mediante auto de fecha 20 de febrero de 2020, se admitió cuanto ha lugar en derecho la pretensión que por ACCION MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE UNIÓN ESTABLE DE HECHO incoara la ciudadana ANA MARIA COROMOTO PITA GOMEZ, contra el ciudadano JOSE CIPRIANO GONCALVES DOS REIS, ordenándose el emplazamiento de éste para la contestación a la demanda, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, instándose a la parte actora a consignar los fotostatos correspondientes a fin de la elaboración de la compulsa. Asimismo, se ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público mediante oficio, instándose a la parte actora a consignar los fotostatos correspondientes para tal fin, y librar edicto de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil. De igual forma, se ordenó abrir un cuaderno separado a los efectos de proveer lo conducente a la medida solicitada, instándose igualmente a la consignación de las copias del libelo y del auto de admisión.
Consta al folio 19 de la pieza principal del presente asunto distinguido AP11-V-FALLAS-2020-000125, que en fecha 2 de marzo de 2019, la representación judicial de la parte actora consignó las copias respectivas para la elaboración de la compulsa, notificación del Ministerio Público y para abrir el cuaderno de medidas.
Así, abierto el presente Cuaderno de Medidas en la fecha 3 de marzo de 2020, esta Juzgadora a fin de pronunciarse respecto a la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Alega la representación judicial de la parte actora en su escrito libelar que a partir del 1º de junio de 2006, la ciudadana ANA MARIA COROMOTO PITA GOMEZ, inició una unión estable permanente y bajo el mismo techo con el ciudadano JOSE CIPRIANO GONCALVES DOS REIS, hasta el 1º de enero de 2020, fecha en la cual éste se marchó voluntariamente del hogar, sin motivo alguno, negándose rotundamente a regresar al mismo, exigiéndole a su representada la desocupación del inmueble que venían ocupando.
Señaló que durante la unión no procrearon hijos, sin embargo, las hijas del demandado de nombres Beatriz Carolina Goncalvez Carrera y Karina Michelle Goncalvez Carrera al igual que las hijas de su poderdante de nombres Nelly Fernández y Luisana Fernández, habidas en diferentes uniones, compartieron el mismo inmueble durante la existencia de la vida en común.
Que en principio fijaron su domicilio en la Residencia María Esperanza, piso 3, apartamento Nº 3-B, Urbanización Montalbán 3, Jurisdicción de la Parroquia La Vega, Municipio Libertador, Distrito Capital, donde indica vivieron por más de 5 años y 6 meses, mudándose luego, en fecha 25 de enero de 2012, donde establecieron su domicilio en el Edificio denominado “Residencias San Antonio”, piso 7, apartamento 7C, ubicado en la intersección segunda avenida 2°, calle 7 con calle 6, unidad vecinal número 3, de la Urbanización Montalbán, Jurisdicción de la Parroquia La Vega, Municipio Libertador, Distrito Capital, donde indica vivieron por más de 13 años y 6 meses.
Expresó que durante la unión, en todo momento hubo socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta y cohabitación o vida en común hasta el 1 de enero de 2020, fecha en la cual el ciudadano JOSE CIPRIANO GONCALVES DOS REIS, decidió marcharse voluntariamente del hogar.
En el capítulo denominado “DE LAS MEDIDAS” indicó la representación actora o siguiente:
“…De conformidad con lo previsto en los artículos 585 y 588, ordinal tercero, ambos del Código de procedimiento Civil, solicitamos al Tribunal se sirva decretar mediada de prohibición de enajenar y gravar sobre los siguientes bienes: La medida cautelar de PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre los bienes constituidos por dos inmuebles distinguidos el primero (1) por un apartamento destinado a vivienda identificado con el número y letra 7.C, e identificado en la cédula catastral con el Nro. 01-01-12-U01-001-021-001-000-007-07C, situado en el ángulo noreste de la séptima planta del tipo Edificio, denominado “Residencias San Antonio”, piso 7, apto. 7C, ubicado en la intersección de la segunda 2° avenida calle 7, con calle 6, unidad vecinal número 3 de la Urbanización Montalbán, La Vega, Parroquia La Vega, Municipio Libertador, Distrito Capital. Dicho apartamento posee una superficie aproximada de Ciento Veinte y Cuatro Metros Cuadrados (124Mts2), le corresponde un porcentaje de condominio de Dos con Cuarenta y Cinco Centésimas por ciento (2.45%) sobre los derechos y obligaciones derivados del condominio protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro Público del Municipio Libertador del Distrito Capital, anotado bajo el Nro. 4, folio 17, tomo 36 Protocolo Primero, de fecha 29 de septiembre de 1988, donde constan además las medidas linderos y demás determinaciones del edificio y que se dan por reproducidos en todas sus partes. El apartamento consta de un hall de entrada, recibo, comedor, balcón con jardinería, un dormitorio principal con closet, un baño con bañera incorporada, dos dormitorios auxiliares con closet, un baño auxiliar, cocina, dormitorio de servicio y baño de servicio, y lavandero-tendedero; y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: con fachada norte del edificio; SUR: área de circulación, cuarto con ducto de basura y fachada interior sur lado oeste; ESTE: con área de circulación y con apartamento 7-D; y OESTE: con fachada oeste del edificio. Al apartamento le corresponde en propiedad un puesto de estacionamiento marcado con el número treinta y seis (36) y un maletero marcado con el número veintisiete (27), ubicados ambos en la planta baja del edificio, los cuales forman parte de la unidad indivisible con el respectivo apartamento. El segundo inmueble constituido por un puesto de estacionamiento adicional distinguido con el número cincuenta y nueve (59), identificado en la cédula catastral con el Nro. 01-01-12-U01-001-021-001-000-0PB-059 ubicado también en la planta baja del mencionado edificio, el cual tiene un área aproximada de doce metros con cincuenta decímetros cuadrados (12,50Mts2) y le corresponde un porcentaje de condominio de Cero entero con Siete Centésimas por ciento (0,07%) sobre los derechos y obligaciones derivadas de la comunidad de copropietarios y de halla alinderado así: NORTE: área verde; SUR: área de circulación; ESTE: puesto de estacionamiento Nro. 58; y OESTE: puesto de estacionamiento adicional Nro. 60. los inmuebles antes señalados le pertenecen al prenombrado ciudadano según se evidencia en documento registrado por ante el Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital de fecha diez (10) de enero de Dos Mil Doce (2012), quedando inscrito bajo el Nro. 2009-1603, Asiento Registral 2 del Inmueble matriculado con el Nro. 216.1.1.15.1182, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2009, Número 2012-43, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el Nro. 216.1.1.15.3360 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2012. Anexamos copia simple del documento de propiedad del inmueble a nombre del ciudadano JOSE CIPRIANO GONCALVES DOS REIS, marcado con (E).”(Resaltado de la cita)
-II-
Luego de revisados los alegatos esgrimidos por la parte actora, así como los recaudos acompañados esta Juzgadora pasa a resolver la solicitud que aquí se ventila en los siguientes términos:
Establecen los artículos 585, 588 y 600 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
Artículo 588: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado….”
Artículo 600: “Acordada la prohibición de enajenar y gravar, el Tribunal, sin pérdida de tiempo, oficiará al Registrador del lugar donde esté situado el inmueble o los inmuebles, para que no protocolice ningún documento en que de alguna manera se pretenda enajenarlos o gravarlos, insertando en su oficio los datos sobre situación y linderos que constaren en la petición.
Se considerarán radicalmente nulas y sin efecto la enajenación o el gravamen que se hubieren protocolizado después de decretada y comunicada al Registrador la prohibición de enajenar y gravar. El Registrador será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la protocolización.”
En tal sentido considera oportuno esta Juzgadora, citar criterio jurisprudencial al respecto:
“…tratándose de una solicitud de medida preventiva y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 585 del C.P.C., la oportunidad para acompañar el medio de prueba que constituya presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama, es el momento en que se introduce la respectiva solicitud…” (Sentencia del 7 de octubre de 1998, con ponencia del Magistrado Dr. José Luis Bonnemaison, Sala de Casación Civil)
“…es indispensable para acordar alguna de las medidas cautelares, que el solicitante presente prueba, aun cuando sea presuntiva, del derecho que se reclama y de que existe riesgo de que se haga ilusoria la ejecución del fallo .En relación con esta última existencia, esta Corte, ha precisado… que el riesgo debe aparecer manifiesto, esto es, patente o inminente…” (Sentencia de la Corte en Pleno, del 22 de febrero de 1996, con ponencia de la Magistrado Dra. Hildegard Rondón de Sansó)
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia dictada en fecha 29 de mayo de 1996 estableció:
“…El indicado presupuesto normativo cautelar –periculum in mora-, se encuentra explícitamente consagrado en el tenor del Art.585 del C.P.C.,(…), y el mismo rige, por remisión expresa, para las providencias cautelares genéricas, innominadas o indeterminadas que contempla el parágrafo primero del Art. 588 eiusdem…
… (el) presupuesto normativo cautelar –periculum in mora- ha sido formulado por el legislador venezolano en el texto del Art. 585 del C.P.C., empleando la técnica legislativa de los doctrinalmente denominados “conceptos jurídicos indeterminados”…”
Por su parte, la Sala de Casación Social, Sala Especial Agraria, en fecha 4 de junio de 2004, dictaminó lo siguiente:
“…En cuanto al periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante este tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al fumus bonis iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de un buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo calculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama…
…El poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama…
…“En el caso sub examine, la Alzada acuerda la medida preventiva requerida por la parte actora, pero sin que existan elementos probatorios en autos que conllevan a determinar la existencia del periculum in mora -…-, conducta esta que conlleva a la infracción del Art. 585 del C.P.C. por falsa aplicación, así como el contenido del Art. 588 eiusdem, en razón de que no se comprobó la concurrencia de los requisitos señalados en dichos conceptos normativos para acordar la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la accionante …”
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 17 de febrero de 2000, con Ponencia del Magistrado Dr. Carlos Escarrá Malavé estableció lo que de seguida se transcribe:
“... Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora. (...) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico jurídica consistente por parte del demandante...”
El poder cautelar es una función de los órganos jurisdiccionales tendiente a que si una de las partes en un determinado juicio solicita el decreto de una cautela, el Juez previo examen de la concurrencia de los requisitos de ley, puede decretarlo para evitar una situación de daño o de peligro, y a la par obrar según su prudente arbitrio, vale decir, el Juez es soberano y tiene amplias facultades cuando están llenos los extremos legales para decretar las medidas que soliciten las partes. De tal manera que ese poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.
En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en la necesidad de que el solicitante de una medida cautelar, cumpla con la prueba de los anteriores requisitos, a los fines de garantizar un debido proceso y una verdadera defensa, sin que de esa forma ninguna de las partes se vea afectada en sus derechos subjetivos por una medida cautelar dictada de manera arbitraria.
Ahora bien, con relación al periculum in mora, o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Por su parte con relación al fomus boni iuris, se establece que éste deviene de la presunción de buen derecho probada por quien solicita la medida, así pues, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.-
Del análisis de todo lo anterior y las jurisprudencias parcialmente transcritas acogidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, esta Juzgadora, investida de ese poder cautelar general otorgado por la ley y atendiendo al prudente arbitrio, con criterio de oportunidad y a la diversidad de circunstancias que devienen en el proceso, observa que la parte actora, solicita se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar sobre dos (2) bienes inmuebles correspondientes a un apartamento destinado a vivienda y su puesto de estacionamiento en virtud a su decir, de la existencia de la unión estable de hecho habida entre su persona y el demandado desde el año 2006 hasta el 1º de enero de 2020, indicando que en el inmueble donde fijaron su primera residencia vivieron por más de 5 años y 6 meses y en el segundo, sobre el cual solicita el decreto de medida, vivieron por más de 13 años y 6 meses, consignando al efecto en la pieza principal del presente asunto distinguido AP11-V-FALLAS-2020-000125, insertos del folio 4 al 13, ambos inclusive, instrumento poder, tres constancias de residencias y documento protocolizado ante el Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital, de fecha diez (10) de enero de Dos Mil Doce (2012), quedando inscrito bajo el Nro. 2009-1603, Asiento Registral 2 del Inmueble matriculado con el Nro. 216.1.1.15.1182, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2009, Número 2012-43, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el Nro. 216.1.1.15.3360 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2012, y al realizarse el análisis de rigor a los mismos, esta Directora del proceso considera, que no existen elementos suficientes de convicción que permitan a este Tribunal verificar los extremos necesarios para acordar la medida cautelar solicitada, por lo que esta Juzgadora, investida de ese poder cautelar general otorgado por la ley y atendiendo al prudente arbitrio, con criterio de oportunidad y a la diversidad de circunstancias que devienen en el proceso, observa que la solicitud de medida de prohibición de enajenar y gravar no cumple con los supuestos exigidos arriba mencionados, a saber, presunción del buen derecho, lo cual desvirtúa la finalidad de la protección cautelar consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollada en el artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que no es otra cosa sino tutelar la efectiva ejecución de la sentencia, de allí que resulta forzoso para este Juzgado declarar IMPROCEDENTE, en esta etapa del proceso la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte actora. ASÍ SE DECIDE.-
-III-
DECISIÓN
Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por ACCION MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE UNIÓN ESTABLE DE HECHO incoara la ciudadana ANA MARIA COROMOTO PITA GOMEZ, contra el ciudadano JOSE CIPRIANO GONCALVES DOS REIS, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: Se NIEGA por improcedente en esta etapa del proceso la medida de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por la parte actora por no llenar los extremos necesarios para acordarla.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2020.- Años: 209º de la Independencia y 161º de la Federación.-
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
CAROLINA M. GARCÍA CEDEÑO
YEISA REQUENA CASTAÑEDA
Se deja constancia que en esta misma fecha, siendo las tres y catorce minutos de la tarde (3:14 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,
YEISA REQUENA CASTAÑEDA.
Asunto: AH19-X-FALLAS-2020-000004
INTERLOCUTORIA
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