TSJ Regiones - Decisión

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRÀNSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA.
211º y 162º
Cagua, 20 de Agosto del año 2021.-
Exp. N° T-INST-C-21-17.873.

PARTE ACTORA: JESUS RAFAELLATUFF RODRIGUEZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-4.454.555, en su carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil: INGENIERIA 2888 C.A. domiciliada en la Calle Padre Fajardo, Zona Centro, Centro Comercial Santa Cruz, Oficina N°13, de la ciudad de Santa Cruz del Estado Aragua, representación que se desprende de Documento Constitutivo y Estatuto Sociales Protocolizados ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del extinto Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, anotado bajo el N°47, Tomo 80-A, en fecha 27 de Marzo de 1990 y sus posteriores modificaciones estatuarias, inscritas ante el Registro Primero del Estado Aragua, bajo el N°11, Tomo 93-A, , en fecha 21 de Diciembre de 2005, última modificación anotada bajo el N°20, Tomo 59-A, de fecha 12 de Abril de 2016.

Abogados asistentes: MONICA VERA PETRICONE CAPITELLI, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-9.674.671 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°59.653 y ANGEL PETRICONE CHIARILLI, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-7.222.131 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°41.240.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil “MINI BRUNO SUCESORES C.A.” identificada con el Rif J-00055639-3, en la persona de IGNACIO DAVILA ARREAZA, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-5.537.890 en su carácter de Director de la Junta Directiva de dicha Sociedad Mercantil, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 1 de Marzo del año 1967, bajo el N°85, Tomo 12-A, modificados sus estatutos sociales y refundidos en un solo texto, según acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 20 de Marzo de 2015, registrada en fecha 25 de Junio de 2015, anotada bajo el N°9, Tomo 200-A, carácter suyo según se desprende de Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas, registrada ante la referida Oficina de Registro Mercantil, en fecha 12 de Diciembre de 2017, anotada bajo el N°42, Tomo 318-A

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

I.
ANTECEDENTES.-

En fecha “04 de Agosto del año 2021”, se inicia el presente procedimiento mediante escrito junto a sus recaudos anexo, por INTIMACIÓN POR COBRO DE BOLÍVARES, junto con sus recaudos anexos, presentada por la ciudadana: JESUS RAFAELLATUFF RODRIGUEZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-4.454.555, en su carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil: INGENIERIA 2888 C.A. domiciliada en la Calle Padre Fajardo, Zona Centro, Centro Comercial Santa Cruz, Oficina N°13, de la ciudad de Santa Cruz del Estado Aragua, representación que se desprende de Documento Constitutivo y Estatuto Sociales Protocolizados ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del extinto Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, anotado bajo el N°47, Tomo 80-A, en fecha 27 de Marzo de 1990 y sus posteriores modificaciones estatuarias, inscritas ante el Registro Primero del Estado Aragua, bajo el N°11, Tomo 93-A, , en fecha 21 de Diciembre de 2005, última modificación anotada bajo el N°20, Tomo 59-A, de fecha 12 de Abril de 2016., debidamente asistido por los abogados: MONICA VERA PETRICONE CAPITELLI, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-9.674.671 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°59.653 y ANGEL PETRICONE CHIARILLI, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-7.222.131 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°41.240, en contra de Sociedad Mercantil “MINI BRUNO SUCESORES C.A.” identificada con el Rif J-00055639-3, en la persona de IGNACIO DAVILA ARREAZA, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-5.537.890 en su carácter de Director de la Junta Directiva de dicha Sociedad Mercantil, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 1 de Marzo del año 1967, bajo el N°85, Tomo 12-A, modificados sus estatutos sociales y refundidos en un solo texto, según acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 20 de Marzo de 2015, registrada en fecha 25 de Junio de 2015, anotada bajo el N°9, Tomo 200-A, carácter suyo según se desprende de Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas, registrada ante la referida Oficina de Registro Mercantil, en fecha 12 de Diciembre de 2017, anotada bajo el N°42, Tomo 318-A. Folios (del 01 al 20).
En fecha “20 de Agosto del Año 2021”, se le da entrada formándose expediente bajo el N° T-INST-C-21-17.873. (Folio 21).
Este Tribunal a los fines de pronunciarse al respecto, pasa a realizar las siguientes consideraciones que a continuación se plantean:
II.
MOTIVA.-

Por recibido, examinado y visto como ha sido el escrito libelar, presentado por JESUS RAFAELLATUFF RODRIGUEZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-4.454.555, en su carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil: INGENIERIA 2888 C.A. domiciliada en la Calle Padre Fajardo, Zona Centro, Centro Comercial Santa Cruz, Oficina N°13, de la ciudad de Santa Cruz del Estado Aragua, representación que se desprende de Documento Constitutivo y Estatuto Sociales Protocolizados ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del extinto Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, anotado bajo el N°47, Tomo 80-A, en fecha 27 de Marzo de 1990 y sus posteriores modificaciones estatuarias, inscritas ante el Registro Primero del Estado Aragua, bajo el N°11, Tomo 93-A, , en fecha 21 de Diciembre de 2005, última modificación anotada bajo el N°20, Tomo 59-A, de fecha 12 de Abril de 2016., debidamente asistido por los abogados: MONICA VERA PETRICONE CAPITELLI, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-9.674.671 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°59.653 y ANGEL PETRICONE CHIARILLI, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-7.222.131 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°41.240, en contra de Sociedad Mercantil “MINI BRUNO SUCESORES C.A.” identificada con el Rif J-00055639-3, en la persona de IGNACIO DAVILA ARREAZA, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-5.537.890 en su carácter de Director de la Junta Directiva de dicha Sociedad Mercantil, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 1 de Marzo del año 1967, bajo el N°85, Tomo 12-A, modificados sus estatutos sociales y refundidos en un solo texto, según acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 20 de Marzo de 2015, registrada en fecha 25 de Junio de 2015, anotada bajo el N°9, Tomo 200-A, carácter suyo según se desprende de Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas, registrada ante la referida Oficina de Registro Mercantil, en fecha 12 de Diciembre de 2017, anotada bajo el N°42, Tomo 318-A; es por ello, quien decide que se hace necesario realizar los siguientes análisis:
Primeramente, este Tribunal de Primera Instancia, discurre procedente que, de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, “El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo lega…”l; es por ello, que este principio de la conducción judicial al proceso, ya se anticipa en el artículo 11 de la Ley Adjetiva Civil, en el cual como excepción al principio del impulso procesal, se le permite a quien juzga, actuar de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no sea solicitado por los sujetos procesales; con relación al tema a tratar, en Sentencia N° 779, de fecha 10 de abril de 2002, dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dispuso lo siguiente:
Ahora bien, la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta.
En tal sentido, considera esta Sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales.
Así, contrariamente a lo alegado por la accionante, la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado de la causa, incluso en la alzada, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso.

La doctrina sentada por el Máximo Órgano Rector del Poder Judicial, ha determinado que el ejercicio de la acción se encuentra condicionado por ciertas y estipuladas circunstancias, cuya ausencia pueden determinar la inadmisión de la reclamación intentada por el demandante. Ello en sentencia Nº 776 de fecha “18 de Mayo de 2001” emanada en Sala Constitucional, en la cual se instituyó:
“…La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho. En sentido general, la acción es inadmisible:
1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil.
2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado).
3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen.
Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada… (..) …Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación…”.

En este mismo sentido, de la revisión del escrito, arriba identificado, se hace obligatoria la reproducción completa del artículo 340 de la Ley Adjetiva Civil, de esta forma:
“…Artículo 340. El libelo de la demanda deberá expresar:
1º La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.
2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.
3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.
5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.
6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
7º Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.
8º El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
9º La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174…”

En relación a lo establecido en el artículo señalado, lo que pretende el legislador, es que el abogado que vaya a ejercer la acción civil sobre cualquier caso en particular, inclusive el de la reconvención, debe redactar su pretensión de forma coherente, análoga y lógica a la relación de los hechos, concatenados a su vez con los fundamentos del derecho; haciendo los señalamientos debidos y soportando los mismo bajo los elementos jurídicos que lo fundamentan, esto último viene dado por todos los documentos, sean públicos o privados, los cuales corresponderán acompañar con el escrito de la demanda, en donde provengan inminentemente el derecho derivado de la pretensión.
Por estos planteamientos y con las múltiples atribuciones que la norma me establece, paso a traer a colación lo contemplado en el artículo 341 de la Ley Procesal Civil, en el que dispone lo siguiente:
“Presentada la demanda, el tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa….” Omissis. Inclinado, negrita y subrayado nuestro.-

Pues bien, según lo relacionado a las distintas normas particulares y anteriormente descritas, esta Juzgadora para a fundamentar el contenido de la Sentencia N° 2558 Sala Constitucional del “28 de Noviembre de 2.001”, con ponencia del Magistrado: Pedro Rafael Rondón Haaz, en Juicio de Aeroexpresos Ejecutivos, C.A. y otra empresa:
“…como se puede leer en lo trascrito, si el demandado contestó la demanda, pero no alegó la prohibición legal de la admisión de la demanda incoada, o si no contestó, dicho sujeto podrá hacer el correspondiente alegato en cualquier etapa procesal. Pues bien, considera la Sala que, si así puede hacerlo el accionado, también lo puede ex officio el juez de la causa, en cualquier estado del trámite procesal; ello con fundamento en su cualidad de director del proceso según el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 11 eiusdem…” Omissis. -

Tales omisiones sobre los requisitos indefectibles que existen en el escrito de demanda presentado por la parte actora, así como las falencias existentes en el mismo que se desprenden de las faltas referentes a las disposiciones contenidas en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil; por tales motivos, trae como consecuencia la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda, situación que obliga a esta Sentenciadora a declarar que la parte demandante no logró demostrar eficazmente la correcta pretensión de sus derechos, para el momento de interponer la controversia, es decir, cumplimiento de contrato; es por ello, con fundamento en las razones de hecho y de derecho expuestas, aunado a las citas jurisprudenciales parcialmente transcritas, esta Juzgadora actuando conforme a la atribuciones establecidas en los artículo 11 y 14 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente, debe ser declarada Inadmisible de conformidad con lo dogmáticamente expresado en el artículo 341 de la Ley adjetiva arriba mencionada, por ser contraria a la disposición expresa de la Ley. Y así se declara y decide.
III. DISPOSITIVA.-

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara, INADMISIBLE la pretensión contenida en la demanda por COBRO DE BOLÍVARES, ha incoado JESUS RAFAELLATUFF RODRIGUEZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-4.454.555, en su carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil: INGENIERIA 2888 C.A. domiciliada en la Calle Padre Fajardo, Zona Centro, Centro Comercial Santa Cruz, Oficina N°13, de la ciudad de Santa Cruz del Estado Aragua, representación que se desprende de Documento Constitutivo y Estatuto Sociales Protocolizados ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del extinto Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, anotado bajo el N°47, Tomo 80-A, en fecha 27 de Marzo de 1990 y sus posteriores modificaciones estatuarias, inscritas ante el Registro Primero del Estado Aragua, bajo el N°11, Tomo 93-A, , en fecha 21 de Diciembre de 2005, última modificación anotada bajo el N°20, Tomo 59-A, de fecha 12 de Abril de 2016., debidamente asistido por los abogados: MONICA VERA PETRICONE CAPITELLI, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-9.674.671 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°59.653 y ANGEL PETRICONE CHIARILLI, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-7.222.131 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°41.240, en contra de Sociedad Mercantil “MINI BRUNO SUCESORES C.A.” identificada con el Rif J-00055639-3, en la persona de IGNACIO DAVILA ARREAZA, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-5.537.890 en su carácter de Director de la Junta Directiva de dicha Sociedad Mercantil, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 1 de Marzo del año 1967, bajo el N°85, Tomo 12-A, modificados sus estatutos sociales y refundidos en un solo texto, según acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 20 de Marzo de 2015, registrada en fecha 25 de Junio de 2015, anotada bajo el N°9, Tomo 200-A, carácter suyo según se desprende de Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas, registrada ante la referida Oficina de Registro Mercantil, en fecha 12 de Diciembre de 2017, anotada bajo el N°42, Tomo 318-A, con fundamento en la norma contenida en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencia llevado en el Archivo por control interno de este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 248 eiusdem.
Dado, Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los Veinte (20) días del mes de Agosto del año 2.021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
LA JUEZA,

MAGALY BASTIA
LA SECRETARIA

PALMIRA ALVES
En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, once y dos de la mañana (11:02 p.m.), en cumplimiento del artículo 247 del Código de Procedimiento Civil.-

LA SECRETARIA

PALMIRA ALVES
Exp. N° T-INST-C-21.-17.873
MB.-