REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL OCTAVO DE CONTROL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA TRIBUNAL DE OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL Año 211º y 162º MARACAY, 27 DE DICIEMBRE DE 2021 ASUNTO: 8C-SOL-2661-21 JUEZ: ABG. ANA MARÍA BLANCO SANDOVAL SECRETARIA: ABG. ANDREA DE LOS ANGELES MATUTE FISCAL: SUPERIOR DEL ESTADO ARAGUA VICTIMA: LUIS EDUARDO CARTON DIAZ DECISIÓN: CON LUGAR MEDIDA DE PROTECCIÓN Por recibida las presentes actuaciones contentivas de la Solicitud de Protección Policial, emanada de la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Aragua, a favor del ciudadano: LUIS EDUARDO CARTON DIAZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.541.558, en su condición de VICTIMA, este Tribunal para decidir observa: Tanto en la solicitud señalada, como en el Acta de Compromiso de Aceptación de Medida de Protección “…..COMPAREZCO AL DÍA DE HOY A FORMULAR UNA DENUNCIA EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO ADSCRITO AL DIP, DEBIDO A QUE YO ESTABA VENDIENDO UNA LAPTO Y POR MEDIO DE UN INTERMEDIARIO DE NOMBRE ÁLVARO DUQUE QUIEN CONTACTO A ESTE FUNCIONARIO QUE DENUNCIO PERTENECIENTE A LA DIP SE LE VENDIÓ LA LAPTO, POR EL MOMENTO DE 150 DÓLARES, SEGÚN EL FUNCIONARIO LA LAPTO NO LE ENCENDIÓ DESPUÉS DE 24 HORAS QUE LA TUVO EN SU PODER Y LA DECIDIÓ DEVOLVERLA. ENTONCES POR ESTE MOTIVO EL FUNCIONARIO VA A CASA DEL INTERMEDIARIO PARA QUE LE DEVUELVA EL DINERO Y YO ME ENCONTRABA ALLÍ Y ESTE FUNCIONARIO COMENZÓ AMENAZARME QUE SI NO LE DEVOLVÍA SU DINERO EL NO ANDABA UNIFORMADO, NI EN PATRULLA PERTENECIENTE AL ORGANISMO DEL DIP PERO SI ANDABA ARMADO…...” Es todo”. Fundamentando el Fiscal Superior del Estado Aragua su solicitud, considerando que se encuentran llenos los extremos a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Protección de Victimas, testigos y demás Sujetos Procesales, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 ibidem se otorgue una Medida de Protección por un lapso de Seis (06) meses, pudiendo ser prorrogado por un tiempo igual o un tiempo superior de ser necesario. Ahora bien, considera este Tribunal que el derecho a la vida, a la integridad física y a la protección personal, son derechos y garantías fundamentales del ciudadano, que deben ser protegidos de toda amenaza que pueda vulnerarlos, inclusive hasta de la inminente posibilidad de trasgresión. El preámbulo de nuestra constitución como norma rectora suprema y fundamental, se cimienta en un estado de derecho que debe ser capaz de garantizar el imperio de la Ley sobre todo para garantizar la vida, como derecho fundamental del hombre. Por lo que ante una inminente amenaza, el Estado representado en sus poderes debe ser capaz de dar una respuesta oportuna a los fines de proteger los derechos inherentes a la persona humana. A tales efectos los artículos 26 y 55 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, consagran tanto el derecho de toda persona al acceso de los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, todos los cuales deberán ser tutelados efectivamente por los operadores de justicia, de una manera expedita, autónoma, independiente, gratuita e imparcial, entre otras; así como también se consagra la protección a que tiene derecho toda persona por parte del Estado, a través de sus órganos de seguridad, frente a las situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Es por lo cual la autoridad que lo representa debe avocarse a dar oportuna respuesta a las solicitudes que son de su conocimiento y competencia, y en tal sentido, los artículos 23, 118 y 120 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, contemplan la protección de la víctima a través de las medidas que considere pertinentes haciéndola extensible hasta su familiares más allegados, sin dilaciones indebidas, a través de los órganos de seguridad frente a esas situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo inminente para su integridad física, tales como las denunciadas en la presente actuación. Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Estado Aragua, en Función de Octavo de Control ACUERDA: PROTECCIÓN POLICIAL por el lapso de Seis (06) meses, a favor del ciudadano LUIS EDUARDO CARTON DIAZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.541.558, en su condición de VICTIMA, quien residen en la siguiente dirección: URBANIZACIÓN CAÑA DE AZÚCAR, UD-15, BLOQUE 3, APARTAMENTO 003 MARACAY ESTADO ARAGUA en consecuencia se ordena oficiar a Comisario jefe de la Brigada Policial Especial de Protección y Asistencia de Victimas Testigos y Demás Sujetos Procesales de Policía Nacional Bolivariana del Estado Aragua, para que sea el ente encargado de efectuar el cumplimiento y ejecución de dicha medida, la cual deberá realizar PATRULLAJE CONTINUO DIURNO Y NOCTURNO, hasta que cesen las amenazas y agresiones sufridas por la víctima y su familia o hasta que se establezcan las responsabilidades correspondientes de los mismos. Asimismo se ordena notificar a la víctima, y remitir la presente causa a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Aragua. Líbrese oficio a la Comisaría antes señalada, remítase copia certificada de la presente decisión a la comisaría. Désele salida. LA JUEZ, ABG. ANA MARÍA BLANCO SANDOVAL. LA SECRETARIA ABG. ANDREA MATUTE En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo acordado en el auto que antecede. LA SECRETARIA. ABG. ANDREA MATUTE. SOLICITUD Nº 8C-SOL-2661-21 AMBS/