REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS
Años 211º y 162º
ASUNTO Nº AP71-R-2019-000267
PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE QUERELLANTE: Sociedad Mercantil SERVICIOS ORIENTADOS A LA SALUD Y SEGURIDAD, SOS C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, el 18 de Julio de 2013, bajo el numero 249, Tomo 70-A Sdo y cuya reforma de los Estatutos se registró por ante la misma oficina de registro, el 02 de octubre de 2014, quedando inscrita bajo el Nº 83, Tomo 55-A SDO.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: Ciudadano OSWALDO URDANETA BERMUDEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9.704.
PARTE QUERELLADA: Ciudadana RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIÉRREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 13.833.592.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE QUERELLADA: Ciudadanas BELÉN GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, BEATRIZ GARCÍA MAIOLINO y INGRID HERNÁNDEZ BORGES, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 32.951, 44.021 y 27.733, respectivamente.
MOTIVO: INTERDICTO DE DESPOJO
SENTENCIA RECURRIDA: DEFINITIVA de fecha 04 de Julio de 2019, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
MATERIA: CIVIL.
-I-
SÍNTESIS
Arriban a este Tribunal Superior las presentes actuaciones el 18 de noviembre de 2020, proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quedando registrada bajo el Nº AP71-R-2019-000267, previa inhibición de los Jueces a cargo del Tribunal Superior Undécimo y Quinto en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del juicio que por INTERDICTO DE DESPOJO, sigue la Sociedad Mercantil SERVICIOS ORIENTADOS A LA SALUD Y SEGURIDAD SOS, C.A., contra la ciudadana RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIÉRREZ.
En fecha 18 de noviembre de 2020, se remite el expediente al Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que dicho órgano jurisdiccional proceda a efectuar la corrección de foliatura.
En fecha 10 de febrero de 2021, se reciben las presentes actuaciones provenientes del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de haberse subsanado los errores de foliatura.
Ahora bien, siendo que, a la fecha de la recepción del expediente en esta alzada, ya el Tribunal Superior Undécimo en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana de Caracas había fijado oportunidad para sentencia, este Tribunal en fecha 18 de febrero de 2021, dicta auto de ordenamiento del proceso, fijando la causa para sentencia.
En el día de hoy, 28 de junio de 2021, siendo la oportunidad para proferir el fallo, se pasa a decidir en los siguientes términos:
-II-
ALEGATOS DE LAS PARTES
PARTE QUERELLANTE
Alegó la representación judicial de la parte querellante, lo siguiente: 1) Que existe un contrato de arrendamiento privado, firmado el seis de diciembre de 2017, por la ciudadana Raquel Susana Leiva Gutiérrez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.833.892, por medio de su apoderada Ingrid Milagros Hernández Borges, dando en arrendamiento a su mandante un inmueble propiedad de su señora madre, ciudadana Belén Gutiérrez. 2) Que el inmueble está constituido por un apartamento destinado a vivienda distinguido con el número tres, letra B (3B), ubicado en el piso tres del Edificio “ISMAR B”, situado en la calle 13 de la Urbanización La Urbina, Municipio Sucre del Distrito Capital. 3) Que el contrato tendría una duración de un año contado a partir del día 23 de diciembre de 2017, con vencimiento el día 20 de diciembre de 2018. 4) Que el canon mensual de arrendamiento fue fijado por la arrendadora en la cantidad de cinco millones de bolívares (5.000.000,00) mensuales, los cuales fueron pagados en su totalidad por anualidad, vale decir, mediante el pago de Sesenta Millones de Bolívares (60.000.000,00), a través de un cheque de gerencia por la expresada cantidad, a favor de su señora madre Belén Gutiérrez, de acuerdo a la Cláusula Segunda del contrato. 5) Que la arrendadora a través de su señora madre Belén Gutiérrez, así como de su precitada apoderada, argumentaron la existencia de una violación al contrato de arrendamiento por parte de su representada. 6) Que sorpresivamente y en un lapso comprendido entre el día 27 de junio y el 3 de julio de 2018, procedió sin causa legal alguna a cambiar arbitrariamente las cerraduras de acceso al inmueble arrendado, despojando a su mandante de la posesión pacifica que sobre el ejercía, impidiéndole con ello el libre acceso. 7) Que, en horas de la tarde del 3 de julio, haciendo uso de las llaves que originalmente tenía, trató de acceder al apartamento, encontrándose con tan desagradable sorpresa. 8) Que, a través de la utilización indebida de las reseñadas vías de hecho, se despojó y desposeyó ilegal e indebidamente a su poderdante de la posesión material pacífica y legitima que como inquilino tenia. 9) Que intentó dentro del año contemplado en el artículo 783 del Código Civil y de conformidad con el mismo, en concordancia con los artículos 699 y 701 siguientes del Código de Procedimiento Civil, procedió a solicitar la restitución de la posesión a su representado en el identificado apartamento, del cual fue arbitrariamente despojada -y de hecho desalojada-. 10) Que la arrendadora no agotó previamente y omitió las vías legales imperativamente establecidas, taxativamente y ajustadas a derecho para desalojarlo del apartamento alquilado. 11) Que hizo uso arbitrario e ilegal de vías de hecho para lograr y concretar su deleznable propósito, al cambiarle las cerraduras al inmueble y negarle el acceso al mismo, razón y motivo para solicitar respetuosamente al Tribunal que con la urgencia que el caso amerita y cónsono con la naturaleza del procedimiento interdictal que se caracteriza por ser breve, eficaz y expedito, tenga a bien fijar el monto de la garantía respectiva, dicte el decreto restitutorio correspondiente y lleve a cabo la ejecución del mismo. 12) Señala que las vías de hecho indebidamente utilizadas por la querellada, configuran a su vez y de conformidad con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, un claro y objetivo Desalojo Arbitrario en contra de su representada. 13) Que una simple lectura del precitado Decreto, pone claramente en evidencia que su normativa tiene por objeto especifico la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda, y que en sus artículos del 4 al 10 establece taxativamente: 1.-) Que ex artículo 4: “...no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, SIN EL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ESTABLECIDOS, PARA TALES EFECTOS. 14) Que el precitado Decreto Ley, es de orden público estricto y de preferente aplicación, que sus normas imponen al arrendador el deber insoslayable de acudir a la vía administrativa ante la SUNAVI, antes de acudir a la vía judicial en caso de pretender desalojar a su inquilina, so pena de incurrir en un desalojo arbitrario no permitido por la ley, lo cual no hizo y omitió totalmente la arrendadora aquí querellada. 15) Acompañó Justificativo de Testigos debidamente evacuado que evidencia la veracidad de lo antes afirmado y que su representada se encontraba en posesión del inmueble del que fue despojada y desalojada arbitrariamente. 16) Estimó la acción interdictal en la cantidad de Cincuenta y Un Mil Diecisiete Bolívares Soberanos (Bs. 51.017,00) o lo que es lo mismo, en la cantidad de Tres Mil Una Unidades Tributarios (UT 3.001,00). 17) Pide que la presente querella sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva. 18) Que en el presente caso se dan todos los supuestos de procedencia de la acción intertidal restitutoria incoada en contra de su representada, como son: a) Que su representada en su condición de inquilina, es legítima y pacifica poseedora del apartamento objeto del presente litigio. b) Que fue despojado arbitrariamente de su posesión. c) Que la arrendadora querellada es la autora de los hechos del despojo. d) Que el apartamento poseído por su representada en su condición de inquilina, es el mismo que fue objeto del despojo arbitrario cometido en su contra. e) Que no ha transcurrido el año de caducidad establecido en el artículo 783 del Código Civil.
PARTE QUERELLADA
Admitida la querella en fecha 11 de octubre de 2018, procedió el Tribunal a fijar la caución a fin del decreto de restitución provisional de conformidad con lo previsto en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, una vez consignada la garantía se llevó a cabo la medida, mediante comisión ejecutada en fecha 20 de febrero de 2019, por el Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha dos (2) de mayo de 2019, la representación judicial de la querellada se da por citada y en fecha 6 de mayo de 2019, consigna escrito contentivo de alegatos y pruebas, acogiéndose al procedimiento establecido en la sentencia de fecha 21 de mayo de 2001, Nº 00-202, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que incorpora la contestación a la demanda en el proceso interdictal.
En tal sentido, la representación judicial de la parte querellada, en su escrito de alegatos expone lo siguiente: 1) Que, en el mes de diciembre de 2017, su representada celebró un contrato de arrendamiento privado con el querellante, sobre un único bien inmueble de su propiedad destinado a vivienda tal y como aparece en la cláusula primera del mismo. 2) Que el actor se comprometió a pagar los servicios derivados del uso del mismo en la Cláusula Tercera, asimismo en pagar los daños que pudiera ocasionar. 3) Que, en la Cláusula Quinta se estableció un plazo menor de un año contado a partir del 23 de diciembre de 2017 hasta el 20 de diciembre de 2018. 4) Que en la Cláusula Segunda se convino un canon mensual de Cincuenta Bolívares con 00/100 (Bs. 50,00), que equivaldría a cinco millones de bolívares viejos, de la última reforma monetaria del mes de agosto de 2018. 4) Niega, rechaza y contradice, que su representada haya desposeído, cambiado la cerradura de ingreso, por encontrarse fuera del país, como quedará demostrado durante el trámite del presente proceso. 5) Que tampoco se encuentran llenos los extremos exigidos en el artículo 783 del Código Civil, y 699 del Código de Procedimiento Civil porque no basta la simple tenencia para la admisibilidad de la acción. 6) Que el querellante estaba obligado a probar los presupuestos del despojo y no cumplió. 7) Que el justificativo de testigos de fecha 3 de octubre de 2018, en el cual rindieron declaraciones, los ciudadanos Jonathan Pastor Montenegro Pérez y Luis Carlos Colmenares Zurita, alegan que el supuesto hecho del despojo por parte de la querellada, ocurrió entre el 26 de junio y 3 de julio de 2018, señalando que no precisa la fecha en que se produjo el supuesto despojo, porque realmente lo que ocurrió, es que el querellante no tenía la posesión por causa del abandono del inmueble objeto de la acción interdictal. 8) Que, en el artículo quinto de la declaración de los testigos, se evidencia que en el apartamento vivió una persona de nombre Henry Palomino, diferente a la que aparece autorizada en la cláusula sexta del contrato de arrendamiento, sin la debida autorización de la arrendadora-querellada. 9) Señala que la arrendataria declara que el inmueble sería utilizado como vivienda, exclusivamente por el ciudadano Andrés Medrano Pernett, en su condición de trabajador de la arrendataria. 10) Que se opone a la cuantía estimada por el querrellante por exagerada de conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, calculada por el actor en la cantidad de Cincuenta y Un Mil Diecisiete Bolívares Soberanos (Bs 51.017,00) equivalente a Tres Mil Una Unidades Tributarias (U.T. 3.001,00), sin argumento, ni fundamento legal alguno, para concluir que es el valor de la demanda, porque debió estimarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil. 11) Que, no obstante, el actor en el folio 4 de la pieza 1, sobre esa previsión no cumplió con lo dispuesto por el máximo Tribunal, tomando como base que el canon mensual es de Cincuenta Bolívares Soberanos (Bs.50,00) que equivaldría a Cinco Millones de Bolívares viejos mensuales sobre un contrato a tiempo determinado. El monto de la cuantía debe calcularse como consecuencia de un contrato de arrendamiento a tiempo determinado, que debe ser estimado en base a seis (6) cánones sobre la totalidad de doce (12) mensualidades, y en el presente caso a la suma equivalente a Trescientos Bolívares Soberanos (Bs 300,00). 12) Por otra parte, señala que el querellante incurrió en el incumplimiento de una serie de obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento, como fue la negativa a pagar los gastos por los servicios de teléfonos, aseo, electricidad, televisión privada por cable INTER, el reemplazo o pago de los bienes sustraídos, daños en equipos, electrodomésticos, accesorios y en diferentes áreas del inmueble; asimismo, la falta de limpieza, pintura, trabajos de plomería, electricidad, y su obligación de notificar a la arrendadora de los daños mayores que se presentaron en el inmueble, igualmente en el uso indebido en cuanto a su conservación y funcionamiento convenido en el contrato, cuyas novedades se dejó constancia mediante inspección. 13) Acompañó correo electrónico dirigido al representante legal del querellante, relacionado con el reclamo sobre los deterioros perpetrados al inmueble. 14) Que, a partir del 18 del mes de junio de 2018, el querellante sin enviar ningún tipo de notificación a la querellada abandonó el inmueble de manera voluntaria para evadir el pago de sus obligaciones. 15) Que mal puede alegar hechos que no son ciertos y utilizando artificios para tratar de sorprender al Tribunal de buena fe, intentando demostrar que su representada perturbó en la posesión del mismo. 16) Que la accionada se encontraba fuera del país desde el mes de marzo de 2018 y regresa a Caracas el 7 de octubre de 2018, toma posesión del apartamento al día siguiente de forma continua, pacifica, pública e ininterrumpida y con conocimiento del querellante. 17) Que en fecha 14 de diciembre de 2018, la usufructuaria en aras de resguardar la seguridad y la integridad del inmueble, contrató los servicios de cerrajería y cambia la cerradura de ingreso, como consta en factura original marcado “B”. 18) Que en fecha 09 de octubre, el representante legal de la querellante, abogado Oswaldo Urdaneta y la abogada Belén Gutiérrez, representante de la querellada, se reúnen en la sede de la arrendataria a las 10:00 am, comprometiéndose la querellante a ofrecer una cantidad de dinero a título de indemnización por los daños ocasionados en el inmueble, a partir de esa fecha se negó a conversar y fue hasta su oficina durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2018, y enero de 2019, cuyas visitas quedaron registradas en el libro diario que llevan en la recepción del edificio. 19) Que no existe despojo cuando alguien ha entrado en la detentación de una cosa para ponerla a salvo. 20) Que el abandono se produjo a mediados de junio de 2018, transcurridos cuatro (4) meses activa la querella de restitución del inmueble y que luego deja transcurrir tres meses para activar la medida. 21) Que el querellante no consignó resultas del procedimiento administrativo llevado por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Habitat. 22) Que acompañó a su escrito: copia del Título de Propiedad, copia del usufructo, copia del registro de vivienda principal, fotocopia de registro de vivienda principal de la usufructuaria Belén Gutiérrez.
-III-
SENTENCIA RECURRIDA
El Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 04 de Julio de 2019, declarando INADMISIBLE la querella interdictal, bajo la siguiente motivación:
“...El interdicto por despojo se dirige a la reintegración de la posesión perdida por el querellante y al resarcimiento de los daños experimentados en los supuestos a que se contraen los Artículos 699 y 701 del Código de Procedimiento Civil.
La querellante pretende con la acción incoada, la restitución de la posesión sobre el bien inmueble que ostenta -según aduce- en calidad de arrendataria desde el 23 de diciembre de 2017.
Conforme al Artículo 1.585 del Código Civil, una de las obligaciones principales del arrendador es mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa arrendada, durante el tiempo del contrato.
Respecto a la no admisión o improcedencia de la querella interdictal de despojo, cuando entre las partes medie relación contractual, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° RC-00948 de fecha 11 de diciembre de 2006, expediente N° 2006-000607, caso: JORGE MÉNDEZ contra DENNINSON JANANAM, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejo establecido:
“...Ahora bien, tal como claramente se desprende de la transcripción parcial de la decisión del ad quem, la misma es fundamento de una cuestión jurídica previa, la cual fulmina la presente acción, ya que declara improcedente la querella interdictal restitutoria porque entre las partes en litigio, existe una relación arrendaticia y, aunque el arrendatario calificó de despojo las actividades realizadas por el arrendador, debió intentar la respectiva acción concerniente a la relación jurídica existente entre ellos, es decir, las acciones que derivan del contrato de arrendamiento cuya existencia -se repite- fue reconocida por las partes, además de advertir de manera acertada, tanto el juez de instancia así como a los abogados del querellante que debieron; el primero, no admitir la querella y, a los otros, a prestar una mejor asesoría a su cliente, motivos suficientes para absolver a la jurisdicción de emitir pronunciamiento al fondo del asunto debatido...”
Así las cosas, el interdicto presupone que el despojo sea sobre una cosa mueble e inmueble, es decir, si la perturbación posesoria no tiene ese requisito, el interdicto es inadmisible; de igual forma, en el enunciado del Artículo 783 del Código Civil se aprecian los requisitos que deben concurrir para la procedencia del interdicto de despojo o restitutorio, los cuales son: (i) que haya posesión aunque la misma no sea legitima, solo basta que tenga posesión; (ii) que haya sido despojado de esa posesión; (iii) que el despojo sea de una cosa mueble o inmueble; (iv) que se intente dentro del año del despojo; (v) se da contra todo aquel que sea autor del despojo; (vi) que se presente ante el juez las pruebas que demuestren in limine litis la ocurrencia del despojo.
En el mismo contexto, el Dr. Román J. Duque Corredor, en su obra Procesos sobre la Propiedad y la Posesión, III Edición, páginas 61 y 62, al referirse a los presupuestos procesales de admisibilidad de la querella interdictal, sostiene lo siguiente:
“...las cuestiones relativas a la restitución frente al despojo y del amparo ante la perturbación a la posesión, son cuestiones ajenas a las controversias contractuales respecto al derecho a usar de la cosa, en razón de un contrato, o derivado de la adquisición o de la transferencia de la propiedad; o del incumplimiento de la obligación por alguna de las partes de un contrato de permitir a la otra la posesión de un bien. De allí, que, por ejemplo, son inadmisibles las acciones interdictales del arrendatario en contra del arrendador por el incumplimiento de este de su obligación de permitir al arrendatario el goce pacifico de la cosa, sino las acciones derivadas del contrato de arrendamiento y no las interdictales...”.
Ahora bien, en el caso de marras, la parte querellante aduce ser arrendataria desde el 23 de diciembre de 2017, de un bien inmueble ubicado en la Urbanización La Urbina, Calle 13, Edificio ISMAR, Piso 3, Apto. 3B, Municipio Sucre del estado Miranda, conforme se evidencia del contrato de arrendamiento de fecha 6 de diciembre de 2017, suscrito entre los ciudadanos OSWALDO ENRIQUE URDANETA MEZA y ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ representantes de la sociedad mercantil SERVICIOS ORIENTADOS A LA SALUD Y SEGURIDAD SOS, C.A., parte arrendataria, y por parte del arrendador la ciudadana INGRID HERNÁNDEZ BORGES, representante de la ciudadana RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIÉRREZ quien es propietaria, consignado en original junto al libelo de demanda (folio 8 al 10), y posteriormente en copia simple por diligencia de fecha 02 de mayo de 2019. Dicho documento se tiene como legalmente promovido, al no ser desconocido en forma alguna la firma que lo contiene, ni tachado de falso su contenido, todo a tenor de lo previsto en el Artículo 444 del Código Adjetivo, desprendiéndose del mismo, la existencia de una relación contractual entre la sociedad mercantil SERVICIOS ORIENTADOS A LA SALUD Y SEGURIDAD SOS, C.A. (parte querellante) y la ciudadana RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIERREZ (parte querellada).
Existiendo entre querellante y querellada relación contractual, tal como se desprende de los alegatos del querellante, y del contrato de arrendamiento traído a los autos; la querellante tiene las acciones derivadas del contrato de arrendamiento privado que la vincula con la querellada, para hacer cumplir dicho contrato, ya que de conformidad con el Artículo 1.585 del Código Civil en su ordinal 3°, el arrendador tiene la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacifico de la cosa arrendada, durante el tiempo del contrato, obligación que también está prevista en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda publicada en la Gaceta Extraordinaria N° 6053 del 12 de noviembre de 2011, en su Artículo 41, según el cual indica:
“... El arrendador tiene la obligación de garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario o arrendataria, durante el tiempo del contrato; el incumplimiento del presente artículo por parte del arrendador dará origen a la imposición de sanciones de conformidad con la presente Ley y el Código Civil...”
En consideración entonces, a la naturaleza especial de la que goza la institución del arrendamiento, la pretensión aquí incoada derivada de una relación contractual arrendaticia mediante la cual están vinculadas querellante y querellada, la vía del interdicto restitutorio no es la vía idónea para la resolución del conflicto.
En consecuencia, la inadmisibilidad o improcedencia de la querella interdictal por despojo, no solamente procede cuando esta sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, tal como lo dispone el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil; sino también, cuando no se encuentren satisfechos los requisitos específicos que determinan la procedencia del decreto provisional de restitución en la posesión invocada por el querellante o el derecho objeto de la posesión, previsto en el Artículo 699 del Código de Procedimiento Civil; todo ello en atención a la doctrina establecida por la Sala de Casación Civil conforme se señala en la Jurisprudencia citada tu supra, y porque en todo caso, se atentaría contra normas de orden público, si se admitiera o se procediera la querella interdictal en casos de relaciones contractuales a las que le son aplicables disposiciones que regulan dichas relaciones en materia civil ordinaria; por lo que la acción interdictal resulta inadmisible, si existe una relación contractual.
En consecuencia, en consideración a la taciturna y reiterada doctrina de casación, en relación a que en el campo de las relaciones contractuales y con motivo de la posesión que pueda atribuírsele a las partes en una relación jurídica de tal naturaleza, respecto del bien objeto del mismo no cabe proponer acciones interdictales, por cuanto la protección jurídica respecto a la existencia, validez y los efectos de los contratos viene determinada por las propias acciones que concede, ampara y tutela el orden jurídico, en lo que se refieren a su aspecto sustantivo, para las relaciones contractuales y atendiendo al reconocimiento de la existencia de la relación contractual entre el querellante y la querellada, lo que conlleva forzosamente a quien decide a declarar la INADMISIBILIDAD de la demanda incoada, tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. ASI SE DECIDE.
Dada la inadmisibilidad advertida por este Tribunal, resulta insubsistente emitir pronunciamiento respecto al resto de los alegatos esgrimidos en la presente litis así como de los medios probatorios incorporados al proceso. ASI FINALMENTE SE DECIDE.
(omisis)
Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: INADMISIBLE LA PRESENTE QUERELLA INTERDCITAL DE DESPOJO intentada por la Sociedad Mercantil SERVICIOS ORIENTADOS A LA SALUD Y SEGURIDAD SOS C.A., contra la ciudadana RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIERREZ, ampliamente identificados al inicio del presente fallo.
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte querellante por haber resultado totalmente vencida en la presente querella interdcital…”

-IV-
SOBRE LOS INFORMES
PARTE QUERELLANTE
La representación judicial del querellante, consigna escrito de informes del siguiente tenor:
“…El fallo de inadmisión apelado constituye una sentencia definitiva formal que al establecer la inadmisión de la acción intedictal propuesta viola flagrantemente el principio constitucional pro actione, y le cercena indebidamente a nuestra representada en su carácter de arrendataria su legítimo derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al privarla arbitrariamente de la utilización de “LOS MEDIOS ADECUADOS PARA EJERCER SU DEFENSA” y de obtener una decisión ajustada a derecho en el caso que no ocupa, violándole con ellos los derechos que le consagran los artículos 27, 49 y 257 constitucionales, y contraviene además groseramente lo dispuesto TAXATIVAMENTE en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y con ello el principio de expectativa plausible y de seguridad que de él dimana para cualquier justiciable, habida cuenta de que no se dan en el caso ninguna de las causales de inadmisibilidad que taxativamente contempla dicha norma; como tampoco se dan las causales de inadmisibilidad que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en sentencia N° 776 del 18 de mayo de 2001 con Ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, en las que incluyo dentro de la causal general de inadmisión de la demanda por “prohibición de la ley de admitir la acción propuesta”, las siguientes causales de inadmisión, a saber: 1) cuando no existe interés procesal, 2) cuando se utiliza para violar el orden público o infringir las buenas costumbres, 3) cuando el proceso se utiliza como instrumento para cometer un fraude a la ley, 4) cuando la demanda contiene conceptos ofensivos o injuriosos, que no se puedan amparar en la libertad de expresión, 5) cuando la demanda tiene fines ilícitos o constituye abuso de derecho, 6) cuando el accionante no pretende que se administre justicia y 7) cuando la demanda atente contra la majestad d la justicia y contra el Código de Ética Profesional del Abogado.
Ninguna de tales causales Ciudadano Juez, se dan en el caso actualmente sometido al conocimiento de esta Alzada a su cargo, y es de destacar que tanto la jurisprudencia como la doctrina patria han sido consecuentes en sostener que para que haya prohibición de admitir la acción propuesta debe aparecer clara la voluntad del legislador de prohibirla; solo hay carencia de acción según nuestro sistema procesal, cuando la ley objetivamente prohíba o niegue la tutela jurídica a la situación de hecho invocada.
Comoquiera que a consecuencia de lo antes expuesto, queda meridianamente clara en el caso que nos ocupa y sometido a su conocimiento , la infracción del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que respetuosamente solicito a esta Alzada tenga a bien DECLARAR NULA la decisión del a quo dictada en fecha 04 de julio de 2.019, y ordene en consecuencia la reposición de la causa al estado en que se encontraba al momento de ser dictada la decisión apelada, preservando con ello el principio procesal de la doble instancia a la decisión de mérito que habrá de ser dictada para dirimir la controversia...”

PARTE QUERELLADA
Por su parte la representación judicial de la parte querellada adujo en su escrito de Informes, lo siguiente:
“…El Tribunal ad quem resolvió declarar la inadmisibilidad de la acción propuesta por el querellante, conforme a los razonamientos legales y doctrinarios expuestos en la sentencia. De la misma se desprende, que el sentenciador de primera instancia como director del proceso, al percatarse que en la presente causa, no se cumplieron los presupuestos procesales para la admisión de la querella, tenía la potestad de declarar inadmisibilidad de la acción, aunque la misma haya sido admitida, de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, con estricto apego y cumplimento en el marco legal, con la finalidad de verificar la legalidad de la pretensión; y así, de evitar un desgaste innecesario de la actividad jurisdiccional, ya que los jueces tienen la obligación, al estar en presencia de un incumplimiento, decretar su inadmisibilidad aun de oficio, sin necesidad, ni el deber de entrar a realizar un análisis y pronunciamiento respecto del petitorio del querellante ni sobre las defensas de la querellada, pues lo contrario, resultaría en un exceso de la actividad jurisdiccional.
La sentencia impugnada por parte del demandante propone verificar la legalidad del fallo recurrido, y esta abarca puntualmente una situación a saber, lo cual es que “… la existencia del conflicto deviene de una relación contractual de arrendamiento …”, el a quem (sic) declaró que no existió la perturbación en la posesión y declaro inadmisible la querella interdictal.
(…)
Sin embargo, es necesario destacar que hay algunos actos y hechos que no pueden considerarse como actos de perturbación o de despojo contra el poseedor, aun tratándose de bienes inmuebles o muebles, por lo que la vía interdictal resultará improcedente; se trata de una razón distinta a la naturaleza de las cosas que pueden ser objeto de los interdictos. Entre tales actos y hechos se encuentran los siguientes:
1) No proceden los interdictos contra la República, en virtud del artículo 46 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
2) No proceden interdictos contra las medidas judiciales.
3) No proceden interdictos cuando existan relaciones contractuales.
Se tiene establecido que en el campo de las relaciones contractuales y con motivo de la posesión que pueda atribuírsele a las partes en una relación jurídica de tal naturaleza, respecto del bien objeto del mismo, no cabe proponer acciones interdictales, por cuanto la protección jurídica respecto a la existencia, la validez y los efectos de los contratos, viene determinada por las propias acciones que concede, ampara y tutela el ordenamiento jurídico, en lo que se refiere a su efecto sustantivo, para las relaciones contractuales (Sentencia del 13 de noviembre de 1991, RAMIREZ Y GARAY, Tomo CXIX, Nº 1105-91 d) pag 402)….”

-V-
PUNTO PREVIO
SOBRE LA COMPETENCIA
Considera este Juzgador oportuno pronunciarse sobre su competencia o no para conocer del mismo.
En este orden de ideas, el artículo 288 de nuestra norma adjetiva civil establece:
“De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial en contrario.”
Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 63, numeral 2, establece:
“Son deberes y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones…2° a) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo civil, y de los recursos de hecho…”

Por lo antes expuesto, se considera este Juzgado Superior, competente para conocer y decidir de la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte querellante, abogado Oswaldo Urdaneta Bermúdez, contra la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en fecha 04 de Julio de 2019, mediante la cual se declaró INADMISIBLE la presente QUERELLA INTERDICTAL DE DESPOJO, intentada por la Sociedad Mercantil SERVICIOS ORIENTADOS A LA SALUD Y SEGURIDAD, SOS, contra la ciudadana RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIÉRREZ.
-VI-
PUNTO PREVIO
IMPUGNACIÓN DE LA CUANTÍA
La representación judicial de la parte querellada cuestiono la cuantía, manifestando que la cuantía estimada por el querrellante era exagerada de conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, calculada por el actor en la cantidad de cincuenta y un mil diecisiete bolívares soberanos (Bs 51.017,00) equivalente a Tres mil una unidades tributarias (U.T. 3.001,00) sin argumento, ni fundamento legal alguno para concluir que es el valor de la demanda, porque debió estimarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, no obstante el actor en el folio 4 de la pieza 1, sobre esa previsión no cumplió con lo dispuesto por el máximo Tribunal, tomando como base que el canon mensual es de cincuenta bolívares soberanos (Bs. 50,00) que equivaldría a cinco millones de bolívares viejos mensuales sobre un contrato a tiempo determinado. El monto de la cuantía debe calcularse como consecuencia de un contrato de arrendamiento a tiempo determinado, que debe ser estimado en base a seis (6) cánones sobre la totalidad de doce (12) mensualidades, y en el presente caso a la suma equivalente a trescientos bolívares soberanos (Bs 300,00).

Al respecto, considera oportuno este Tribunal señalar el contenido de la Sentencia de fecha 13 de Abril de 2000, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, donde estableció la interpretación que debe darse al Artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, en los términos que parcialmente se extraen a continuación:
“…c) Si el demandado contradice pura y simplemente la estimación del actor sin precisar si lo hace por insuficiente o exagerada, se tendrá como no hecha oposición alguna, en razón de que el Código limita esa oposición y obliga al demandado a alegar un hecho nuevo que debe probar, como es que sea reducida o exagerada la estimación efectuada, pudiendo proponer una nueva cuantía. Alegatos que debe probar so pena de quedar definitiva la estimación hecha por el actor…Por lo tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma”.
Así mismo, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de la República, ha sentado jurisprudencia sobre el tema, mediante la Sentencia dictada en fecha 04 de Marzo de 2011, en el Expediente Nº 2010-000564, con ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ, cuyo extracto se trascribe a continuación:
“…La doctrina de la Sala sobre la impugnación de la cuantía está expresada, entre otros, en el fallo del 18 de diciembre de 2007, caso: Gilberto Antonio Barbera Padilla contra Pedro Jesús Castellanos Vallés, el cual es del siguiente tenor: “...se limita la facultad del demandado a alegar un nuevo hecho, que la cuantía es reducida o exagerada y los motivos que lo inducen a tal afirmación; pudiendo, si lo considera necesario, sostener una nueva cuantía. No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que ‘el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada'. Por lo tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma...”.
Asimismo, la Sala en reciente decisión (Ver, 16 de noviembre de 2009, caso: Ernesto D’ Escrivan Guardia contra Elsio Martínez Pérez, ratificó su criterio, y en este sentido, dejó sentado, lo siguiente: “...el actor estima la demanda y el demandado contradice pura y simplemente. En este supuesto la Sala se rigió por el principio general que establece que la carga de la prueba incumbe a quien alega un hecho, y no al que lo niega, el actor debe probar su afirmación. En consecuencia, si el actor no prueba debe declararse que no existe ninguna estimación. Con respecto a esta afirmación la Sala revisa la veracidad de lo expuesto y observa que el artículo 38 es categórico al indicar que el demandado puede rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada. Es decir, se limita la facultad del demandado a alegar un nuevo hecho, que la cuantía es reducida o exagerada y los motivos que lo inducen a tal afirmación; pudiendo, si lo considera necesario, sostener una nueva cuantía. No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente, por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que ‘el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada.’ Por tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma. Así, si nada prueba el demandado, en este único supuesto, queda firme la estimación hecha por el actor”. (Negritas y subrayado de la Sala). En aplicación de los precedentes jurisprudenciales, esta Sala reitera que el demandado al contradecir la estimación de la demanda debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, si nada prueba el demandado respecto de esa impugnación, debe quedar firme la estimación hecha por el actor en el libelo de demanda. En el caso concreto, la Sala observa que los demandados se limitaron a impugnar la cuantía “...por no corresponder al valor de lo litigado, que es la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 220.000,00) que es el valor del inmueble objeto de esta acción...”, alegando un hecho nuevo. Sin embargo, no demostraron ese hecho en la etapa probatoria, pues del escrito de pruebas consignado al folio 43 de la primera pieza del expediente no se evidencia que hubieran promovido prueba alguna tendiente a demostrar el nuevo alegato sobre la cuantía. De acuerdo a lo expresado, la doctrina de la Sala considera que “...si nada prueba el demandado, en este único supuesto [el hecho nuevo], queda firme la estimación hecha por el actor...”. Por consiguiente, al no haber probado nada que le favoreciera en cuanto a la cuantía, resulta improcedente la impugnación realizada contra dicha estimación contenida en el libelo de demanda…”

Ahora bien, conforme a las jurisprudencias antes citadas, observa este Tribunal que en el presente caso la estimación fue rechazada por la parte querellada, por cuanto no cumple con las previsiones legales contenidas en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, pero no señala cuales son las violaciones en las cuales incurre la demandada cuando realizó su estimación, no obstante a ello debe advertir esta Alzada que cuando la parte actora o demandada hacen la estimación del valor de la demanda o contrademanda, no están convirtiendo tal estimación en un petitorio, ya que con ello, lo que se pretende es determinar la competencia del Tribunal en razón de la cuantía, y la cuantía de la demanda no necesariamente se va a transformar en la suma a ser condenada a pagar; aunado a esto, la parte querellada no trajo a los autos ningún hecho nuevo relacionado con la cuantía y además no aportó prueba alguna para fundamentar la aparente impugnación, requisito este último, indispensable para que prospere la impugnación bajo estudio, razón por la cual este Juzgador debe DECLARAR IMPROCEDENTE LA IMPUGNACIÓN planteada, y así se decide.

-VII-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
PREVIO
SOBRE LA ADMISIÓN Y EL PROCEDIMIENTO EN LA QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO Y RESTITUTORIO
Establece el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Artículo 701. Practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, según el caso, el Juez ordenará la citación del querellado, y practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por diez días. Concluido dicho lapso las partes presentarán dentro de los tres días siguientes, los alegatos que consideren convenientes, y el Juez, dentro de los ocho días siguientes dictará la sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. El Juez será responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la sentencia prevista en este artículo.”
Pues bien, es claro el actor, cuando en su libelo materializa una pretensión de restitución por haber sido objeto de un despojo:
“…Ciudadano Juez en el caso subiudice, a través de la utilización indebida de las reseñadas vías de hecho, se DESPOJÓ Y DESPOSEYÓ ilegal e indebidamente a mi poderdante de la posesión material pacífica y legítima que como Inquilina tenía sobre el apartamento Nº 3B, del identificado edificio “ISMAR B”, y es por lo que estando dentro del año contemplado en el artículo 783 del Código Civil y de conformidad con el mismo, en concordancia con los artículos 699 y 701 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que en su nombre ocurro ante su competente autoridad a objeto de solicitarle tenga a bien ordenar la RESTITUCIÓN de la posesión a mi representada en el identificado apartamento…”
Sin duda el A quo admite por el procedimiento previsto en el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil y no por el procedimiento modificado en la sentencia Meruvi de Venezuela, que invocara la querellada al momento de darse por citada y presentar sus alegatos.
En tal sentido expone este Juzgador que el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, norma rectora en el procedimiento de los interdictos de amparo y restitutorio, no deja margen de dudas al señalar que posterior a la ejecución del decreto y de la práctica de la citación, la causa quedará abierta a pruebas por diez (10) días, por lo que, en los términos de la norma no hay ningún emplazamiento, sino la mención de que luego de practicada la citación se abre el debate probatorio y concluido dicho lapso las partes presentarán dentro de los tres (3) días siguientes, los alegatos que consideren convenientes. Se aprecia entonces, que el artículo 701 no consagra un emplazamiento con la carga de comparecer al juicio por parte del demandado, se trata, previo a la ejecución de las medidas y posterior agotamiento de la citación, de una apertura de pleno derecho del lapso probatorio y concluida esta, de inmediato la fase alegatoria.
Ahora bien, no olvidemos que la decisión de la Sala de Casación Civil, de fecha 22 de mayo de 2001, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, juicio Jorge Villasmil Dávila Vs. Meruví de Venezuela, C.A., Exp. Nº 00-0449, S. Nº RC.0132, en la que modifica el procedimiento, anticipando la fase alegatoria, más propiamente incorporando la contestación en forma previa a la fase probatoria, fue objeto de un pronunciamiento adverso por la Sala constitucional (Sent. Nº 0190, de fecha 9 de marzo de 2009, Exp. Nº 08-1356), razón por la cual, a partir del día 9 de marzo de 2009, exclusive, en este tipo de juicios (en criterio de la Sala Constitucional) está vigente el procedimiento establecido en el C.P.C., contemplado en los Arts. 699 y siguientes, acogiendo la Sala Civil el criterio de la Sala Constitucional en un fallo de fecha 11 de febrero de 2010, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, Inversiones A y A 777 C.A. Vs. Junta de Condominio del Edificio San Miguel, Exp. Nº 09-0306, S. RC. Nº 0018.
No obstante, recientemente nuestra Sala de Casación Civil, en el fallo de fecha 4 de mayo de 2015, Exp. Nº AA20-C-2015-000100, Sentencia Nº RC.000242, antes mencionado, nos vuelve a remitir al fallo de fecha 22 de mayo de 2001, que fuera objeto de un pronunciamiento contrario por parte de la Sala Constitucional en fecha 9 de marzo de 2009, como antes quedara anotado, en los siguientes términos:
“…Finalmente, esta Sala debe traer a colación la sentencia Nº 132 de fecha 22 de mayo de 2001, expediente NºAA20-C-2000-000449, caso: Jorge Villasmil Dávila contra Meruví de Venezuela C.A., reiterada, entre otras en decisión N° 276 de fecha 31 de mayo de 2002, oportunidad en la cual esta Sala al realizar el análisis del artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, estatuido para la sustanciación de los procedimientos, tanto para los interdictos de despojo como de amparo, analizados a la luz de los preceptos contenidos en los artículo 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizan a los justiciables el debido proceso y la protección al derecho a la defensa, determinó que dicha norma procesal (art. 701 del Código de Procedimiento Civil) colidía con las constitucionales señaladas, al imponer a las partes presentar sus alegatos luego del lapso de pruebas lo cual acarrea que tal etapa transcurra sin el efectivo ejercicio del contradictorio, lo cual evidentemente coarta los preindicados derechos fundamentales. Ante la situación reseñada, recalcó el deber de acatar los mandamientos establecidos en los artículos 7° y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 20 del Código de Procedimiento Civil, que establecen, de manera categórica, la obligación en que están los órganos encargados de administrar justicia, en resguardo de los derechos constitucionales de las partes, por lo que una vez citado el querellado, éste quedará emplazado para el segundo día siguiente a la citación a fin de que conteste, permitiéndose así, que ambas partes, en igualdad de condiciones, formulen alegatos y promuevan pruebas oportunamente, las cuales deberán ser admitidas siguiendo para ello la previsión establecida en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo seguir el procedimiento pautado en el artículo 701 del Código Adjetivo Civil, en lo relativo al período probatorio y decisión. (Vid. Sentencia N° 487 de fecha 2 de julio de 2007, expediente N° 2006-421)”
Entonces, acoge el A quo el criterio de la Sala constitucional (Sent. Nº 0190, de fecha 9 de marzo de 2009, Exp. Nº 08-1356), según la cual, a partir del día 9 de marzo de 2009, exclusive, en este tipo de juicios (en criterio de la Sala Constitucional) está vigente el procedimiento establecido en el C.P.C., contemplado en los Arts. 699 y siguientes, en consecuencia, obra conforme a derecho el A quo al admitir el interdicto por el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil, que exige la aplicación íntegra del artículo 701 del Código de Procedimiento Civil.- Así se establece.
LOS INTERDICTOS Y LAS RELACIONES CONTRACTUALES
Establecido lo anterior, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la parte querellante en los siguientes términos:
El a quo declaro inadmisible el interdicto restitutorio, manifestando que entre la querellante y querellada existe una relación contractual, tal como se evidencia del contrato de arrendamiento traído a los autos; y por la naturaleza especial de la que goza dicha institución del arrendamiento, consideró que el interdicto restitutorio, no era la vía idónea para la resolución del conflicto; además señala que la inadmisibilidad o improcedencia de la querella interdictal por despojo, no solamente procede cuando esta sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, tal como lo dispone el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil; sino también, cuando no se encuentren satisfechos los requisitos específicos que determinan la procedencia del decreto provisional de restitución en la posesión invocada por el querellante o el derecho objeto de la posesión, previsto en el Artículo 699 del Código de Procedimiento Civil y porque en todo caso, se atentaría contra normas de orden público, si se admitiera la querella interdictal en casos de relaciones contractuales a las que le son aplicables disposiciones que regulan dichas relaciones en materia civil ordinaria; por lo que declaró la acción interdictal inadmisible, por cuanto existe una relación contractual.

Corresponde entonces a este sentenciador actuando en alzada, determinar la idoneidad o no de la demanda propuesta por la querellante para tutelar la posesión en casos como el de autos, a saber, derivada de una relación contractual (contrato de arrendamiento), celebrado por un apartamento destinado a vivienda distinguido con el número tres letra B (3B), ubicado en el piso tres del Edificio “ISMAR B”, situado en la calle 13 de la Urbanización La Urbina, Municipio Sucre.
Sobre los interdictos y las relaciones contractuales, amplia y discutidas han sido las posiciones de la doctrina, y al respecto, por muchos años fue tesis dominante en los medios judiciales y en gran parte de nuestra doctrina, que las controversias derivadas de la interpretación o del cumplimiento de cláusulas contractuales no pueden ser ventiladas por la vía interdictal, pues el procedimiento interdictal excluye a los sujetos de una relación contractual, quienes tienen sus propios mecanismos de defensa.
Al respecto, sostiene Leonardo Certad, en su trabajo sobre el interdicto restitutorio, que el arrendatario o el poseedor inmediato lesiona la posesión del arrendador o del poseedor mediato en los siguientes casos:
1º) Cuando pretende invertir el título de su posesión en el solo caso de que haga oposición el mismo al derecho del propietario (Por título entendemos caussa possessionis y por derecho del propietario el derecho al cual se refiere la posesión del poseedor mediato: propietario, arrendador, usufructuario, etc., esto es, “al poseedor o titular del derecho poseído”. (De Page).
El propio De Page tipifica “los actos de oposición del poseedor por cuenta de otro que determinan la inversión y que pueden ocurrir de tres maneras: A) La circunstancia de rehusar la restitución acompañada de una pretensión. B) Por un acto extrajudicial (Notificación de la pretensión contraria) y, C) Por actos materiales dirigidos contra el propietario e inspirados por el animus domini.
Es obvio que, en estos supuestos, el poseedor inmediato penetra en la esfera posesoria del mediato, ya que “con el cambio de título principia la posesión legitima……es el desconocimiento del derecho de propiedad revelado con hechos persistentes lo que constituye la contradicción” (Parra) y cabe el remedio interdictal, no obstante las relaciones contractuales.
2º) El segundo supuesto lo constituye la intención manifestada de destruir la cosa, por cuanto el poseedor inmediato al hacer imposible el cumplimiento de la pretensión de entrega del mediato lesiona su posesión, la cual elimina y hace procedente el remedio posesorio. Así, dice Vallet, “el poseedor (mediato) podrá exigir interdictalmente en reconocimiento de su posesión superior que no perjudique la cosa arrendada el inquilino que pretende derribar la casa o el arrendatario que destruye una acequia”.
Acogiendo la doctrina señalada se explica porqué el arrendador (poseedor mediato) tiene el interdicto contra el tercero que priva de la relación material con la cosa al arrendatario, ya que tácitamente el tercero desconoce su posesión.
La protección posesoria protege sólo la posesión independientemente de las acciones o del contrato, o de la coexistencia de acciones que puedan surgir por un mismo hecho generador. El rol de juez posesorio consistirá en verificar una cuidadosa disección. Los problemas posesorios no se presentan químicamente puros como pretende la doctrina dominante. El mineral se presenta con ganga y por eso es importante el proceso de extracción.
En el caso de marras, es claro y así se evidencia del escrito contentivo de la querella interdictal, se parte de afirmaciones de hechos que, a juicio de quien aquí decide, podrían, en caso de ser demostradas, constituir un incumplimiento de las obligaciones previstas tanto en el supuesto contrato de arrendamiento como en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda; pero, también se evidencia que la parte actora intenta la querella interdictal de despojo y señala dentro de sus alegatos o presupuesto fácticos concretamente, que como arrendataria de un inmueble fue despojada de la posesión, por una actuación civil y material arbitraria del arrendador, por lo cual el argumento primario del presente recurso de apelación, es determinar la cualidad de ésta, como arrendataria y por ende, poseedora precaria de intentar una Querella Interdictal de despojo.
Cuando la posesión se ejerce por medio de otra persona, ha sido definida por la doctrina como una posesión mediata, creándose así la Mediación Posesoria. Quien ejerce la posesión en nombre del poseedor de grado superior recibe el calificativo de Mediador Posesorio o Sub Poseedor. Ejemplo de ello es el poseedor en concepto de dueño que entrega la cosa en arrendamiento. El primero conserva la posesión legítima a través del arrendatario. La posesión del dueño es mediata, puesto que no ejercía ya directamente, sino por medio de otro que posee en su nombre, en virtud de una relación jurídica que provoca una pretensión de entrega.
Lo anterior revela entonces que, el mediador posesorio no tiene cualidad activa para intentar la Acción Interdictal de Amparo, pues es un poseedor precario. La posesión del mediador deriva del derecho de poseer del poseedor mediato y se halla en un grado inferior. En efecto, la limitación del derecho del mediador posesorio frente al poseedor mediato, se infiere que la mediación posesoria no puede ser nunca en concepto de dueño, por lo que no cumple los requisitos del Artículo 772 del Código Civil, de tener la intención de poseer la cosa como suya propia. En definitiva, el arrendatario es un poseedor precario que detenta la cosa sin la intención de ser dueño de ella. El arrendador conserva tanto el Corpore y el Animus que son inseparables en cabeza del arrendador, aunque cede la cosa al arrendatario en ese concepto.
En definitiva, para el ejercicio de la Querella Interdictal de Amparo, que es una acción de tutela de la posesión, concedida al poseedor legítimo de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de bienes muebles, donde se protege la posesión legítima, no puede el Mediador Posesorio (Arrendatario), figurar como legitimado activo, Ad Causam (en la relación Procesal), sino única y exclusivamente cuando intente la acción en nombre e interés del poseedor (Legítimo), a quien le es facultativo intervenir en el juicio (Código Civil, Artículo 782, Segunda Parte). Este criterio se ha venido manejando tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia, y se ha precisado en términos generales que la acción interdictal, sea de amparo contra actos perturbatorios de la posesión, o de despojo, le corresponde en titularidad al poseedor legítimo de la cosa, esto es, a quien ejerce la posesión con “Animus Domini”, con intención de poseerla como suya propia, siendo por tanto el legitimado activo de la relación procesal, sin embargo, la misma puede por vía excepcional ser incoada también por el poseedor precario, pero siempre en nombre e interés de quien la posee, a quien le será facultativo intervenir en el juicio, esto último conforme lo dispone el primer aparte del Artículo 782 del Código Civil, el cual expresamente establece: El poseedor precario puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, a quien le es facultativo intervenir en el juicio.
Sin embargo, lo anterior no aplica al caso de autos por cuanto los hechos que se denuncian por esta vía se le atribuyen a la presunta arrendadora y propietaria del bien, por lo cual resulta un contrasentido pensar que la querellante carece de cualidad activa en este asunto en función de que, como poseedora precaria que es, deba ejercer la demanda en nombre de su arrendadora y/o propietaria, pues, se trata aquí de un interdicto por despojo y se encuentra perfectamente legitimada para hacerlo en nombre propio, a diferencia de lo que ocurre en el interdicto de amparo (como se explicó anteriormente); por tanto, para la demanda incoada que persigue proteger la posesión de un arrendatario frente a su supuesta arrendadora, a quien se le atribuye el hecho de haberle arrebatado la posesión y desalojado arbitrariamente del inmueble arrendado, se encuentra perfectamente legitimado el arrendatario para su interposición.
Así en ese sentido se pronunció la Sala Constitucional en sentencia N° 542 del 30.05.2014, expediente 14-0289, en donde haciendo eco de la sentencia N° 825/2013, declaró lo siguiente:
“Visto el criterio jurisprudencial transcrito ut supra, y luego de un minucioso análisis de la pretensión esgrimida por la parte actora, esta Sala aprecia que, en el caso de autos, el ciudadano R.E.R.R., frente a la existencia de una perturbación o despojo del inmueble arrendado, tenía a su disposición una vía ordinaria para obtener el restablecimiento de sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, representado por el ejercicio de la acción interdictal para la restitución de la posesión prevista en el artículo 783 del Código Civil, la cual constituye un mecanismo idóneo para garantizar la defensa de la posesión, que debe sustanciarse por el procedimiento breve o monitorio previsto en los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, en un caso similar al de autos, esta Sala Constitucional mediante decisión N° 825/2013 (reiterado en la sentencia N° 273/2014), declaró lo siguiente:
…..De lo expuesto, aunado a la revisión exhaustiva efectuada de las actas del presente expediente y de la decisión impugnada, la Sala observa que no le asiste la razón a la accionante en amparo, ciudadana V.d.V.M.N., ya que la decisión dictada fue producto del análisis del caso sometido al conocimiento del aludido Juzgado Superior, en virtud de la apelación interpuesta en la acción de amparo ejercida por la ciudadana V.d.V.M.N., quien denunció como hecho lesivo el desalojo por vías de hecho de un inmueble que ocupaba en virtud de un contrato de arrendamiento, el cual arrendó, según alegó, por cuanto cursaba estudios de odontología en la Universidad Central de Venezuela, hecho ocurrido el día 03 de octubre de 2012, cuando, según señaló, la ciudadana A.M.E. arrendadora irrumpió en el apartamento con su cónyuge, una niña y otras personas, cambió la cerradura y no la dejó sacar sus pertenencias, momento en el cual se encontraban en el inmueble, a su decir, unos familiares.
(omissis)
(…) esta Sala aprecia que, en el caso de autos, la ciudadana V.d.V.M.N., frente a la existencia de una perturbación o despojo del inmueble arrendado, tenía a su disposición una vía ordinaria para obtener el restablecimiento de sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, representado por el ejercicio de la acción interdictal para la restitución de la posesión previsto en el artículo 783 del Código Civil, el cual representa un mecanismo idóneo para garantizar la defensa de la posesión, que debe sustanciarse por el procedimiento breve o monitorio previsto en los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, respecto al interdicto restitutorio de despojo, la Sala de Casación Civil estableció, en la sentencia n.° RC000652, del 10 de octubre de 2012, caso: ´José Dorta Martín contra J.D.M.G. y Otro´, lo siguiente: (…)
Con respecto a la interpretación del artículo 783 del Código Civil y sus supuestos de procedencia, esta Sala en su fallo N° RC-515, del 16 de noviembre de 2010, expediente N° 2010-221, caso: G.S.C.B. contra F.A.G.R. (…), determinó lo siguiente:
´…Ahora bien, el artículo 783 del Código Civil, dispone expresamente lo siguiente:
´Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión.´
Todo lo cual determina, que cuando se demanda la restitución de la posesión, debe ocurrir el despojo del poseedor, que puede ser legítimo o un simple detentador, y procede contra bienes muebles e inmuebles; esta querella debe intentarse contra el autor del despojo aunque fuere el propietario, y dentro del año en que éste se produce, bajo pena de caducidad. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-1151 del 30 de septiembre de 2004, expediente N° 2003-1173).
De dicha norma se desprenden los supuestos de procedencia de la acción interdictal restitutoria, que el juez debe verificar de forma concurrente, al momento de decidir, que son los siguientes:
1) Que el querellante sea el poseedor del bien objeto de litigito, sea ésta posesión de cualquier naturaleza. Que exista posesión.
2) Que el querellante haya sido despojado de la posesión, bien sea de una cosa mueble o inmueble. Que se haya producido el despojo.
3) Que el querellado sea el autor de los hechos calificados como despojo.
4) Que exista identidad entre el bien detentado por el querellado y el bien señalado como objeto del despojo por parte del querellante.
5) Que no haya transcurrido el lapso de caducidad de la acción, vale decir, que la acción se intente dentro del año siguiente al despojo.
(omissis)
Por lo tanto, no puede pretender la accionante, con la demanda de amparo, en el presente caso, la sustitución de los medios judiciales preexistentes, pues aquella está sujeta a que el interesado no cuente con dichas vías, o bien que, ante la existencia de éstas, las mismas no permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida
….”
Es claro entonces, que nuestro más alto Tribunal de Justicia, en algunas de sus decisiones ha acogido la tesis según la cual, aun mediando un vínculo contractual arrendaticio, si el arrendador o propietario acude a las vías de hecho para interrumpir de manera abrupta el goce pacífico de la cosa arrendada (lo que constituye las circunstancias especiales que se denuncian en el caso bajo análisis), resulta admisible el interdicto restitutorio, razón por la cual, hierra el A quo al concluir en la inadmisibilidad de la presente querella, y por tanto deberá declararse la nulidad del fallo apelado, y habiendo arribado a tal conclusión en la oportunidad de la definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, debe pasar este sentenciador a resolver sobre el fondo del litigio.
SOBRE EL MERITO
En tal sentido, el artículo 783 del Código Civil preceptúa que quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, que se le restituya en la posesión; la disposición legal in commento está dirigida a garantizar la protección posesoria a quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, sin reparar en distinciones o calificaciones acerca de la posesión que ejerce.

De los requisitos contemplados en el referido artículo para la procedencia del interdicto por despojo destacan las siguientes: a) Que haya posesión, b) El despojo de la posesión, y c) Que se intente la acción dentro del año siguiente al despojo; respecto a tales requisitos contemplados en el artículo 783 del Código Civil conviene citar los conceptos vertidos por el Dr. J.R. Duque Sánchez, en su libro procedimientos especiales contenciosos: “a) Que haya posesión. Ello, porque se trata de una acción interdictal. Pero a diferencia del interdicto de amparo, en el despojo, no se requiere posesión legítima, sino que basta cualquiera posesión (“cualquiera que ella sea”) dice el artículo; por tanto, se da a favor de cualquier detentador. Es que si no hay posesión legítima, que es la única capaz de producir efectos jurídicos, la perturbación no puede causar ofensa al derecho privado, objeto de la protección con el interdicto de amparo. En cuanto a la acción posesoria por restitución que nos ocupa y que obra en pos de quien haya sido despojado de la posesión, no se toma en cuenta que ésta sea o no legítima, porque el objeto de la referida acción de reprimir un atentado contra la tranquilidad social, como que “no es lícito al particular tomarse la justicia por su mano”, provocando una lucha que puede tener desastrosas consecuencias”. b) Que haya habido despojo de esa posesión. En la reforma del Código Civil de 1942 se eliminó la condición de que el despojo hubiere tenido lugar en forma “violenta o clandestinamente”, como lo exigía el Código de 1922. Ello dice la exposición de motivos del Proyecto del Código Civil “porque la restitución inmediata al poseedor es medida de tranquilidad social, de cualquier que ocurriere el despojo…”.
Por otra parte, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 29 de abril de 2003, se pronunció sobre los requisitos de admisibilidad o Procedencia del interdicto de despojo en los siguientes términos:
“…La Sala para decidir observa:
Antes de proceder a declarar la procedencia o improcedencia de la presente denuncia la Sala pasa a realizar las siguientes consideraciones
…omisis…
Ahora bien, tal como lo expresa el recurrente, el Juez de la alzada erró en la interpretación del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, pues para su criterio en la referida norma adjetiva, no se encuentran establecidos los requisitos que deben ser cumplidos por el querellante para la admisibilidad de la acción propuesta.
Ahora bien, el encabezado del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“En el caso del artículo 783 del Código Civil, el interesado demostrará al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará...”
Por su parte el artículo 783 del Código Civil Venezolano Vigente, establece:
“Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión.”
De la primera de las normas trascritas, según interpretación de la Sala, se destaca la necesidad por parte del accionante de demostrar al Juez la materialización efectiva de la ocurrencia del despojo, solo a efectos, de la constitución de la garantía que el Juzgador debe solicitar al querellante, para responder por los daños y perjuicios que podría producir su acción y decretar la restitución; en su defecto, en caso de no ser constituida tal garantía, el sentenciador sólo se limitará a decretar el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión, pero de ningún modo, puede ser aplicada dicha norma, es decir, la establecida en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, para decretar la admisibilidad o inadmisibilidad de la acción propuesta; pues dichos requisitos de admisibilidad, como así lo ha enseñado la jurisprudencia pacífica y reiterada, se encuentran establecidos en el artículo 783 del Código Civil Venezolano vigente, los cuales a saber son: i.- Que exista posesión, sea ésta de cualquier naturaleza; ii.- Que se haya producido el despojo; y, iii.- Que la acción se intente dentro del año siguiente al despojo.
…omisis…
De ello se infiere que el Juzgado, que sustancie el expediente, para admitir la Querella Interdictal Restitutoria, debe realizar un análisis previo y pormenorizado, de todos y cada uno de los recaudos probatorios acompañados, a fin de establecer si del contenido de los mismos llevan a su ánimo los elementos necesarios que le indiquen realmente, que se produjo el despojo, o por lo menos que tales elementos arrojan una presunción grave de que así fue...”.
Efectivamente, tal y como lo indica el recurrente en su escrito de formalización, no es la norma adjetiva sino la norma sustantiva la que establece los requisitos de procedencia de la acción interdictal restitutoria, pues en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, sólo se indican las exigencias de procedencia que deben ser llevados al Juez para producir en sí el convencimiento del hecho acaecido (despojo) y de esta manera, poder solicitar la garantía suficiente al accionante por los posibles daños y perjuicios y decretar la restitución, por lo que en tal sentido, considera la Sala, que el fallo recurrido sí incurre en la delación interpuesta por el recurrente, es decir, en la errónea interpretación del artículo in comento.
…omisis…
En tal sentido, por las consideraciones precedentes, esta Sala Especial Agraria declara la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.”

La sentencia antes parcialmente transcrita establece que los requisitos de procedencia del interdicto de despojo están previstos en la norma de derecho sustantivo, es decir, el artículo 783 del Código Civil, y son los siguientes: i.- Que exista posesión, sea ésta de cualquier naturaleza; ii.- Que se haya producido el despojo; y, iii.- Que la acción se intente dentro del año siguiente al despojo.
Ahora bien, sobre la carga de la prueba en los interdictos, tenemos una vieja sentencia de la Casación Civil, invocada por Henríquez La Roche, la cual establecía: “Promovido el interdicto, corresponde al querellante la carga de la prueba de los supuestos normativos de las normas de juicio previstas en el Código Civil” (cfr CSJ, Sent. 26-9-60 GF 29 p.159, ob.cit, Nº 2116). Entonces, en este procedimiento (Art. 701 C.P.C.), quien soporta la integridad de la carga de la prueba es el querellante y es a él a quien corresponde la demostración de la procedencia de los requisitos de la acción interdictal.
Así las cosas, no obstante que los hechos narrados por el actor en su querella y las pruebas consignadas permiten establecer algunos datos sobre la posesión del querellado, pasa este sentenciador al examen de los medios de prueba aportados por las partes:
1.- Riela a los autos (9 al 11) Contrato de Arrendamiento suscrito de manera privada el seis de diciembre de 2017, por la ciudadana Raquel Susana Leiva Gutiérrez, por medio de su apoderada Ingrid Milagros Hernández Borges, dando en arrendamiento a su mandante un inmueble propiedad de su señora madre ciudadana Belén Gutiérrez, sobre un apartamento destinado a vivienda distinguido con el número tres letra B (3B), ubicado en el piso tres del Edificio “ISMAR B”, situado en la calle 13 de la Urbanización La Urbina, Municipio Sucre del Distrito Capital, el cual tendría una duración de un año contado a partir del día 23 de diciembre de 2017, con vencimiento el día 20 de diciembre de 2018. Dicha instrumental de naturaleza privada, reconocida por la parte querellada en su escrito de contestación a la demanda, presta para este sentenciador todo el mérito probatorio que de su contenido se desprende, y en tal sentido, permite establecer de forma clara e inobjetable la posesión precaria que venía ejerciendo la querellante en el inmueble antes descrito.- Así se establece.
2.- Riela a los autos (F 16 al 20) Justificativo de Testigos evacuado ante la Notaria Pública Duodécima de Caracas, Municipio Libertador, Distrito Capital, el 31 de octubre de 2018, quedando anotado bajo el Nº 40, Tomo 192, Folios 130 hasta 133, contentivo de la declaración de los ciudadanos: JONATHAN PASTOR GUERRERO PÉREZ y LUIS CARLOS COLMENARES ZURITA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nº. V-16.359.217 y V- 19.065.425, quienes afirman en el precitado justificativo extrajudicial, no sujeto a contradictorio, lo siguiente: 1) Que conocen a la sociedad mercantil SERVICIOS ORIENTADOS A LA SALUD Y SEGURIDAD SOS, C.A. 2) Que el referido inmueble fue alquilado desde el mes de diciembre de 2017, para que fuese ocupado como vivienda por personal a su cargo, específicamente por personal integrante del equipo de Futbol UCV FC. 3) Que conocen de vista, trato y comunicación a la abogada Ingrid Milagros Hernández, representante de la arrendadora. 4) Que el primer ocupante autorizado del inmueble fue el jugador ANDRÉS MEDRANO PERNET, quien la ocupó mientras fue jugador del equipo UCV FC. 5) Que luego fue otro jugador de nombre Henry Palomino, quien autorizadamente por la empresa, pasa a ocupar el apartamento hasta el 26 de junio de 2018, fecha en la cual sale de vacaciones. 6) Que saben y les consta que el día 27 de junio y el día 3 de julio de 2018, en ausencia de la persona autorizada para ocupar el apartamento, fueron cambiadas de manera arbitraria e ilegalmente las cerraduras, impidiendo el acceso al mismo, despojando a la empresa de la posesión.
Sobre el valor probatorio del precitado justificativo, vale la pena traer a colación el fallo de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 486, de fecha 20.12.2001, caso: Vicente Geovanny Salas Uzcátegui c/ Luis Alfonso Urdaneta Goyo, expediente N° 00-483, en el cual se estableció lo siguiente:
“…Es de hacer notar, que si bien la resolución del tribunal de alzada se fundamentó en un justificativo de testigos evacuado ante un Notario Público de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, no puede negarse ni desconocerse que los justificativos de testigos evacuados ante un Juez u otro funcionario autorizado, con las formalidades legales, para darle fe pública, constituyen pruebas por escrito, que ameritan su ratificación en juicio, pues el litigante no puede prepararse su propia prueba testimonial, en forma unilateral y extra litem, haciéndose otorgar un documento autenticado declaratorio, para luego oponerlo a su demandado, obteniendo de esa forma, sin contención, la prueba del daño emergente, pues en estos casos, el derecho a la defensa y la garantía al debido proceso, previstos en la Constitución Nacional, imponen que el demandado tenga el derecho a ejercer el control de la prueba, de allí que sea necesaria su ratificación en el proceso.
Por lo tanto, el justificativo de testigos, así como las demás diligencias efectuadas inaudita parte, constituyen sin lugar a dudas, medios expeditos para la fijación de los hechos, pero para surtir efectos probatorios, deberán ser ratificados en el juicio.
Por tal motivo, esta Sala considera procedente la presente denuncia. Y así se declara…”. (Énfasis y subrayado de este Tribunal).
Asimismo, el autor patrio Arístides Rengel-Romberg señala que el justificativo de testigos evacuado fuera de juicio, nzzo puede ser opuesta a la otra parte ni a terceros en general, salvo que sea ratificada en juicio, en cuyo caso, éstos podrán, por medio de las repreguntas o de otras pruebas, enervar o invalidar el dicho de los testigos y destruir por ese medio la prueba. (Rengel-Romberg, A. Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano. Tomo IV. Editorial Arte, 1997. p. 441).
Entonces, las consideraciones antes expuestas permiten concluir que la instrumental aquí analizada, al ser evacuada extrajudicialmente, requiere su ratificación en el proceso, evento no ocurrido en el caso de autos, razón por la cual debe ser desestimada en su mérito probatorio, pues, la contraparte no pudo ejercer el derecho de control y contradicción sobre esas pruebas, constituyendo una carga para la accionante el promover dichos testigos para que fuesen evacuados en juicio, carga que no cumplió el querellante.- Así se establece.
3.- Promueve la parte querellada las siguientes documentales: a) Copia de documento debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, bajo el Nº 9,Tomo 27, Protocolo Primero, de fecha 19 de diciembre de 2001, en cual consta la venta que hiciera la ciudadana BELEN GUTIERREZ DE RODRÍGUEZ a la ciudadana RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIERREZ, del inmueble objeto de la querella; b) Documento debidamente autenticado ante la Notaría Pública Quinta del Distrito Sucre, del estado Miranda, quedando inserto bajo el Nº 22, Tomo 50 de los Libros de Autenticaciones, contentivo del contrato de usufructo que le concediera la propietaria, ciudadana RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIERREZ, a la ciudadana BELEN ALEJANDRINA GUTIERREZ DE RODRÍGUEZ; y c) Copia de Registro de Vivienda Principal del apartamento objeto de la querella, emanado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, de fecha 30 de mayo de 2000 y 24 de octubre de 2007, a nombre de la ciudadana BELEN TREJO, el primero, y de RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIERREZ, el segundo.- Todas estas instrumentales; de carácter público la primera, privado autentico el segundo, y publica administrativa la tercera, exentos de impugnación en el curso del proceso, acreditan, la propiedad en cabeza de la demandada, la existencia de un usufructo a favor de un tercero ajeno al presente proceso, y la inscripción como vivienda principal del inmueble objeto de la querella interdictal, hechos que nada tienen que ver con el thema decidendum, pues, es reiterado el criterio jurisprudencial según el cual los títulos de propiedad o de cualquier otro derecho real sobre el inmueble solo sirven para colorear la posesión.
En efecto, para conocer si alguien es o no poseedor, y para la tutela procesal del status respectivo, la investigación conducente debe dirigirse al examen de la situación de hecho del sujeto frente a la cosa, sin que importe si corresponde o no a una situación jurídica, esto es, independientemente de que el poseedor sea o no titular de un derecho real o, en términos más genéricos todavía, si se halla o no dentro de una situación jurídica. Aun el ladrón o el autor -en general- de una privación ilegal del bien que pertenece a alguien, es protegido posesoriamente.
En la jurisprudencia venezolana, la orientación dominante parece adaptarse al cuadro de conceptos esbozados: En los juicios posesorios sólo se discute la posesión y toca al querellante demostrar que gozaba de ella para el momento en que se le privó o perturbó, “sin que sea prueba de la posesión el título que produzca el demandante…el título sólo acredita propiedad”. “Los Títulos pueden examinarse con el fin de caracterizar la posesión, ad colorandum possesionem”.
Más recientemente, nuestra jurisprudencia en materia posesoria ha ratificado estos conceptos, así tenemos, que en una sentencia de reciente data (16/11/2010), proferida por la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, con ponencia del Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, Exp. Nº AA20-C-2010-000221, sentencia Nº RC. 000515, dejó establecido lo siguiente:
“(…) En este tipo de acciones posesorias se hace necesario por parte del juez la diferenciación entre la posesión y la propiedad, dado que, la cosa que se vincula a su tenedor puede ser por una razón de derecho o por una razón de hecho; la relación de derecho es el vínculo que ata la cosa del hombre, llamándolo propietario; pero el goce material de la cosa, la circunstancia de tenerla, de materializarla en manos o en acción, es lo que se llama posesión.
(…)
Son relaciones de hecho las que surgen por razón de la cosa en materia posesoria y no relaciones de derecho que llevan lo petitorio, donde la prueba por excelencia de estos hechos la constituyen las deposiciones judiciales o declaraciones de testigos, al ser estos –los testigos- los únicos que pueden aportar al juicio sus testimonios para dejar constancia de los hechos que presenciaron, por ser la posesión un hecho jurídico que se manifiesta o exterioriza a través de actos materiales y concretos, dado que, no puede probarse con título alguno, así sea el de propiedad, la posesión actual sobre la cosa, que por traducirse en la práctica en la tenencia material del objeto, su prueba no puede dimanar directamente de una fuente instrumental.
Así se hace por mandamiento mismo de la ley considerar independientemente la materia posesoria de la materia petitoria, la posesión como un hecho, materializado en un goce de la cosa, que pudiera estar vinculada a su propiedad, pudiéndose confundir la cualidad de propietario con la de poseedor, pero no necesariamente el propietario puede o debe estar en posesión de la cosa, porque siendo propietario se puede dar el caso, que nunca haya estado en posesión del bien inmueble del cual es el dueño.
De ahí que en materia posesoria no puede conocerse sino de los hechos, de lo posesorio y nada más, evitando en todo lo posible el más mínimo roce con respecto a la vinculación de la cosa y el propietario del bien. (…)”
Nuestra jurisprudencia entonces, ha sido firme en la delimitación de la posesión como un poder de hecho con prescindencia de que la misma esté apoyada o no en un título jurídico, pues, en materia posesoria, los títulos tienen un valor secundario a los únicos efectos de colorear la posesión acreditada por medios distintos (testigos, inspección). Así se establece.
4.- En cuanto a las testimoniales promovidas, previo cumplimiento de las formalidades de ley, comparecieron a rendir testimonio en la oportunidad fijada por el Tribunal, las ciudadanas: EVARISTA HERRERA DE BAEZ, MARYORI DEL VALLE MOTA LARES Y BEATRIZ GARCÍA DE MIAOILINO, y en tal sentido, ante las preguntas y repreguntas formuladas a la ciudadana: EVARISTA HERRERA DE BAEZ, afirmó: 1) Que no conoce a Raquel Leiva Gutiérrez. 2) Que si conoce a Belén Gutiérrez. 3) Que si conoce a Henry Palomino. 4) Que el Señor Henry Palomino vivió en el apartamento de la señora Belén hasta el viernes 18 de junio, y este mismo le informó que se iba de viaje indefinido, se iba para su pueblo. Seguidamente, se procedió al interrogatorio de la ciudadana MARYORI DEL VALLE MOTA LARES, quien respondió: 1) Que no conoce a Raquel Leiva Gutiérrez. 2) Que si conoce a Belén Gutiérrez. 3) Que si conoce a Henry Palomino. 4) Que el 19 de junio de 2018, cuando se presenta a hacer la limpieza, el Sr. Palomino no llegó nunca, lo llamó a su celular y le respondió que ya no vivía en ese apartamento. A continuación, la testimonial de la ciudadana BEATRIZ GRACIELA GARCÍA, quien afirmó: 1) Que conoce a Raquel Leiva Gutiérrez. 2) Que si conoce a Belén Gutiérrez. 3) Que le consta que Raquel Leiva y Belén Gutiérrez son poseedoras legítimas del inmueble, en su carácter de propietaria y usufructuaria. 4) Que le consta que el apartamento estuvo alquilado a una empresa. 5) Que le consta que la señora Belén Gutiérrez vive de forma permanente en el inmueble desde el momento en que los inquilinos entregaron el inmueble, desde el 8 de octubre de 2018. 6) Que le consta que la señora Raquel Leiva Gutiérrez no vive en el inmueble.
En la evacuación de las testimoniales antes descritas, estuvo presente a los fines del contradictorio, el apoderado de la parte actora, quien no hizo uso de su derecho a efectuar repreguntas a las testigos, y estos resultaron uniformes en sus respuesta, en algunos casos incurren en hiperamplificación, y también se aprecia una importante contradicción sobre la fecha del supuesto abandono o entrega del inmueble, pues, las dos primeras hablan del 18 y del 19 de junio, como fecha del supuesto abandono del inmueble por parte del inquilino, mientras que la tercera habla de una entrega voluntaria del inmueble en fecha 8 de octubre de 2018, razón por la cual no prestan para este sentenciador mérito probatorio alguno respecto a la posesión de la querellada, el abandono o entrega del inmueble.- Así se establece.
Ahora bien, vistas y analizadas las pruebas antes aportadas, corresponde a este sentenciador determinar si se encuentran llenos los extremos de ley para la procedencia del interdicto restitutorio, y al respecto, en cuanto al primer presupuesto es imperioso indicar que, en el presente caso, ciertamente la posesión del querellante aparece acreditada a partir de la relación arrendaticia que ha quedado establecida y reconocida en el presente proceso.
En cuanto al segundo requisito, esto es, el tiempo para el ejercicio del recurso, indica el querellante que fue despojado sorpresivamente y en un periodo comprendido entre el día 27 de junio y el 3 de julio de 2018, interponiéndose la demanda el 08 de octubre de 2018, resultando evidente que la interposición de la acción in comento fue ejercida en forma tempestiva, tal y como lo establece la norma antes citada, es decir dentro del año para ello; motivo por el cual estima este sentenciador que la acción judicial intentada se encuentra dentro del término legal pertinente, cumpliendo con ello el segundo requerimiento, y así se deja establecido.
Respecto al último de los requisitos, esto es, el presupuesto objetivo para la procedencia del interdicto (el despojo), alegó el querellante que la accionada procedió sin causa legal alguna a cambiar arbitrariamente las cerraduras de acceso al inmueble arrendado, despojando a su mandante de la posesión pacifica que sobre el ejercía, impidiéndole con ello el libre acceso del inmueble objeto de la presente causa; para acreditar este hecho, la parte actora promovió un justificativo de testigos, el cual fue desestimado en su mérito probatorio por falta de ratificación en el juicio, razón por la cual, es preciso concluir que el actor no logró demostrar que haya sido despojado efectivamente del bien objeto de la presente causa, ya que los testigos evacuados extrajudicialmente no fueron promovidos en el juicio, y las restantes pruebas analizadas y apreciadas nada aportan sobre el despojo alegado. Así se establece.
Así las cosas, resulta oportuno resaltar en cuanto a los alegatos y defensas que se opusieron en este juicio, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia dictada el día 17 de Julio de 2007, en el Expediente Número 07-0733, con ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN, fijó posición en relación a lo que parcialmente se extrae a continuación:
“…Las normas transcritas regulan la distribución de la carga de la prueba, y establecen con precisión que corresponde al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor, y traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos (Vid. s.S.C.C del 27 de julio de 2004, caso: Inversiones y Administradora de Bienes COMBIENES, C.A.). En relación al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la Sala de Casación Civil determinó que si bien éste reitera el artículo 1.354 del Código Civil, agrega que “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho”, con lo cual consagra, de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor”, que equivale al principio según el cual “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa...”. (Énfasis del Tribunal)
Con vista al criterio jurisprudencial trascrito, el cual por compartirlo lo hace suyo este Tribunal, y en armonía con la máxima romana “incumbit probatio qui dicit, no qui negat”, la cual se traduce en que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho, conforme a lo establecido en el Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el Artículo 1.354 del Código Civil, se juzga, ante el hecho alegado por la parte actora que evidentemente ésta debió demostrar todo lo alegado en su escrito libelar, como consecuencia de lo expuesto anteriormente, es deber de quien suscribe la presente decisión enfatizar que en este tipo de procedimiento por lo general la carga de la prueba incumbe al actor, quien es el interesado en convencer al Juzgador que están cumplidos los extremos para la procedencia de su pretensión para de esta manera obtener la restitución del bien objeto de la presente causa, cosa que no ocurrió en el caso bajo estudio, por cuanto el demandante no demostró con prueba alguna el despojo del bien objeto de la presente causa, como presupuesto objetivo para la procedencia de su acción.
En consecuencia, de lo anterior se establece ciertamente que la parte querellante, no trajo a los autos prueba alguna, por medio de la cual, se pudieran establecer los hechos constitutivos del despojo invocado en el escrito libelar, no logrando demostrar plenamente en autos este requisito de procedencia que impone la Ley y la Jurisprudencia, para hacer procedente en contra de la demandada la querella interdictal de restitución, razón por la cual es forzoso para este Juzgador declarar sin lugar la presente acción, tal y como se hará en el dispositivo del presente fallo, y así se declara.
-VIII-
DISPOSITIVA
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, Declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación intentado por el abogado en ejercicio OSWALDO URDANETA BERMUDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9.704, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ejercido contra la sentencia dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 4 de julio de 2019, en la cual se abstiene de decidir el fondo, y declara la inadmisibilidad de la querella; en consecuencia, se desestima por improcedente la Inadmisibilidad de la acción declarada por el A Quo, pues ha concluido este sentenciador, que aun existiendo un vínculo contractual arrendaticio, el interdicto restitutorio resulta idóneo para resolver los conflictos posesorios (vía de hecho-despojo) entre arrendador y arrendatario. Así se decide. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, y visto que la inadmisibilidad aquí desestimada se dictó en la oportunidad de la definitiva, está alzada pasó a decidir el fondo y en tal sentido, se declara: 1) SIN LUGAR la acción que por Interdicto Restitutorio, interpusiera la sociedad mercantil SERVICIOS ORIENTADOS A LA SALUD Y SEGURIDAD, SOS C.A., mediante apoderado judicial: OSWALDO URDANETA BERMUDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9.704, en contra de la Ciudadana: RAQUEL SUSANA LEIVA GUTIÉRREZ, en autos identificados, por no haber probado el despojo como presupuesto objetivo de la acción ejercida. Así se declara. TERCERO: Se condena en costas a la parte actora. Así se decide.
Regístrese, Notifíquese, Publíquese, incluso en la Página Web de este Tribunal, déjese la copia certificada a la cual hace referencia el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, y, en su oportunidad, devuélvase el Expediente al Tribunal A Quo.
Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el veintiocho (28) de junio del año dos mil veintiuno (2021). Años 211° y 162°.
EL JUEZ,

Abg. CARLOS E. ORTIZ F.
LA SECRETARIA,

Abg. AYURAMI RODRÍGUEZ
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las doce del mediodía (12:00 p.m.).
LA SECRETARIA,

Abg. AYURAMI RODRÍGUEZ

Asunto Nº AP71-R-2019-000267
CEOF/AR.-