TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 27 de mayo de 2021
211º y 162º

Solicitantes: Demetrio Antonio Ortega y María De Lourdes Monzón de Ortega, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-3.149.005 y V-2.951.671, debidamente asistidos este acto por la abogada Dariana J. Guarate Duarte, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 295.886.
Motivo: Divorcio fundamentado en el 185-A del Código Civil
Sentencia: Definitiva
Caso: AP31-S-2020-000031

I
ANTECEDENTES

En fecha 9 de enero de 2020, comparecieron los ciudadanos Demetrio Antonio Ortega y María De Lourdes Monzón de Ortega, ut supra identificados, debidamente asistidos por la abogada Dariana Guarate, inscrito en el Inpreabogado bajo la matricula número 295.886, presentaron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, con Sede Los Cortijos de Lourdes, escrito contentivo de solicitud de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, cuyo conocimiento recayó en este Tribunal previa distribución en esa misma fecha.
Por auto de fecha 13 de enero de 2020, el Tribunal admitió la solicitud in comento por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley; ordenándose librar boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público.
Por diligencia de fecha 5 de febrero de 2020, compareció la ciudadana María De Lourdes Monzón de Ortega, ut supra identificada, asistida por la abogada Dariana Guarate, inscrito en el Inpreabogado bajo la matricula número 295.886, mediante la cual consignó los fotostátos para librar la boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 7 de febrero de 2020, este Tribunal mediante nota de secretaria dejó constancia de haberse librado boleta al Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 9 de marzo de 2020, compareció el ciudadano Amilkar Gomez, Alguacil Titular de la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, mediante el cual consignó boleta de notificación debidamente sellada y firmada en señal de haber sido recibida por la Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 13 de marzo de 2020, compareció el abogado Charles Díaz Aular, en condición de Fiscal Provisorio Nonagésimo Sexto (96º) del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial, con Competencia Especial para la Protección del Niño el Adolescente, Civil e Instituciones Familiares, quién instó a los solicitantes a indicar la fecha exacta de separación Fáctica en la presente solicitud.
Por auto de fecha 16 de diciembre de 2020, el Tribunal insto a las partes solicitantes a indicar la fecha exacta de separación.
Por diligencia de fecha 14 de mayo de 2021, compareció la ciudadana María De Lourdes Monzón de Ortega, ut supra identificada, asistida por la abogada Mercedes Parra, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 23.043, mediante la cual indicó que la fecha de separación fue el 29 de mayo del 2021.
Por lo tanto, siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal lo hace sobre la base de las siguientes consideraciones:
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La lectura del escrito libelar patentiza, que los solicitantes fundamentaron su petición en las siguientes argumentaciones:
Aducen, que en fecha 2 de septiembre de 1976, contrajeron matrimonio por ante la Primera Autoridad de Registro Civil de la Parroquia San José, Departamento Libertador de Distrito Federal (hoy Distrito Capital), según consta en acta n° 274 de matrimonio que en copia certificada acompañan a los autos a los fines legales consiguientes.
Expresan, que de dicha unión matrimonial procrearon tres (3) hijos que llevan por nombres: Carmen Yuderkis, William José y Juan Carlos, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad nros V-6.899.844, V-6.792.683 y V-12.501.486, no adquirieron bienes dentro de la comunidad conyugal, asimismo, fijaron su último domicilio conyugal en la Vega, Calle el Carmen, Callejón Andrés Eloy Blanco, casa #25-13, en la ciudad de Caracas.
Alegan, que su vida conyugal fue interrumpida desde hace veinte (20) años y hasta la fecha han permanecido separados de hecho, sin haberse restablecido la convivencia, no existiendo vida en común bajo ninguna circunstancia ni vinculación personal, habiendo ruptura prolongada de sus vidas en común por más de cinco (5) años.
En este sentido, cabe considerar el precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.
La inteligencia de la referida norma jurídica pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció basada en la ruptura prolongada de la vida en común, el legislador patrio ha establecido un elenco de requisitos, entre ellos, la demostración de la existencia del vínculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio.
Por otra parte, el profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”.
En efecto, “el divorcio quoad vinculum es una institución de carácter absolutamente excepcional (…) contiene dos tendencias fundamentales de cómo se debe entender esa característica de institución, siendo una, la tendencia del divorcio-remedio: De acuerdo con esta, la disolución del matrimonio en vida de los cónyuges se explica en base a la necesidad de liberar a los esposos de un vínculo que, de hecho, ya no tiene sentido o resulta intolerable, independientemente de que esa situación pueda o no imputarse a alguna de las partes”. (Francisco López Herrera. Derecho de Familia. Tomo II, pp. 180-181-182).
Para este Tribunal, la tendencia del Código Civil venezolano corresponde a esa orientación, del divorcio-remedio. Sobre este particular, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, la sociedad en general”.
Dicho esto, en el caso concreto de autos, luego de revisadas las actas procesales que integran el expediente, observa el Tribunal que están satisfechas todas las formalidades previstas en el artículo 185-A del Código Civil para declarar el divorcio solicitado; en efecto, por una parte, los ciudadanos Demetrio Antonio Ortega y María De Lourdes Monzón de Ortega, cónyuges entre sí, contrajeron matrimonio civil en fecha 2 de septiembre de 1976, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio que acompañaron a los autos; asimismo, alegaron estar separados de hecho en forma ininterrumpida desde hace más de veinte (20) años; así se establece.
III
DECISIÓN
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar el divorcio solicitado por los ciudadanos Demetrio Antonio Ortega y María De Lourdes Monzón de Ortega, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-3.149.005 y V-2.951.671, respectivamente; por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos en fecha 2 de septiembre de 1976, contrajeron matrimonio por ante la Primera Autoridad de Registro Civil de la Parroquia San José, Departamento Libertador de Distrito Federal (hoy Distrito Capital), según consta en acta n° 274, inserta en el Libro de Registro Civil de matrimonios correspondiente al año 1976.
Ofíciese lo conducente a la Oficina de Registro Civil de la Parroquia San José, Municipio Libertador del Distrito Capital, al Registrador Principal del Distrito Capital y al Consejo Nacional Electoral, a los fines legales consiguientes.
Liquídese la comunidad de gananciales. Regístrese y publíquese la presente decisión, dejándose en el Tribunal copia certificada de la misma, a los fines del libro copiador llevado al efecto.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 27 días del mes de mayo de 2021. Años: 211° años de la Independencia y 162° años de la Federación.
La Jueza
Abg. Damaris Ivone García
La Secretaria Acc,
Abg. Keylin Johanna Viloria García
En esta misma fecha, siendo las 9:30 A.M., se registró y publicó la presente decisión.
La Secretaria Acc,
Abg. Keylin Johanna Viloria García