REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES 2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES
SALA 2
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
211° y 162°

Maracay, 25 de Mayo de 2021

CAUSA 2Aa-015-2021.
JUEZ PONENTE: Dr. PEDRO RAFAEL SOLÓRZANO MARTÍNEZ.
JUEZ INHIBIDO: Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, en su condición de Juez del Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua
ACUSADOS: RUT ABIGAIL VARGAS AREN, WINDERSON JONAIKER ZURITA Y DIEGO JONAIKER DOMÍNGUEZ FLORES.
PROCEDENCIA: JUZGADO TERCERO (3°) DE JUICIO CIRCUNSCRIPCIONAL.
MATERIA: INHIBICIÓN.
DECISIÓN: “…PRIMERO: ADMITE y DECLARA SIN LUGAR la inhibición propuesta por el Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, Juez Tercero (3°) en Función de Juicio, en la causa N° 3J-3259-21 (nomenclatura alfanumérica de ese Juzgado), seguida a los acusados RUT ABIGAIL VARGAS AREN, portador de la cédula de identidad N° V-24.818.454, WINDERSON JONAIKER ZURITA, titular de la cédula de identidad N° V-30.836.478, y DIEGO JONAIKER DOMÍNGUEZ FLORES, cedulado bajo el N° V-20.94.339, en virtud de no existir fundamento legal alguno que motive la inhibición planteada por el recurrente.
SEGUNDO: Se ORDENA remitir el expediente 3J-3259-21, al Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia en Función de Juicio, a los fines que el Juez Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, continúe el conocimiento de la causa...”.

Nº 017-21

Vista la inhibición, que con fundamento en el numeral 8 del artículo 89 en concordancia con el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, planteó el Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, en su condición de Juez del Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, en el asunto N° 3J-3259-21, seguida a los acusados RUT ABIGAIL VARGAS AREN, portador de la cédula de identidad N° V-24.818.454, WINDERSON JONAIKER ZURITA, cedulado bajo el N° V-30.836.478, y DIEGO JONAIKER DOMÍNGUEZ FLORES, titular de la cédula de identidad N° V-20.94.339 y, estando dentro de la oportunidad de decidir, procede esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones a pronunciarse en los términos siguientes:

CAPÍTULO I
DE LA INHIBICIÓN

En acta de fecha cuatro (04) de mayo de dos mil veintiuno (2021), el Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, en su carácter de Juez Tercero (3°) de Juicio Circunscripcional, expuso entre otras cosas:

“…Por cuanto en fecha 04-05-2021 estando constituido el tribunal, fue recibida la presente causa bajo el número 3J-3259-21 (Nomenclatura de este Tribunal) en donde funge como defensa técnica de uno de los acusados la ABG. ISBETH CAROLINA QUIJADA CALANCHE, INPRE N° 297.227, quien laboro por mucho tiempo con mi persona en este despacho, tanto de pasante, colaboradora y posteriormente postulante al cargo de Asistente en este despacho, y en vista de la función que desempeño dentro de este despacho con mi persona, mantuve relación laboral con la ciudadana ABG. ISBETH QUIJADA; Por lo cual, conforme a lo estatuido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 89 numeral 08° (sic) y 90 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y en aras de la transparencia necesaria de la administración de justicia, tanto en este caso, como en cualquier otro juicio que me corresponda conocer como Juez, sobre todo a los fines de hacer mérito a los principios éticos que conforman el proceso penal, me inhibo formalmente de conocer en esta causa, debido a la relación laboral que mantengo con la defensa privada de uno de los imputados de autos. En este sentido, la Sala Constitucional (sic) en sentencia n° 144/2000 del 24 de marzo (sic) ha indicado lo siguiente: ‘…La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez, la parcialidad objetiva de éste, no sólo se (sic) emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes…’ (Subrayado y cursiva del exponente).-” y (sic) por cuanto existen en esta jurisdicción otros Tribunales de igual categoría que puedan conocer de esta causa, se ordena la remisión de estas actuaciones a la Oficina del Alguacilazgo a los fines de su redistribución; así mismo se acuerda formar cuaderno separado de la inhibición y remitirla a la Corte de Apelaciones de este circuito, a los fines de tramitar la inhibición planteada. Cúmplase…“. (Cursivas de esta Sala).


CAPÍTULO II
DE LA COMPETENCIA Y LA ADMISIBILIDAD

A los fines de determinar la competencia para conocer de la presente incidencia observa esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones lo preceptuado en el artículo 98 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece:

“…La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el tribunal de la Alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de la alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición...”. (Cursivas de esta Alzada).

Conforme a las disposiciones legales referidas supra, este Órgano Jurisdiccional es el competente para conocer de la presente incidencia de inhibición, en virtud de corresponderle en Alzada el conocimiento de las decisiones emitidas por los Tribunales de Primera Instancia. Así se declara.

CAPÍTULO III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Antes de resolver, esta Sala 2 hace las siguientes consideraciones:

La autonomía e independencia de los jueces está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 253 y siguientes. Allí se establece que el Poder Judicial es independiente y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Que con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, a los jueces se les prohíbe llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. Dichos principios constitucionales están igualmente desarrollados en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la autonomía e independencia de los jueces en los términos siguientes:

“En el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley, y al derecho y a la justicia. En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar”. (Cursivas de este ad quem).


La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en reiteradas oportunidades lo siguiente:

“…que la inhibición al igual que la recusación son instituciones concebidas para preservar la imparcialidad del Juez, mediante el cual el funcionario o las partes proponen o solicitan la separación del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de las razones legalmente establecidas. De allí, que el Juez en su función de administrar justicia debe ser imparcial y no estar sujeto a ninguna vinculación subjetiva, bien entre el Juzgador y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento o bien con el objeto de la misma, ya que la existencia de estos dos vínculos ocasionan irremediablemente su inhabilidad para conocer y decidir…”. (Cursivas de este Órgano Colegiado).


Igualmente, el maestro ARMINIO BORJAS, en su Obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, enseña que:

“…La justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechosa de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de algunas de las partes, pierde el atributo especial de los dispensadores de justicia, en consecuencia es natural que de motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de intervenir en el asunto, y de no hacerlo, es justo que a la parte a quien interese se le acuerde un recurso legal que obligue a aquél a la abstención. Este recurso es la recusación y la voluntaria abstención es la inhibición…”. (Cursivas de esta Sala).


Observa esta Alzada de las actuaciones recibidas, que el Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, aduce motivos que podrían afectar su imparcialidad al momento de tomar alguna decisión en la causa N° 3J-3259-21 (nomenclatura de ese Juzgado), en vista de quien actúa con el carácter de Defensa Privada la Abg. LISBETH CAROLINA QUIJADA CALANCHE, afirmando que desempeñó funciones de colaboradora, pasante y postulante al cargo de asistente en el Juzgado Tercero (3°) de Juicio que él preside, lo cual consta en el acta de inhibición de fecha cuatro (04) de mayo del año en curso, de la siguiente manera: “…Por cuanto en fecha 04-05-2021 estando constituido el tribunal, fue recibida la presente causa bajo el número 3J-3259-21 (Nomenclatura de este Tribunal) en donde funge como defensa técnica de uno de los acusados la ABG. ISBETH CAROLINA QUIJADA CALANCHE, INPRE N° 297.227, quien laboro por mucho tiempo con mi persona en este despacho, tanto de pasante, colaboradora y posteriormente postulante al cargo de Asistente en este despacho, y en vista de la función que desempeño dentro de este despacho con mi persona, mantuve relación laboral con la ciudadana ABG. ISBETH QUIJADA; Por lo cual, conforme a lo estatuido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 89 numeral 08° (sic) y 90 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y en aras de la transparencia necesaria de la administración de justicia, tanto en este caso, como en cualquier otro juicio que me corresponda conocer como Juez, sobre todo a los fines de hacer mérito a los principios éticos que conforman el proceso penal, me inhibo formalmente de conocer en esta causa, debido a la relación laboral que mantengo con la defensa privada de uno de los imputados de autos …”, circunstancia totalmente subjetiva para esta Sala y que fundamenta en la causal de inhibición invocada en el artículo 89 numeral 8° y articulo 90 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, que establecen lo siguiente:

“…Los jueces y juezas, los fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes:
(…)
8. Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad…”. (Negrillas y cursivas de esta Alzada)

De igual forma tenemos que el artículo 90 eiusdem, estatuye lo siguiente:

“…Artículo 90. Inhibición obligatoria. Los funcionarios o funcionarias a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se l|es recuse.
Igualmente lo harán si son recusados o recusadas y estimen procedente la causal invocada.
Contra la inhibición no habrá recurso alguno…”’. (Cursivas propias).

Ahora bien, una vez estudiado el fondo de la Inhibición plantada por el Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, en el carácter de Juez de Tercero (3°) de Juicio Circunscripcional, observan quienes aquí deciden, que en las actuaciones que conforman la incidencia de inhibición, únicamente consta el acta que motiva el fundamento del Juez de apartarse del conocimiento de la causa N° 3J-3259-21, sin el respaldo de prueba alguna que demuestre las circunstancias alegadas, como pudiera ser una Constancia Laboral que demuestre que efectivamente la Abg. ISBETH CAROLINA QUIJADA CALANCHE, desempeñó funciones en el Juzgado Tercero (3°) de Juicio, y que dada esa relación haya surgido alguna amistad manifiesta que diera lugar en alguna de las causales de inhibición preestablecidas en la norma adjetiva penal, con el objeto de que esta Alzada pueda corroborar la información suministrada y evaluar con certeza el motivo que afecte su imparcialidad. También se observa, que declarar con lugar una incidencia de inhibición totalmente infundada, y bajo solo pretexto de una relación laboral, se estaría cercenando un derecho constitucionalmente establecido, como lo es el Derecho al Trabajo, amparado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que no le asiste la razón al recurrente.

En ilación con lo anterior la Sala Constitucional en sentencia N° 3709, del día seis (06) de diciembre de dos mil cinco (2005), con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO; ha dicho en relación a la inhibición:

“…Su finalidad, es resolver la crisis subjetiva del proceso, en aras de asegurar la transparencia en las actuaciones de aquellas personas investidas de autoridad para administrar justicia. La recusación y la inhibición persiguen el mismo efecto, de manera que, la garantía de ser enjuiciado por un juez imparcial, se mantiene intacta, indistintamente de que el expediente sea sustraído del conocimiento del juez del cual se duda, por inhibición o recusación…”. (Cursivas de esta Alzada).

Por otra parte, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 0754, de fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil uno (2001), con ponencia del Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, sostiene:

“…El deber fundamental de todo juez es decidir. Y el instituto de la inhibición únicamente funciona como una excepción.
Si se declararan con lugar INHIBICIÓNes infundadas porque se basaron en hechos indemostrados, se relajaría la disciplina procesal y se propiciaría el entrabamiento procesal. En efecto, sobre la base de que una inhibición inmotivada se declarara con lugar, podría haber una serie interminable de INHIBICIÓNes vacuas o infundamentadas...” (Cursivas propias).

El Legislador ha querido así expresar, que la inhibición debe estar debidamente fundamentada con la expresión de todas las circunstancias fácticas y jurídicas para que el Juez que decida la incidencia de inhibición llegue a la plena convicción de que está debidamente tipificada y probada, de lo contrario implica una vulneración a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando contempla que: “…toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…”, como también afectaría el principio del juez natural, por lo que deben existir fundadas razones y subsumidas a las causales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la inhibición.
De manera que, en la presente inhibición no queda demostrada la situación fática y las causas que plantea el Juez inhibido, por cuanto la sola referencia de las causales de incompetencia subjetiva invocada no debe forzosamente producir una decisión favorable a la inhibición. Debe existir fundamentación sustentada, coherente, lógica, probada y relacionada entre el funcionario y los sujetos o hechos que lo hagan imputable de circunstancias conforme a las cuales sea cuestionable su capacidad subjetiva procesal para decidir. La inhibición no debe plantearse sobre la base de ambigüedades o hechos vagos o incluso sin indicación alguna de circunstancias verificables que demuestren la causa, tal y como ha sucedido en la presente incidencia de inhibición.

Conforme a lo antes señalado, para esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, lo manifestado por el Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, Juez Tercero (3°) de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, en acta de inhibición, no constituye causal alguna de inhibición, en contemplación a lo previsto en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR la inhibición planteada. Y así se decide

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: ADMITE y DECLARA SIN LUGAR la inhibición propuesta por el Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, Juez Tercero (3°) en Función de Juicio, en la causa N° 3J-3259-21 (nomenclatura alfanumérica de ese Juzgado), seguida a los acusados RUT ABIGAIL VARGAS AREN, portador de la cédula de identidad N° V-24.818.454, WINDERSON JONAIKER ZURITA, titular de la cédula de identidad N° V-30.836.478, y DIEGO JONAIKER DOMÍNGUEZ FLORES, cedulado bajo el N° V-20.94.339, en virtud de no existir fundamento legal alguno que motive la inhibición planteada por el recurrente.

SEGUNDO: Se ORDENA remitir el expediente 3J-3259-21, al Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia en Función de Juicio, a los fines que el Juez Abg. PEDRO ANTONIO LINAREZ, continúe el conocimiento de la causa.