I. ANTECEDENTES
En fecha 3 de noviembre de 2021 (Folios 1 al 11) el apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada, interpuso por ante este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en funciones de distribuidor, escrito contentivo de solicitud de amparo constitucional, donde alegó, entre otras cosas, lo siguiente:
“(…) Es el caso ciudadano Juez (sic) Constitucional, (sic) que en fecha 5 de octubre de 2021, la Jueza (sic) Yzaida Josefina Marin Roche, encargada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Aragua, admitió un amparo constitucional al cual le otorgó el número de expediente T-1-INST-43.047 (…)
En el presente caso la Juez (sic) de Amparo, (sic) no consideró a la hora de dictar sentencia de amparo, que mi representada no puede ser desalojada sin que se le provea de una vivienda justa (…)
Solicitamos que la presente acción de amparo se trámite (sic) como acción de mero derecho en razón de la omisión por parte del Juez (sic) de Amparo (sic) que dicto (sic) la sentencia que lesionó los intereses de mi representada (…)”
Y por ello, solicitó:
“(…) Que se declare nula la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2021 por el Juzgado 1º de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Aragua, bajo el número de expediente T-1-INST-43.047 (…)”
De ese modo, este juzgador puede observar que la querellante lo que pretende en este procedimiento de amparo constitucional es que se declare nula una sentencia de primera instancia que a su vez analizó una solicitud de amparo constitucional, es decir, estamos en presencia de lo que se conoce como un “amparo contra amparo”.
Posteriormente, en fecha 4 de noviembre de 2021, luego del sorteo de distribución, fueron recibidas las actuaciones por este órgano jurisdiccional, tal como se evidencia de la nota estampada por la secretaria de este juzgado cursante al folio dieciséis (16) del expediente
II. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En principio, resulta meritorio destacar que el amparo constitucional se ha concebido como el medio breve, sencillo y eficaz que se interpone con el objeto de obtener de la manera más ágil y eficaz, el restablecimiento expedito de los derechos constitucionales que hayan sido vulnerados, es decir, que cuando se haya violentado o se amenace con violentar algún derecho o garantía constitucional, podrá solicitarse a través de la del amparo constitucional, la restitución o el cese de las amenazas que pongan en peligro tales garantías.
La doctrina y la jurisprudencia ha establecido que el amparo constitucional se puede presentar en diversas modalidades dependiendo de la situación de hecho y la forma como le sean conculcados los derechos constitucionales al justiciable, siendo permitido, excepcionalmente, la interposición de un amparo constitucional contra una sentencia que a su vez resuelva otro amparo constitucional, siempre y cuando, entre otras cosas, esta haya sido dictada en última instancia.
Al respecto, el autor patrio Humberto Bello Tabares en su obra “Sistema de Amparo. Un enfoque crítico y procesal del Instituto.” (2012), páginas 579 y 580, indica lo siguiente:
“(…) De esta manera y ensayando una definición de esta modalidad de amparo constitucional, podríamos decir que se trata de una garantía constitucional, contra aquella decisión judicial dictada en el marco de un procedimiento de amparo, que vulnere o amenace de vulnerar derechos constitucionales distintos a los delatados y que dieron nacmiento al amparo primigenio donde se produjo el fallo que a su vez lesionó o amenazó derechos fundamentales o constitucionales, siempre que contra la misma se haya agotado el doble grado de jurisdicción.
De esta definición podemos extraer los siguientes elementos característicos:
a. Se trata de una garantía constitucional, no de un recurso o medio de impugnación.
b. Se activa en la medida que una decisión judicial dictada en el marco de un procedimiento de amparo, vulnere o amenace con vulnerar derechos fundamentales o constitucionales.
c. Los derechos fundamentales o constitucionales vulneraos o amenazados producto de la decisión judicial, deben ser distintos a los delatados y que dieron nacimiento al amparo primigenio donde se produjo el fallo que a su vez lesiona o amenaza con lesionar dichos derechos.
d. Debe haberse agotado el doble grado de jurisdicción, lo que se traduce en que debe haberse ejercido el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia y que en caso de amparos cuya competencia corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no cabe esta modalidad de amparo constitucional, no sólo por la inexistencia del doble grado de jurisdicción, sino por agotarse la “jurisdicción”, al producirse una decisión del máximo exponente y defensor constitucional (…)
La procedencia de esta modalidad de amparo se encuentra supeditada a que contra la decisión que se dicte en el proceso de amparo constitucional primigenio, que viole o amenace con violar derechos constitucionales, se haya agotado los dos grados de jurisdicción, es decir, que por lo menos el proceso haya tenido dos grados de conocimiento (…)” (Negrillas nuestras)
En ese mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la otrora Corte Suprema de Justicia, en fecha 5 de agosto de 1999, mediante fallo publicado en el expediente No. 99-087, dispuso que:
“(…) Así pues, esta Sala de Casación Civil, conociendo como Tribunal Constitucional, considera admisibles las acciones de amparo contra decisiones judiciales que, a su vez, resuelven sobre un amparo, siempre que se trate de un agravio contra un derecho o garantía constitucional distinto del que sirve de objeto al amparo original, siempre que haya quedado satisfecho el mencionado principio de doble instancia (…)” (Negrillas agregadas)
Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 2017, expediente No. 17-0756, reiteró que:
“(…) los elementos que configuran la nueva vulneración del orden constitucional deben ser distintos a los que ya fueron sometidos a revisión a través de la acción de amparo constitucional, toda vez que la acción de amparo contra decisión judicial, exclusivamente actúa contra sentencias dictadas con ocasión a una acción de amparo constitucional siempre que se infrinjan derechos o garantías constitucionales ex novo; es decir, cuando tales decisiones dictadas en última instancia lesionen una situación jurídica y fáctica distinta a la que constituyó el objeto del debate en el juicio originario de amparo. (Ver sentencias nros. 526/2016, 527/2016, 277/2017 y 704/2017) (…)” (Negrillas nuestras)
En ese sentido, se observa prima facie que las sentencias en materia de amparo constitucional que pueden ser atacadas por la vía de otro amparo constitucional son aquellas que han sido dictadas en última instancia, es decir, en la segunda instancia contemplada en el procedimiento de tutela constitucional.
En consecuencia, visto que el amparo constitucional aquí interpuesto está orientado contra la decisión dictada Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en el expediente No. T-1-INST-43.047, la cual, evidentemente, no constituye un fallo de última instancia, este tribunal superior en sede constitucional deberá, inexorablemente, declararlo improcedente, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo.
III. DISPOSITIVA
En razón de las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: IMPROCEDENTE el amparo constitucional interpuesto por el abogado DEIVY DÍAZ, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 171.402, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN MARÍA ALMENARA DE DORTA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-5.270.891, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza de la presente decisión.
Déjese copia. Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en esta sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, en sede Constitucional de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en la ciudad de Maracay, al quinto (5º) día del mes de noviembre del año 2021. Años 211º de la Independencia y 162º de la Federación.
EL JUEZ
RAMÓN CARLOS GÁMEZ ROMÁN
LA SECRETARIA
LISENKA CASTILLO
En la misma fecha, siendo las 10:00 a.m se publicó y registró de manera ordinaria la anterior sentencia y se cargó en la página web aragua.scc.org.ve; ello en conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 03-2020 de fecha 28 de julio de 2020 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
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LA SECRETARIA
LISENKA CASTILLO
RCGR/LC/er
Exp. AMP-18.890-21
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