REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO (1°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS CARACAS, PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021 211º y 162º ASUNTO: AH22-X-2021-000007 ASUNTO PRINCIPAL: AP21-N-2021-000017 PARTE RECURRENTE: JOSE RAFAEL SILVA VILLEGAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V.- 11.677.928. APODERADO JUDICIAL: DAVID SALOMON PLAZA RAMIREZ abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 72.774. PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DIAZ, SEDE SUR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, CARACAS.- MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR. Con motivo de la pretensión de nulidad interpuesta por el abogado DAVID SALOMON PLAZA RAMIREZ, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado, bajo el N° 72.774, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSE RAFAEL SILVA VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N° V.- 11.677.928, contra la Providencia Administrativa N° 0027-2020 de fecha 26 de Febrero de 2020, expediente N° 079-2018-01-02819, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DIAZ, SEDE SUR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, CARACAS, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO y siendo la oportunidad para que este tribunal dicte sentencia con relación a la solicitud de Medida Cautelar de suspensión de los efectos de la mencionada Providencia Administrativa, lo hace en los siguientes términos: 1.- El accionante solicita tal suspensión fundamentado en que debe suspenderse el acto administrativo en razón que “a)…las Planillas de solicitud de Evaluación de Incapacidad Residual forma 14-08, signada Bajo el N° 14410-18, emitida supuestamente por la Comisión Nacional Evaluadora de Incapacidad Residual adscrita a la Dirección Nacional de Rehabilitación de Evaluación Nacional Residual del Instituto Nacional Venezolano de los Seguros Sociales, (IVSS), que cursa en los Folios 03 y 46, del Expediente Administrativo (…), la cual se utilizó en fraude procesal para fundar la Providencia Administrativa (…), y así se establezca mientras dure y se decida la presente causa. b).- Se suspenda los efectos de la Inspectoría Extralitem y sus anexos, efectuada, en fecha 26 de Octubre de año 2018, por ante la Notaria Publica Secta del Municipio Chacao del Estado Miranda, por tener contenidos inexistentes y archivos falsos anexos, que cursan en los folios (…), utilizados en fraude procesal para fundar la Providencia Administrativa (…), y así se establezca mientras dure y se decida la presente causa. c).- Se suspenda los efectos de los Archivos de la Oferta Real y Depositos de fecha 19-11-2018, que cursa por ante el Juzgado (…), bajo el Expediente Nro (…), por ser aperturado anticipada y tempestivamente por la Entidad de Trabajo, para la misma fecha, en que se encontraba Amparado el Trabajador en el Procedimiento de reenganche y de pago de salarios caídos (…)”., lo cual representa en otras palabras la presunción de buen derecho. 2.- Para resolver, este Tribunal observa: El artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone lo siguiente: “Artículo 104.- A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”. De un breve análisis de dicha norma, se impone reafirmar lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, en sentencia de fecha 16 de junio de 2010 (caso: J. R. García en apelación): “…La medida preventiva de suspensión de efectos procede únicamente cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal será favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado. …Que no basta con alegar la existencia de un peligro inminente en la producción de un daño, sino que, contrario a lo señalado por el apoderado judicial del contribuyente, el mismo debe probarse a través de instrumentos idóneos, a saber, balances contables o un informe contable auditado sobre la situación económica y financiera del recurrente, que lleven al sentenciador a la firme convicción de que la ejecución del acto administrativo causaría al peticionante un daño irreparable...” La referida sentencia se refiere a que la suspensión de los efectos de un acto administrativo es una medida cautelar que haciendo excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, consecuencia de la presunción de legalidad de la cual están revestidos, procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, por cuanto ello podría atentar contra los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva. Por lo tanto, el juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales pudiera nacer la convicción que la ejecución del acto impugnado de nulidad le causara graves e irreparables perjuicios al demandante.- Ahora bien, verificadas las actas procesales se constata que los motivos esgrimidos como fundamento de la solicitud de suspensión de efectos rozan con el examen sobre la legalidad o no de la providencia impugnada, actividad que en todo caso constituye la cuestión de fondo del asunto planteado y cuyo análisis se realizará en otra etapa del proceso, por lo que esta instancia juzga que los alegatos del accionante son insuficientes para acordar tal medida cautelar. Y ASÍ SE CONCLUYE. 3.- Por las motivaciones que anteceden, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 3.1.- IMPROCEDENTE la solicitud interpuesta por el abogado DAVID SALOMON PLAZA RAMIREZ, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado, bajo el N° 72.774, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSE RAFAEL SILVA VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N° V.- 11.677.928, contra la Providencia Administrativa N° 0027-2020 de fecha 26 de Febrero de 2020, expediente N° 079-2018-01-02819, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO PEDRO ORTEGA DIAZ, SEDE SUR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, CARACAS, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO. 3.2.- Se deja constancia que el lapso -cinco (5) días de hábiles- para ejercer recursos en contra de la presente decisión, comenzará a correr a partir del día de hoy exclusive. Publíquese y regístrese en el diario (SISTEMA JURIS 2000).- Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, Miércoles Primero (01) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021). Año 211º de la Independencia y 162º de la Federación.- EL JUEZ LA SECRETARIA ABG. CARLOS MORENO ABG. NAKARY PEREZ