TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DEL ESTADO ARAGUA EN FUNCIONES DE CUARTO DE JUICIO
210° y 161°
MARACAY, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

CAUSA Nº 4J-2733-19
JUEZ: ABG. RITA LUCIANA FAGA.
SECRETARIO: ABG. ABEL ORTEGA
FISCAL 31° M.P: ABG.MANUEL TRINIDADE
ACUSADO: PEDRO RAMON PALACIO CORDERO
DEFENSO PÚBLICA: ABG. FRANKLIN APONTE
DECISION: SENTENCIA CONDENATORIA
POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS.
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DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Previo a cualquier pronunciamiento, esta Tribunal de primera instancia en funciones de cuarto de juicio del estado Aragua debe determinar su competencia para conocer de la presente causa, al efecto, observa:

El artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:
“La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se ha consumado”:

En sintonía con la norma transcrita ut supra, la competencia de un tribunal para el conocimiento de un hecho punible, viene dada, en primer lugar, y como regla general, por el territorio, es decir, por el forum delicti comissi, en razón de lo cual, del asunto conocerá el tribunal del lugar donde se haya consumado el delito y, por excepción, el juzgado del lugar donde se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión, o donde cesó la continuidad, o donde se haya cometido el último acto conocido del mismo.

Por su parte el artículo 68, Ejusdem dispone:
Competencias Los Tribunales de Primera Instancia en funciones De Juicio:
“Es de la competencia del tribunal de juicio el conocimiento de:

2- La fase de juicio en las causas provenientes de los tribunales de primera instancia estadal en funciones de control

Conforme con la normativa precedentemente expuesta, corresponde a este tribunal cuarto de juicio del estado Aragua el conocimiento de la presente causa. Toda vez que en el presente caso los hechos acontecidos y por los cuales el ministerio público acusó en la presente causa fueron ejecutados y consumados en el territorio del Estado Aragua, razón por la que este tribunal resulta competente para conocer de dicho asunto. Así se declara.

ANTECEDENTES

La presente causa es seguida en contra del ciudadano PEDRO RAMON PALACIO CORDERO titular de la cedula de identidad V-28.771.731 por la comisión del delito de ROBO GANADO, previsto y sancionado en el Artículo 7 de la Ley Penal de Protección código penal Y PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previsto y sancionado en el Artículo 174 del Código Penal

DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS

“En fecha 11 de Junio del 2019, el ciudadano PEDRO RAMON PALACIO CORDERO, Junto a otro sujeto por identificar portando armas blancas se introdujeron en la Finca “Agüita Fría”, ubicada en el sector Piñata, Parroquia Taguay, Municipio Urdaneta, estado Aragua, en horas de la mañana y bajo amenaza de muerte, someten al encargado de la Finca, quien reconoció a uno de ellos lo agreden y lo amarra cerca del corral, logrando levarse una vaca lechera de aproximadamente cuatrocientos kilos, huyendo con rumbo desconocido, logrando el encargado desamarrarse y le notifica lo sucedido al propietario de la finca , quien se dirige Comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Camatagua a formular la denuncia , conformándose comisión quienes realizan un patrullaje punta a pie, específicamente por las adyacencia de la parcela “Agüita Fría”, siguiendo el rastro donde presuntamente se habían llevado la vaca lechera, llegan a una zona placa y boscosa , donde logran avistar a un (01) sujeto de sexo masculino quien se encontraba recogiendo unas herramientas (Machete) y (Cuchillo) , percatándose que en el sitio se encontraba un cuero y huesos recién despostados de res, el mismo al percatarse de la presencia de la comisión mostro una actitud nerviosa y al solicitarle información al respecto a la evidencia encontrada , dio respuestas incoherentes por lo que realizaron la aprehensión de PEDRO RAMON PALACIO CORDERO titular de la cedula de identidad V-28.771.731 de 19 años de edad…”

DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO:

La fiscalía 14º del Ministerio Público, al ejercer la acusación penal, ofreció como pruebas los siguientes elementos:

PRUEBAS TESTIMONIALES:

FUNCIONARIOS ACTUANTES:

1.- DECLARACION del funcionario DETECTIVE JEAN ESCARATE credencial 44.385, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Sub delegación Camatagua, Quien realizo el EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL Nº 0029-19 de fecha 13 de junio del 2019.

2.- DECLARACION de los funcionarios: FUNCIONARIOS MILITARES SARGENTO PRIMERO CARLOS BARRERA RODRIGUEZ, SARGENTO PRIMERO LIENDO VASQUEZ RAFAEL, SARGENTO PRIMERO VALERA LEON CARLOS, SARGENTO PRIMERO COLINA RENGIFO ELVIS, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana , comando de Zona para el orden interno Nº 42 Aragua , destacamento Nº 423 ,. Quienes realizan el ACTA DE INVESTIGACION PENAL Y APREHENSION.

3.- DECLARACION del funcionario DETECTIVES JOSE AMAIZ y JEAN ESCARATE adscrito Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Sub delegación Camatagua, quienes practican ACTA DE INVESTIGACION PENA y la INSPECCION TÉCNICA CRIMINALISTICA.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 228,338 y 341 del Código Orgánico Procesal Penal, se ofrece:

VICTIMA:

1. DECLARACION del ciudadano J.A.R.F cuyos datos se anexan en sobre cerrado , en virtud de ser víctima de los hechos quien podrá ilustrar en un eventual juicio oral y público al tribunal acerca de las circunstancias de tiempo , modo y lugar.

PRUEBAS DOCUMENTALES:

A los efectos que sean incorporados para su lectura en el Juicio Oral Publico, de conformidad con el artículo 182, en concordancia con el numeral 2º del artículo 322, artículos 228 y341, todos del Código Orgánico Procesal Penal, presento las siguientes documentales:

1. EXPERTICIA DE RECONOCIMENTO LEGAL Nº 0029-19 de fecha 13 de junio del 2019 practicada por el funcionario DETECTIVE JEAN ESCARATE, Credencial 44.385 adscrito Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Sub delegación Camatagua.
2. INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 0027 de fecha 26 de julio de 2019, suscrita por los funcionarios DETECTIVES JSOE AMAIZ y JENA ESCARATE (TÉCNICO DE GUARDIA ) adscrito Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Sub delegación Camatagua.
3. EXPERTICIA DE REGULACION PRUDENCIAL N º 0027-19 de fecha 26 de julio del 2019 practicada por el funcionario DETECTIVE JEAN ESCARATE, Credencial 44.385 adscrito Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Sub delegación Camatagua.

Los medios de prueba ofrecidos y presentados por la Fiscalía, en este acto y enumerados anteriormente, fueron admitidos por el Tribunal 01º de Control de este Circuito Judicial Penal, por considerarlos necesarios, legales, lícitos, pertinentes y aceptados como tal por el acusado, al requerir la imposición inmediata de la pena a través de la aplicación del Procedimiento Especial de Admisión de los hechos, el cual le fue debidamente explicado en su contenido y alcance al acusado para garantizar el discernimiento en relación con los mismos, por todo lo antes expuesto es por lo cual éste Admitió los Hechos, en forma categórica, dejándose constancia de que actúa libre de discernimiento y sin apremio. En tal virtud, al no producirse el contradictorio, ello se traduce en la configuración de plena prueba de la imputación delictiva, en sentido objetivo y subjetivo, vale decir, el hecho delictivo y la responsabilidad y culpabilidad penal del acusado respecto al mismo, por lo que a los fines de la sentencia el juez queda relevado de analizar las pruebas. Sin embargo, se observa que el material probatorio ofrecido y presentado por la parte acusadora, no controvertido, y aceptado por el acusado , aunado al dicho de ésta en la Audiencia, son suficientes para comprobar la corporeidad del hecho objeto del proceso, así como la responsabilidad y culpabilidad penal de la acusada respecto de la ejecución del mismo. En consecuencia se aprecian como prueba de tales extremos legales los medios de pruebas ofrecidos.

DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS

El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 375, contempla lo que se denomina el procedimiento por admisión de los hechos, conforme con el cual en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el imputado podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.
Así mismo señala, Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en su obra “La Sentencia Definitiva en el Proceso Penal Venezolano”, que en el proceso penal Venezolano, la decisión por la cual se sanciona a una persona por admisión de los hechos conforme al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penales una sentencia, porque de acuerdo al artículo 173 ejusdem, tienen tal carácter aquellas decisiones que contienen una condena y se trata de una sentencia definitiva, porque pone fin al procedimiento especial en que se produce, agotando de esa manera la primera instancia del proceso.

En cuanto a la Admisión de hechos, la Sala de Casación Penal, en sentencia Nº 147, con ponencia del magistrado Eladio Aponte Aponte, señaló lo siguiente:
“…la admisión de los hechos, consiste en un procedimiento especial, por medio del cual el imputado en la audiencia preliminar o de juicio (procedimiento ordinario o abreviado, según sea el caso), luego que el juez haya admitido la acusación fiscal, le informe y le explique tanto de los hechos como de la calificación jurídica atribuida a éstos, admite su participación en el delito del cual se le acusa. Evitando con esto, pasar a la frase del debate oral y público, y procediendo en forma inmediata a imponerlo de la pena correspondiente.”

De igual forma se indica en esta misma sentencia de la Sala de Casación Penal, que:

“…el procedimiento por admisión de hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del imputado, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución (…) a saber, el principio de oportunidad, la suspensión condicional de la pena y los acuerdos preparatorios, cumple la misma función: poner fin al proceso”.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido lo siguiente:
“… El artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que la referida confesión debe ser expresada por el imputado, a continuación de la admisión de la acusación (…) tal secuencia no es mera formalidad. En efecto, resulta esencial, que previamente a la admisión, por el imputado de los hechos punibles que le hayan sido atribuidos, la acusación haya sido, a su vez, admitida y con ello, definida la correspondiente calificación jurídica, porque solo así el procesado tendrá certeza jurídica, en relación, con el tipo legal, sobre el cual se fundamenta la declaración de su responsabilidad penal, así como la cuantía y la especie de la pena que corresponda…” (Sentencia Nº 317, de 28 de Febrero de 2007).”

En relación a la naturaleza de la admisión de los hechos, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente:
“…Por tanto no puede el acusado admitir los en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicio. Además cabe resaltar que el procedimiento de admisión de los hechos no resulta contrario, tal como se encuentra contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho que tiene el imputado de reconocer su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de hechos simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad en el hecho que le es imputado, lo cual no quiere decir que si no hace uso de esa oportunidad procesal no pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación en el hecho, aunque en esta ocasión no podría hacerse beneficiario del instituto de la admisión de los hechos, porque ello solo está legalmente previsto en la audiencia preliminar (juicio ordinario) o en la audiencia de juicio (procedimiento abreviado)…”

DE LA PENALIDAD

El delito de ROBO GANADO, previsto y sancionado en el Artículo 7 de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera prevé una pena de OCHO (08) A DIECISEIS (16) AÑOS DE PRISIÓN y el delito de PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previsto y sancionado en el Artículo 174 del Código Penal prevé una pena de QUINCE (15) DIAS A TREINTA (30) MESES DE PRISIÒN. De acuerdo al artículo 74.4 del Código Penal se toma la pena mínima del delito más grave, es decir la pena de OCHO (08) AÑOS DE PRISION, ahora bien, en el presente caso nos encontramos ANTE LA CONCURRENCIA DE DELITOS establecidos en el artículo 88 del Código Penal Venezolano, que establece que el cálculo de la pena cuando existen dos o más delitos se toma la pena mínima del delito más alto y se realiza la sumatoria con la pena mínima del segundo delito rebajándolo a la mitad, es decir la pena de OCHO (08) AÑOS más la pena de SIETE (07) DÍAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN y al realizar la sumatoria de las dos penas da como resultado la pena de OCHO (08) AÑOS, SIETE (07) DÍAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN, seguidamente esta Juzgadora a los efectos de Condenatoria toma en consideración el Procedimiento por Admisión de los Hechos de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y finalmente procede a la rebaja de un tercio de la pena quedando definitiva la pena a cumplir de CINCO (05) AÑOS, CUATRO (04) MESES , CINCO (05) DIAS Y OCHO (08) HORAS DE PRISION mas las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal. Y así se decide.
DISPOSITIVA

Sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho analizadas, este Tribunal Penal en función de cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: habiendo el acusado admitido los hechos que le atribuye el Ministerio Publico de forma libre, voluntaria y sin coacción este tribunal CONDENA al acusado PEDRO RAMON PALACIO CORDERO titular de la cedula de identidad V-28.771.731 , a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS, CUATRO (04) MESES , CINCO (05) DIAS Y OCHO (08) HORAS DE PRISION por la comisión de los delitos ROBO GANADO, previsto y sancionado en el Artículo 7 de la Ley Penal de Protección código penal Y PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previsto y sancionado en el Artículo 174 del Código Penal SEGUNDO: en cuanto al estado de libertad del Acusado PEDRO RAMON PALACIO CORDERO titular de la cedula de identidad V-28.771.731 se acuerda mantener la medida privativa . TERCERO: se publica la sentencia en esta misma fecha de la Audiencia y se acuerda remitir la causa al Tribunal de Ejecución correspondiente, respetando los lapsos de ley. Es todo. Ofíciese. Termino siendo las (03:15 Pm) horas de la tarde se leyó conformen firman.
LA JUEZ

ABG. RITA LUCIANA FAGA

EL SECRETARIO

ABG. ABEL ORTEGA

La presente sentencia ha sido publicada en fecha: Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil veintiuno (2021). A las quince horas y quince minutos (15:15) de la tarde.

EL SECRETARIO

ABG. ABEL ORTEGA
CAUSA Nº 4J-2733-19
RLF/YG.