REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 10 de agosto de 2022
212° y 163°

Expediente: N° 1725
PARTE ACTORA: “AVÍCOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA)”.
APODERADOS JUDICIALES DE L
A PARTE ACTORA: GILBERTO REYES KINZLER y GIANLUCA FARINA ARBOCCÓ, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los números 45.736 y 51.083 respectivamente.

PARTE DEMANDADA:
1) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Páez del Estado Portuguesa el 19 de mayo de 1952, bajo el número 25, Folios 33 al 39, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1952, y posteriormente modificados sus estatutos ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Araure el 3 de septiembre de 1965, bajo el número 89, Folios 200 al 218 Protocolo Primero, Tercer Trimestre de 1965 y vuelto a modificar según documento inscrito ante la misma Oficina de Registro Subalterno del Distrito Araure el 31 de marzo de 1986, bajo el número 26, folios 81 al 94, Protocolo Primero, Tomo Primero Adicional, Primer Trimestre de 1986.
APODERADO JUDICIAL: Abogado PEDRO JULIO HERNÁNDEZ SCANNONE, INPREABOGADO N° 30.729.

2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita inicialmente en el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal en fecha 5 de noviembre de 1952, bajo el número 764, Tomo 3-C; cuyo documento constitutivo estatutario fue posteriormente modificado según asiento en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda en fecha 13 de julio de 1998, bajo el Numero 33, Tomo 34-A y su transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, conjuntamente con la reestructuración del capital social y la reforma general de sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil antes señalado el 28 de noviembre de 2003, bajo el número 44, Tomo 81-A Cto.
APODERADOS JUDICIALES: Abogados EUSTOQUIO ALEXANDER MARTÍNEZ VARGAS e IGNACIO PONTE BRANDT, INPREABOGADO N° 62.998 y 14.552 respectivamente.

3) “INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A”, cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORA COMERCIAL, C.A) inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de mayo de 2001, bajo el número 30, Tomo 34-A-Cto, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA).
APODERADOS JUDICIALES: NO ACREDITADO.

MOTIVO: INCIDENCIA en SOLICITUD DE ATRASO (LESIÓN PATRIMONIAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS) (APELACIÓN)
SENTENCIA
I
EVENTOS PROCESALES

Conoce este Tribunal en alzada la presente causa, con motivo del recurso de apelación interpuesto en fechas 07 de enero de 2020 y 09 de enero de 2020, por los representantes Judiciales de AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L, y la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) contra la decisión dictada en fecha 08 de Agosto de 2019 por el JUZGADO ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA VICTORIA, con motivo de demanda por LESIÓN PATRIMONIAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS incoado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), contra 1). ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., e 3) INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A”, cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORA COMERCIAL, C.A), surgida como incidencia aperturada en la SOLICITUD DE ATRASO propuesta por AVÍCOLA ZARATE, C.A. sustanciado en el expediente No. 8.073, nomenclatura de ese Tribunal.

II
ACTUACIONES EN EL TRIBUNAL A QUO

En fecha 22 de noviembre de 2012, se plantea Solicitud de Apertura de Incidencia por Lesión Patrimonial, de conformidad con el Articulo 607 del Código de Procedimiento Civil, Lesión provocada por Grupo de Acreedores (ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA), AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A) en contra de Patrimonio de AVÍCOLA ZARATE C.A, (AVIZARCA), por ante el Tribunal Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de la Circunscripcion Judicial del Estado Aragua con sede en la Victoria; Pedimento planteado por los apoderados judiciales de la empresa jurídica mencionada, GILBERTO REYES KINZLER y GIANLUCA FARINA ARBOCCÓ, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los números 45.736 y 51.083 respectivamente en los términos siguientes:
Cito:
“(…)
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO, Encontrándonos todas las partes intervinientes en el presente procedimiento a derecho, es deber insoslayable de esta representación salvaguardar los derechos e intereses de su mandante, de los Ex trabajadores y restantes ACREEDORES lesionados y nuevamente llamar la atención de este Tribunal a su digno cargo, a su Sindicatura –quien, entre otros, debió accionar y solicitar el reparo de las Lesiones-, así como de la masa de acreedores, privilegiados y quirografarios restantes, en el sentido de que se proceda a accionar y adherirse al presente pedimento de Apertura de Incidencia, por Lesión sobrevenida en este procedimiento de Estado de Atraso, en contra de los acreedores, sociedades mercantiles que a continuación identificamos: 1) ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Páez del Estado Portuguesa el 19 de mayo de 1952, bajo el número 25, Folios 33 al 39, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1952, y posteriormente modificados sus estatutos ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Araure el 3 de septiembre de 1965, bajo el número 89, Folios 200 al 218 Protocolo Primero, Tercer Trimestre de 1965 y vuelto a modificar según documento inscrito ante la misma Oficina de Registro Subalterno del Distrito Araure el 31 de marzo de 1986, bajo el número 26, folios 81 al 94, Protocolo Primero, Tomo Primero Adicional, Primer Trimestre de 1986; 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita inicialmente en el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal en fecha 5 de noviembre de 1952, bajo el número 764, Tomo 3-C; cuyo documento constitutivo estatutario fue posteriormente modificado según asiento en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripcion Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda en fecha 13 de julio de 1998, bajo el Numero 33, Tomo 34-A y su transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, conjuntamente con la reestructuración del capital social y la reforma general de sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil antes señalado el 28 de noviembre de 2003, bajo el número 44, Tomo 81-A Cto. Y 3) “INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A”, cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORA COMERCIAL, C.A) inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripcion Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de mayo de 2001, bajo el número 30, Tomo 34-A-Cto, a los efectos de exigirle la correspondiente restauración, reparación y reposición al estado en que fehacientemente recibieron LA PLANTA PROCESADORA DE AVES (MATADERO), propiedad de nuestra representada AVICOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), sustentada esta exigencia, tanto en las condiciones y especificaciones del inmueble indicadas en el Documento de Dación condicionado suspensivo, que corre inserto en autos en la pieza 12 del presente Expediente y de su respectivo AVALUO que igualmente corre inserto en el presente juicio, sin menoscabo así mismo, exigir justa indemnización por la lesión colateral causada a la empresa atrasada y a la masa de acreedores en general por las negociaciones de venta truncadas y que no pudieron llevarse a cabo, las cuales más adelante identificaremos y que a todo evento corren insertas en autos el presente expediente.
La lesión económica y los hechos están plenamente comprobados en autos, a partir de la denuncia hecha por el miembro de la Comisión de Vigilancia, en Escrito de fecha 04 de noviembre de 2008, constante en autos de la pieza Nº 13, e la cual fuimos notificados y consecuencialmente nos adherimos y complementamos dicha denuncia, solicitando una Inspección Judicial la cual quedo ordenada por este Tribunal Accidental, mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2008, asimismo, por los alegatos y exposiciones hechas en Escrito producido el 17 de Marzo del año 2009, constante en la pieza Nº 13 que expresamente pone de manifiesto las lesiones efectuadas por sus autores, es decir, las referidas sociedades mercantiles: “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L” e “INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A.”
En el presente proceso, han quedado los referidos Acreedores en MORA ACCIPIENDI para con nuestra representada, así como para con los Ex trabajadores y el resto de la masa de acreedores, en el entendido que a todo acreedor le corresponden determinados deberes de comportamiento, que funcionan como auténticas cargas, tal y como, entre otras vías, era solicitar la Resolución del Contrato de la Dación de pago condicionada suspensiva y haber devuelto la Planta de Beneficiado en las mismas condiciones que la recibió, ya que la omisión de esa conducta adecuada, derivo en consecuencias negativas, tales como la perdida y deterioro del inmueble, así como la perdida de las ofertas reales de compradores, aunado a las dificultades para nuestra representada actualmente, en poder hacer efectiva la liquidación de sus bienes, con lo cual ha dejado a nuestra representada completamente atada de manos, desprovista de sus bienes e imposibilitada de poder seguir la Liquidación Amigable, tal y como lo ha venido haciendo con la venta de varios bienes, lo cual consta para este Juzgado, entre los cuales estuvo la PLANTA DE ALIMENTOS, vendida a INVERSIONES IENCA (PLUMROSE), que todos conocemos y que fue llevada a buen término y permitió importantes avances en este proceso.
Entiéndase que sí, el acreedor frente al intento de cumplimiento de deudor, no presta la colaboración exigida, este obstaculiza la prestación pudiendo provocar lesiones que no se le puede imputar al deudor, por lo tanto y específicamente en este caso, este grupo de Acreedores provocaron las lesiones sobrevenidas.
Fundamentamos la apertura de la Incidencia en objeto, basados en la competencia de este Juzgado a su digno cargo, así como, el amplio conocimiento de causa que posee y en el desarrollo de todos y cada uno de los actos, convenios, decisiones, resoluciones y acontecimientos dados desde el inicio de la solicitud y hasta la presente fecha, en este procedimiento de Atraso Judicial.
Nos basamos también, para poder solicitar, como en efecto solicitamos que se aperture la INCIDENCIA, en una decisión Judicial, que encuadra por analogía o por análoga aplicación, derivada de un ESTADO DE ATRASO, emanada de un Juzgado del mismo grado a este y ratificada por un Juzgado Superior, la cual transcribimos a continuación:
(…)
También nosotros, acordes con lo estipulado en el Articulo 11 del Código de Procedimiento Civil de la República Bolivariana de Venezuela que establece: (…)
Asimismo, el artículo 895 del referido Código de Procedimiento Civil indica que: (…)
De igual modo el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: (…)
Y por su parte el artículo 257 de nuestra Ley Fundamental, señala que: (…)
Es imperioso e importante que este Juzgado, teniendo toda la competencia en la materia, así como la facultad, jurisdicción y cognición, así como, en salvaguarda de los intereses difusos y colectivos que están presentes, proceda sin más dilación a admitir la presente solicitud y por ende aperture la respectiva Incidencia, con la debida citación de los acreedores demandados “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA”, e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)”, conforme a lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil Libro Tercero Titulo III- De otras Incidencias, Articulo 607: (…)
Toda vez que de las resultas, dependerá la suerte del presente Estado de Atraso y de todos y cada uno de sus acreedores, reconocidos en la presente causa, puedan seguir satisfaciendo sus respectivas acreencias.
Queda evidenciado con lo antes expuesto, que los referidos Acreedores agentes causantes de la Lesión, se han transformado irrefutablemente en Deudos para con nuestra representada, los EX – TRABAJADORES y en general con el resto de la masa de acreedores y a los efectos del cálculo de la lesión económica ocasionada a la Empresa Atrasada y su masa patrimonial, (no legible) común de la masa de Acreedores, solicitamos que especialmente se (no legible: NL) en consideración, las siguientes circunstancias o hechos agravantes:
PRIMERO:
(NL) la AUSENCIA de los Acreedores, causantes del daño: “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)”;
Cabe hacer notar que los referidos acreedores faltaron a diversos (NL) y en especial al llamado de la Reunión General de Acreedores, fijada por este Juzgado a su digno cargo, reiterando así CONTUMACIA y su poca disposición e interés de responder a su obligación de explicar a este Juzgado, a la Sindicatura, a los miembros de la comisión de Acreedores y de la comisión de vigilancia, a sus acreedores en general y a los representantes de la Empresa Atrasada, varias INTERROGANTES:
1. ¿Por qué actuaron sin la consulta y formalidad debida y ABANDONARON, “en el estado en que se encuentra”, a la Empresa, en las peores condiciones de daño, destrozo, abandono, deterioro, tal y como lo afirman y exponen en su extemporáneo escrito de Informes presentados en fecha 17 de marzo del (2009), constante en la pieza Nº 13, del presente expediente y no como la recibieron, en Julio del año 2005, según AVALUO inherente al acuerdo celebrado y homologado por este Juzgado?
2. ¿Por qué ABANDONARON, el referido inmueble, haciendo caso omiso de convocatorias y llamados de toda índole y muchos meses después, de que se efectuó ante este Juzgado, la denuncia de Abandono de la Custodia, hecha por el Ciudadano Nelson Lozada, por lo que este Juzgado inmediatamente procedió a levantar una Inspección Ocular, que consta en este expediente y en la cual se evidencia el total abandono, ausencia de personal alguno de Vigilancia o representantes de los referidos acreedores y quedando todo expuesto al HURTO, DAÑOS MALICIOSOS, DESVALIJAMIENTO y DETERIORO?
Esta representación ha de destacar y señalar, que el silencio y ausencia de los referidos Acreedores, lamentablemente es la típica actitud de quienes (NL) que ocasionaron con su negligencia una grave lesión y que no tienen (NL) valida ni lógica. Además, con esta indolente actitud tratan de dilatar, (NL) inexorable obligación de responder y reparar los DAÑOS causados, (NL) acreedores co-responsables.
SEGUNDO:
(NL) la Exposición de Motivos del Abogado: ERNESTO SAUL GAMBOA (NL), apoderado de un importante grupo de trabajadores, (NL) en escrito que acompañó:
Del cual se extrae, lo seguidamente indicado: “…SIC…Ahora bien, el punto es que en la actualidad, las referidas ofertas, perdieron el interés de quienes las propusieron, por consecuencia del Abandono de la custodia del matadero por parte de las Sociedades Mercantiles “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)”, situacion que evidentemente dejo el inmueble sujeto al robo y desvalijamiento del (NL) y que perjudico todas las instalaciones y equipos de interés del OFERTANTE, se evidencia que este hecho, se tradujo en una imposibilidad del ofertante para llevar adelante el interés y la compra.
Lo mas grave aun, es la situacion actual, el irreparable hecho y negligente acción de los referidos “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)”, que aun esta inexplicado por parte de ellos, que hasta la fecha han hecho caso omiso de las convocatorias emanadas por este juzgado y dejan a mis representados, a los demás acreedores y a la empresa en un estado de graves daños causados y con poca factibilidad de recuperar las acreencias en general,…SIC…
Solicito a este Juzgado a su digno cargo, que provea lo conducente a esclarecer la situacion patrimonial actual de la Empresa Atrasada, que le exija pertinentemente a los causantes del Daño sobrevenido, que respondan a mis representados y a los demás Acreedores en general, como van a reparar los daños causados con su negligente actitud, toda vez que por reciprocidad y lógica, no debieron ABANDONAR el matadero, menos aun en conocimiento de (NL) negociaciones que nos benefician a todos y en su defecto (NL) restituirlo o devolverlo, en las mismas condiciones recibidas, por ante este Juzgado y con las provisiones del caso, a fin de que la Atrasada, procediera (NL) resguardando la propiedad.
(NL) mi profunda preocupación y solicito que se proceda a todas las (NL) atinentes para resguardar la integridad de todas las Acreencias insatisfechas a la presente fecha y que se han perjudicado con la actitud contumaz de los (NL) acreedores “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)……….” (Puntos suspensivos, subrayado, comillas y negritas nuestras).
Esta representación, está en la obligatoriedad de hacerse eco, de lo antes expuesto, por el Abogado: Ernesto Gamboa, en tanto y en cuanto son las (NL) preocupaciones y observancias, efecto, de la mala conducta ejercida (NL) presente fecha por los referidos Acreedores agentes de la Lesión.
TERCERO:
De las exposiciones efectuadas en la Reunión General de Acreedores por parte del Ciudadano: Nelson Lozada, miembro de la Comisión de Vigilancia (NL) los restantes Acreedores:
Fue constatada en la referida reunión de acreedores, la exposición del ciudadano NELSON LOZADA, quien explico, todas sus actuaciones y reuniones sostenidas de larga data, hechas tanto en forma personal, así como acompañado por los apoderados de la Empresa Atrasada y tendientes a lograr como en efecto se logró, el interés de Organismos del Estado en la compra de los bienes que engloban el patrimonio de la Atrasada, incluyendo la hoy Abandonada Planta de beneficiado, sujeta al acuerdo celebrado con los referidos acreedores agentes del daño, explico, que cada vez que se pautaba una visita técnica de los entes interesados, a inspeccionar los bienes ofertados, se debía pedir autorización a Purina para la entrada a las instalaciones de la Planta de beneficiado, las cuales se gestionaban, con antelación y que evidencia el conocimiento que tenían los acreedores agentes del daño de todas las negociaciones en referencia.
Así mismo, corroboramos la adhesión de los restantes acreedores presentes, a las exposiciones, planteamientos, y escrito consignado por el prenombrado Abogado: Ernesto Gamboa.
CUARTO:
De los daños colaterales, causados a la Organismos Ofertantes de los Bienes.
También esta representación está obligada a señalar, el daño que sufrió la Nación, por vía del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y a la Municipalidad de la Ciudad de La Victoria, al truncársele la posibilidad de concretar varios proyectos de alta repercusión, económico, productivo-social, tanto en el área de recuperación de un núcleo de bienes de producción agroalimentaria, que amparaba múltiples programas de soberanía alimentaria del Estado, así como programas de autoabastecimiento, producción social, desarrollo laboral, en una de las zonas más deprimidas de Aragua, por una parte, la imposibilidad de llevar a buen término, El Programa Habitacional, a ejecutarse por la referida Alcaldía, sobre los terceros ofertados de Hacienda El Indio, que venía sufriendo graves problemas de invasiones, por parte de familias desamparadas y sin viviendas, que de modo alguno, tenían puestas sus esperanzas en la oferta que nos hiciere de la Alcaldía, con la compra de esos terrenos a “Avícola El Indio”, y así poder obtener Viviendas dignas, con esto, indirectamente quedaron perjudicadas más de 2500 familias, esto es ampliamente conocido, público y notorio, en nuestro municipio, así en virtud de lo expuesto, tenemos que se sufrieron daños muy significativos, dejando sin efecto el esfuerzo de muchas personas que con gran tesón, contribuimos para generar un proyecto que involucraba la venta conveniente, para múltiples proyectos de recuperación de los bienes, su operatividad y de generación de bienestar social, todo esto, conjuntamente con organismos del Estado.
En relación a lo antes descrito e inherente a las Ofertas planteadas, las debemos nuevamente destacar y desglosar de la siguiente manera: La Oferta de Compra efectuada por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, por intermedio de la EMPRESA MIXTA SOCIALISTA AVICOLA DEL ALBA, S.A, propuesta formalmente mediante escrito dirigido a nuestras representadas, en fecha 01 de Julio de 2008, por un valor total de Doce Millones Ciento Tres Mil Ciento Ochenta y Siete Bolívares Fuertes con Sesenta Céntimos (Bs.F. 12.103.187,60) la cual fue aceptada, en nombre de nuestros representados, mediante escrito dirigido a la oferente en fecha 09 de Julio de 2008, con la debida formalización ante este Juzgado, su Sindicatura, su Comisión de Vigilancia y Acreedores, para su respectiva discusión y aprobación. Esta oferta engloba, La Planta de Beneficiado, La Granja Zarate y gran parte de La Granja El Indio, que dejaba ver por fuera aproximadamente 55 Hectáreas de esta, de las cuales cursan copias fotostáticas en el expediente.
La oferta de las restantes 55 Hectáreas de la Granja El Indio o Hacienda El Indio, por parte de la Alcaldía de Ribas de la Ciudad de La Victoria del Estado Aragua, que fuera consignada con anterioridad en este expediente, e celebro en fecha 19 de Agosto de 2008, levantándose una minuta al efecto, de la cual cursa copia fotostática en autos. Dicha compra está valorada, según Avalúos solicitados por el Consejo Municipal del Municipio José Félix Ribas, en fecha 20 de Enero de 2008, en Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Bolívares Fuertes con Ochenta y Ocho céntimos de Bolívares Fuertes (Bs.F. 5.868.634,88).
3) Sin menoscabo de los daños que sigue sufriendo nuestra representada por no poder honrar sus pasivos y que siguen agravando su patrimonio.
Igualmente, constan en el expediente copias de otros documentos y comunicaciones que demuestran lo dicho o expuesto, que sustentan fehacientemente todo el esfuerzo que hemos hecho en el tiempo transcurrido, en estas difíciles tareas de encontrar una solución válida en beneficio de todos y cada uno de nuestros Ex trabajadores y Acreedores en general.
De las EVIDENCIAS de la Lesión emergente y sobrevenida a este Estado de Atraso, por parte de los Acreedores agentes del daño:
De la Denuncia, realizada por el ciudadano Nelson Lozada, Miembro de la Comisión de Vigilancia, en fecha 04 de noviembre de 2008, constante en autos de la presente Pieza Nº 13.
Cabe destacar, que en relación a la referida denuncia y notificados como fuimos y presenciada la Inspección Judicial ordenada por este Tribunal Accidental, mediante auto de fecha 12 de Noviembre de 2008, es nuestro deber MANIFESTAR la fuerte y profunda preocupación que MANTENEMOS, así como la de nuestros representados y la de los Acreedores en general que conocen la noticia, por los FUERTES, GRAVES E IRREVERSIBLES DAÑOS, ocasionados a las Instalaciones y equipos en general de la Planta de Beneficiado (Matadero) que fehacientemente pudimos constatar mediante la referida inspección, daños que fueron ocasionados por personas desconocidas e inescrupulosas que se aprovecharon de la INEXPLICABLE y DOLOSA actitud de Abandono, asumida y CONFESADA en escrito de fecha 17 de MARZO del año (2009), por quienes mantenían la Guardia, Vigilancia y Custodia de la Planta (Matadero), que a saber y ampliamente conocidos por este Tribunal, son los verdaderos Acreedores: “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)”, quienes desde mediados del año 2005 eran beneficiarios de un acuerdo de Pago condicionado, de la referida Planta (Matadero), celebrado en este mismo expediente, como consecuencia de acuerdos relativos al presente Estado de Atraso Judicial, acuerdo que siempre fue respetado por esta representación, este juzgado y los demás acreedores, sobre todo, en todo lo relativo a las negociaciones que se venían adelantando, aquí indicadas y que en todo momento, fueron comunicadas a ellos, en tanto y en cuanto por la lógica y respeto (NL), así como, el interés mancomunado de vender, todos los bienes (NL) patrimonio de la Atrasada y de sus Accionistas y Empresas (NL), por ser estos parte de una INTEGRACION AVICOLA, que por (NL), es más ventajoso vender en CONJUNTO un Matadero y sus Granjas, que de forma desmembrada e independiente, lo cual desmejoraría el valor de los mismos.
La gravedad que se cierne sobre lo sucedido, es debida en primer lugar, a los múltiples y costosos daños causados por el vandalismo y por la destrucción de las Instalaciones y del Hurto de Equipos y Bienes. En segundo lugar, el DAÑO IRREPARABLE e irreversible que sin duda causo a los intereses del Ministerio Oferente, quien al percatarse de lo sucedido, lamentablemente, no nos sorprendió del Interés en seguir la Oferta de Compra y por consecuencia, imposibilito y también cerceno el INTERES de la Alcaldía de Ribas en la negociación restante y vinculada al Ministerio de Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela.
CONCLUSIONES:
Demostrada la Lesión como ha sido, por los irrefutables hechos sucedidos y confesada claramente por sus actores en forma tácita y expresa, así como los múltiples desacatos a este Tribunal, faltas graves en las cuales incurrieron y siguen incurriendo, los ahora cuestionados Acreedores: “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)”, por ABANDONAR su propio CREDITO y abandonar bajo fútiles e innobles motivos, la Planta de Beneficiado de Aves, con sus anexos y demás instalaciones, sin la obligatoria consulta, tanto con nuestra representada, como con este Juzgado a su digno cargo, lo cual conllevo, emergentemente a producir, una Lesión tanto al Inmueble abandonado, como a las NEGOCIACIONES de venta que involucraban el Bien abandonado y otros bienes que integraban el conjunto de la OFERTA de COMPRA dada por los Organismos prenombrados, que de haberse concretado las mismas, nuestra empresa pudo haber honrado todos sus pasivos y lograr salir con éxito del presente proceso.
Considerando también, que el beneficio que se pudo haber logrado, se extendía incluso hoy a los hoy cuestionados acreedores, quienes pudieron haber hecho efectivas sus acreencias, así como sus gastos y demás cargos incurridos en el cuidado del bien dado en garantía y contrario a ello, hoy los acreedores agentes del daño, por consecuencia de su propia negligencia y dolo, así como por ejemplo de la LESION sobrevenida son los nuevos DEUDORES de la masa de acreedores y de la Empresa Atrasada en el presente procedimiento, cuestión ya más que comprobada, con las consecuencias a que tienen a lugar.
Así mismo, solicitamos a este Juzgado y a la Sindicatura, se proceda o se oficien a las Acciones Legales y penales a que hubiere lugar por daños materiales y morales ocasionados, los cuales son más que evidentes y se encuentran irrefutablemente probados en la presente causa, en contra de los referidos sujetos autores de la Lesión, aquí ampliamente identificados.
PETITUM
a) Determinado que existe la lesión y el desequilibrio que obra en detrimento de nuestra representada y de la masa de acreedores, por las razones y consideraciones que anteceden, en atención al interés Supraconstitucional de los Extrabajadores, al interés colectivo del Derecho Concursal los cuales son superiores al particular de los acreedores, es en virtud de que tal lesión debe ser corregida por el Tribunal de la Causa.
b) Demostrada la pertinencia y procedente la declaración de lesión al patrimonio de nuestra representada y de la masa de acreedores, esta representación, nuevamente asistida por la razón y el derecho, en concordancia, con lo denunciado y manifestado por el miembro de la Comisión de Vigilancia, de los Acreedores privilegiados y quirografarios en general, LESION esta, sobrevenida al presente procedimiento de Atraso Judicial, con el debido respeto, le pedimos a este Juzgado a su digno cargo, que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, proceda conforme y con arreglo a lo estipulado en el Articulo 607 del Código de Procedimiento Civil, a fin de aperturar una INCIDENCIA, sustanciarla a derecho, notificando respectivamente a las Sociedades Mercantiles, en las personas de sus Representantes Legales y/o Judiciales, acreditados en autos: “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)” (Datos de registro y domicilio previamente descritos), todas coautoras y en consecuencia responsables de las referidas lesiones.
c) Solicitamos se le obligue a las referidas Sociedades Mercantiles, la correspondiente reparación, restauración y reposición al estado en que fehacientemente recibieron LA PLANTA PROCESADOREA DE AVES (MATADERO), sustentada esta exigencia tanto en el Documento de Dación condicionado suspensivo y de su respectivo AVALUO que igualmente corre inserto en este expediente realizado por “Best Valuation Activities, C.A.” al 7 de diciembre de 2004, o en su defecto procedan a indemnizar a nuestra representada, con el valor de reposición de toda la infraestructura dañada, al estado en que la recibieron.
d) Así mismo, exigimos, se les conmine a justa indemnización por la lesión colateral causada a la empresa atrasada y a la masa de acreedores en general por las negociaciones de venta truncadas, lo cual impidió que nuestra representada pudiera seguir honrando pasivos en general,
e) Hacemos constar que están plenamente cumplidos los extremos de acuerdo a como se deben solicitar medidas cautelares y queda verificado que existe una presunción de un estado objetivo de peligro, y siendo inminente la insatisfacción del derecho que ampara nuestra representada y a los acreedores restantes, para lo cual tiene amplia discrecionalidad este Juzgado y está enmarcado dentro de las actividades que la ley faculta a los jueces para asegurar los derechos que se discutan en un proceso judicial. Las medidas cautelares constituyen un mecanismo del proceso cuya finalidad es salvaguardar derechos y garantizar el ejercicio de los mismos, y en el caso bajo estudio, reiteramos, se observaron los requisitos que exige la ley para acordar las medidas cautelares, las cuales constituyen una garantía que asegura la liquidación amigable de los negocios de la empresa, además de que el tribunal se encuentra plenamente facultado para dictar las medidas que considere necesarias, por lo que, SOLICITAMOS, una vez aperturada la Incidencia, se proceda inmediatamente, y tras los tramites de rigor a:
A) Se proceda a ordenar inmediatamente, una experticia o indexación del AVALUO que fue sustento para la Dación de Pago condicionada y ampliamente aceptado por los pre-nombrados lesionadores, AVALUO que igualmente corre inserto en este expediente, realizado por “Best Valuation Activities, C.A.” al 7 de diciembre de 2004, con la finalidad de actualizar y conocer un VALOR DE REPOSICION del Inmueble dañado.
B) Sujeto a lo previsto en el parágrafo primero del artículo 588 del CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, se DECRETE MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre BIENES MUEBLES propiedad de las Sociedades Mercantiles “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)” siendo que como agentes lesionadores, son PORCENTUALMENTE CO-RESPONSABLES, pidiendo que este embargo cubra, entre otras, el valor actualizado e indexado del INMUEBLE denominado PLANTA DE PROCESAMIENTO DE AVES (MATADERO) ampliamente identificado en el presente Expediente y en el Cuerpo de Solicitud, objeto directo de la Lesión Causada y a todo evento de la cantidad de Bolívares INDEXADA, a valor actual, que dejo de percibir nuestra representada, por las negociaciones truncadas, ampliamente identificadas en autos, estas que engloban económicamente la suma de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS DE BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 17.971.822,48).
C) Se condene a los Lesionadores, a los COSTOS y COSTAS procesales que deriven de la presunta incidencia.
De igual modo, esta representación, con base a la lesión directa y lesiones colaterales causada al patrimonio general de muestra representada y de las personas jurídicas y naturales vinculadas patrimonialmente a nuestra representada y de los demás acreedores, estima prudencialmente la presente Incidencia, en la cantidad de Ciento Cincuenta Millones de Bolívares (Bs.F. 150.000.000,00), lo que equivale a un Millón Seiscientos Sesenta y Seis con Seis Centésimas de Unidades Tributarias (1.666.666,66 U.T)…”.


Corre inserto a los folios 04 al 22, de fecha 18 de diciembre de 2012, auto de Sentencia Interlocutoria, emitido por el Tribunal Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de la Circunscripcion Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, con relación a la solicitud de Apertura de Incidencia por Lesión Patrimonial, impulsada por Avícola Zarate, C.A. (AVIZARCA), a través de sus apoderados judiciales.
Cito:
(…)
motivaciones y consideraciones para decidir
En relación a la solicitud de una nueva Prórroga del Beneficio de Atraso Judicial, el artículo 908 del Código de Comercio venezolano, en referencia señala: “En todos los casos en que se haya acordado la liquidación amigable-------.(sic)------.., o si concurren circunstancias especiales que lo aconsejen, podrá el Tribunal acordar una prorroga del plazo fijado para la liquidación----…(sic)”. (Subrayado y negritas del Tribunal).
También no escapa a este Juzgador, la destacada importancia a la masa de acreedores laborales, que se mantiene en el presente procedimiento, la cual le ha otorgado la novísima Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), destacando especialmente en su Capítulo II, Principios Rectores, Principios de la administración de justicia en su artículo 23 que dispone textualmente: (…) Y particularmente en su TITULO III, DE LA JUSTA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO, Capitulo IV, De la Protección al Trabajo, al Salario y las Prestaciones Sociales, Privilegios de los derechos patrimoniales de los trabajadores y trabajadoras en su artículo 151, que textualmente reza: (…)
En este mismo orden de ideas, en concordancia con lo antes expuesto, cabe destacar que en virtud de las múltiples soluciones de prorroga planteadas en este proceso por la Atrasada AVICOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), por medio de sus apoderados judiciales, las cuales constan en el expediente; este Juzgador debe necesariamente destacar el criterio que al respecto tiene el Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha venido sosteniendo y reiterando en forma pacífica, cuyo contenido se transcribe a continuación:
SALA DE CASACION CIVIL. Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ. 20/12/2002. (COMPAÑÍA ANONIMA DE ADMINISTRACION Y FOMENTO ELECTRICO (CADAFE) contra la C.A. ELECTRICIDAD DE CIUDAD BOLIVAR (ELEBOL).
(…)
De acuerdo al criterio Jurisprudencial anteriormente transcrito, que a pesar de no tener expresamente el carácter vinculante y en consecuencia no es de obligatorio acatamiento, este Tribunal decide acogerlo en lo que respecta al fundamento del principio de la conservación de la empresa en dicha sentencia plasmado y en la interpretación que hace del artículo 908 del Código de Comercio venezolano, en el sentido de la no existencia de límites en el número de prórrogas a otorgar en el Atraso para la continuación de la liquidación amigable, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones legales. Asimismo, dado el hecho sobrevenido, consistente, a juicio de la solicitante de la prórroga, en una lesión patrimonial a sus activos, que a su vez constituyen prenda común de sus acreedores, en especial de los extrabajadores, quienes tienen privilegio sobre los mismos; y por cuanto para poder probar ese hecho durante el proceso, este debe necesariamente continuar, se hace forzoso concluir que debe otorgarse una nueva prórroga a la solicitante, por el lapso determinado en el dispositivo de este fallo y ASI SE DECIDE.
Respecto a la solicitud de apertura de Incidencia, la cual fuera planteada por los Apoderados de la atrasada AVICOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), en virtud de una presunta LESION PATRIMONIAL, durante la liquidación amigable, la cual, según criterio de la solicitante, deviene de la actitud de abandono físico e incumplimiento del contrato de Dación de Pago Condicionado, cuyo objeto lo comprende la Infraestructura que servía al Matadero Industrial de Aves, propiedad de la empresa Atrasada, por parte de las empresas acreedoras “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)”, este Tribunal debe necesariamente esgrimir lo siguiente:
El artículo 607 del Código de Procedimiento Civil patrio vigente, dispone textualmente:
(…)
De la lectura que hacemos al contenido de la norma up supra transcrita, y del análisis de la situacion planteada por la solicitante AVICOLA ZARATE, C.A., por medio de sus Apoderados acreditados en autos, respecto a que si los hechos sobrevenidos durante la liquidación amigable, dados por la presunta acción lesiva atribuible por la deudora a los acreedores “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA” e “INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR)” y consistente en el abandono físico e Incumplimiento del Contrato de Dación en Pago Condicionado, cuyo objeto lo comprende la Infraestructura que servía al Matadero Industrial de Aves, propiedad de la empresa Atrasada, se infiere que dicha denuncia se subsume dentro del marco normativo previsto por el legislador en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil venezolano. En ese sentido, y en busca de la aplicación de dicha norma al presente procedimiento de Atraso Judicial, observa este Tribunal que se ha delatado un hecho concurrido durante el proceso de liquidación amigable, que por las características que tiene, pudiera influir en el desarrollo del estado de Atraso Judicial, dado que, según la solicitante, se ha perjudicado uno de sus activos principales, como lo es la infraestructura que sirve al matadero industrial y/o planta de beneficiado de aves, que además de ser prenda común de sus acreedores y en especial los acreedores laborales, con el pretendía, mediante su negociación a entes privados o públicos, seguir cumpliendo pagos y saldando acreencias reconocidas y que se hicieron parte del concurso propio a este tipo de proceso mercantil.- Ante ese hecho y por la presunción de su gravedad, se requiere de la formalidad de la prueba. y como quiera que en el proceso de atraso previsto en la legislación mercantil venezolana vigente (Artículos 898 al 913 C. Com), no se estipula un lapso probatorio contradictorio especifico, dada la naturaleza graciosa del procedimiento de Atraso, es por lo cual resulta aplicable el previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la apertura de Incidencia y consecuencial articulación probatoria y ASI SE DECIDE.-
En el mismo orden de ideas, nada impide que en el procedimiento de Atraso Judicial, en caso de surgir algún hecho cuya naturaleza incida o pueda incidir en el desarrollo del mismo, pueda el Juez de la causa, en pro de mantener incólumes, los principios procesales fundamentales como el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso en todo estado y grado de la causa, amén de preponderar como norte, la sana Administración de Justicia, aplique para su resolución normas sustantivas y/o adjetivas previstas en distintos cuerpos normativos venezolanos, en tanto y en cuanto sean aplicables. Tal es el caso de la norma adjetiva prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, subsumible en este procedimiento de Atraso Judicial y en consecuencia aplicable, para que las partes señaladas por la solicitante, como autores de la lesión patrimonial, así como cualquiera de la masa de acreedores que se sienta lesionado también, sean oídos y puedan presentar sus alegatos y defensas y así también SE DECIDE.-
DISPOSITIVA
Por todo lo anteriormente expuesto, y con base a los razonamientos de hecho y de derecho establecidos en los párrafos precedentes, este Juzgado Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripcion Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de prórroga del Beneficio de Atraso que hiciera la Sociedad Mercantil AVICOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA) para continuar la liquidación amigable de sus pasivos, los cuales constan detalladamente en autos que componen el expediente de la presente causa. En consecuencia, se concede un lapso de OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha de publicación del presente fallo, para que la atrasada AVICOLA ZARATE, C.A., continúe con el proceso de liquidación.
SEGUNDO: CON LUGAR la solicitud de Apertura de Incidencia a que se refiere el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, Notifíquese a los interesados, a los fines de que tengan conocimiento de la apertura de la presente incidencia, en especial a la Sindicatura, a los miembros de la Comisión de Vigilancia y a los Acreedores en general, por medio de Un (1) Cartel que se ordena expedir a tal efecto y que debe ser publicado en el diario “El Universal”, debiéndose consignar en el expediente un ejemplar del mismo, dentro de los tres (03) días siguientes a su publicación. No obstante lo anterior, Notifíquese además por medio de Boleta, debiéndose agregar a cada una de ellas, copia simple de la solicitud de Apertura de Incidencia y del presente fallo, a los representantes y/o Apoderados Judiciales, actualmente acreditados en autos, de las sociedades mercantiles: 1) ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Páez del Estado Portuguesa el 19 de mayo de 1952, bajo el número 25, Folios 33 al 39, Protocolo Primero, Segundo Trimestre de 1952, y posteriormente modificados sus estatutos ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Araure el 3 de septiembre de 1965, bajo el número 89, Folios 200 al 218 Protocolo Primero, Tercer Trimestre de 1965 y vuelto a modificar según documento inscrito ante la misma Oficina de Registro Subalterno del Distrito Araure el 31 de marzo de 1986, bajo el número 26, folios 81 al 94, Protocolo Primero, Tomo Primero Adicional, Primer Trimestre de 1986; 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita inicialmente en el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal en fecha 5 de noviembre de 1952, bajo el número 764, Tomo 3-C; cuyo documento constitutivo estatutario fue posteriormente modificado según asiento en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripcion Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda en fecha 13 de julio de 1998, bajo el Numero 33, Tomo 34-A y su transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, conjuntamente con la reestructuración del capital social y la reforma general de sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil antes señalado el 28 de noviembre de 2003, bajo el número 44, Tomo 81-A Cto. Y por último 3) “INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A”, cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORA COMERCIAL, C.A) inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripcion Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de mayo de 2001, bajo el número 30, Tomo 34-A-Cto, a los fines de que comparezcan por ante este Tribunal, ubicado en la Avenida Victoria, Centro Comercial Cilento, Planta Baja, en la Ciudad de La Victoria, Municipio José Félix Ribas del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, en horas de despacho comprendidas desde las 8:30 am, hasta las 3:30 pm., dentro de los CINCO (5) DIAS DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en autos, el ejemplar de la publicación del cartel y sus respectivas notificaciones, lapso este que se fija en aplicación a lo establecido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al Juez a la aplicación del Control Difuso Constitucional, por lo que en este caso en concreto se aplica el referido control y se desaplica parcialmente el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, por ser el lapso establecido para ejercer la defensa, 78 ejusdem, que establece ----omissis--- Por lo que ha apreciado este Tribunal, que los lapsos establecidos en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ya citado, no se ajustan a la prioridad absoluta de que gozan este tipo de procedimientos, por tratarse en este caso de la Apertura de la Incidencia, contestación que deberá producirse dentro del lapso ya establecido de cinco (5) DIAS DE DESPACHO, y una vez producida esta contestación, se abrirá una articulación probatoria, por OCHO (8) DIAS DE DESPACHO, sin termino de distancia, y el Juez resolverá la articulación, el NOVENO (9º) DIA DE DESPACHO, siguiente a la finalización de la articulación probatoria…”.

Corre inserto a los folios 27 al 33, de fecha 24 de enero de 2013, Escrito promovido por Apoderado Judicial de la parte Accionada en relación a la Incidencia planteada (AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L); En dicho escrito, se plantean los vicios que, a criterio de la representación de la parte accionada, ameritan la reposición de la causa. Los vicios que se exponen son: 1) No se libró boleta de Notificación a AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L., ni a ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRICOLA 2006 C.A; Al respecto, solo se hizo llegar a la parte que promueve el escrito, Oficio Nº 1085/2012; Cuando se debió realmente según artículo 234 del Código de Procedimiento Civil se debió librar boleta de notificación. 2) El oficio mencionado con anterioridad, no fue entregado por un Alguacil de un Tribunal comisionado y/o exhortado en la ciudad de Caracas; Se destaca el hecho en relación a que el Tribunal está circunscrito al Estado Aragua; Que ocurrió Usurpación de funciones de Funcionario Público, puesto que quien entrega el oficio respectivo es un apoderado judicial constituido de AVICOLA ZARATE, C.A.; Al mismo tiempo, aduce quien consigna el Escrito, que de manera injustificada se concedió un plazo de cinco (5) días para contestar. 3) No se acompañó el oficio con la solicitud de Apertura de Incidencia. 4) No se les concedió a las denunciadas por Lesión Patrimonial el termino de distancia; Afectándose el derecho a la Defensa de las mismas, teniendo en cuenta que dichas empresas están domiciliadas en Caracas. En el mismo Escrito se Apela de la sentencia que da lugar a la Apertura de Incidencia.
Corre inserto a los folios 36 al 40, Auto de fecha 01 de Abril de 2013, emitido por el Tribunal de la Causa (Accidental), mediante el cual, luego de considerar los planteamientos esgrimidos por el apoderado judicial de AGRIBANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., declara Improcedente, la reposición solicitada en los términos planteados al mismo tiempo que deja sin efecto las notificaciones por boletas ordenadas, de fecha 19/12/2012 (Oficios Nos. 1804, 1805 y 1806) a nombre de ASOPORTUGUESA, AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L. e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A; Y tiene por notificadas a la Sindicatura, a los miembros de la comisión de vigilancia y a todos los acreedores de la empresa Atrasada, incluyendo a las empresas mencionadas.
En fecha 12 de Abril de 2013, el abogado LUIS TADEO MARCANO SUAREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 34.818, Apoderado Judicial de la empresa AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L., consigna diligencia (folio 44) mediante la cual apela del auto dictado por el Tribunal en fecha 1 de Abril de 2013.
En fecha 17 de abril de 2013, la parte demandante, mediante escrito que riela a los folios 45 al 46, solicita al Tribunal, se sirva negar la apelación propuesta.
Mediante auto emitido en fecha 07 de Mayo de 2013, (folio 52) el Tribunal de la Causa, negó la apelación propuesta por AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L., en contra de auto dictado en fecha 01 de Abril de 2013.

De Las Pruebas Promovidas Por Las Partes
Corre inserto a los folios 103 al 133, de fecha 27 de mayo de 2013, Escrito de Promoción de Pruebas de la Parte Solicitante en la incidencia, en el mismo se destacan los siguientes elementos probatorios:
a) Se reproduce en su totalidad REUNION GENERAL DE ACREEDORES, de fecha 13 de Agosto de 2004, con asistencia de los representantes de las empresas denunciadas, reunión en la cual las mismas solicitaron realización de Avalúo, mismo que fue ordenado por la Sindicatura mediante Auto expreso y convalidado por Decisión del Tribunal, de fecha 18 de agosto de 2004.
b) Avalúo realizado por “Best Valuation Activities, C.A.”, de fecha 7 de diciembre de 2004, consignado en autos a los folios 109 al 198, pieza Nº 10- de Expediente Nº S 8073.
c) Diligencia realizada por ASOPORTUGUESA, INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR) Y AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., en fecha 8 de junio de 2005,
que riela a los folios 98 al 101 de Pieza Nº 12, del expediente Nº S 8073, mediante la cual se pide homologación y levantamiento de Ocupación Judicial en relación a los bienes descritos como MATADERO.
d) Documento de Opción de Pago Condicionado de fecha 8 de Julio de 2005, suscrito por ASOPORTUGUESA, INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR) Y AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., mediante el cual convalidan el avalúo y en el mismo asumen cargos tales como el 0,5 por ciento, de enajenación de inmuebles que le corresponden a la DEUDORA, entre otras cosas.
e) Documento de Recompra de fecha 8 de Junio de 2005, en el que convalidan la posesión del inmueble. Riela a los folios 134 al 139, pieza Nº 12, Expediente Nº S 8073; Suscrito por ASOPORTUGUESA, INVERSORA AGRICOLA 2006 (GRIALCA Y GRIALMAR) Y AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA) y GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA.
f) Auto de Homologación, de fecha 8 de Junio de 2005, de los acuerdos concernientes a la Dación de Pago y las resultas de la Reunión General de Acreedores. Riela a los folios 140 al 144, pieza Nº 12, Expediente Nº S 8073.
g) Actuaciones posteriores a la entrega en posesión y custodia del matadero, relativas a Embargo Ejecutivo de los Bienes Integrantes del Matadero dado e pago condicionada a las empresas denunciadas en esta Causa, embargo impulsado por acción de Extrabajadora Ana Vona, por vía de Juicio llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio en Materia Laboral, en Aragua bajo el NRO. 18.404, Según Solicitud de Embargo de fecha 7 de noviembre de 2005, lo que se constata en los folios 337 al 343 de la pieza Nº 12, Expediente Nº S 8073.
h) Escrito consignado en fecha 20 de Junio de 2005, constante a los folios 152 al 155 de pieza 12, Expediente Nº S 8073, en el cual se denunció Abuso de la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por Banco Fondo Común; Con el objetivo de desmontar falsas aseveraciones de las empresas denunciadas, de que no habían cumplido con la responsabilidad de devolver el matadero, por culpa de las acciones del Banco Fondo común y la pasividad del abogado GIANLUCA FARINA.
i) Promovemos el mérito favorable de los antecedentes indicados en la Decisión proferida por este Juzgado Accidental, en fecha 18 de diciembre de 2012 y oponemos a la empresas denunciadas, todos y cada uno de los hechos notorios, autos, actas, escritos y actos indicados y tomados en cuenta en los referidos antecedentes de dicha Decisión.
j) Se promueve el basamento estimatorio de la Solicitud de fecha 22 de noviembre de 2012, de esta Incidencia, la cual ha sido cuantificada por esta representación en Unidades Tributarias, debido a un análisis cuantitativo y económico basados en el valor que tenía el Bien, respecto al valor de reparación, según lo establecido en el Articulo 1185 del Código Civil. Se promueve junto a dicho basamento, Estudio y Proyecto de Reactivación y Ampliación de AVICOLA ZARATE, suscrito por el Ing. OSCAR GONZALEZ, en copias fotostáticas, que riela a los folios 135 al 173 del Cuaderno de Incidencia, pieza I.
k) Promovemos denuncia hecha por el ciudadano NELSON HOMERO LOZADA, en fecha 4 de noviembre de 2008, (constante en autos de la Pieza Nº 13, Expediente Nº S 8073); Denuncia que delato el abandono de la Custodia de la Planta de Beneficiado de Aves, del cual los apoderados de AVIZARCA, ni este Tribunal, ni la Sindicatura, tenían idea, hasta el momento de dicha denuncia.
l) Promovemos Prescripción Liberatoria a las empresas denunciadas, de la totalidad de la deuda que en su conjunto mantenían en contra de nuestra representada a favor de sí misma y de la masa de acreedores restantes; En virtud del abandono en el que estas han incurrido y conforme lo establece el artículo 1592 del Código Civil.

Corre inserto al folio 174 de fecha 29 de mayo de 2013, Escrito promovido por el ciudadano NELSON HOMERO LOZADA NAVARRO, titular de la Cedula de Identidad N º V-4.210.841, miembro activo de la Comisión de Vigilancia, en el cual, promueve como elemento probatorio en contra de las empresas denunciadas “ASOPORTUGUESA”, “AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L.” e “INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A”, denuncia hecha por sí mismo, con el carácter acreditado en dicha actuación, de fecha 27 de noviembre de 2012, que consta en la Pieza Nº 14 del Expediente S 8073, Adhiriéndose en el mismo acto a lo solicitado por los abogados de AVIZARCA.
Corre inserto a los folios 175 al 177 de fecha 30 de mayo de 2013, Escrito de Promoción de Pruebas, consignado por el ciudadano ERNESTO SAUL GAMBOA, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 49.687; Apoderado de un grupo de Extrabajadores de AVIZARCA. Mediante el escrito, promueve:
1) Escrito promovido por sí mismo, que riela a los folios 148 al 149, de la pieza Nº 13, del expediente S-8073. En el mismo acto se adhiere en todo el mérito favorable y a las pruebas promovidas que favorecen a sus representados, en el Escrito de Pruebas promovido por la empresa Atrasada, exigiendo en el mismo acto el esclarecimiento de la situacion patrimonial de la empresa y respuesta por parte de los Causantes del Daño a la empresa, para que se responsabilicen por los mismos.
Corre inserto al folio 178 y su vuelto, de fecha 31 de mayo de 2013, Escrito promovido por apoderado judicial de la parte accionada, (AGRIBANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L.) para impugnar: 1) Prueba documental promovida por la demandante en fecha 27 de mayo de 2013, así como imagen inserta en texto de dicho escrito (inserta al folio 122 del Cuaderno de Incidencia, Pieza I), documental que riela al folio 123, pieza 15 de expediente 8073, por tratarse de mensajes de datos que además emanan de un tercero ajeno a este proceso, pues carecen de valor probatorio, según Decisión de la Sala Político Administrativa d; 2) “Modelo de Desarrollo Endógeno Avícola” impulsado por AVIZARCA, por ser copias fotostáticas, carentes de valor probatorio, instrumento emanado de la promovente y por ende, desechable.
Corre inserto a los folios 179 al 183, de fecha 31 de mayo de 2013, Escrito impulsado por el abogado LUIS TADEO MARCANO SUAREZ, cedula de identidad Nº V- 7.083.643, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 34.818, apoderado judicial de AGRIBANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L, para consignar medios de pruebas, mencionando:
1) Ratificación de mérito probatorio del documento de fecha 8 de junio de 2005, Riela a los folios 134 al 139, pieza Nº 12, Expediente Nº S 8073, concerniente a contrato de dación en pago entre las partes interesadas en el procedimiento de Incidencia, y el señor GUISEPPE LOCONTE CASTELLANETA Y CHIARA ASELIS DE LOCONTE; mediante el cual, a nuestra representada se le cedió terreno propiedad GIUSEPPE LOCONTE, ubicado en la vía que conduce al caserío Mamon-Mijao, derivación de la carretera La Victoria-Zuata, a la altura del km. 8, en el Estado Aragua; y la planta beneficiadora de aves sobre dicho terreno construida, propiedad de AVICOLA ZARATE, C.A., así como los bienes que conforman la planta allí descritos. Dación en pago que fue realizada para solventar las acreencias de:
1) AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., por Un Mil Doscientos Veintiocho Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Treinta Bolívares (Bs. 1.228.156.830,00), equivalentes tras reconversión monetaria a Un Millón Doscientos Veintiocho Mil Ciento Cincuenta y Seis Bolívares con Ochenta y Tres Céntimos (Bs. 1.228.156,83).
2) ASOPORTUGUESA, por la suma de Ochocientos Noventa y Cinco Millones Doscientos Quince Mil Ciento Sesenta Bolívares (Bs. 895.215.160,00), equivalentes tras reconversión monetaria a Ochocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Quince Bolívares con Dieciséis Céntimos (Bs. 895.2215,16).
3) INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., por la suma de Un Mil Cincuenta y Ocho Millones Ochocientos Veinticinco Mil Diez Bolívares (Bs. 1.058.825.010), equivalentes tras reconversión monetaria a Un Millón Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco Bolívares con un Céntimo (Bs. 1.058.825,01). El promovente de este medio probatorio alega que esta dación de pago no se materializo y por ende, no cumplieron con su representada, el compromiso de pago, añadiendo además que, el terreno el que se encuentra construida la planta de beneficiado de aves, es propiedad de GUISEPPE LOCONTE, por lo que mal podría AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), reclamar compensación por daños y perjuicios sobre un bien inmueble del cual no es propietaria.

Corre inserto al folio 184, de fecha 3 de junio de 2013, Auto emitido por el Tribunal Accidental conocedor del asunto de Incidencia, mediante el cual, juzgando la naturaleza de los medios probatorios promovidos por las Partes, admite los mismos, salvo su apreciación en la definitiva.
III
DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Corre inserto A los folios 02 al 89, de la Pieza Nº 2, del cuaderno de Incidencia, de fecha 08 de agosto de 2019, el TRIBUNAL ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, dicto sentencia.
Cito:
“(…)
MOTIVACIONES Y CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Afirma la parte actora en su demanda incidental, en cuanto a los daños a su patrimonio, que fueron ocasionados por abandono del Inmueble objeto del Contrato de Dación en pago condicionado, por parte de los Acreedores, sociedades mercantiles ASOPORTUGUESA, AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., (GRIALCA Y GRIALMAR). Afirma y sostiene la demandante, que dichos bienes, tanto muebles e inmuebles, actualmente dañados, en ruinas y prácticamente inexistentes, son parte de la Dación en pago condicionada según lo convenido en reunión de acreedores celebrada en fecha 13 de agosto de 2004 ante este Juzgado. Este Tribunal, oída la comisión de Acreedores, la Comisión de Vigilancia y al Sindico, decidió autorizar e impartir la correspondiente homologación en fecha 08 de junio de 2005. Tal homologación comprende los contratos de Dación en pago condicionada y un contra-contrato de Promesa de Venta o (Recompra) del Inmueble conformado por una Unidad Industrial y su Terreno, del tipo Planta de Beneficiado de Aves, llamado (MATADERO), propiedad de la Empresa Atrasada y del accionista principal de esta, el ciudadano: Giuseppe Loconte, para con los acreedores debidamente acreditados en autos, quienes son. 1) AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., 2) ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) y 3) INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR, C.A.), según consta en la Pieza Nº 12, según acta de fecha 08 de junio de 2005, las cuales rielan desde el folio noventa y ocho (98) hasta el folio ciento cincuenta y uno (151).
Según lo antes expuesto, las partes involucradas, convinieron en una serie de cláusulas que regulaban la Dación en pago, con condiciones que debían cumplirse, aceptando expresamente el estado físico, de operatividad y demás características sobre como recibían los bienes objeto de esta dación, tanto muebles como inmuebles. Conforme a las cláusulas del Documento de Dación en Pago condicionado, se estipulo:
(…)
Por su parte, el apoderado judicial de AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., en fecha 24 de Enero de 2013 dándose por notificada de la decisión del Tribunal, como de otras actuaciones cumplidas por el Tribunal antes del 18 de Diciembre de 2012. En el citado escrito la referida sociedad mercantil hace diversos señalamientos, tanto de forma como de fondo, que a su juicio, vician de nulidad el fallo emitido por el tribunal, los que se reducen y se citan en el mismo orden de exposición: A) Reposición, que fundamenta en la modalidad de notificación, para lo cual, en aplicación al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, debió, a juicio de AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., el juzgado librar exhorto para su cumplimiento, todo lo cual narra en el referido escrito en los literales a, b y c, parte I, que se dan por reproducidos.
Continúa señalando el referido Apoderado, que al librar las boletas y sus referidos oficios, el tribunal no concedió a su representada ni a las sociedades mercantiles ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., termino de distancia, y por ello se afectó el derecho a la defensa y el debido proceso. Infiere AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., en la parte II de su escrito, que las sociedades mercantiles ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., no están notificadas (subrayado del Tribunal), solicitando en consecuencia, se reponga la causa al estado de ordenar la notificación de las mencionadas sociedades mercantiles, mediante boletas, aplicando el procedimiento pertinente para ello, pero omitiendo o sin aludir ni argüir nada respecto al cartel.
Con respecto a este punto, este jurisdicente considera que el derecho como instrumento de regulación de la acción humana, solo puede justificarse mediante la satisfacción de las exigencias axiológicas de su ámbito de aplicación. La superación de la posición autómata del juez requiere una interpretación de las normas que comprenda los factores sociales, formales y axiológicos que conforman el fenómeno jurídico.
Estas consideraciones deben tenerse presentes para la Interpretación Sistemática de los Artículos 174, 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil referentes a la constitución del domicilio procesal, las formas de notificación y al diferimiento del dictamen de la sentencia. La prosecución de la justicia y la garantía del derecho a la defensa exigen la práctica eficiente de las notificaciones necesarias para la realización de determinados actos procesales. En este sentido, el mencionado artículo 233 del Código de Procedimiento Civil contempla las siguientes formas de notificación:
(…)
Por otra parte, a tenor de la importancia de la constitución del domicilio procesal de las partes para la obtención de los fines que cumplen citaciones y notificaciones, el legislador venezolano, siguiendo los lineamientos del artículo 78.1 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica consagra en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil cuanto sigue:
(…)
Al respecto, este Tribunal reproduce y hace suyo el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 881, de fecha 24 de abril de 2003, cuando expreso:
(…)
Dado entonces, en el presente caso, que este Tribunal ordeno la publicación de un nuevo cartel de notificación a las sociedades mercantiles 1) ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF: J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, 2) AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L, RIF: J- 0030395-9, sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, 3) INVERSORA AGRICOLA 2006 C.A.; cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL. C.A.; RIF: J J30480089-4, y AGROPECUARIA GRIALMAR, C.A), a los efectos de hacer saber a sus representantes legales de las prenombradas sociedades, sobre el contenido conforme a lo seguido:
En fecha 01 de abril de 2013, este juzgado emitió Auto de Recomposición Procesal, el cual riela en autos a los folios veintiuno hasta el veinticinco (21 al 25) y ordeno librar nuevo Cartel de Notificación para ser publicado por la parte interesada, el cual riela a los autos a los folios veintiséis y veintisiete (26 y 27), todo en la Pieza número quince (15). Y pasa a transcribirlo: (Contenido de Auto emitido por Tribunal en fecha 1º de Abril de 2013, inserto a los folios 36 al 40, de Pieza I, de Cuaderno de Incidencia)
(…)
Visto el antes indicado Auto y como quiera que es facultad del juez seleccionar el medio de notificación de conformidad con el ya nombrado artículo 23 del Código Civil adjetivo en concordancia con el artículo 233 del mismo Código; y, publicado y consignado en tiempo útil el referido cartel, este tribunal considera válidamente notificadas a las sociedades mercantiles 1) ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF: J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, 2) AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L, RIF: J- 0030395-9, sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, 3) INVERSORA AGRICOLA 2006 C.A.; cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL. C.A.; RIF: J J30480089-4, y AGROPECUARIA GRIALMAR, C.A), de la decisión del 18 de abril de 2012 y del auto del 01 de abril de 2013 y en consecuencia cumplida la orden emanada por decisión de fecha 06 de Octubre de 2015, inherente de la Apelación ejercida por los apoderados de Agribrands Purina Venezuela S.R.L., emitida por el Jugado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripcion Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay. Asi expresamente se decide.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación y las razones y defensas que creyere conveniente alegar; que en este caso la actora se califica de propietaria y en tal carácter ha manifestado que se le causó daños en su patrimonio, es decir, daños al inmueble denominado Matadero de Aves o Planta de Beneficiado; y si analizamos el Contrato de Dación en pago condicionado, tenemos que fue homologado por este Juzgado y consta en Autos de la Pieza Nº 12, según acta de fecha 08 de junio de 2005, la cual riela desde el folio noventa y ocho (98) hasta el folio ciento cincuenta y uno (151). Dicho contrato, que constituye el instrumento fundamental o esencial de la Incidencia, no fue impugnado ni desconocido, ni contradicho por las codemandadas; lo que demuestra que los representantes de las partes cuando celebraron el licito, valido y legal contrato de Dación en Pago condicionado, estaban en plena capacidad jurídica, física y mental, que tenían capacidad legal para contratar y obligar a sus representadas; que no fueron engañados ni sorprendidos en su buena fe; que el inmueble fue entregado en las condiciones expresadas en el referido Contrato de Dación, que se hizo transmisión de la posesión de dichos bienes y así lo aceptaron los Acreedores y así suscribieron el contrato por ante este Juzgado, en donde acudieron en forma libre y voluntaria, sin amenazas ni coacción. En tal virtud, es forzoso para este Tribunal hacer valer en todo su contenido el referido Documento contentivo de Dación en Pago condicionado suscrito entre la hoy demandante, sociedad mercantil AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA) y las sociedades mercantiles ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L, e INVERSORA AGRICOLA 2006 C.A, cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR, C.A). Asi se decide.
Expuesto lo anterior, tenemos entonces que la demanda propuesta vía incidental por los apoderados de la Empresa Atrasada, es por concepto de Daños Materiales y Lesión Económica al Patrimonio de AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), sobrevenidos en el curso del procedimiento de Atraso Judicial, derivado todo de una relación contractual, estando las partes contestes en afirmar la existencia de esa relación cuyo objeto lo constituye la Dación en pago condicionado y la Promesa de venta o contrato de Recompra. Asi se decide.
Ha quedado planteada la Litis en cuanto a la afirmación de la parte actora, en razón a los daños al patrimonio de la empresa en esta de Atraso Judicial, AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), daños que fueron ocasionados por abandono del Inmueble y demás bienes objeto del contrato, que les fue entregado mediante Dacion en pago condicionado, que los daños sufridos al patrimonio de la demandante tuvieron su origen durante la vigencia del referido contrato y que las empresas demandadas detentaban la posesión y tenían la custodia y vigilancia de los bienes dados en pago condicionado por intermedio de sus representantes, hecho ilícito atribuido a las sociedades mercantiles ASOPORTUGUESA, AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L. e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A. (GRIALCA Y GRIALMAR), que son parte y beneficiarios de la Dacion en pago condicionada, cada una en su respectiva proporción; y, alegada como fue la excepción por parte de una de las empresas demandadas, vale decir, AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L, en cuanto a que, si bien es cierta la relación contractual con AVICOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), constituida por el contrato de dación en pago suscrito y homologado en fecha 08 de junio de 2005, manifiesta que dicha dación en pago no se pudo materializar por no haberse protocolizado el prenombrado contrato ni inscrito por ante la Oficina de Registro Público correspondiente, negando detentar la posesión de los bienes, muebles e inmuebles, objeto de la dación en pago. En virtud, al ser reconocido por las partes hoy en litigio, la existencia de la relación contractual suscrita durante la liquidación amigable, todo dentro del procedimiento de Atraso Judicial, la controversia se limita, no a demostrar la existencia y vigencia de la relación contractual para el momento en que ocurrieron los hechos denunciados, sino a demostrar que los daños sufridos a la infraestructura y demás bienes descritos y determinados en el contrato, son atribuibles y tienen como sujetos activos y causantes de los mismos a las demandadas AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L, ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A, cesionaria de ( INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), en la persona de sus representantes legales, administradores o responsables, y así queda establecido.
De acuerdo a lo anterior, según lo convenido en reunión de acreedores celebrada en fecha 13 de agosto de 2004 ante este Juzgado, fueron homologados el día 08 de junio de 2005, los Contratos de Dacion en pago condicionado y un contra-contrato de Promesa de Venta o (Recompra) del Inmueble conformado por una Unidad Industrial y su Terreno, del tipo Planta de Beneficiado de Aves, llamado (MATADERO), propiedad de la empresa Atrasada y de su accionista principal, ciudadano Giuseppe Loconte Castellaneta, con los Acreedores debidamente acreditados en autos, quienes son: 1) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L, 2) ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) y 3) INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A, cesionaria de ( INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), los cuales constan en la Pieza Numero 12, según acta de fecha 08 de junio de 2005, las cuales rielan desde el folio noventa y ocho (98) hasta el folio ciento cincuenta y uno (151).- Según lo previamente identificado, las partes involucradas, convinieron en una serie de estipulaciones que regulan la Dacion en pago con una serie de condiciones, que debían cumplirse y que no fueron cumplidas a cabalidad por las empresas hoy demandadas, al haber abandonado el inmueble y demás bienes recibidos, sin informar al Tribunal del Atraso sobre los hechos denunciados por la parte actora; de donde deriva el incumplimiento y el origen de los daños, quedando demostrados, además del vínculo contractual, la relación de causalidad entre el agente activo del daño, agente pasivo y el resultado dañoso.
Cabe ilustrar aquí, que en la teoría de los hechos ilícitos, la indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene el perjudicado para exigir al causante del daño una contraprestación equivalente a la utilidad o beneficio que a aquel le hubiese reportado el incumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado. En este sentido se pronuncia los artículos 1167 y 1185 del Código Civil: (…) En el mismo orden debemos recordar que las indemnizaciones por daños y perjuicios se clasifican en dos clases, en función de su procedencia. Contractuales son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. Extracontractuales son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras personas. Por otra parte, la indemnización por daños y perjuicios, con independencia de su origen o procedencia, tiene por objeto indemnizar al acreedor de las consecuencias perjudiciales causadas por el incumplimiento de una obligación o por la realización del acto ilícito. Siendo esta indemnización preferentemente de carácter pecuniario (salvo en determinados supuestos de obligaciones extracontractuales que pueden dar lugar a una relación especifica), se debe proceder a valorar económicamente distinto aspectos o componentes que si bien, son fácilmente teorizables, plantean en la práctica notorias dificultades de concreción. En este sentido, el artículo 1273 del Código Civil establece que: (…)
El citado precepto da cobertura legal al denominado daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es el daño o pérdida sufrida por el acreedor y el lucro cesante la ganancia dejada de obtener a consecuencia del incumplimiento contractual o de la acción u omisión generadora de la responsabilidad extracontractual.
En el presente caso estamos en presencia de una reclamación por daños y perjuicios sobrevenidos en un Estado de Atraso Judicial y derivados de una relación contractual de Dacion en pago condicionada y un Contra-Contrato de Recompra, lo cual debe obligatoriamente entenderse y traducirse, que en efecto, entre las partes contratantes, todas vinculadas a este proceso judicial, había un acuerdo de pago realizado con las condiciones y características antes descritas y evidentemente se desprende que LOS ACREEDORES demandados, tomaron posesión de los bienes dados en pago condicionado, mientras concretaban la inscripción del documento de dación en pago por ante el Registro Público respectivo y así lo interpreta este juzgador dadas las afirmaciones, tanto de la parte demandante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), como de una de las codemandadas, en este caso, AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L. Así se decide.-
De la observación, estudio y análisis del contrato de Dación en Pago, suscrito entre la hoy accionante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA) y las sociedades mercantiles demandadas, AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L.; ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A,) se desprende, según las partes que lo suscriben y del contenido de la CLAUSULA TERCERA, que en autos del expediente contentivo del procedimiento de Atraso Judicial, constan los recaudos y pruebas documentales que acreditan a la hoy demandante, como propietaria de la planta beneficiadora de aves, la cual está conformada por edificaciones que contienen maquinarias y equipos localizados tanto en su interior como en su exterior, descritos todos en la CLAUSULA CUARTA del referido contrato. Consta la determinación y ubicación del inmueble y demás bienes objeto del contrato, localizados en la carretera que conduce al Caserío Mamon Mijao, derivación de la carretera La Victoria-Zuata, a la altura del kilómetro 8, en el Estado Aragua.- Afirman las partes igualmente, que el ciudadano Giuseppe Loconte Castellaneta, mencionado en el referido contrato como LOCONTE, es el propietario del terreno sobre el cual LA PLANTA está construida, según consta de documento protocolizado ante la Oficina subalterna de Registro del Distrito Ricaurte del Estado Aragua, en fecha 11 de agosto de 1986, bajo el Nº 12, Folios 48 al 52, Protocolo Primero, Tomo 5, tercer trimestre del año 1986. En tal virtud, y como quiera que todas las partes reconocen, tanto la propiedad de LA PLANTA de beneficiado y demás infraestructura, equipos y maquinarias, a la hoy demandante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), así como el terreno sobre el cual está construida, al ciudadano GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA, no queda duda que este Tribunal debe valorar dichos instrumentos en su justo y pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, documentos que al no haber signados impugnados, ni tachados, ni desconocidos por los representantes y/o apoderados de las demandadas, se aprecian con la fuerza y eficacia probatoria de acuerdo al contenido de los artículos 1380 y 1363, ambos del Código Civil, Códigos Adjetivo y Sustantivo venezolanos vigentes. Así se decide.-
Abundante criterio doctrinario y jurisprudencial existe en Venezuela, sobre la especificación y cuantificación de los daños cuyo resarcimiento se demande; y vale destacar aquí el criterio expuesto mediante Sentencia Nº 00343, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente Nº 16666 de fecha 13/03/2001, a saber (fragmento):
(…)
Con respecto al tema in comento, el Dr. ARISTIDES RENGEL-ROMBERG en su libro “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo III, ha señalado:
(…)
Así, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, tenemos que la obligación prevista en el ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, no está referida a una necesaria e indispensable cuantificación de los daños; no es necesario pormenorizar detalle de cada daño y cada perjuicio, ,solo es necesario que se haga una descripción más o menos de los mismos y sus causas, y en este sentido, de lo señalado por la demandante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), se puede evidenciar que como accionante, hizo una narración de las causas que a su decir dan lugar a la reclamación de los daños y perjuicios denunciados. Y así se decide.
DE LOS EXTRABAJADORES Y SU PRIVILEGIO COMO ACREEDORES
Resuelto como ha quedado, todo lo relacionado a las incidencias ocurridas, incluidas las competencias atrayentes y de variación en la naturaleza del procedimiento mercantil especial de Atraso Judicial, al procesal civil, mediante la demanda por daños planteada en forma incidental, corresponde a este juzgador, fundamentar para resolver, motivar y decidir el tema de los derechos laborales concurrentes dentro del procedimiento de atraso, con los créditos privilegiados de los trabajadores, frente al de los demás acreedores en el presente proceso mercantil, atrayente y excluyente, tal cual ha quedado establecido, delimitado y decidido, al reconocer la plena competencia de este Tribunal en la especialidad de la materia que conforma la presente causa.
En este orden de ideas, conviene precisar que a lo largo del proceso de atraso mercantil de AVICOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), que se inició en fecha 21 de marzo de 2002, la legislación laboral como derecho dinámico y por lo tanto cambiante por naturaleza, ha experimentado cambios medulares, fortaleciéndolo, como no puede ser de otra manera. Así, los derechos de los trabajadores antes de la última reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y su viraje hacia la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, según reforma en Abril de 2012, venia en su esencia estableciendo una mayor fuerza coercitiva para la protección y clasificación de los créditos de los trabajadores, no solo en el ámbito de su aplicación interna, sino extrapolándolos a otros procesos especiales, llegando a crearlos dentro del marco de esas leyes que así lo contienen, sin que por ello cambiase la esencia medular de cada uno de los procesos protectores de estos derechos laborales, especialmente la modificación de la jurisdicción o competencia para conocer de los mismos. En el caso que nos ocupa, dentro de los procesos del estado de atraso o quiebra mercantil, el legislador laboral los considera con preferencia a los créditos ordinarios o quirografarios, entendiendo por estos, aquellos que no se sustentan documentalmente conforme a la ley en un título investido de fuerza y eficacia jurídica, capaces de ser preferidos en oposición a otros créditos, como los hipotecarios por ejemplo.- esta situacion, con la aprobación de la LOTTT, cambio sustancialmente y en sus artículos 150 y 151, el legislador dispuso lo que a continuación se transcribe:
(…)
La transcripción de las disposiciones legales insertas, no dejan lugar a dudas acerca de la protección que al amparo de la ley en materia laboral, el legislador le ha impuesto al Juez Mercantil, quien sin perder su competencia, en la sustanciación del procedimiento de atraso o quiebra, lo obliga en su aplicación, por argumento en contrario al privilegio y preferencia de los créditos hipotecarios en oposición al de los trabajadores. La liquidación previa de los pasivos laborales ordenados por la ley, se evidencia de las señaladas normas legales al cambiar la ecuación procesal a partir del año 2012 con la reforma legislativa, por lo que dentro del proceso mercantil de tipo o carácter concursal, el Juez, aun conservando su competencia objetiva, ve modificada la sustancia al obedecer el mandato de ceder al pago de las acreencias laborales con carácter probatorio, para la ejecución de dichos créditos y preservar esta garantía. De allí que la pretensión formulada por el abogado Pedro Julio Hernández, apoderado de Agribrands Purina Venezuela, S.R.L., mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2013, que corre inserto en autos desde el folio ciento noventa y siete al folio doscientos (197 al 200), de la pieza número quince (15), respecto a que este Juzgador debe suspender el proceso de atraso y pasar los autos al Juez Laboral a objeto de que sea este quien asuma la competencia en jurisdicción laboral, sustancia y ejecute el privilegio otorgado por la ley a los trabajadores, constituye una interpretación errónea del espíritu, propósito y razón del legislador laboral en su reforma del año 2012, nada de lo cual puede establecerse o inferirse del contenido de las precitadas normas.
Dicho lo anterior, de autos rielan múltiples actuaciones que han privilegiado al amparo de las normas anteriores a la reforma laboral de 2012 y, precisamente bajo la fuerza legal normativa vertida en los preinsertos artículos de la LOTTT, este juzgador habrá de darle cabal cumplimiento, teniendo por norte el contenido, alcance, propósito y razón de las disposiciones bajo análisis, cuya aplicación han permitido y permiten que, los derechos resulten reparables del deterioro y desvanecimiento de la masa de bienes de la atrasada, causando en las condiciones de forma, tiempo, lugar y modo denunciados por la accionante, origen de la incidencia sobrevenida por daños y perjuicios a su patrimonio en clara e irreductible destrucción de la garantía consagrada en los artículos 150 y 151 de la LOTTT, pretendiendo además que, en sustitución a la sustanciación de la incidencia decidida en su oportunidad, todo ello se ventilara por el juicio ordinario, alegando violación por tergiversar, a juicio de las demandadas, el proceso y el procedimiento, habiéndose como ya quedo establecido, desestimado tan peregrina argumentación, lo que hubiese hecho aún mayor daño, sobre los derechos y las garantías consagradas en la ley laboral, prácticamente inalcanzable.
Por todo ello, quien administra justicia al valorar el justo y equilibrado alcance de los artículos en sus contenidos adjetivos y sustantivos que se analizan, no encuentra obstáculos para ratificar: PRIMERO: la competencia sustantiva y adjetiva en clara referencia al ámbito de la jurisdicción mercantil y no laboral, protegiendo las garantías constitucionales y legales del crédito de los trabajadores y así lo declara.- SEGUNDO: En darle cumplimiento con carácter prioritario y en ejecución de las garantías antes señaladas, a la obtención del patrimonio de las demandadas obligadas a resarcir en los términos que más adelante serán determinados por este juzgador, al crédito de los trabajadores y trabajadoras, amplia y suficientemente acreditados en los autos, y cuya cuantía se evaluara conforme a la ley en los términos que indique el dispositivo de este fallo, y así se declara.
VALORACION Y ANALISIS PROBATORIO
Es imperioso para este Juzgado, establecer el punto o la génesis de esta controversia, la cual nació a partir del momento en que se tuvo conocimiento, por vía de Denuncia hecha por el ciudadano NELSON HOMERO LOZADA, plenamente identificado en autos, quien como miembro de la Comisión de Vigilancia, en fecha 04 de noviembre de 2008, constante en autos de la Pieza Nº 13, delato el abandono de la Planta de Beneficiado de Aves (Matadero) por parte del grupo de Acreedores que mantenían con la Atrasada un acuerdo de Dación en Pago condicionada y posterior acuerdo de Recompra, los cuales constan consignados y homologados en este expediente, en la Pieza Nº 12, según acta de fecha 08 de junio de 2005, las cuales rielan desde el folio noventa y ocho (98) hasta el folio ciento cincuenta y uno (151).
Asimismo, la denuncia antes referida, motivo a este Tribunal a que se acordara una INSPECCION de tipo OCULAR, la cual se efectuó el Catorce (14) de Noviembre de Dos Mil Ocho (2008) y que corre inserta en autos de la pieza 13 del presente expediente, en los folios trece (13) al cincuenta y cuatro (54), por lo que, respecto a ese hecho, se mantiene constancia escrita y fotográfica de lo que se pudo evidenciar en relación al abandono y daños sufridos a los bienes muebles, inmuebles y demás infraestructura inspeccionada, Inspección que no fue impugnada por las partes, por lo que reviste valor probatorio de conformidad con el principio de la sana critica contenido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
De igual forma e inherente a lo antes expuesto, este Juzgado también observo el Informe de la Sindicatura, que por diligencia de fecha 10 de marzo de 2015, la abogada HEIDI MARTINEZ, en su cualidad de SINDICO, habiendo previamente ejecutado varias actuaciones desde su nombramiento, CONSIGNO ante este Juzgado, un INFORME detallado de todas sus actuaciones, entre ellas las citaciones a los acreedores demandados, diligencias, traslados, así como un estudio pormenorizado de las actuaciones previas y posteriores a la Incidencia en objeto. Presento además sus consideraciones y sus recomendaciones a ser analizadas por la masa de acreedores, las comisiones respectivas y por este Juzgado, con soporte de imágenes fotográficas de su traslado y visita a los lugares pertenecientes a los Inmuebles Bienes de la Sociedad Atrasada, informe que corre inserto en autos desde el folio veintiuno al folio cuarenta y cuatro (21 al 44) de la pieza numero dieciséis (16), tomándolo como una valoración global, un pronóstico y una orientación, dado que el informe del Sindico, como Auxiliar de Justicia, en el ámbito judicial cumple como principal objetivo el asesoramiento integral sobre el trámite y la sustanciación del procedimiento de Atraso. Así se decide.
Pruebas de la demandante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA)
1.- Promueve mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2013, el Contrato de Dación en Pago condicionado suscrito entre AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA) y las sociedades mercantiles ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. Y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A”, suscrito ante este tribunal, en fecha 08 de junio de 2005, el cual es apreciado por el Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, documento que al no haber sido impugnado por los representantes y/o apoderados de las demandadas, se tiene legalmente por reconocido con fuerza y eficacia probatoria de acuerdo al contenido del artículo 1363 del Código Civil, ambos códigos venezolanos vigentes. Así se declara.
De la valoración y análisis del Contrato de Dación en Pago, suscrito entre la hoy accionante AVICOLA ZARATE, C.A, (AVIZARCA) y las sociedades mercantiles demandadas, AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR, C.A,) se desprende, según las partes que lo suscriben y del contenido de la CLAUSULA TERCERA, que constan en autos de la presente causa, los recaudos y pruebas documentales que acreditan a la hoy demandante, como propietaria de la planta beneficiadora de aves, la cual está conformada por edificaciones que contienen maquinarias y equipos localizados en tanto en su interior como en su exterior, descritos todos en la CLAUSULA CUARTA del referido contrato. Consta la determinación y ubicación el inmueble y demás bienes objeto del contrato, localizados en la carretera que conduce al Caserío Mamon Mijao, derivación de la carretera La Victoria-Zuata, a la altura del kilómetro 8, en el estado Aragua.- Afirman las partes igualmente, que el ciudadano Giuseppe Loconte Castellaneta, mencionado en el referido contrato como LOCONTE, es el propietario del terreno sobre el cual LA PLANTA está construida, según consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Ricaurte del Estado Aragua, en fecha 11 de Agosto de 1986, bajo el Nº 12, Folios 48 al 52, Protocolo Primero, Tomo 5, tercer trimestre del año 1986. En tal virtud, y como quiera que todas las partes reconocen, tanto la propiedad de la PLANTA de beneficiado y demás infraestructura, equipos y maquinarias, a la hoy demandante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), así como el terreno sobre el cual está construida, al ciudadano GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA, no queda duda que este tribunal debe valorar dichos instrumentos en su justo y pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, documentos públicos que al no haber sido impugnados ni tachados por los representantes y/o apoderados de las demandadas, hacen plena fe entre las partes y como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por sus otorgantes, con fuerza y eficacia probatoria de acuerdo al contenido del artículo 1360 del Código Civil, ambos Códigos Venezolanos vigentes. Así expresamente se decide.
2.- Promueve y hace valer documento contentivo de AVALUO, cuyos detalles constan en el denominado “Informe de Valor Equitativo y de Inventario”, realizado por la empresa Best Valuation Activities, C.A, de fecha 07 de Diciembre, el cual riela a los folios 109 al 198, de la Pieza 11, cuyo contenido lo da por reproducido. Dicho documento, al ser emanado de terceros que no son parte en el juicio, deben ser ratificados mediante la prueba testimonial; a tenor de lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ratificación que no se reprodujo; por lo que este tribunal no le otorga valor probatorio para los efectos de demostrar el daño. Así se decide.
3.- Promueve y hace valer documento contentivo de CONTRATO DE PROMESA DE VENTA, llamado por las partes como contra-contrato u oferta de recompra, de fecha 08 de junio de 2005, que riela a los folios 134 al 139 de la Pieza 11 del Expediente Principal, cuyo objeto lo constituye los mismos bienes, muebles e inmuebles; infraestructura, terreno y otros, que fueron dados en pago a las empresas demandadas, n ese entonces acreedoras en el procedimiento de atraso, por parte de la hoy demandante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA); instrumento mediante el cual, las sociedades mercantiles AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A,), convinieron irrefutablemente para con AVIZARCA, en otorgarle en forma exclusiva y optativa para ella, Promesa de Venta o el derecho de Recompra, de todos los bienes dados mediante Dación de Pago por instrumento separado. Este documento es apreciado por el Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, documento que al no haber sido impugnado por los representantes y/o apoderados de las demandadas, se tiene legalmente por reconocido con fuerza probatoria de acuerdo con el contenido del artículo 1363 del Código Civil, ambos Códigos venezolanos vigentes. Así se declara.
4.- Promueve y reproduce documentos contentivos de correos electrónicos enviados a los representantes de las sociedades mercantiles ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A). Este Tribunal no puede constatar si efectivamente las direcciones electrónicas receptoras de dichos correos corresponden a las prenombradas empresas o alguno de sus representantes legales susceptibles de obligarlas. Además, no existe en autos que conforman el expediente que tales direcciones electrónicas hayan sido autorizadas por las partes para utilizarlas como medios de comunicación y/o notificación para algún acto procesal. Tampoco consta que tales firmas hayan sido certificadas por lo correspondientes proveedores de servicios de internet y/o telefonía móvil celular autorizados por el Estado a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas venezolana y su Reglamento vigente y en lo previsto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; por lo que este Tribunal desecha dichos instrumentos por carecer de valor probatorio. Así se decide.
Pruebas de la Co-demandada AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L
Por diligencia de fecha 31 de mayo de 2013, la Sociedad Mercantil: Agribrands Purina Venezuela, S.R.L., por intermedio de su apoderado, el abogado LUIS TADEO MARCANO, consigno Escrito el cual consta desde el folio ciento sesenta y ocho al folio ciento setenta y dos y vuelto (168 al 172 y vto.) todo en la pieza número quince (15), manifestando como cierta la relación contractual entre la demandante y su representada AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., y excepcionandose, en cuanto a que, si bien es cierta la relación contractual con AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA); constituida por el contrato de dación en pago suscrito y homologado en fecha 08 de junio de 2005, manifiesta que dicha dación en pago no se pudo materializar por no haberse protocolizado el prenombrado contrato ni inscrito por ante la Oficina de Registro Público correspondiente, negando detentar la posesión de los bienes, muebles e inmuebles, objeto de la dación en pago. No obstante lo esgrimido por el apoderado de AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., este tribunal interpreta que del contenido de la cláusula DECIMO SEGUNDA del contrato de Dación en Pago condicionado, aceptado y reconocido por el mismo, se desprende que las hoy demandadas mercantiles ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A) al declarar conocer y aceptar las condiciones y el estado (para ese momento) de la PLANTA beneficiadora de aves, tomaron posesión de tales bienes; interpretación que se refuerza y confirma con el contenido de la cláusula DECIMO TERCERA, mediante la cual el ciudadano GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA, mediante su apoderado GIANLUCA FARINA ARBOCCO, todos plenamente identificados en autos, además de ratificar la Dación en Pago, hizo la tradición legal de los bienes dados en pago y así lo deja claramente establecido.- A tal efecto, y de acuerdo a lo que nuestra legislación civil prevé sobre los bienes vendidos o de cualquier forma enajenados, el artículo 1487 del Código Civil patrio vigente establece: La tradición se verifica poniendo la cosa vendida en posesión del comprador. En el mismo orden, el artículo 1488 del mismo Código señala que el vendedor cumple con la obligación de hacer la tradición de los inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad. (Negrillas y cursivas del Tribunal). Respecto a que la normativa trascrita se refiere a vendedor o comprador, la figura de la tradición aplica a cualquier forma de enajenación de un bien determinado, ya sea mueble o inmueble; aplicable a la Dación en Pago como acto de libre disposición que tiene su propietario de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de nuestro texto constitucional. Así lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia venezolana; criterio que acoge y defiende este Tribunal y así lo declara expresamente.
Lo que sostiene en su escrito, el apoderado judicial de AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L, respecto a que la Dación en Pago no pudo materializarse porque estaba sujeta a la condición de protocolizar el documento de dación en pago y que se constatara que no existiere ningún tipo de gravamen o servidumbre sobre la PLANTA o el terreno en cuestión, este tribunal es del criterio que la falta de inscripción o de protocolización del instrumento de enajenación, no es causal eximente de responsabilidad respecto a los daños que el adquiriente del bien o de la cosa le produce a dicho bien, sea por acción por omisión, por negligencia o impericia o por incumplimiento de las obligaciones a las que está sometido según el contrato suscrito o la ley, así el contrato ha sido otorgado en forma autentica, pública o privada. De allí que, demostrada la posesión de los bienes para el momento en que ocurrieron los daños y hechos denunciados, posesión que han mantenido las empresas demandadas por medio de sus representantes legales, administradores o responsables desde la fecha de la firma del contrato de Dación en Pago condicionado, vale decir, desde el 08 de junio de 2005; y demostrando que los bienes dados en pago fueron objetos de daños y de abandono, es forzoso concluir que la responsabilidad de salvaguarda, de cuidado y protección de dichos bienes, la tienen las empresas ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), lo que las califica como autoras y responsables de dichos daños materiales, en la persona de sus representantes legales, administradores o responsables. Así expresamente se declara.
Pruebas de la Co-demandada ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA)
Este Tribunal deja constancia expresa que la sociedad mercantil ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA), no hizo uso de su derecho a promover y evacuar pruebas, por lo que no existe elemento probatorio que valorar.
Pruebas de la Co-demandada INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A)
Este Tribunal deja constancia expresa que la sociedad mercantil INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), no hizo uso de su derecho a promover y evacuar pruebas, por lo que no existe elemento probatorio que valorar.
Pruebas del ciudadano NELSON LOZADA, miembro de la Comisión de Vigilancia del Procedimiento de Atraso
Respecto a las pruebas aportadas por el ciudadano NELSON LOZADA, quien funge como miembro de la Comisión de Vigilancia, cabe señalar que mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2013, se adhirió al escrito de pruebas presentado por los apoderados de la demandante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA); y por cuanto ya fueron analizadas y valoradas en cuanto a su mérito probatorio, resulta inoficioso repetir tal análisis, por lo que este tribunal lo ratifica en todas y cada una de sus partes. Así se decide.
Pruebas del Abogado ERNESTO GAMBOA, Apoderado y asistente de un grupo de extrabajadores de AVICOLA ZARATE, C.A, (AVIZARCA)
Respecto a las pruebas aportadas por el Abogado ERNESTO GAMBOA, quien funge como apoderado judicial respecto a algunos ex trabajadores y como Abogado asistente respecto a otros, cabe señalar que mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2013, se adhirió al escrito de pruebas presentado por los apoderados de la demandante AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA); y por cuanto ya fueron analizadas y valoradas en cuanto a su mérito probatorio, resulta inoficioso repetir tal análisis, por lo que este tribunal lo ratifica en todas y cada una de sus partes. Así se decide.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, de los análisis y de las pruebas aportadas por las partes en el presente caso, estamos en presencia de una reclamación por daños y perjuicios derivados de una relación contractual, por incumplimiento por parte de las sociedades mercantiles ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), y por contravención a lo previsto en el Contrato de Dación en Pago condicionado en perjuicio del patrimonio de la empresa AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA); hecho ilícito ocurrido dentro del procedimiento de Atraso Judicial y dentro del lapso para la liquidación amigable ya que, según lo alega la accionante, las demandadas no conservaron ni mantuvieron el inmueble, infraestructura y demás bienes muebles descrito en el contrato, en buen estado físico y material, totalmente habitable y operativo de acuerdo a su naturaleza industrial, tal y como se les entrego en su oportunidad; incumpliendo su compromiso contractual y legal de observar y adoptar la actitud de un buen padre de familia con relación al inmueble y demás bienes objeto del contrato de dación en pago condicionado y que por el contrario, le causamos serios daños al inmueble y demás bienes que conforman toda la infraestructura que servía a la Planta de Beneficiado de Aves, maquinarias y equipos, consistentes en la destrucción total de dicha Planta; todas las maquinarias y equipos industriales desvalijados, instalaciones totalmente deterioradas y destruidas incluyendo paredes, techos y accesorios industriales, todo desmontado y dañado; toda la infraestructura se encuentra en esta de ruina y abandono total, en evidente contravención a lo establecido en el tantas veces mencionado Contrato de Dación en Pago condicionado y en el Contrato de Recompra, instrumentos complementarios y vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos denunciados, suscritos entre las partes hoy en litigio, todo derivado y ocurrido dentro del procedimiento de Atraso Judicial durante el lapso para la liquidación amigable.- Así lo ha constatado este tribunal y así lo decide.
Por todos los razonamientos esbozados anteriormente, considera este sentenciador que queda evidenciado en autos la responsabilidad de las sociedades mercantiles ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), en la persona de sus respectivos representantes legales, administradores o responsables, todas plenamente identificadas en el cuerpo de la presente decisión, en el abandono y producción de daños al inmueble, bienes muebles, toda la infraestructura, maquinarias y equipos industriales y los consiguientes perjuicios ocasionados a la sociedad mercantil AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA); con motivo de la relación contractual que contiene las condiciones, estipulaciones, derechos y obligaciones de las partes según Contrato de Dación de Pago condicionado y contrato de recompra, todo derivado y ocurrido dentro del proceso de Atraso Judicial, durante el lapso para la liquidación amigable; por lo que la presente acción debe prosperar y ser declarada con lugar, como en efecto se hará en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.
DECISIÓN
Con base a los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado (Acc.) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripcion Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se declara competente para conocer de la demanda planteada vía incidental, por la sociedad mercantil en estado de Atraso Judicial, AVICOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), dentro y durante la liquidación amigable, liquidación propia a la naturaleza del procedimiento de Atraso Judicial, contra las sociedades mercantiles ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A. y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), por daños y perjuicios al patrimonio de la accionante, derivados de una relación contractual suscrita entre las partes dentro de la misma liquidación amigable. Así queda expresamente decidido.-
SEGUNDO: En virtud y por aplicación del artículo 23 del Código Civil Adjetivo en concordancia con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil; y, publicado y consignado en tiempo útil el cartel de Notificación, este Tribunal considera válidamente notificadas, y en consecuencia, A DERECHO, para la sustanciación y decisión de todo el proceso incidental, a las sociedades mercantiles 1) ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, 3) INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A; RIF: J304800894 y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), de la decisión del Dieciocho (18) de Diciembre de Dos Mil Doce (2012) y del auto del Primero (01) de Abril de Dos Mil Trece (2013); y en consecuencia cumplida la orden emanada por decisión de fecha 06 de Octubre de 2015, inherente de la Apelación ejercida por los apoderados de Agribrands Purina Venezuela, S.R.L., emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripcion Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay. Así expresamente se decide.
TERCERO: CON LUGAR la demanda de INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por la sociedad mercantil AVICOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), contra las sociedades mercantiles 1) ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, 3) INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A; RIF: J304800894 y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), en la persona de sus respectivos representantes legales, administradores o responsables, todas plenamente identificadas en el cuerpo de la presente decisión. Así se decide.
CUARTO: Que los daños ocasionados consisten, entre otros, en el abandono físico y falta de custodia y vigilancia del inmueble, bienes e infraestructura total e incumplimiento del contrato de dación en pago condicionado, cuyo objeto lo comprende la infraestructura que sirve a la Planta de Beneficiado o Matadero Industrial de Aves, propiedad de AVICOLA ZARATE, C.A.., (AVIZARCA) y ciudadano GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA, ubicado en la vía que conduce al Caserío Mamon Mijao, derivación de la carretera La Victoria- Zuata, a la altura del kilómetro 8, en el Estado Aragua, que, en contraste con el contenido del contrato de dación de pago condicionado, sustentado para el momento de su otorgamiento, en el informe de avalúo de valor equitativo de mercado e inventario realizado por “Best Valuation Activities, C.A.” al 7 de diciembre de 2004, en el cual se puede constatar el estado original del inmueble y todas las características, cualidades estructurales y técnicas del inmueble, sus accesorios, y el estado actual de dichos bienes muebles e inmuebles. Se evidencia en forma indubitable serios daños al inmueble y demás bienes que conforman toda la infraestructura que servía a la Planta de Beneficiado o Matadero Industrial de Aves, maquinarias y equipos; destrucción total de dicha planta; todas las maquinarias y equipos industriales desvalijados y desaparecidos; instalaciones totalmente deterioradas y destruidas incluyendo paredes, techos, accesorios y galpones industriales, todo desmantelado y dañado; toda la infraestructura se encuentra en estado de ruina y abandono total, en evidente violación a lo establecido en el contrato de Dación en Pago condicionado y en el Contrato de Promesa de Venta o Recompra, instrumentos complementarios y vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos denunciados, suscritos entre las partes hoy en litigio, todo derivado y ocurrido dentro del procedimiento de Atraso Judicial durante el lapso para la liquidación amigable.- Así se decide.
QUINTO: En consecuencia de la declaración con lugar de la demanda, se condena a las sociedades mercantiles 1) ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, 3) INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A; RIF: J304800894 y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), en la persona de sus respectivos representantes legales, administradores o responsables, todas plenamente identificadas en el cuerpo de la presente decisión, a REPARAR, CONSTRUIR y REPONER, al mismo estado físico, material y de operatividad, en el que se les entrego cuando tomaron posesión de los bienes. POR SU CUENTA, A SU COSTO y A SU RIESGO, todo lo descrito a continuación: BIENES INMUEBLES: (Terreno y Edificaciones) TREINTA MIL METROS CUADRADOS DE TERRENO sobre los cuales se ubica la Planta Beneficiadora de Aves. EDIFICIO 1- OFICINAS ADMINISTRATIVAS (Dimensiones 37,00m x 12,00m y 5,00m x 2,40m {marquesina}. Área Bruta de Pisos: 456,00m2 Incluyendo: Electricidad, plomería y drenajes, sistema de aire acondicionado y telefonía) EDIFICIO 2- COMEDOR Y BAÑOS (Dimensiones: 35,00m x9,00m. Área Bruta de Pisos: 321,00 m2 Incluyendo: Electricidad, plomería y drenajes y un equipo de aire acondicionado). EDIFICIO 3- GALPON DE PRODUCCION, CAVAS Y SERVICIOS (Dimensiones: 90,00m x 28,00m. Área Bruta de Pisos: 2635,50m2 Incluyendo: Electricidad, plomería y drenajes, equipos de protección contra incendio y equipos de aire acondicionado). PLANTA DE TRATAMIENTO CC-1 (Dimensiones caseta: 4,50m x 3,50m) (Dimensiones de área de sedimentadores 9,00 x 26,00 m Incluyendo: Sistema de drenajes y luz eléctrica). CASETA PARA VENTAS AL DETAL MC-1 (Área bruta de pisos: 22,50 m2. Área bruta de techos: 22,50 m2. Área bruta de paredes: 38,50 m2 Incluyendo: Electricidad). CASETA DE VIGILANCIA MC-2 (Área bruta de pisos: 27,00 m2 Área bruta de techos: 31,50 m2. Área bruta de paredes: 37,67 m2 Incluyendo: Electricidad, plomería y drenajes, equipo de aire acondicionado). TALLER MECANICO MC-3 (Área bruta de pisos: 324,00 m2 Área bruta de techos: 324,00 m2 Área bruta de paredes: 198,09 m2 Incluyendo: Electricidad, plomería y drenajes). GALPON DE CALDERAS MC-4 (Área bruta de pisos: 36,00 m2 Área bruta de techos: 36,00 m2 Área bruta de paredes: 34,40 m2 Incluyendo: Electricidad). CASETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA MC-5 (Área bruta de pisos: 21,00 m2 Área bruta de techos: 21,00 m2 Área bruta de paredes 43,48 m2 Incluyendo: Electricidad y un banco de tres transformadores de 100KVA c/u). CASETA PARA ELECTRICIDAD MC-6 (Área bruta de pisos: 2,24 m2 Área bruta de techos: 2,24 m2 Área bruta de paredes: 12,40 m2 Incluyendo: Electricidad). PATIO, MEJORAS AL TERRENO. – BIENES MUEBLES: (Maquinarias, Equipos y otros) AREA DE RECEPCION DE AVES VIVAS 1 SISTEMA DE TRANSPORTE DE POLLOS VIVOS (1 transportador en acero al carbono, 1 transportador de banda accionada con motor marca SIEMENS, 2 transportadores curvos de rodillos, 2 transportadores de rodillos, 1 aturdidor en fibra de vidrio, 1 transportador aéreo de cadenas en acero inoxidable). AREA DE DESPLUME: 2 ESCALADOPORAS DE POLLOS EN ACERO INOXIDABLE MARCA STORK-GAMCO, 3 DESPLUMADORAS EN ACERO INOXIDABLE MARCA STORK-GAMCO, Modelo D-16, 1 TRANSPORTADOR AEREO DE CADENAS EN ACERO INOXIDABLE, 1 ARRANCADOR DE CABEZAS MARCA STORK-GAMCO, 1 TANQUE PARA LAVADO FINAL EN ACERO INOXIDABLE (Lavadora exterior), 1 LAVADORA DE GANCHOS (tolva en acero al carbono con dos cepillos limpiadores de ganchos), 1 CORTADOR DE PATAS MARCA STORK-GAMCO. AREA DE DESVICERACION: 1 TOBOGAN EN ACERO INOXIDABLE, 1 CANAL DE DESVICERACION, 1 TRANSPORTADOR EN ACERO INOXIDABLE, 2 CANALES EN ACERO INOXIDABLE, 2 DESVICERADORAS AUTOMATICAS MARCA STORK-GAMCO, 1 LIMPIADORA DE MOLLEJAS MARCA STORK-GAMCO, 1 TANQUE EN ACERO INOXIDABLE, 1 MESA EN ACERO INOXIDABLE (dimen. 0,80m x 11,00m), 1 TANQUE EN ACERO INOXIDABLE, 1 SISTEMA DE AGUA CON BOMBA Y MOTOR DE 7 HP, 1 LAVADORA DE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE (Ducha para pollos Marca I.A.D.R, Modelo LIE-025 con 64 mangueras, conexiones, estructura de soporte, etc.), 1 PRE-ENFRIADOR EN ACERO INOXIDABLE MARCA PRECISION STAINLESS (con conexiones, tubería y estructura de soporte), 1 TRANSPORTADOR DE TRANSFERENCIA BANDA PLASTICA, 1 ENFRIADOR MARCA PRECISION STAINLESS (incluye canal en acero inoxidable), 1 TRANSPORTADOR DE CADENA (con ganchos en acero inoxidable). AREA DE EMPAQUE: 3 MESAS PARA EMPAQUE DE POLLOS MARCA I.A.D.R. (Incluyen 2 engrapadoras neumáticas y embudo), 4 BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA POLLOS DESPRESADOS, 2 CAJONES EN ACERO INOXIDABLE, 1 MESA EN ACERO INOXIDABLE, 1 BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE (dimen. 4,99 x 0,70m), 1 BOMBA MARCA MARLOW MODELO 0044A00 SERIAL 767496, 1 MOLINO CON MOTOR DE 1 H.P. (Incluye bandeja en acero inoxidable). AREA DE DESPRESADO: 1 TRANSPORTADOR DE BANDA EN ACERO INOXIDABLE, 1 MOLINO MARCA BEEHVE MODELO ROSTCO2RA, SERIAL 790, CON MOTOR DE 5 H.P., 1 UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MARCA KRACK (con estructura de soporte), 1 SEPARADORES DE VISCERAS Y PLUMAS EN ACERO INOXIDABLE MARCA STORK-GAMCO, 1 PLANTA DE HIELO EN ESCARCHA MARCA POWER, SERIAL 5161, MODELO 100EA. AREA DE COMPRESIONES: 1 CONJUNTO DE COMPRESORES (formado por 2 Compresores marca COMAIR 3 Compresores a tornillo marca FES, 1 Tablero de control, conexiones, etc.). AREA DE CALDERAS: 1 CALDERA MARCA STEAM PAK MODELO SPHV-100-294219, 1 CALDERA MARCA CONTINENTAL, 1 TANQUE EN ACERO AL CARBONO, 1 FILTRO SUAVIZADOR EN ACERO AL CARBONO, 1 PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR, MODELO SR4, CAP. 210 Kw. PATIO: 1 UNIDAD CONDENSADORA MARCA BALTIMORE AIRCOL, MODELO CF662-N, SERIAL E88-10690. CABLEADO, ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE POTENCIA: TRES TRANSFORMADORES DE 250 KVA c/u CONJUNTAMENTE CON SU DISTRIBUCION, CONEXIONES, ARMARIOS E INTERRUPTORES NECESARIOS. EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES Y VIALIDAD: A reparar y construir toda la infraestructura, Edificios, Galpones, Paredes externas e internas y vías de acceso, tanto internas como externas, tal y como estaban para el momento en que fueron entregados y transmitidas su posesión y custodia a las empresas ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., RIF J-00030395-9, e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A; RIF: J304800894 y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), por medio de sus representantes legales, administradores o responsables, todos identificados en el cuerpo de la presente decisión. Así se decide.-
SEXTO: Las Sociedades Mercantiles: ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, 3) INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A; RIF: J304800894 y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A), en la persona de sus respectivos representantes legales, administradores o responsables, deberán cumplir con las obligaciones impuestas mediante esta decisión, dentro de un lapso máximo de noventa (90) días continuos, contados a partir de la Publicación de la decisión y de la notificación que de la misma se haga a las partes. Así se decide.
OCTAVO: Se condena en costas a las codemandadas ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, 3) INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORIA COMERCIAL, C.A; RIF: J304800894 y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A) por haber sido totalmente vencidas en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así también se decide.-
Por cuanto el presente fallo se produce fuera del lapso legal establecido, se ordena notificar a las partes de la presente decisión para todos los efectos legales suficientes. Así se decide…”.

IV
DEL RECURSO DE APELACIÓN
En fechas 07 de enero de 2020 y 09 de enero de 2020, los representantes Judiciales de AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L, y ASOPORTUGUESA, interpusieron Escritos de Apelación contra la decisión dictada por el A Quo en fecha 8 de Agosto de 2019.
V
EVENTOS PROCESALES DE ESTA ALZADA

Corre inserto al folio 189 (de Cuaderno de Incidencia Pieza 2.), de fecha 06 de abril de 2022, auto del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripcion del Estado Aragua, mediante el cual se le da entrada a la causa recurrida bajo el Nº 1725, Nº de Distribución 92.
En fecha 12 de abril de 2022, el Tribunal de Alzada, reglamenta la causa, de conformidad a lo previsto en los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil. (Folio 192).

En fecha 17 de mayo de 2022, comparece el abogado EUSTOQUIO ALEXANDER MARTÍNEZ VARGAS, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.596.931, e inscrito en el Inpreabogado Nº 30.729, Apoderado Judicial de la codemandada recurrente ASOPORTUGUESA, a los fines de presentar escrito de informes (folios 193 al 217).
Cito:
“(…)
CAPITULO III
DE LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA PROPUESTA
De conformidad con los previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, denuncio ante esta Alzada el error cometido por el de la recurrida en sede accidental, en la falta de aplicación de los artículos 338 y 341 eiusdem, en el juzgamiento del asunto contenido en la demanda de indemnización de daños y perjuicios incoada incidentalmente por la sociedad mercantil AVÍCOLA ZARATE, C.A., mediante escrito presentado en fecha 22 de noviembre de 2012, contra las sociedades mercantiles AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., y contra mi patrocinada, la asociación civil ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA), todas identificadas en autos.
Un extracto de la dispositiva de la sentencia apelada contiene:
(…)
Con la citada dispositiva, el de la sentencia impugnada vuelca su decisión de declararse competente como argumento para darle visos de legalidad a la indebida admisión de la mencionada pretensión indemnizatoria a través de un particular procedimiento previsto como incidencia en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en contravención de lo ordenado para ese asunto, estatuido en el artículo 338 eiusdem como procedimiento residual, según el cual si la controversia suscitada entre las partes no tiene pautado un procedimiento especial, se debe ventilar por el procedimiento ordinario, según la conjugación imperativa del verbo ventilar –ventilará-.
Cabe resaltar que la citada dispositiva guarda relación con lo acordado por el A quo en decisión interlocutoria de fecha 18 de diciembre de 2012, mediante la cual declaro con lugar la solicitud de apertura de incidencia a que se refiere el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil sobre la cual desaplico parcialmente dicha norma por control difuso solo en cuanto al breve lapso para dar contestación y no así para el lapso de pruebas.
Asimismo, la decisión recurrida argumenta para fundar su decisión de admitir y sustanciar por el referido procedimiento incidental la mencionada demanda de daños y perjuicios razones jurídicas de orden competencial, erróneamente acudiendo para ello a expresas disposiciones legales sobre factores que determinan la competencia en cuanto a conexión, continencia y accesoriedad.
Inadvertido como está el de la primera instancia con ese “razonamiento” que el yerro lo hace sucumbir en una contradictoria motivación que a su vez demuele su propio argumento para adoptar este procedimiento incidental previsto en el citado artículo 607 eiusdem.
En efecto, si las razones para fundar la admisión de la demanda indemnizatoria por ese particular procedimiento incidental radican en esos factores determinantes de competencia, las mismas disposiciones legales que las regulan –vid. Art. 79 C.P.C- comportan como efecto procesal la acumulación, disponiendo que una vez que se acumulen las causas, estas se seguirán en un solo proceso ante un juez declarado competente, y se suspenderá el curso de la causa que estuviere más adelantada hasta que la otra se halle en el mismo estado, terminándolas en una misma sentencia.
Ahora bien, como legal e idóneamente se podría sustanciar, decidir y ejecutar mediante una acumulación procesal una solicitud de atraso judicial cuyo procedimiento es gracioso o de jurisdicción voluntaria con una pretensión de indemnización de daños y perjuicios obviamente a través de un procedimiento contencioso para resolver esta controversia.? Necesariamente la respuesta es negativa por así disponerlo el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que ambos procedimientos resultan a todas luces incompatibles entre sí y por tanto estaríamos en presencia de una inepta acumulación que se traduce en una demanda –rectius: pretensión- inadmisible.
Por otra parte, el de la recurrida arguye para fundar su decisión con una errónea motivación, confundiendo dos instituciones del derecho concursal, parecidas pero distintas en cuanto a su naturaleza jurídica y a su regulación legal, siendo que acude a lo dispuesto en el artículo 923 del Código de Comercio.
Como podrá apreciarse, insiste erróneamente el A quo, que es competente para conocer de esa demanda resarcitoria, puesto que así se lo permite el ordinal 2º del articulo 923 eiusdem, olvidando que cuando dicha disposición legal le da potestad al tribunal que conociere de los hechos expresados en los artículos anteriores para resolver las demandas sobre indemnizaciones de daños y perjuicios se refiere única y exclusivamente a los hechos juzgados en materia de quiebra y no al atraso judicial, dado que esta disposición comentada se encuentra regulada en el Título II del Libro Tercero del Código de Comercio, referida, reitero, a la quiebra y no al atraso judicial.
Entonces no es un tema pertinente de competencia como lo quiere hacer ver el de la decisión impugnada, al erróneamente argumentar que la codemandada no ejerció el recurso de regulación de la competencia (f.29), pues es un vicio judicial que atiende más al debido proceso en cuanto a la defensa en juicio que a un asunto de competencia o del juez natural.
Ciertamente es así, dado que en primer lugar la incidencia del citado artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, no está prevista para resolver un asunto de tal envergadura cuyo conocimiento y decisión requiere de razonables lapsos de juzgamiento para contradecir, probar, informar y recurrir como lo tiene pautado el procedimiento ordinario.
De allí que, la decisión apelada en su error judicial raya más en una lesión de naturaleza fundamental referido a la garantía jurisdiccional del debido proceso que, el sentenciador de la recurrida debió darle para abrirla a trámite y para su sustanciación, siendo que la previsión del artículo 49.1 Constitucional lo obliga a garantizarle a todo justiciable un plazo razonable, vale decir, el acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.
Asimismo, lo tiene contraído el Estado Venezolano como una garantía judicial por intermedio de sus órganos jurisdiccionales, correlativamente como el goce y ejercicio irrenunciable de un derecho humano por mandato constitucional consagrado en los artículos 19 y 23 constitucionales, mediante convencionalidad suscrita y ratificada a través del Pacto de San José de Costa Rica, instrumentado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando en su artículo 8.1, propugna que:
(…)
El plazo razonable como garantía jurisdiccional referida al debido proceso debe ser asegurado no aisladamente a una parte del procedimiento judicial como erróneamente lo hizo y quiso hacer ver el de la recurrida, desaplicando parcialmente por control difuso el lapso para contestar de un día para otro previsto en el artículo 607 del Codigo de Procedimiento Civil, pues mutatis mutandi de cumplir con su deber de asegurar un plazo razonable y con ello garantizar un debido proceso, debió caer en cuenta que lo verdaderamente razonable era no admitir dicha pretensión de daños y perjuicios por vía incidental de la citada disposición adjetiva y menos dentro del procedimiento principal de jurisdicción voluntaria de Atraso, y mejor juzgar abrirlo por conducto del procedimiento residual del juicio ordinario contemplado en el artículo 338 del Codigo de Procedimiento Civil, que garantiza un lapso de defensa más amplio (termino de distancia y 20 días de despacho) y un procedimiento probatorio por demás razonable (15 días de despacho para promover y 30 días de despacho para evacuar, amén de 3 días de despacho para contradecir pruebas y 3 días de despacho para que el tribunal providencie su admisión o no).
A mayor abundamiento en cuanto a las controversias surgidas o sobrevenidas en los procedimientos de atraso, cuya estructura legal corresponde a un procedimiento de naturaleza graciosa o de jurisdicción voluntaria, oportuna es traer a autos el criterio presentado por la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº RH-000179, de fecha 16 de diciembre de 2003, expediente 03-1082, en el caso: de Pinturas Flamuko, C.A.:
(…)
En fuerza de todos los argumentos jurídicos que fundan este medio de gravamen –apelación- y conforme a lo dispuesto en los artículos 206 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, rogamos a esta Superioridad que en ejercicio de sus potestades rescindentes –iudicium rescindens, declare la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal A quo en sede Accidental, en fecha 08 de agosto de 2019, y con ella la nulidad de todo el procedimiento incidental abierto a trámite al amparo del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y por consiguiente se declare la inadmisibilidad de la demanda “demanda incidental”, así calificada por el Tribunal de Primera Instancia.
CAPITULO IV
DE LA AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN
Para el supuesto negado que se desestimen las defensas invocadas en el capítulo anterior, propongo a todo evento y con carácter subsidiario, la defensa cuya argumentación jurídica paso a esbozar a continuación.
Es el caso que, el tribunal de la primera instancia no dio cumplimiento a lo decidido por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fallo de fecha del 6 de octubre de 2015, mediante el cual ordeno la reposición de la causa sentando lo siguiente:
(…)
Ahora bien, aun cuando la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA), mediante diligencia suscrita por esta representación en fecha 9 de enero de 2020, se dio por notificada de la Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva proferida por el A quo en sede accidental en fecha 8 de agosto de 2019, hoy recurrida mediante recurso de apelación ejercido en su contra en la misma fecha, y no estando a derecho aun mi representada ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) como la codemandada INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORÍA COMERCIAL, C.A, Y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A para la sustanciación y decisión de la causa calificada como “demanda incidental”, cuya sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva se impugno en apelación, en virtud de lo decidido y declarado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fallo de fecha 6 de octubre de 2015, resulta imperioso que esta Superioridad constante de las actas y de la recurrida sentencia interlocutoria de fecha 8 de agosto de 2019, que el A quo no dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la decisión interlocutoria dictada por la mencionada Alzada en fecha 6 de octubre de 2015 y resuelva en consecuencia
Razón por demás justificada del porque tanto mi representada ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) como la codemandada INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORÍA COMERCIAL, C.A, Y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A, no dieron oportuna contestación a dicha “demanda incidental” y menos pudieron promover y tener acceso a pruebas, y mucho menos poder recurrir de la sentencia interlocutoria de fecha 18 de diciembre de 2012, mediante la cual el de la recurrida ilegalmente ordeno la apertura de una incidencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para así darle cauce a trámite de la “demanda incidental” por daños y lesión patrimonial a la empresa atrasada AVÍCOLA ZARATE C.A.
En efecto, muy por el contrario a lo ordenado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fallo de fecha 6 de octubre de 2015, cuya firma definitiva quedo patentizada por conducto de sentencia pronunciada por la Sala de Casación Civil de Tribunal Supremo de Justicia en fecha 1 de noviembre de 2016 al ser declarado perecido el recurso de casación interpuesto por la sociedad mercantil en estado de atraso AVÍCOLA ZARATE, C.A., el de la primera instancia haciendo caso omiso a lo declarado en esa decisión proferida por el tribunal de la segunda instancia de reponer la causa, persistió en el error judicial de no notificar por medio de la boleta tanto a mi representada ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) como la codemandada INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORÍA COMERCIAL, C.A, Y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A, de la apertura de la incidencia que se había solicitado, toda vez que desde el inicio de la incidencia el tribunal de la causa en primera instancia ilegalmente pretendió darlas por notificadas a través de la imprenta por cartel de fecha 18 de diciembre de 2012, publicado en el diario El Universal en su edición del día 12 de enero de 2013 y no en forma personal por boletas como se lo ordeno la Superioridad y en su decisión de fecha 6 de octubre de 2015.
Tamaña arbitrariedad y desdén contra lo ordenado por el Juzgado Superior en su sentencia de fecha 6 de octubre de 2015, en la cual acordó la reposición por boleta, lo evidencia extracto del fallo recurrido (f.52), cuyo juzgador sin desparpajo y sin empacho alguno ilegalmente sostuvo:
(…)
Como se podrá apreciar, no habiendo acatado el de la recurrida lo ordenado en la sentencia de fecha 6 de octubre de 2015 dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, groseramente incumplió con la orden consistente en la reposición de la causa al estado de notificación mediante boleta de la codemandada ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) como a la codemandada INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORÍA COMERCIAL, C.A, Y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A., de la apertura de la incidencia solicitada por la demandante AVÍCOLA ZARATE C.A., dejando en una manifiesta indefensión a ambas codemandadas, lo que se tradujo en algo peor aún, como lo fue la imposibilidad de dichas demandadas de contradecir en juicio la mencionada “demanda incidental” por daños y lesión patrimonial.
Empero además, el de la recurrida en su falsa argumentación en las modalidades de notificación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, yerra en la citada argumentación facultativa del juez para hacer uso de las notificaciones de acuerdo con lo preceptuado en la citada disposición adjetiva, toda vez que, en acatamiento al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1192 de fecha 23 de octubre de 2015 y también de lo resuelto en forma reiterada por la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 276 del 26 de abril de 2016, Expediente Nº 16-165, y recientemente en sentencia Nº 823 del 22 de noviembre de 2016, reitero su pasada jurisprudencia en el sentido que se debe notificar por boleta preferentemente en el domicilio procesal a aquella parte que en cumplimiento de su deber haya constituido en autos su domicilio procesal y no por la imprenta a través de la publicación de un cartel de notificación.
Por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, es por lo que esta representación judicial solicita se declare nula la sentencia interlocutoria de fecha 8 de agosto de 2019, que el A quo profirió en abierta desatención de la dispositiva ordenada por la sentencia interlocutoria pronunciada en fecha 6 de octubre de 2015 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y así solicito sea declarado.-
CAPITULO V
DE LA FALTA DE CUALIDAD
A todo evento y subsidiariamente, en la hipótesis negada de no acogerse los argumentos de hecho y de derecho formulados en los capítulos precedentes, y por constituir materia de orden público, esta representación judicial delata la existencia de una falta de cualidad activa para intentar el presente juicio por esta vía incidental y por cualesquiera de las vías procedimentales que se pudo haber instaurado contra mi representada y contra todas y cada una de las codemandadas.
En efecto, afirman los apoderados judiciales de la parte accionante en el escrito libelar (f.228) que, ocurren en nombre y representación de la sociedad mercantil AVÍCOLA ZARATE, C.A (AVIZARCA), como única demandante a los efectos de reclamar y exigirle a las demandadas la correspondiente reparación, restauración y reposición al estado en que recibieron la Planta Procesadora de Aves (MATADERO), propiedad de AVÍCOLA ZARATE, C.A (AVIZARCA), sustentando dicha exigencia (f. 229-230) tanto en las condiciones y especificaciones del inmueble, indicadas en el documento de dación condicionado suspensivo como documento fundamental de la acción, que corre inserto en los autos en la pieza Nº 12 del expediente principal y del avalúo que igualmente corre inserto en actas.
Pero, además alegan la comisión de daños materiales y una lesión económica sobrevenida en el patrimonio de AVÍCOLA ZARATE, C.A (AVIZARCA), en procedimiento de atraso, derivados o fundados de la celebración de un contrato de dación en pago condicionado, sin especificar o determinar cómo carga procesal en qué consisten esos daños, siendo que extraña e indebidamente el juzgador de la recurrida se la suplió en la sentencia impugnada.
En ese mismo sentido, el fallo apelado considera al referido contrato de dación en pago como instrumento fundamental o esencial de la incidencia (f. 53), que los daños sufridos al patrimonio de la demandante tuvieron su origen durante la vigencia del referido contrato y que las empresas demandadas detentaban la posesión y tenían la custodia y vigilancia de los bienes dados en pago condicionado por intermedio de sus representantes, hecho ilícito atribuido a las sociedades mercantiles ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) como a la codemandada INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORÍA COMERCIAL, C.A, Y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A., (f. 53).
Pues bien, si acudimos al tantas veces mencionado contrato de dación en pago (f. 102-112) sustantivamente como instrumento que contiene dicho acto configurativo de la relación material y adjetivamente como instrumento fundamental de la pretensión propuesta, con meridiana claridad podremos observar que las partes contratantes del mismo, entre otros, lo constituyen la beneficiaria del atraso, la sociedad mercantil AVÍCOLA ZARATE, C.A., suficientemente identificada, y los ciudadanos GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA y CHIARA MASELLIS DE LOCONTE, quienes son venezolanos, mayores de edad, jurídicamente hábiles, titulares de las cedulas de identidad Nº V-8.582.725 y V-8.586.684, respectivamente, ambos domiciliados en la ciudad de La Victoria, Municipio Ribas del Estado Aragua, representados tanto la mencionada persona jurídica como las mencionadas personas naturales por lo apoderados judiciales de la parte actora.
Ahora bien, de la Cláusula tercera de la referida contratación se aprecia sin ningún género de dudas que, la sociedad mercantil AVÍCOLA ZARATE C.A., suscribe el contrato de dación en pago por ser titular del derecho de propiedad de la planta beneficiadora de aves, también denominada LA PLANTA y que los ciudadanos GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA y CHIARA MASELLIS DE LOCONTE, también denominados LOCONTE, parte igualmente de esta negociación, quienes otorgaron dicho contrato para celebrarlo como propietarios en comunidad conyugal del lote de terreno sobre el cual está construida LA PLANTA, según consta de documento inscrito por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Ricaurte del Estado Aragua, en fecha 11 de agosto de 1986, bajo el Nº 12, folios 48 al 52, Protocolo Primero, Tomo Nº 5, tercer trimestre del año 1986.
Igualmente, de la cláusula sexta indubitadamente se desprende que ha operado la falta de cualidad activa invocada, cuando las partes convienen que el lote de terreno perteneciente al ciudadano GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA en razón de sus vínculos con la empresa deudora AVÍCOLA ZARATE, C.A., lo integran a la dación en pago, vistas las obligaciones que su relacionada LA DEUDORA, esta es, AVÍCOLA ZARATE, C.A., presenta con las empresas acreedoras.
Para mayor apreciación de haber operado la falta de cualidad activa, en el fallo recurrido (f. 83) también se puede observar que el juzgado en el dispositivo QUINTO al condenar a las demandadas a reparar, construir y reponer al mismo estado físico, material y de operatividad los bienes constitutivos de LA PLANTA, la identifica y la describe en calidad de bienes inmuebles tanto al lote de terreno y edificaciones sobre TREINTA MIL METROS CUADRADOS (30.000 MTS2) DE TERRENO, sobre los cuales se ubica la Planta Beneficiadora de Aves.
Asimismo, del texto de la parte motiva de la recurrida se aprecian consideraciones del sentenciador que evidencian la presencia de la falta de calidad denunciada. Basta acudir (f. 55, 56, 58) para leer que el fallo contiene:
(…)
Para el reputado procesalista JAIME GUASP (1961),
“La legitimación a la causa es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto de litigio, y en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso” (Vid. Jaime Guasp. Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos. Graficas González. Madrid. Pág. 193).
De allí que, la falta de cualidad o legitimación ad causam es una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia, por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia esta de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces.
(Vid. Sentencia de la Sentencia Constitucional Nº 1930 del 14 de julio de 2003, expediente Nº 02-1597), (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 3592 del 6 de diciembre de 2005, expediente Nº 04-2584, caso: Carlos Eduardo Troconis Angulo y otros, ratificadas en sentencias Nº 1193 del 22 de julio de 2008, expediente Nº 07-0588, caso: Rubén Carrillo Romero y otros y 440 del 28 de abril de 2009, expediente Nº 07-1674, caso: Alfredo Antonio Jaimes y otros). Tales criterios vinculantes de la Sala Constitucional fueron acogidos por la Sala de Casación Civil en sentencia Nº 462 del 13 de agosto de 2009, expediente Nº 09-0069, caso: Bernard Poey Quintana c/ Inversiones Plaza América, C.A., ratificada en sentencia Nº 638 del 16 de diciembre de 2010, expediente Nº 10-203, caso: Inversora H9, C.A. c/ Productos Saroni, C.A.
Enseña el maestro LUIS LORETO (1987), que (Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. p 186-194-1955):
(…)
Ciudadana Jueza, siendo que solo demando la sociedad mercantil AVÍCOLA ZARATE C.A., sin la participación conjunta como actores litisconsorciales de los ciudadanos GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA y CHIARA MASELLIS DE LOCONTE, en tanto y en cuanto son parte contratantes junto con aquella, como propietarios del lote de terreno sobre el cual se encuentra constituida LA PLANTA, y sobre cuyos daños se demanda en la presente causa, resulta forzoso la existencia de una falta de cualidad activa para intentar este juicio, por ausencia de integración activa en quienes son llamados por la ley en concreto a demandar en juicio, por tanto, por tratarse de un presupuesto procesal es imperiosa la debida conformación activa de la relación jurídica procesal en la persona de los demandantes que redunda en la improcedencia de la presente pretensión, la cual pido se declare con arreglo a las potestades rescisorias –iudicium rescisorium- de esta Alzada.
CAPITULO VI
DE LA IMPROCEDENCIA DE LOS DAÑOS RECLAMADOS
A todo evento y subsidiariamente, en el supuesto negado de desestimarse los argumentos de hechos y de derecho formulados en los capítulos precedentes, habida cuenta del nuevo examen judicial total (ex novo) o reexamen (novum iudicium) que el recurso ordinario de apelación ejercido le confiere a la segunda instancia, procedo a contrariar al fondo de lo decidido antijurídicamente por la sentencia impugnada.
La recurrida (f. 81), declara con lugar la demanda de indemnización de daños y perjuicios incoada por la sociedad mercantil AVÍCOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), contra las sociedades mercantiles AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., e INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., y contra mi patrocinada la asociación civil ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) entre otras motivaciones argumentativas dizque en virtud del incumplimiento de estipulaciones y condiciones por parte de las empresas demandadas de donde deriva el origen de los daños, dando por demostrados además del vínculo contractual, la relación de causalidad entre el agente activo del daño, el agente pasivo y el resultado dañoso.
Para ello, el juzgador de la primera instancia considero que los daños materiales y la lesión económica al patrimonio de AVÍCOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), fueron sobrevenidos en el curso del procedimiento de atraso judicial derivado todo de una relación contractual cuyo objeto lo fue la dación en pago condicionado y la promesa de venta o contrato de recompra.
Estableció además el de la sentencia recurrida que los daños fueron ocasionados por abandono del inmueble y demás bienes objeto del contrato, que les fue entregado mediante dación de pago condicionado y que tuvieron lugar durante la vigencia del referido contrato y que las empresas demandadas detentaban la posesión y tenían la custodia y vigilancia de los bienes dados en pago condicionado por intermedio de sus representantes, hecho ilícito atribuido a ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA), AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., e INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORÍA COMERCIAL, C.A, Y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A, que a decir del sentenciador dadas las afirmaciones tanto de la parte demandante AVÍCOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), como de una de las codemandadas, en este caso AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., y así lo decidió (f. 58).
Ahora bien, en el fallo recurrido el juzgador incurre en una confusión al tratar de fundamentar jurídicamente la motivación en cuanto al tipo de daño que pretende endilgarle a las empresas demandadas, habida cuenta que por un lado asienta que la causa deviene de una relación contractual pero a su vez la funda en la figura del hecho ilícito, es decir, mezcla la responsabilidad civil contractual derivada de un contrato con la responsabilidad civil extracontractual derivada de un hecho ilícito, siendo que en principio mal puede haber daños por responsabilidad civil extracontractual cuando entre las partes medie una relación contractual, salvo la excepcionalidad que ha adoptado la jurisprudencia previo al cumplimiento de dos requisitos de procedencia (Sent. S.C.C. de fecha 27 de abril de 2004, caso: Juan Pedro Pereira contra Christian Hernán Klager).
El tratadista venezolano JOSÉ MELICH ORSINI (1975), asienta que la concurrencia de la responsabilidad contractual con la extracontractual puede darse siempre que una culpa dañosa distinta se juntara a aquella que consiste en la mera violación de la obligación contractual. Esto supondría dos condiciones: 1) que el hecho implique la violación de un deber legal independiente del contrato y 2) que el daño causado por dicho hecho consista en la privación de un bien patrimonial o moral distinto del beneficio mismo que asegura el contrato. La primera condición excluye toda idea del concurso de acciones (por actividad contractual y por hecho ilícito), cuando el demandado no ha violado ningún deber distinto de sus deberes contractuales, aunque tales deberes violados no sean de los expresamente pactados sino de los que se refutan implícitos de acuerdo con el texto del artículo 1160 del Código Civil, y esto, aunque la violación sea dolosa. La segunda idea excluye toda aplicación de las normas que regulan la responsabilidad extracontractual, cuando el daño sufrido por la víctima se limita a la perdida de las ventajas derivadas del contrato. (Responsabilidad Contractual. Edición marzo de 1975. Pág. 276 y ss.).
En el caso bajo examen, de lo sostenido en la sentencia recurrida no se cumplen ninguno de las dos condiciones que se requieren para que proceda la concurrencia de una daño extracontractual por hecho ilícito derivado de una previa relación contractual, pues, mi patrocinada demandada no ha violado ningún precepto contentivo de un deber legal y menos que los daños atribuidos a ella en la sentencia apelada hayan consistido en la privación de un bien patrimonial o moral distinto del objeto del tantas veces mencionado contrato de dación en pago condicionado.
En este escenario, el de la sentencia objeto del presente recurso no explica las razones que le permitieron llegar a conclusión de la concurrencia de un daño extracontractual derivado de una relación contractual, es decir, la decisión recurrida no expresa por que el hecho ilícito supuestamente cometido por las empresas demandadas implica la violación de un deber legal independiente del contrato, así como tampoco explica por qué dicho hecho consiste en la privación de un bien patrimonial o moral distinto del beneficio mismo que asegura el contrato.
Cabe destacar, interesante criterio de voto salvado del ex magistrado CARLO OBERTO VÉLEZ, en Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia Nº 483 de fecha 4 de noviembre de 2010, en el Expediente Nº 10-194, el cual disintió dela manera siguiente:
(…)
De otro modo, resulta por demás relevante traer a colación extracto de la inspección ocular, cuya evacuación tuvo lugar el día 14 de noviembre de 2008 (f. 13-54 de la pza. 13), en la cual los apoderados actores al intervenir solicitan al tribunal se le ordene a todas las personas presentes –terceros- en el lugar donde se trasladó y constituyo –terrenos y planta beneficiadora de aves- la desocupación inmediata de las mismas por constituir dicha acción un acto delictivo, calificado como USURPACIÓN, INVASIÓN Y DAÑOS MATERIALES A LA PROPIEDAD PRIVADA, siendo que tales daños de existir, tienen las características de una lesión económica indirecta, totalmente imprevisible al momento de contratar, en cuya hipótesis no es procedente la concurrencia de daños extracontractuales por hecho ilícito mediante una relación contractual –contrato de dación en pago- razón por la cual no existe culpa atribuible a ninguna de las empresas demandadas y muy específicamente a mi patrocinada ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA).
Pero además, el de la sentencia impugnada (f. 58 y 73-74) mediante extraña interpretación, según él, dadas las afirmaciones tanto de la parte demandante AVÍCOLA ZARATE C.A., (AVIZARCA) como de la codemandada AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., no así de mi conferente ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA), dio por probado que las empresas demandadas y denominadas acreedoras según el contrato de dación en pago tomaron posesión de los bienes dados en pago condicionado y se le hizo la tradición legal de los mismos, aun cuando del contrato en referencia no se pactaron tales supuestos, no obstante, dando por cierto tales circunstancias fácticas, luego entonces se ejecutó materialmente el contrato de dación en pago, transfiriéndose la propiedad a las empresas acreedoras demandadas conforme a las previsiones de los artículos 1161, 1487 1488 del Código Civil, quedando la cosa a riesgo y peligro del adquiriente, por consiguiente mal pudo AVÍCOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), demandar pretendidos daños y perjuicios sobre un bien que no estaba en la esfera de su patrimonio.
Por otra parte, la sentencia apelada (f.67) confiere valor probatorio a inspección ocular practicada en fecha 14 de noviembre de 2008, para dar por establecido el hecho de los daños reclamados, siendo que fue evacuada en el expediente del asunto principal que sustancia el atraso judicial, pero que una vez abierta la irrita incidencia no fue ratificada o practicada nuevamente su evacuación en orden a su validez en juicio, para que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1429 del Código Civil, en primer lugar se dejase constancia del estado o circunstancias que pudieran haber desaparecido o modificarse con el transcurso del tiempo, y en segundo lugar pudieran las partes demandadas en la mencionada incidencia de la articulación probatoria haber ejercido el derecho constitucional y contradictorio de esa prueba, por lo que mal pudo habérsele dado eficacia y validez a dicha inspección.
Cabe destacar que, el de la recurrida en la parte motiva (f. 70-71) al desechar y no otorgarle valor probatorio alguno al avalúo promovido por la empresa demandante AVÍCOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), de fecha 7 de diciembre de 2004, rielante a los folios 109 al 198 de la pieza Nº 11, al no ratificarse conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, dejo sin pruebas de los daños y perjuicios reclamados, puesto que este especial medio es el más conducente o idóneo para demostrar en juicio la ocurrencia y el monto de daños y perjuicios materiales.
Sin embargo, debe resaltarse que luego de no otorgarle valor probatorio al referido avalúo para los efectos de demostrar el daño, inexplicable, absurda, contradictoria y sin ninguna logicidad argumentativa en el dispositivo CUARTO de la decisión recurrida, le otorga valor probatorio para servirle de fundamento de la existencia de los daños y en qué consisten los mismos, incurriendo en una inmotivación de la sentencia dada la manifiesta motivación contradictoria, que se configura cuando la contradicción esta entre los motivos del fallo o entre estos y su dispositivo, de tal modo que desvirtúan, se desnaturalizan o destruyen entre sí o en igual intensidad y fuerza lo que hace a la decisión carente de fundamentos, cuyo vicio inoficiosa de nulidad el fallo recurrido de conformidad con lo pautado en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y así pido se declare.
Con relación al documento contentivo de contrato de promesa de venta, también denominado contra-contrato u oferta de recompra de fecha 8 de junio de 2005, resulta impertinente e inconducente para probar daños y perjuicios en este juicio incidental, pues nada aporta a la resolución de la mal llamada controversia.
CAPITULO VII
DEL INTERMINABLE ESTADO DE ATRASO
Esta representación desea no dejar pasar la oportunidad de advertir a esta Alzada sobre la ilegalidad continuada del estado de atraso en que se ha mantenido continuadamente y sin cumplir con los requisitos legales por parte de AVÍCOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), para que procedan las prórrogas de facto que se le han conferido a esta institución concursal, toda vez que se mantenido así desde el año 2002 hasta la presente fecha, según podrá evidenciarse de las actas del expediente principal subidas a esta segunda instancia por virtud de la orden de esta Superioridad en sentencia de fecha 25 de noviembre de 2020 de oír el recurso de apelación, siendo que mediante auto de fecha 17 de marzo de 2022, el A quo acordó oírlo en ambos efectos.
Es el caso que, conforme al artículo 898 del Código de Comercio, dispone que el estado de atraso y dentro de él, la liquidación amigable de sus negocios no podrá exceder de un plazo de doce meses, pudiendo prorrogarse de acuerdo a la previsión del articulo 908 eiusdem, en cuyo caso no podrá exceder de otro año siempre que durante la liquidación amigable se haya comprobado haberse pagado a los acreedores una parte considerable de sus acreencias o si concurren circunstancias especiales que lo aconsejen, siendo además necesario que se reúna el voto favorable de la mayoría de los acreedores que representen por lo menos la mitad del pasivo restante.
Por otra parte, consta de las actas del procedimiento sobre el ya de facto estado de atraso que, dentro de los pasivos de la empresa atrasada se cuenta con un importante número de trabajadores cuyos créditos privilegiados revisten prioridad incluso sobre los demás créditos privilegiados y sobre las hipotecas, los cuales no han sido pagados luego de más de veinte años, como bien lo sostiene y confirma el dispositivo SÉPTIMO del fallo recurrido, no obstante estar vigente desde el día 7 de mayo de 2012 nuevo régimen legal previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, el cual dispone:
(…)
De allí que, en cuenta de esta novísima normativa laboral el Juez del atraso debió suspender su curso hasta que conste en autos que la empresa atrasada AVÍCOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), efectivamente les haya honrado a los trabajadores el pago de sus acreencias laborales, no pudiendo negarse so pretexto de aplicación retroactiva de esta norma, toda vez que por expresa disposición del artículo 7 eiusdem, su aplicación resulta inmediata:
(…)
Pues bien, como se podrá apreciar de autos, la empresa AVÍCOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA), no ha dado cumplimiento a tales extremos legales requeridos para que se acuerden prorrogas y siendo que actualmente se encuentra en cesación de pagos, sin liquidez alguna, sin haber honrado los créditos privilegiados de los trabajadores y sin estar operativa de ninguna clase de actividades comerciales que le pudiesen generar ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones y demás pasivos, y de alguna manera reactivarse, forzosamente hacen presumir que se encuentra ya en estado irremediable de quiebra.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
(…)
En fuerza de todas las razones, argumentaciones y consideraciones jurídicas invocadas en este escrito contra la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia en sede Accidental, en fecha 8 de agosto de 2019, solicito se declare con lugar el recurso de apelación propuesto en su contra, se revoque anulando el fallo apelado, se declare sin lugar o improcedente la demanda intentada y se acuerde lo conducente, con todos los pronunciamientos legales…”.


Corre inserto a los folios 220 al 257, de fecha 17 de mayo de 2022, Escrito de Informes, presentado por el abogado IGNACIO PONTE BRANDT, cedula de identidad Nº V-3.663.463, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 14.552, en su carácter de apoderado judicial de la empresa AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., en los términos siguientes:
“(…)
II
En auto del 13 de enero de 2020 y objeto de un recurso de hecho el cual fue declarado con lugar por este Juzgado Superior el entonces Tribunal de la causa señalo:
(…)
El Tribunal Accidental solo señalo que el cartel de notificación que ordeno se fijó en la cartelera el 9 de octubre de 2019 y así se había dado cumplimiento al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Por lo cual sin ningún tipo de razones negó las apelaciones interpuestas.
En el auto del 13 de enero de 2020 el Juez Accidental ni siquiera efectuó o refirió un cómputo de los días de despacho que hubo para apelar y el por qué las apelaciones ejercidas no eran tempestivas. Pero, en todo caso, es evidente que por su naturaleza ese auto ponía fin al proceso ilegalmente surgido y causaba un gravamen irreparable a nuestra representada, y, por tanto, debió ser admitida la apelación por ella efectuada el 7 de enero de 2020. E igual actuación realizaron los apoderados judiciales de ASOPORTUGUESA ateniéndonos a que, salvo prohibición expresa de la Ley, está el principio constitucional de la doble instancia. Además de insistir en la evidente inmotivación que está presente en el auto del 13 de enero de 2020 cuando ni siquiera se atendió y se pronunció sobre los alegatos hechos por AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., del por qué la apelación que efectuó era tempestiva. Y señalándose expresamente que ASOPORTUGUESA por las mismas razones recurrió de hecho en contra del auto del 13 de enero de 2020.
III
En sentencia del 25 de noviembre de 2020 este Tribunal Superior declaro con lugar el recurso de hecho interpuesto por ASOPORTUGUESA y nuestra representada al respecto estableció lo siguiente:
(…)
La alzada en la parte dispositiva de la sentencia al declarar con lugar el recurso de hecho propuesto por nuestra representada y ASOPORTUGUESA ordeno admitir en ambos efectos y como lo hizo el nuevo Tribunal de la causa en auto del 17 de marzo de 2022 la apelación contra la sentencia del 8 de agosto de 2019 que ilegal e inconstitucionalmente declaro con lugar lo dizque solicitado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012 y que fue la conclusión de un cumulo de actuaciones ilegales en la pieza de incidencia Nº 2 y que culminaron con la sentencia en cuestión.
Para esta representación, la declaratoria con lugar del recurso de hecho y como así lo resolvió esta alzada en su sentencia del 25 de noviembre de 2020 estaba ajustada a derecho, ya que teniendo nuestra representación constituida su domicilio procesal en el caso de autos allí debió ser efectuada la notificación de la sentencia del 8 de agosto de 2019.
La pacífica y reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contrario a lo indicado en el fallo del 8 de agosto de 2019, considera que las disposiciones del artículo 233 no son alternativas –se escoge entre una o la otra-. Así, si las partes constituyeron desde el año 2013 su domicilio procesal como lo hizo AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., este tiene que ser respetado en todas las etapas del proceso debiendo realizarse en el todas las notificaciones, citaciones e intimaciones, ya sea mediante correo certificado con acuse de recibo o mediante boleta librada por el Juez y llevada por el Alguacil. Y solo si las partes no constituyeron un domicilio procesal, entonces la notificación se hará por medio de la imprenta con publicación en los carteles de un diario de mayor circulación, que, además, debe ser indicado expresamente por el Juez.
Esto aplica siempre que se deba notificar, citar o intimar a las partes, y toma especial importancia en los casos de sentencias dictadas fuera del lapso donde la notificación es obligatoria.
En sentencia Nº 276 del 26 de abril de 2016, la Sala de Casación Civil estableció:
(…)
Finalmente, la Sala Constitucional en el marco de un proceso d amparo en sentencia Nº 1192 del 23 de octubre de 2015 expreso:
(…)
De allí que como la Sala Constitucional lo ha señalado en infinidad de oportunidades y con criterio vinculante por lo previsto en el artículo 335 de la Constitución, toda omisión de practicar la notificación de una sentencia en el domicilio procesal, como sucedió en el caso de autos, conlleva una violación del derecho a la defensa y al debido proceso de la parte y el Juez de esa instancia si es factible o la alzada por lo alegado en la apelación deberán reponer la causa al estado en que se encontraba cuando se produjo la falta. Todo lo cual recogió este Tribunal Superior en sentencia del 25 de noviembre de 2020.
El domicilio procesal actual de nuestra representada consta del escrito de informes presentado ante este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, en el marco de la apelación incoada el 12 de abril de 2013 contra el auto de fecha 1º de abril de 2013 por este Juzgado Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, y que fue decidida por este Juzgado Superior en fecha 6 de octubre de 2015 ya referida en el capítulo precedente.
IV
Este largo procedimiento de jurisdicción voluntaria, para la liquidación amigable de los bienes del deudor y que de acuerdo con los términos previstos por el numeral 1º del artículo 903 del Código de Comercio debía haber durado no más de doce (12) meses a contar desde el 15 de abril de 2002, tiene actualmente más de veinte (20) años por utilización abusiva e inexplicable de la posibilidad de su extensión conforme al artículo 908 eiusdem.
Dentro del procedimiento de liquidación amigable, específicamente en una reunión de acreedores celebrada en fecha 13 de agosto de 2004, nuestra representada junto con ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. celebraron un acuerdo a los fines de pagar las obligaciones que la sociedad en atraso tenia para con ellas. Dicho acuerdo consistió en la dación en pago de un terreno ubicado en la jurisdicción del Municipio José Félix Ribas del Estado Aragua, propiedad de los accionistas de AVÍCOLA ZARATE, C.A. y la planta beneficiadora de pollos que sobre dicho terreno se encuentra construida y propiedad de la referida empresa.
La dación en pago previo la cancelación de las acreencias que se tenían para con estas empresas, a saber, AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., por un monto total de tres millones ciento ochenta y dos mil ciento noventa y siete bolívares (Bs. 3.182.197,00) expresados en bolívares fuertes resultantes de la conversión monetaria del año 2008, quienes recibieron pago en proporciones distintas, de acuerdo con sus acreencias.
Hemos sostenido desde el escrito del 24 de enero de 2013 que las pretensiones incluidas mediante escrito del 22 de noviembre de 2012 por AVÍCOLA ZARATE, C.A. constituyen una demanda por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de un pretendido incumplimiento por parte de nuestra representada y las citadas ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., del contrato de dación en pago celebrado el 08 de junio de 2005.
Específicamente AVÍCOLA ZARATE, C.A., solicito al a quo que por vía incidental, es decir, dentro del mismo procedimiento de jurisdicción voluntaria del atraso y con fundamento en una serie de argumentaciones sin sentido, que de conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil se resolviera una pretensión relativa al cumplimiento de un contrato y los daños y perjuicios derivados de el por la suma de diecisiete millones novecientos setenta y un mil ochocientos veintidós bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs. 17.971.822,48) del momento, en el mes de noviembre de 2012.
En fecha 18 de diciembre de 2012 el a quo mediante la sentencia interlocutoria ya señalada decidió prorrogar el estado de atraso por un lapso de ocho (08) meses adicionales y declaro con lugar la solicitud por AVICOLA ZARATE, C.A. de la apertura de la incidencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
Como consecuencia de la apertura de la incidencia en la referida decisión el Tribunal Accidental acordó la notificación de los interesados, así señalo mediante un cartel que seria y fue publicado en el diario “El Universal” y por medio de boleta con inclusión de copia de la decisión a nuestra representada y a ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. Cabe destacar, que de acuerdo con la sentencia, las boletas de notificación debían ser dejadas en sus oficinas obviando el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Civil.
En fecha 24 de enero de 2013 cuando acudimos por primera vez al proceso desde el 18 de marzo de 2009 se hizo ver al a quo de todos y cada uno de los vicios procesales presentes en la apertura de la incidencia así como en la notificación que se pretendió hacer a los interesados.
El criterio reiterado de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia es que el Juez cuando está involucrado el orden público debe, hasta de oficio, corregir toda actuación que vaya en contra del mismo y es lo que nuestra representada ha venido señalando en el sentido que deben ser anuladas todas las actuaciones contentivas en el denominado cuaderno y/o la incidencia de la pieza Nº 2, que tiene como su origen la solicitud ya señalada de AVICOLA ZARATE, C.A. y en especial la decisión del 18 de diciembre de 2012, por el entonces Tribunal accidental. Todo ello por expresa disposición, entre otras normas, del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, sin perjuicio de los alegatos ya expuestos con anterioridad sobre las razones por las cuales debe ser revocado el fallo apelado del 8 de agosto de 2019, con fundamento en lo previsto por los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pedimos en este acto la nulidad de todo lo actuado en la pieza de incidencia Nº 2 por cuanto la decisión por el a quo de fecha 18 de diciembre de 2012 y el auto del 1º de abril de 2013, ambos ratificados en el fallo apelado del 8 de agosto de 2019, vulnero y transgredió normas de orden público, y siendo que este Tribunal Superior puede hacerlo para garantizar la tutela judicial efectiva, haciendo del proceso un instrumento para alcanzar la justicia, sin dilaciones, formalismos no esenciales o reposiciones inútiles.
El artículo 78 del Código de Procedimiento Civil es una norma de orden público y así lo ha establecido la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la cual señalo:
(…)
Por efecto de lo resuelto por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el caso antes citado, no podía el Juzgado Accidental a quo, en un procedimiento de atraso pretender conocer asimismo de un proceso de una naturaleza totalmente distinta, como lo hizo en decisión del 18 de diciembre de 2012, en el auto del 1º de abril de 2013 y la sentencia apelada del 8 de agosto de 2019 y que sería una reclamación por supuestos daños y perjuicios incoada por AVICOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012 so pena de violar el derecho a la defensa y el debido proceso de nuestra representada, ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. contrariando así el artículo 49 de la Constitución al no sustanciarse lo peticionado por los apoderados de AVÍCOLA ZARATE, C.A. por la vía del juicio ordinario. Pues el a quo ilegalmente acordó abrir la incidencia a que se contrae el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Solo que generosamente, podemos decir, el Juez accidental considero que el lapso de que trata el artículo 607 para contestar el reclamo allí previsto, de un (1) solo día de despacho, le parecía muy corto y por lo cual, de forma novedosa igualmente señalamos, resolvió desaplicar parcialmente dicho artículo y decidió sin explicaciones, colocar un lapso de cinco (5) días de despacho para que nuestra representada, ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. contestaran lo solicitado. Es decir, adelantándonos a otros argumentos, aplico erróneamente el supuesto de hecho del artículo 607 para algo totalmente distinto a lo allí regulado, pues se está en un proceso de atraso, de jurisdicción voluntaria y lo solicitado en el escrito del 22 de noviembre de 2012 es materia de juicio ordinario, de jurisdicción contenciosa, con parte actora y parte demandada.
El estado de atraso previsto en nuestro Código de Comercio ha sido definido como la posibilidad por el comerciante, en este caso sería AVÍCOLA ZARATE, C.A. de solicitar de sus acreedores la posibilidad de hacer efectivos sus pagos o liquidación amigable de su patrimonio para pagar sus deudas en plazo que no debería exceder de doce (12) meses, como así lo preceptúa el artículo 908 del Código antes señalado. Existiendo la posibilidad de una prórroga. Sobre la cual ya hemos advertido que se han igualmente infringido las disposiciones pertinentes al Código de Comercio, al tener este proceso de atraso más de veinte (20) años y lo que nos conlleva a señalar que, como se expondrá en escrito que se está consignando en la pieza principal, AVÍCOLA ZARATE, C.A. realmente está en quiebra.
El estado de atraso como se refirió es pues una concesión graciosa al comerciante cuyo activo excede a su pasivo pero que está en cesación de pagos para que lleve un proceso de ordenación de sus pagos o la liquidación de sus negocios y se origina por una solicitud hecha por su propio comerciante. Distinta a lo que puede suceder en la quiebra. Por ende reiteramos, es un proceso de naturaleza graciosa al no haber realmente parte actora y/o demandada.
Se observa que en la sentencia del 18 de diciembre de 2012, en el auto del 1º de abril de 2013 y la decisión apelada del 8 de agosto de 2019, cursantes a este cuaderno o pieza de incidencia Nº 2, el Tribunal a quo en errónea interpretación sobre los alcances del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil resolvió como ya se indicó conceder a ASOPORTUGUESA, INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. y a nuestra representada, solo cinco (5) días para contestar lo peticionado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. Nuevamente partiendo de la premisa el Tribunal accidental a quo que se estaba en presencia de proceso de atraso, de naturaleza graciosa. Y admitió, por ende, que no había en el Código de Comercio una regulación de un contradictorio. Por lo tanto esta situación era imperativo, so pena de incurrir en una evidente ilegalidad, que el Tribunal a quo desde un principio desestimara y declarara inadmisible como formalmente lo volvemos a solicitar en este acto lo planteado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012 ya que ello es materia sin duda, de un juicio ordinario y no puede ser ventilado en un procedimiento gracioso como el de autos, conforme el supuesto de hecho del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Así como lo señalo la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 3 de octubre de 2013 (Balmore Rodríguez contra Coca-Cola Femsa de Venezuela S.A.) y que ratifico la Sala Constitucional en sentencia del 25 de febrero de 2014 en ocasión de la solicitud de revisión interpuesta y declarada no ha lugar en ese mismo caso.
Es evidente, mas no increíblemente para el Juez accidental y los propios apoderados de AVÍCOLA ZARATE, C.A. que nadie sabe de dónde o bajo que razones se otorgó un plazo de cinco (5) días para contestar el reclamo si, por ejemplo, en el proceso ordinario el demandado tiene veinte (20) días de despacho para contestar la demanda.
La Sala de Casación Civil en sentencia del 11 de agosto de 2005, señalo:
(…)
La sentencia que antecede ratifica lo sostenido desde nuestro escrito del 24 de enero de 2013 que conforme a la muy reiterada doctrina de la Sala de Casación Civil en un proceso como el de autos, solicitud de un estado de atraso, al no haber parte demandada por ser de jurisdicción voluntaria y no contenciosa no puede darse lugar a lo peticionado en el escrito del 22 de noviembre de 2012 por AVÍCOLA ZARATE, C.A. Por lo que lo allí solicitado debe ser declarado inadmisible, anulando lo actuado y esa controversia en todo caso ser resuelta en juicio ordinario al no haber un procedimiento especial.
En efecto, el procedimiento ordinario contempla, entre otros aspectos fundamentales, la citación formal del demandado a través de un Alguacil. No como se pretendió hacerlo y de hecho eso fue lo ilegal para la Alzada en su fallo del 6 de octubre de 2015 tantas veces citado y por lo cual, como punto previo, repuso la causa anulando todo lo actuado. Así mismo, que el demandado pueda o no oponer cuestiones previas, veinte (20) días de despacho para contestar una demanda que cumpla con los parámetros del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, libelo inexistente a los autos y que en lo relativo a la contestación del pretendido reclamo el Tribunal accidental haya ilegalmente resuelto fijar un lapso para contestar de solo cinco (5) días, sin notificación. Pero contestar que nos preguntamos si no hay una demanda formal al no existir parte demandada ni estimación de la misma conforme al artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.
Relativo a las pruebas, el Tribunal accidental con su proceder en el auto del 1º de abril de 2013 las redujo al contesto del artículo 607, de solo ocho (8) días de despacho para promover y evacuar, cuando el articulo 395 eiusdem concede quince (15) días de despacho para promoverlas y el articulo 400 ibídem treinta (30) días de despacho para su evacuación. Además por los artículos 397 y 398 tres (3) días de despacho para oponerse las partes a las pruebas y otros tres (3) días de despacho para que el Juez resuelva sobre su admisión. Es decir, un total de cincuenta y un (51) días de despacho. Ni hablar de la “supresión del acto de informes, observaciones escritas” y otras actuaciones esenciales del proceso.
Es decir, se pretende reducir el procedimiento en materia de pruebas del juicio ordinario como corresponde de cincuenta y un (51) días de despacho a un efímero lapso de ocho (8) días de despacho, lo cual resulta ilegal, ridículo y flagrante violación del derecho a la defensa y el debido proceso previstos en el artículo 49 de la Constitución.
Reiterado es el criterio de la Sala de Casación Civil que no puede el Juez ni las partes subvertir los lapsos del proceso. Además de lo ya advertido acerca de la prohibición de acumular acciones que sean incompatibles, articulo 78 del Código de Procedimiento Civil.
En sentencia Nº 282 del 24 de abril de 2016 de la Sala Constitucional señalo al respecto:
(…)
Por las razones expuestas, por inclusive tratarse de una situación que afecta el orden público como lo señala la Sala Constitucional en el fallo antes citado, este Tribunal Superior debe declarar inadmisible la petición de AVÍCOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012 y anular todas las actuaciones realizadas en el presente cuaderno y/o pieza de incidencia Nº 2 ante las irregularidades e ilegalidades cometidas por el entonces Juez Accidental y AVÍCOLA ZARATE, C.A. y denunciadas por AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., desde el 24 de enero de 2013. Más de nueve (9) años atrás, pues la presente causa exclusivamente versa sobre una solicitud de atraso y nada más. Siendo que la petición de revocatoria de lo actuado incluye, por supuesto, la irrita sentencia del 8 de agosto de 2019 que habría declarado procedente lo peticionado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012.
Sobre el fallo del 8 de agosto de 2019 además señalamos lo siguiente:
Como hemos indicado, desde un punto de vista estrictamente formal lo primero que llama la atención es la apertura, sin ninguna justificación legal, en un cuaderno o pieza de incidencia Nº 2, para conocer de la solicitud de indemnización formulada por AVÍCOLA ZARATE, C.A. pero ahora separada del expediente principal.
En la sentencia del 8 de agosto de 2019 como tal, el Juez accidental con base a sus decisiones del 18 de diciembre de 2012 y 1º de abril de 2013, ambas igualmente deben ser anuladas, ratifico su competencia y decidió que por razones de continencia el podía resolver en el estado de atraso igualmente la reclamación por daños y perjuicios presentada. De seguidas sobre el tema de las notificaciones indica:
(…)
De la extensa cita del fallo recurrido pero necesaria estimamos, se ratifica que el Juez accidental no acato lo resuelto por la alzada en su sentencia del 6 de octubre de 2015, que está definitivamente firme con fuerza de cosa juzgada, cuando ordeno expresamente notificar del auto del 18 de diciembre de 2012 a ASOPORTUGUESA e INVERSIONES AGRÍCOLA 2006, C.A. para que tuviesen conocimiento de lo actuado. Sentencia contra la cual como ya indicamos se desprende de autos que AVÍCOLA ZARATE, C.A. anuncio recurso de casación y que no formalizo por lo cual se declaró perecido. De alii que el Tribunal de la causa a todo evento estaba obligado desde el año 2015 a notificar a las partes para la reanudación del juicio por provenir esa resolución de un Juez Superior de mayor jerarquía y con fuerza de cosa juzgada. Cabe señalar la alzada en ese momento prefirió cumplir con el requisito de notificar a los terceros ya indicados, previo a que se resolviera el fondo de lo solicitado en el escrito del 22 de noviembre de 2012. Siendo congruente el Juzgado Superior en su razonamiento, de permitir primero conocer a ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. de la reclamación por AVÍCOLA ZARATE, C.A. para que luego el entonces Juez Accidental procediera a determinar si era procedente. Como en definitiva lo hizo erróneamente en el fallo apelado. Pero se ratifica no cumplió con el punto de forma ya igualmente comentado.
Aun cuando el argumento que antecede es solo para el supuesto negado que se desestimen las defensas ya mencionadas en capítulos precedentes, ya que por efecto del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil jamás el Juez accidental debió dar curso a lo peticionado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. de exigir una indemnización por daños y perjuicios, referimos que aun si el entonces Tribunal Accidental hubiese estimado que era procedente dar curso a la ilegal petición de AVÍCOLA ZARATE, C.A. que dio origen a sus autos del 18 de diciembre de 2012 y del 13 de abril de 2013, por lo resuelto por el Tribunal Superior en su fallo del 6 de octubre de 2015 previo a cualquier otra actuación debía dar cumplimiento a lo allí resuelto y notificar a ASOPORTUGUESA y a INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. de lo peticionado por AVÍCOLA ZARATE, C.A.
El Juzgado Accidental en su irrita decisión recurrida, al analizar el en teoría punto de fondo, considero que los beneficiarios de la dación en pago tomaron posesión de la planta (página 57 de la sentencia y folio 58 del expediente). Entonces si es así se pagó el precio y tomando sus propios argumentos, en el supuesto negado que fueran desestimadas las defensas anteriores, por lo indicado en el Código Civil hubo traspaso de la cosa y mal podría reclamar AVÍCOLA ZARATE, C.A. por los presuntos daños y perjuicios por algo que no era suyo y que por cierto se observa el terreno sobre el cual está construida la planta es propiedad de Giuseppe Loconte, persona distinta a AVÍCOLA ZARATE, C.A.
Asimismo se observa, a la página 59 de la sentencia recurrida, que en una forma totalmente inmotivada el Juez accidental considero que AVÍCOLA ZARATE, C.A. a quien por cierto denomino la demandante y lo cual patentiza la ilegalidad de todo lo actuado, pues en el procedimiento de atraso no hay parte demandante ni parte demandada, demostró a su decir los daños y perjuicios reclamados pero sin aportar ninguna razón de hecho en ese sentido. La afirmación del a quo antes referida es una mera petición de principio como la Sala de Casación Civil ha expresado, en el sentido que el Juez se limita a afirmar algo pero sin aportar las razones y/o fundamentos que justifican esa afirmación previa. No haciendo el Juez la concatenación necesaria entre las pruebas de autos y los alegatos de las partes.
Sobre la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de mayo de 2001 que cita el Juez accidental en su apoyo, pese a la cita recortada que se hace, si se revisa completa se desprende está referida en realidad a una decisión sobre una cuestión previa por defecto de forma del libelo y opuesta en un juicio ordinario y cuáles son los requisitos que este debe tener cuando se reclaman daños y perjuicios.
VI
La sentencia del 8 de agosto de 2019 es igualmente contraria a derecho por lo siguiente.
Como AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., ha expuesto también desde el año 2013, todo lo actuado en la presente pieza y/o cuaderno de incidencia Nº 2 debe ser revocado con fundamento en lo previsto por los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por cuanto se vulneran y transgreden normas de orden público, específicamente normas de orden público laboral, y le está dado a este Tribunal Superior garantizar la tutela judicial efectiva, haciendo del proceso un instrumento para alcanzar la justicia sin dilaciones, formalismos no esenciales o reposiciones inútiles.
Como ha sido indicado el procedimiento principal versa sobe un estado de atraso solicitado por AVÍCOLA ZARATE, .C.A. Consta a los autos que dentro de su masa de acreedores se encuentra un importante número de trabajadores quienes tienen más de veinte (20) años esperando por el pago de sus prestaciones sociales.
A todo evento, de seguidas se ratifica lo expuesto por nuestra representada desde su escrito de informes ante la alzada en el año 2013, en el sentido que en el año 2012 entro en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras la cual implico un cambio sustancial a las relaciones de trabajo y demás instituciones que ella regula con relación a la ley del año 1990 y su reforma parcial del año 1997.
Esta Ley, por su carácter de orgánica y además por ser posterior, prima en la materia sobre el Código de Comercio.
El artículo 2 de esta Ley establece textualmente: (…)
Precisamente, una de las nuevas disposiciones, no contenida en ninguna de las leyes laborales de nuestro país, las cuales existen desde el año 1928, está contenida en el artículo 150, que nos permitimos transcribir:
(…)
La norma transcrita implica un cambio total y radical en la forma como hasta el 7 de mayo de 2012 se regulaban las acreencias de los trabajadores contra los comerciantes en estado de atraso o quiebra, quienes a pesar de conservar los privilegios quedaban sujetos al resultado de la liquidación, bien a través del atraso o de la quiebra.
De acuerdo con el nuevo sistema derivado de la entonces novísima legislación laboral los trabajadores se constituyen en un tipo de acreedor distinto a los demás acreedores. Ya no solo son acreedores privilegiados, incluso con prioridad sobre los hipotecarios, sino que no están sujetos a la universalidad de los procedimientos concursales. De acuerdo con la disposición legal no es posible llevar o tramitar ni el atraso ni la quiebra hasta que no se hayan satisfecho los créditos laborales.
Crea el artículo 150 ya citado un requisito previo a los juicios de atraso y quiebra, es decir, el pago de los créditos laborales.
Evidentemente que cuando se inició el presente juicio dicha norma no estaba en vigencia pero al no haber concluido este estado de atraso; no existir obligaciones comerciales por parte de AVÍCOLA ZARATE, C.A.; no estar pagadas las prestaciones sociales de los trabajadores, hecho este indiscutible pues ha sido reconocido por el propio a quo y AVÍCOLA ZARATE, C.A., cuando la Ley entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial y en consecuencia el articulo 150 está vigente el a quo en modo alguno pudo haberse pronunciado en fecha 18 de diciembre de 2012 ni sobre la prórroga del estado de atraso ni mucho menos sobre la apertura de una incidencia dentro de ese procedimiento, pues lo que ha debido haber hecho es suspender el mismo hasta tanto se constate, en autos, el pago de las acreencias laborales sobre las cuales incluso perdió competencia.
Actuar de otra forma implicaría subvertir el nuevo orden en materia de prestaciones sociales y procedimientos concursales, siendo total y absolutamente nulas todas y cada una de las actuaciones distintas al cese o suspensión del procedimiento hasta tanto se constate el pago de las acreencias laborales, ya que de otro modo se estaría en franca violación del contenido del artículo 150 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, el cual tiene carácter orgánico, es decir, de orden público y por tanto priva sobre las disposiciones contenidas en el Código de Comercio.
En razón de tales argumentaciones es por lo que, como quedo dicho, de conformidad con lo previsto por los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como quiera que se ha transgredido el orden público laboral a todo evento se suspenda el estado de atraso hasta tanto no consten en los autos haberse satisfecho los créditos laborales.
Todo lo que antecede fue soslayado por el entonces Juzgado Accidental en su fallo del 8 de agosto de 2019, cuando solo indico que eso sería competencia del Juez Laboral, cuando el articulo 150 está dirigido al Juez Mercantil, quien es exclusivamente quien conoce el estado de atraso, y por ende, se le ordena suspenderlo hasta que consten en autos las actuaciones de las jurisdicción laboral que acrediten el pago de los conceptos laborales a los trabajadores, como acreedores privilegiados.
El a quo luego de señalar que han quedado resueltas las incidencias ocurridas, asi las denomina, expresa que “mediante la demanda por daños planteada en forma incidental…” figura esta única estimamos dentro de las regulaciones del vigente Código de Procedimiento Civil, por efecto de la “competencia atrayente y de variación en la naturaleza del procedimiento mercantil especial de Atraso Judicial, al proceso civil”. Es decir, que de esa cita se admite, sin reparos de ninguna especie y como se ha venido sosteniendo, que el a quo asimila erróneamente que lo peticionado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012 es una demanda por daños, solo que es planteada de forma incidental y de allí la necesidad, por lo igualmente expuesto, de crear como un supuesto ente legislativo un procedimiento que se amolde a esa creación hecha por el a quo con base a una falsa aplicación, por una errónea interpretación, del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en abierta violación de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 49 de la Carta Magna a favor de nuestra representada, ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. (página 61 de la sentencia).
En el punto atinente a la necesidad de haber aplicado el artículo 150 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el a quo señala que pese a lo allí señalado el Juez Mercantil no pierde su competencia. Sobre este punto y como ya se argumentó, no se discutió nunca la competencia del Juzgado de Primera Instancia de conocer el procedimiento de atraso presentado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. Pero si se alegó y el a quo no quiso reparar en ese punto, que el procedimiento de atraso su trámite se suspende hasta tanto la solicitante, que es AVÍCOLA ZARATE C.A. demuestre que ha cumplido con el pago de sus obligaciones laborales. Lo cual no ha hecho desde hace más de veinte (20) años. No se pretende que el Juez laborar resuelva la pertinencia del estado de atraso, pero sí que vele por el cumplimiento de esos pasivos y es la razón por la cual en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se añadió el artículo 150, para señalar al Juez Mercantil que no podrá actuar y/o tramitar dicho procedimiento, hasta que haya concluido el pago de las acreencias laborales de los trabajadores. Razón por la cual AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., ha venido sosteniendo que luego del 7 de mayo de 2012, cuando entro en vigencia el artículo 150, el juez del Tribunal Accidental debió abstenerse de seguir con la sustanciación del trámite del procedimiento de atraso. Sin que se le quite su competencia para ello como erróneamente sostiene el a quo en su fallo del 8 de agosto de 2019. Y no se trató únicamente de ceder el pago de las acreencias laborales al Juez del Trabajo, como igualmente asienta el fallo en cuestión, cuando señala que cede (Juez Mercantil) el pago de las acreencias laborales. Sino que se suspende, como inequívocamente lo señala el artículo 150, toda actuación, tramite o procedimiento en estado de atraso, hasta tanto conste el pago de los pasivos laborales.
VII
Por último, el Tribunal a quo en su fallo del 8 de agosto de 2019 (páginas 74 y 75) expresa que las “co-demandadas” ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., es decir, el a quo persiste en la novedosa figura de una demanda incidental, no promovieron pruebas por lo cual nada habría que señalar al respecto. La afirmación ratifica, una vez más, el desacato del Juez accidental de primera instancia al mandato contenido en la sentencia de este Juzgado Superior del 6 de octubre de 2015 y ya referida.
Cuando la alzada ordeno reponer la causa y anular todo lo actuado, dentro del irrito proceso aperturado, lo fue para notificar a ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., del contenido del escrito por AVÍCOLA ZARATE, C.A. el 22 de noviembre de 2012. Entonces, si jamás el Tribunal accidental de primera instancia procedió a notificar a esos terceros de lo actuado es absurda la afirmación que los mismos no promovieron pruebas. Pues como podían hacerlo si INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A. no actúa en el expediente hasta el año 2009 y en el caso de ASOPORTUGUESA su primera actuación luego de ese mismo año fue el 9 de enero de 2020, cuando apelo oportunamente de la sentencia del 8 de agosto de 2019, y como este Tribunal lo expreso en su sentencia del 25 de noviembre de 2020 cuando declaro con lugar los recursos de hecho interpuestos por nuestra representada y por ASOPORTUGUESA
VIII
En resumen, esta alzada debe anular el fallo del 8 de agosto de 2019 por cuanto es nulo todo lo actuado en esta pieza de incidencia Nº 2 desde lo peticionado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012 en adelante. En efecto, como ya ha sostenido y se ratifica, en el caso de autos se ha violado el artículo 49 de la Constitución, al haberse infringido las garantías del derecho a la defensa y a un debido proceso de AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L.; el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil al haberse permitido y dar curso a una inepta acumulación de acciones, por cuanto el estado de atraso es de jurisdicción voluntaria y lo solicitado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. es una demanda que se corresponde al juicio ordinario y contencioso. Siendo que los Jueces, en ningún caso, pueden subvertir los lapsos del proceso establecidos en el Código de Procedimiento Civil. En efecto, aun en el supuesto negado que se admitiera la presentación del escrito del 22 de noviembre de 2012 y darle el mero trámite a lo allí señalado, es lo cierto que el Juez de la causa invento y creo un procedimiento totalmente inédito, sin ningún tipo de basamento legal, por lo cual como ya se expresó todo lo actuado con la pieza incidental Nº 2 es nulo.
Asimismo, como si no fueran suficientes los vicios ya señalados, violación de garantías constitucionales e inepta acumulación de acciones, en todo caso otra vez nos encontramos con que el juez a quo y contrario a lo mencionado por él, a todo evento jamás acato lo resuelto en la sentencia de este Juzgado Superior del 6 de octubre de 2015, que está definitivamente firme y con fuerza de cosa juzgada, en el sentido que, previo a considerar el fondo del asunto en el escrito del 22 de noviembre de 2012 por AVÍCOLA ZARATE, C.A. tenia primero que notificar a ASOPORTUGUESA y a INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A. para que tuvieran conocimiento de este escrito y lo cual no hizo.
Por último, que el Juez de la causa no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en el sentido que a partir del 8 de mayo de 2012 y hasta tanto no conste a los autos el cumplimiento por AVÍCOLA ZARATE, C.A. de sus obligaciones laborales, no podía el Tribunal Accidental, como lo hizo, sustanciar y dar curso a las actuaciones en el procedimiento de atraso. Siendo el ciudadano Juez de la causa igualmente responsable que los trabajadores de AVÍCOLA ZARATE, C.A. aun no hayan cobrado sus acreencias y, por el contrario, se insiste ha permitido que el referido estado de atraso, en nuestro criterio inexistente, haya sido ilegalmente sustanciado por más de veinte (20) años luego de que entro en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
IX
Por las razones antes expuestas, pedimos a la ciudadana Juez Superior que declare inadmisible la petición de AVÍCOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012 y anule todas las actuaciones llevadas a cabo en la presente pieza o cuaderno de incidencia Nº 2, desde el inicio de actuaciones que dieron su origen como son a partir del escrito de AVÍCOLA ZARATE C.A. ya citado y en especial de la sentencia interlocutoria del 18 de diciembre de 2012, el auto del 1º de abril de 2013 y la sentencia, así dice, del 8 de agosto de 2019.
Corre inserto a los folios 259 al 277 y sus vueltos, de fecha 17 de mayo de 2022, Escrito de Informes presentado por el abogado GIANLUCA FARINA ABOCCO, apoderado judicial de AVÍCOLA ZARATE, C.A.
Cito:
“(…)
Nosotros en su debido momento, después de la referida denuncia de noviembre hecha por el ciudadano NELSON HOMERO LOZADA, quien como miembro de la Comisión de Vigilancia del Estado de Atraso que cursaba en el Juzgado A quo, delato el abandono de la custodia de la Planta de Beneficiado de Aves (Matadero), por parte del aquí recurrente, lo cual motivo al Tribunal A quo, que se acordara una Inspección Ocular, la cual se efectuó el 14 de noviembre de 2008, por lo que respecto a ese hecho, en el presente Expediente Nº 1725, se mantiene constancia escrita y fotográfica en la cual se evidencia el total abandono, ausencia de personal alguno de Vigilancia o representantes de los referidos aquí recurrentes y quedando todo expuesto al HURTO, DAÑOS MALICIOSOS, DESVALIJAMIENTO y DETERIORO, el Juzgado A quo, por medio de nuestro impulso y de los miembros de la comisión, realizo varios llamados y convocatorias a los aquí recurrentes a fin de que explicaran lo sucedido, pero fue infructuoso, esto motivo nuestra posición en solicitar una apertura de Incidencia, como mecanismo legítimamente valido.
La antes referida solicitud de apertura de Incidencia, como mecanismo legítimo que poseía esta Representación ante lo acaecido, se fundamentó entre otras cosas, que el abandono del inmueble, realizado por los aquí hoy recurrentes, NO era la forma propia y debida de haber resuelto el contrato de dación en pago, sometido a condición suspensiva, que manteníamos las partes debidamente homologado por el referido Juzgado A quo;
Y es nuestro deber, en este punto, ser muy explícitos y diáfanos posible, con esta Superioridad a su digno cargo, por lo que procedemos a demostrar GRÁFICAMENTE, lo sucedido, el tamaño del Daño Infligido por los recurrentes, insertando en este escrito, algunas capturas fotográficas de las páginas y sus fotografías que reposan en este expediente Nº 1725, pieza número diez (10) o (X). En el avalúo consignado desde la página ciento ocho (108) en adelante, por quien fuera la PERITO AVALUADO, ciudadana JOSEFINA SORIANO DE NAVA, designada por el Juzgado A quo, las mismas son soporte grafico de avalúo (nunca impugnado por los recurrentes) constante en autos, de las condiciones que se encontraba el Inmueble dado en pago en forma condicionada a los aquí recurrentes, se denotan todas sus instalaciones y áreas plenamente existentes y funcionales a continuación:
(…)
REPRESENTACIÓN GRAFICA (MATERIAL FOTOGRÁFICO CON LEYENDA).
Estimada Señoría, de las graficas o fotografías insertas ut supra, y contrastadas entre ellas, en el entendido del primer grupo producidas en el Avalúo referido en el año 2004 y el segundo grupo producidas por la Sindicatura en el año 2015, se denota y evidencia de manera indubitada y dramática, los inconmensurables daños infligidos por el Abandono Irresponsable y por demás inconsulto con el Juzgado A quo, por parte de los aquí recurrentes, de la Planta de Beneficiado de Aves.
Es decir, su Señoría, todo venia transcurriendo correctamente desde el año 2002 proseguíamos a cabalidad con las liquidaciones amistosas que llevaba la empresa, incluyendo los arreglos o dación de pago condicionada a favor, entre otros, de los recurrentes. Lo que si es cierto, es que las liquidaciones amistosas a partir del 2008, se vieron mermadas y paralizadas, es decir, desde el momento que la aquí Recurrente Empresa Asoportuguesa conjuntamente con las Sociedades Mercantiles: “Agribrands Purina Venezuela, S.R.L”, y “Agropecuaria 2006, C.A.”, beneficiarias de la Dación de pago condicionada, abandonaron y dejaron al robo y daño el bien que debían custodiar, que se puede evidenciar en las referidas graficas ut supra, estas demuestran la génesis y el motivo de la solicitud que hiciera mi representada, conjuntamente con la tempestiva adhesión de Extrabajadores y Miembros de la Comisión de Vigilancia del Atraso, exigiéndole al Juzgado A quo, a fin que se iniciara un procedimiento incidental en el proceso de Atraso Judicial llevado, dado que era el referido Juzgado A quo, quien teniendo toda la competencia en la materia, así como la facultad, jurisdicción y cognición, así como, en salvaguarda de los intereses difusos y colectivos que estaban presentes, procediera sin más dilación a admitir la referida solicitud y por ende ordenara la apertura como en efecto si lo hizo, después de una exhaustiva revisión y de todos los fundamentos de hecho y de derecho que nos asistían a todos los integrantes del Proceso de Atraso.
-De la Competencia del Juzgado A quo, en la apertura de la incidencia, por lesiones patrimoniales sobrevenidas a un Estado de Atraso Judicial, es nuestro deber denotar lo seguido:
El tema de la competencia del Juzgado A quo, para la apertura del lapso incidental, así como para decidir la lesión por daño patrimonial, es decir, conocer, sustanciar y decidir, que han querido desvirtuar los aquí recurrentes, ha sido amplia y legítimamente validada jurisprudencialmente en los múltiples procesos de Atraso Judicial debatidos en Juzgados de Primera Instancia Mercantil, en los cuales se ventilaban procesos concursales que en algún momento del proceso le sobrevenían situaciones incidentales y han sustanciado lo requerido y han sido ratificadas sus decisiones por Juzgados Superiores Mercantiles en nuestro país, así como los fundamentos de hecho y derecho, constitucionales, leyes adjetivas y sustantivas, evaluadas, valoradas, debatidas, por esta representación y a su vez por la decisión proferida por el Juzgado A quo, han sido plasmadas pertinentemente, tanto en nuestra solicitud de Apertura de Incidencia, así como en la Decisión aquí en objeto, todo se encuentra debidamente inserto en autos de las veintidós piezas del presente expediente 1725 y plenamente evidenciable por esta Superioridad. Por lo que el Juzgado A quo, además es plenamente competente, por continencia en la materia, debido a que la incidencia planteada por nuestra representada, a la cual se adhirieron integrantes de las Comisiones y de la masa de Acreedores y ex trabajadores, constituida por una demanda por daños a su patrimonio producto del incumplimiento de un contrato suscrito dentro del mismo proceso de liquidación amigable, constituye la causa contenida.
No menos importante, asimismo es el orden competencial por conexión y continencia, nuestro Código de Comercio vigente, en su Libro Tercero, que trata de los Atrasos y Quiebras, Título I, De los Atrasos y de la Liquidación Amigable, prevé en su Artículo 923:
(…)
Su Señoría, los recurrentes, para cuestionar o impugnar la competencia debieron haber solicitado la regulación de la Competencia, prevista en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, que reza:
(…)
-De las pruebas evacuadas en la Incidencia, su plena validación procesal y su respectiva condenatoria:
Quedo irrefutable y legítimamente demostrado que los daños ocasionados por los aquí Recurrentes y otros, consisten entre otros, en el abandono físico y falta de custodia y vigilancia del inmueble, bienes muebles e infraestructura total e incumplimiento del contrato de dación en pago condicionado, cuyo objeto lo comprende la infraestructura que sirve a la Planta de Beneficiado o Matadero Industrial de Aves, propiedad de nuestros mandantes: AVÍCOLA ZARATE, C.A., (AVIZARCA) y del ciudadano GIUSEPPE LOCONTE CASTELLANETA, ubicado en la vía que conduce al Caserío Mamon-Mijao, derivación de la carretera La Victoria-Zuata, a la altura del Km. 8, en el Estado Aragua, que, en contraste con el contenido del contrato de dación de pago condicionado, sustentado para el momento de su otorgamiento, en el informe de avalúo de valor equitativo de mercado e inventario realizado por “Best Valuation Activities, C.A.” al 7 de diciembre de 2004, en el cual se puede constatar el estado original del inmueble y todas las características, cualidades estructurales y técnicas del inmueble, sus accesorios, y el estado actual de dichos bienes muebles e inmuebles, se evidencia en forma indubitable serios daños al inmueble y demás bienes que conforman toda la infraestructura que servía a la Planta de Beneficiado o Matadero Industrial de Aves, maquinarias y equipos; destrucción total de dicha planta; todas las maquinarias y equipos industriales desvalijados y desaparecidos; instalaciones totalmente deterioradas y destruidas incluyendo paredes, techos, accesorios y galpones industriales, todo desmantelado y dañado; toda la infraestructura se encuentra en estado de ruina y abandono total, en evidente violación a lo establecido en el contrato de Dación de Pago condicionado y en el Contrato de Promesa de Venta o Recompra, instrumentos complementarios y vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos denunciados, todo derivado y ocurrido dentro del procedimiento de Atraso Judicial durante el lapso para la liquidación amigable.-
En consecuencia se declaró con lugar la demanda, se condenó a los recurrentes, las sociedades mercantiles demandadas 1) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA) RIF J-08506918-6, domiciliada en Araure, Estado Portuguesa, 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., RIF J-00030395-9 sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Caracas, 3) INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORÍA COMERCIAL, C.A; RIF: J304800894 y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A) en la persona de sus respectivos representantes legales, administradores o responsables, todas plenamente identificadas en el cuerpo de la referida decisión, a REPARAR, CONSTRUIR y REPONER, al mismo estado físico, material y de operatividad, en el que se les entrego cuando tomaron posesión de los bienes. POR SU CUENTA, A SU COSTO y A SU RIESGO, todo lo descrito en el cuerpo de la Sentencia proferida en el A quo, entre otras condenatorias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA DECLARAR SIN LUGAR LA PRESENTE APELACIÓN
Con todo lo antes expuesto queda evidenciado que:
1. Ha quedado plenamente comprobado No hay en todo el procedimiento incidental, error inexcusable alguno o incongruencias en los actos del Juzgado A quo.
2. Ha quedado legítimamente convalidado, la pertinente competencia y continencia del Juzgado A quo, para sustanciar y decidir la incidencia.
3. Han quedado irrefutablemente demostrados los Daños causados al patrimonio de la masa de Acreedores y a nuestra representada y efectivamente declarados culpables los aquí recurrentes entre otros.
4. Ha quedado evidenciado que nuestra representada venia cumpliendo a cabalidad con la liquidación amigable desde el año 2002, que se vio gravemente interrumpida por los daños cometidos por los aquí recurrentes y otros a partir del año 2008, y que actualmente llevamos veinte (20) años de iniciado este proceso, y desde que fueron ejecutados los daños por los recurrentes en el año 2008, llevamos catorce (14) años exigiéndoles a los recurrentes que procedan a reparar lo causado, a comportarse debidamente como buen padre de familia, que pudieron habernos ahorrado tantas vicisitudes, pero a pesar de haber sido legalmente condenados a repararnos el daño, siguen insistiendo como es este caso y con múltiples e infundadas acciones, buscando dilatar y de modo subversivo truncar la justicia.
5. en otro orden de ideas, ha sido beneficiada la pertinencia de la apertura de la INCIDENCIA y su Sentencia Definitivamente firme por el Tribunal A quo, la misma hizo que existiera un DEBIDO control por las partes, ya que lo contrario hubiera sido decidir con arreglo a la sola petición de los afectados, pero ante la ampliamente demostrada incidencia por daños surgida en este procedimiento concursal, en aras de garantizar una efectiva tutela judicial y un debido proceso, los agentes del DAÑO o LESIÓN, aquí Recurrentes, fueron formalmente y legítimamente notificados, ejercieron el derecho a la defensa o contradicción y así se continuo el tramite incidental, legítimo y ampliamente soportado y es en virtud de lo antes expuesto que las lesiones sufridas por la masa de acreedores y nuestra representada fueron legitima y debidamente corregidas por el Juzgado A quo.
PETITORIO
Por todos los razonamientos expuestos y en base a los fundamentos de hecho y de derecho explanados en el presente escrito, es por lo que solicitamos a este Honorable Tribunal, declare sin lugar la presente Apelación y ratifique en todas y cada una de sus partes la Sentencia proferida por el Juzgado A quo en fecha 8 de agosto de 2019…”.


Corre inserto a los folios 280 al 291, de fecha 31 de mayo de 2022, Escrito de Observaciones a los Informes, presentado por al abogado EUSTOQUIO ALEXANDER MARTÍNEZ VARGAS, apoderado judicial de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA), en los términos siguientes:
Cito:
“(…)
CAPITULO I
Aduce la representante judicial de la informante, esta es, la sociedad mercantil AVÍCOLA ZARATE, C.A., en el titulo denominado antecedentes de hechos relevantes: PRIMERO (1ro), De la Materia: “…que el proceso de atraso judicial es un proceso sumamente colectivo, dado que prevalece sobre la acción singular del acreedor, pues tiende a regular todo un mecanismo judicial de una solicitud hecha por un comerciante, , para atender una masa de acreedores en todos los grados e instancias del proceso incluso en las situaciones sobrevenidas…”
Nada más alejado de la normativa legal que regula la institución del atraso judicial en Venezuela. Pretende la representación judicial que por cuanto “la demanda incidental” de daños y perjuicios instaurada por AVÍCOLA ZARATE, C.A., sustanciada y decidida bajo el procedimiento incidental del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil deviene de un convenio de dación en pago dentro del procedimiento de atraso, es una situación sobrevenida que la hace ilegitima como presupuesto procesal para obtener una valida sentencia condenatoria dentro de un procedimiento gracioso o de jurisdicción voluntaria que es algo que le da cauce al atraso judicial.
Incluso en la página 34 del escrito de informes, llegan aviesamente a querer confundir a esta honorable Alzada, dique por razones de competencia por conexión y continencia nuestro Código de Comercio vigente, en su Libro Tercero, que trata de los Atrasos y Quiebras, Titulo I. De los Atrasos y de la Liquidación Amigable, acudir al ordinal 2ºdel artículo 923. Cuando es bien sabido que por hermenéutica jurídica según la estructura del Código de marras, la citada norma adjetiva se encuentra ubicada en el Libro Tercero del título II, referido a las Quiebras de Mayor Cuantía.
Adviértase que, la mencionada disposición del Código de Comercio regula la regla atributiva de competencia solo en materia de Quiebra y no de Atraso, sobre todo cuando la quiebra reviste carácter criminal, en cuyo caso la competencia le corresponde al Juez Penal que conociere de los hechos configurativos de la quiebra culpable o de la quiebra fraudulenta, siendo en definitiva a quien le compete calificar la quiebra como delito.
CAPITULO II
Seguidamente, los informantes de AVÍCOLA ZARATE, C.A., dentro del título denominado antecedentes de hechos relevantes: SEGUNDO (2do.), De los Mecanismos de Notificación Procesal en materia Concursal y TERCERO (3ro.), se pasean a lo largo de aproximadamente seis (6) paginas para citar un solo supuesto legal de notificación en el atraso judicial –vid. Art. 900 del Cód. de Com.
Empero en mayor medida impertinentemente citando variadas hipótesis legales que apareja nuestro Código de Comercio sobre notificaciones en asuntos de Quiebra, con el desesperado y angustioso fin de validar los innumerables episodios de afectación por parte del A quo al derecho a la defensa y al debido proceso que garantizan tanto el Texto Fundamental como la Ley Adjetiva Civil a todo justiciable como derecho constitucional a contradecir en juicio y a no ser condenado sin ser oído previa notificación legal, muy específicamente ocurridos durante todo el iter que atañe al procedimiento incidental que por daños y perjuicios admitió el de la recurrida y que se interpuso entre otras, contra mi representada ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA), en lo denominada ASOPORTUGUESA.
Cabe destacar además que, los informantes haciendo gala de artilugios jurídicos, al citar los supuestos de notificaciones previstos en los artículos 959, 1001, 1010 y 1065 del Código de Comercio, pretenden hacer ver a esta Honorable Superioridad que se trata de notificaciones en materia de procedimiento concursal referido a la especie de atraso judicial, pero con la velada intención de obviar que se refieren únicamente a hipótesis legales de quiebra, vale decir, como una manera de simular aplicable al procedimiento de atraso judicial y a su vez, como una forma de disimular que efectivamente tienen aplicación en el procedimiento de quiebra.
Apréciese que la mayoría de todos esos supuestos legales de notificaciones por la prensa que argumentan los informantes haber válidamente practicado el A quo se refieren entre otros sujetos, a los acreedores en una hipótesis de atraso y los demás a los supuestos de quiebra, salvo que olvidan ex profesamente los informantes que todas y cada una de las delaciones son irregularidades cometidas por el Tribunal de la Primera Instancia en cuanto a las notificaciones ya no de las acreedoras, sino de las codemandadas, las sociedades mercantiles AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, C.A., e INVERSORA AGRÍCOLA 2006 C.A., y la Asociación Civil ASOPORTUGUESA se cometieron el procedimiento incidental que indebidamente se abrió para sustanciar y decidir la “demanda incidental” de daños y perjuicios contra las mencionadas codemandadas y no en el proceso de atraso.
Razón por demás justificada del porque mi representada ASOPORTUGUESA como la demandada INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., cesionaria de INVERSIONES GRIALCA ASESORÍA COMERCIAL, C.A. Y AGROPECUARIA GRIALMAR C.A, no dieron oportuna contestación a dicha “demanda incidental” y menos pudieron promover y tener acceso a pruebas, y mucho menos poder recurrir de la sentencia condenatoria de fecha 18 de diciembre de 2012, mediante la cual el de la recurrida ilegalmente ordeno la apertura de una incidencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para así darle cauce a trámite a la “demanda incidental” por daños y lesión patrimonial promovida por la empresa atrasada y demandante AVÍCOLA ZARATE, C.A.
Ciertamente que hemos denunciado la violación del derecho a la defensa a las codemandadas INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., y ASOPORTUGUESA, a quienes por mandato jurisdiccional del Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en fallo de fecha 6 de octubre de 2015, le ordeno al A quo sin aun acatar y cumplir la reposición y notificación de ellas por boletas, en los términos siguientes:
“…y a los fines de garantizar el debido proceso y una tutela judicial efectiva es forzoso para quien aquí decide declarar la reposición de la causa al estado en que se notifique a los acreedores mediante boleta tal cual lo ordenado en el auto apelado, y con la finalidad de garantizar el principio de celeridad y por cuanto Agribrands Purina consta en autos que se encuentra notificada del auto apelado es por lo que considera quien aquí decide que existe una notificación tacita como consecuencia de lo expuesto, se ordena notificar a las otras dos empresas, vale decir, Asoportuguesa, Grialca y Grialmar, suficientemente identificadas en autos, del auto apelado de fecha 18 de diciembre de 2012…”.
CAPITULO III
Con relación al particular TERCERO (3ro.) y CUARTO (4to.), donde los apoderados de la empresa AVÍCOLA ZARATE, C.A., insistiendo en la legitimidad de las notificaciones por carteles que se practicaron en el procedimiento de atraso, alegando que las acreedoras recurrentes siempre han estado derecho y han actuado en la referida solicitud de atraso desde que se conformaron dentro de la junta de acreedores desde el año 2002, se les han brindado las garantías jurídicas, incluso que han convalidado en algunos actos dentro de ese procedimiento de la liquidación amigable y en la notificación cartelaria del nuevo abocamiento en el tribunal de la causa, olvidan que esas notificaciones ciertamente ocurrieron en ese procedimiento de atraso mucho antes de la demanda de daños y perjuicios, para lo cual el Código de Comercio efectivamente lo dispone, pero que en modo alguno no resulta aplicable para un procedimiento contencioso como el instaurado por daños y perjuicios contra nuestra representada ASOPORTUGUESA y contra las firmas mercantiles AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., denominada como “demanda incidental”, por el A quo en sede accidental.
No en balde, Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en decisión firme de fecha 6 de octubre de 2015, le ordeno al A quo aun sin acatar y sin cumplir la reposición y la notificación por boletas de las codemandadas INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., y ASOPORTUGUESA, siendo que esta última codemandada se dio siempre por notificada de los dos abocamientos de las últimas dos juezas provisorias a través de sendas diligencias suscritas por nuestra representación judicial y no por vía cartelaria.
Mucho menos resulta aplicable la notificación por carteles si la codemandada AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., había constituido como en efecto así lo hizo en la oportunidad de presentar sus informes por ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede esta ciudad de Maracay, en el marco de la apelación propuesta en fecha 12 de abril de 2013, dictado por el Juzgado Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, fijando en autos domicilio procesal, siendo allí donde debía de notificársele de la decisión dictada fuera del lapso como lo fue la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva pronunciada en fecha 8 de agosto de 2019.
CAPITULO IV
En lo atinente al particular CUARTO (4to.), falazmente se afirma que las recurrentes han ocultado información fundamental a esta Superioridad en el contexto del recurso de hecho declarado con lugar por esta Alzada, siendo que faltando a la verdad aseguran que las recurrentes han dado contestación a la demanda de daños y lesión patrimonial, cuando en realidad la única que pudo contradecir y acceder a las pruebas que limitada y restringidamente le “permitió” este espurio procedimiento incidental fue la codemandada AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., quien en todo momento denuncio la ilegalidad de haberse abierto esta incidencia del Articulo 607 del Código de Procedimiento Civil, sin renunciar a su legítimo reclamo por la vigencia y respeto a su derecho a la defensa.
CAPITULO V
En atención al particular QUINTO (5to.) del escrito de informes denominado por la empresa AVÍCOLA ZARATE, C.A., como de los daños colaterales sufridos por ella, es preciso acotar que esta, dada su manifiesta incumbencia probatoria no logro probar ni la ocurrencia ni la existencia de esos daños colaterales invocados.
Como se podrá observar del texto del propio fallo recurrido, de fecha 8 de agosto de 2019, el de la recurrida no dio por probados dichos daños, no estableciendo ningún hecho configurativo de tales daños colaterales, a tal punto que en la dispositiva solo condeno a reparar, constituir y reponer al mismo estado físico, material y de operatividad por cuenta, a costo y riesgo de las codemandadas ASOPORTUGUESA, AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L., e INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A., según se evidencia de los dispositivos TERCERO y CUARTO de la sentencia apelada (f. 81 al 82).
Por otra parte, en la página 18 del escrito de informes observado, se aprecia que los informantes por la empresa AVICOLA ZARATE, C.A., manifiestan que el motivo medular fue haber operado bajo la figurado de dación en pago condicionada con recompra a su favor, ocultando que, se estableció una condición suspensiva según la cual se materializaría una vez fuese inscrito en el Registro Público correspondiente, lo cual no se produjo pues sobre el inmueble dado en pago existía una medida de embargo ejecutivo, siendo que todo ello fue puesto en conocimiento del Tribunal A quo en su debida oportunidad, es decir, esta imposibilidad surgió por un motivo solo imputable a la empresa atrasada AVICOLA ZARATE, C.A.
CAPITULO VI
Ciudadana Jueza, esta representación judicial no desea dejar pasar la oportunidad y una vez más insistir en advertir a esta honorable Superioridad en el yerro judicial en que incurre tanto el juzgador de la recurrida como en el error argumentativo asumido por la representación judicial de la sociedad mercantil atrasada y parte demandante AVICOLA ZARATE, C.A., para tratar de fundamentar la legalidad de la decisión recurrida y más aún para “legitimar” la adopción de la incidencia de la articulación probatoria del dispositivo legal del 607 el Código de Procedimiento Civil para sustanciar y decidir la pretensión indemnizatoria propuesta.
Consta a la página 33 del informe observado que, se asume la competencia del Tribunal A quo como argumento jurídico para la apertura de la impugnada incidencia donde indebidamente se tramito la mencionada demanda de daños y lesiones patrimoniales, alegando sobrevenir de un estado de atraso judicial, recurriendo para ello de criterio de sentencias de instancia que trataron y decidieron asunto distinto al de marras, mal denominándolas como jurisprudencias, donde esos tribunales de instancias han acogido la tramitación de esta incidencia en asuntos o situaciones que han sobrevenido en procesos de atraso judicial.
En efecto, no se trata de un punto controvertido sobre la competencia del Tribunal A quo, puesto que no se discute la misma, ya que lo que se objeta es el procedimiento bajo el cual el de la recurrida sustancio y decidió esa controversia o conflicto de intereses surgido o sobrevenido del atraso judicial, en virtud que primeramente la incidencia de la citada articulación probatoria no es el procedimiento ni legalmente previsto para sustanciar y decidir esa demanda de daños sobrevenida ni es el más idóneo para administrar justicia de un asunto tan complejo en orden a su contradicción e instrucción, ni es tampoco el procedimiento residual que si lo constituye el procedimiento de juicio ordinario conforme lo diseña el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, para aquellas controversias que se susciten entre partes y que no tengan pautado un procedimiento especial para ello, como en el caso bajo examen.
Ahora bien, obvian los informantes que, en tales supuestos de hecho ya el Tribunal Supremo de Justicia ha sentado criterio de mayor jerarquía, vigencia y autoridad doctrinal cuando se han presentado controversias surgidas en un procedimiento judicial de atraso zanjando cualquier duda e incertidumbre sobre cual procedimiento a adoptar cuando sobrevengan situaciones de conflictos en ese tipo de procedimiento.
Al respecto, la Sala de Casación Civil, mediante sentencia de fecha Nº RH-000179, de fecha 16 de diciembre de 2003, expediente 03-1082, en el caso: de Pinturas Flamuko, C.A., sentó:
(…)
Como si fuese poco la misma Sala de Casación Civil en sentencia Nº 583 de fecha 3 de octubre de 2013 en el expediente Nº 2013-000217, se pronunció sobre la existencia de la inepta acumulación de pretensiones de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, por tener ambas pretensiones, procedimientos incompatibles entre sí como es el caso bajo examen, siendo confirmada por la Sala Constitucional en sentencia de Revisión Nº 88, de fecha 25 de febrero de 2014, en el expediente Nº 13-1229.
Pues bien, si las razones para fundar la admisión de la demanda indemnizatoria por ese particular procedimiento incidental radican en factores determinantes de competencia, como la conexión, la accesoriedad y la continencia, las mismas disposiciones legales que las regulan –vid. Art. 79 C.P.C.L comportan como efecto procesal la acumulación, disponiendo que una vez que se acumulen las causas, estas se seguirán en un solo proceso ante el juez declarado competente, y se suspenderá el curso de la causa que estuviere más adelantada hasta que la otra se halle en el mismo estado, terminándolas con una misma sentencia.
Como se podrá apreciar, no es cierto ni acertado que sea un tema de orden competencial del tribunal de la recurrida, pues de ser así, el Tribunal A quo, por su propio yerro argumentativo así como por la invocación de la representación judicial de la empresa demandante, se incurriría en una inepta acumulación de pretensiones, puesto que el atraso se juzga a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria sin contención alguna, mientras que el procedimiento de daños y perjuicios se debe sustanciar y decidir al amparo de un procedimiento de naturaleza contenciosa, lo que denota que ambos procedimientos son incompatibles entre sí.
CAPITULO VII
Esta representación delata observaciones a lo afirmado por los informantes en su página 19 en el sentido de rebatir la eficacia probatoria de la inspección ocular acordada por el A quo y practicada en fecha 14 de noviembre de 2008 (f. 13-54 de la pza. 13), siendo que fue evacuada por el expediente del asunto principal que sustancia el atraso judicial, pero que una vez abierta la irrita incidencia no fue ratificada o practicada nuevamente su evacuación en orden a su validez en juicio para con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1429 del Código Civil, en primer lugar se dejase constancia del estado o circunstancias que pudieran haber desaparecido o modificarse con el transcurso del tiempo, y en segundo lugar pudieran las partes demandadas en la mencionada incidencia de la exigua articulación probatoria haber ejercido el derecho constitucional de control y contradicción de esa prueba, por lo que mal pudo habérsele dado eficacia y validez a dicha inspección.
Asimismo, ciudadana Jueza, llama la atención a esta representación judicial y por tanto motivo de observación lo afirmado en los informes en sus páginas 20 y 35, de pretender demostrar a esta Superioridad, cito: (…)
Ahora bien, al folio 70 del fallo recurrido, el tribunal lo desecho, no otorgándole valor probatorio para los efectos de demostrar el daño, en razón de que por ser emanado de un tercero que no fue parte en juicio debía ser ratificado mediante la prueba testimonial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, actuación que no se ratificó conforme a la citada disposición adjetiva.
CAPITULO VIII
Esta representación judicial deja así plasmadas las observaciones a los informes de la sociedad mercantil AVICOLA ZARATE, C.A., en estado de atraso de facto y parte demandante en la impugnada incidencia, presentados por su representación judicial por despacho virtual y por escrito presencial respectivamente en fechas 13 y 17 de mayo de 2022…”.

Corre inserto a los folios 293 al 303 y sus vueltos, de fecha 31 de mayo de 2022, Escrito de Observaciones a los Informes, presentado por el abogado PEDRO JULIO HERNÁNDEZ SCANNONE, cedula de identidad Nº V- 12.000.537, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 62.998, Apoderado Judicial de la sociedad mercantil ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA).
., en los términos siguientes:
“(…)
I
Los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A., señalan como hechos relevantes que su representada se encuentra en un estado de atraso y el cual tiene una regulación especial bajo el Código de Comercio.
Atinente a lo antes expuesto, como AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., ha sostenido al menos en este juicio desde un escrito del 24 de enero de 2013 si bien el proceso o estado de atraso está regulado de forma específica en el Código de Comercio, no podría ser de otra manera, omiten los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A. en señalar que el Código antes citado contempla que el estado de atraso es de doce (12) meses con la posibilidad de una (1) prorroga. Pero resulta que en el caso de autos, como se ha expuesto en otros escritos, el presente estado de atraso tiene más de veinte (20) años de duración y no fue prorrogado nunca más luego del mes de diciembre de 2012. Lo que nos lleva a la inequívoca conclusión de considerar que dicha empresa está realmente en quiebra.
II
Como segundo punto, los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A. señalan que por lo indicado en el artículo 900 del Código de Comercio no estaba obligado el a quo a efectuar una notificación individual de cada acreedor si no podía ser perfectamente por convocatoria hecha por la prensa, y que, además, es uno de los medios de notificación previstos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, la notificación por carteles hecha por el a quo y en especial de la sentencia del 8 de agosto de 2019 era válida, al respecto señalan los referidos apoderados en su escrito de informes.
(…)
Las aseveraciones de los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A. contrastan con la realidad del expediente, como de seguidas destacamos. En efecto, como sustentamos en nuestro escrito de informes en sentencia del 25 de noviembre de 2020 esta misma alzada declara con lugar los recursos de hecho interpuestos por ASOPORTUGUESA y nuestra representada.
En la parte dispositiva de la sentencia antes indicada se ordenó admitir en ambos efectos y como lo hizo el nuevo Tribunal de la causa en auto del 17 de marzo de 2022 la apelación contra la sentencia del 8 de agosto de 2019 que ilegal e inconstitucionalmente declaro con lugar lo dizque solicitado por AVICOLA ZARATE, C.A. en su escrito de 22 de noviembre de 2012 y que fue la conclusión de un cumulo de actuaciones ilegales en la pieza de incidencia Nº 2 y que culminaron con la sentencia en cuestión.
Por lo tanto, es totalmente falso como se afirma por la contraparte que la sentencia del 8 de agosto de 2019 se encuentra definitivamente firme, si fue oportunamente apelada por ASOPORTUGUESA y AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., como se establece en la sentencia del 25 de noviembre de 2020 y de la cual no recurrió la contraparte.
Para esta representación, la declaratoria con lugar del recurso de hecho estaba ajustada a derecho ya que teniendo nuestra representada constituido su domicilio procesal en el caso de autos allí debió ser efectuada la notificación de la sentencia del 8 de agosto de 2019.
La pacífica y reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contrario a lo indicado en el fallo del 8 de agosto de 2019 y en el escrito de informes de los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A., considera que las disposiciones del artículo 233 no son alternativas –se escoge entre una o la otra- sino subsidiarias o prelativas –si no se configura una, se debe realizar la otra-. Así, si las partes constituyeron desde el año 2013 su domicilio procesal como lo hizo AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., este tiene que ser respetado en todas las etapas del proceso debiendo realizarse en el todas las notificaciones, citaciones e intimaciones, ya sea mediante correo certificado con acuse de recibo o mediante boleta librada por el Juez y llevada por el Alguacil. Y solo si las partes no constituyeron un domicilio procesal, entonces la notificación se hará por medio de la imprenta con publicación en los carteles de un diario de mayor circulación que, además, debe ser indicado expresamente por el Juez. Esto aplica siempre que se deba notificar, citar o intimar a las partes, y toma especial importancia en los casos de sentencias dictadas fuera de un lapso donde la notificación es obligatoria.
En nuestro escrito de informes citamos sentencias de la Sala de Casación Civil de la Sala Constitucional en el punto.
De allí que como la Sala Constitucional lo ha señalado en infinidad de oportunidades y con criterio vinculante por lo previsto en el artículo 335 de la Constitución, toda omisión de practicar la notificación de una sentencia en el domicilio procesal, como sucedió en el caso de autos, conlleva una violación del derecho a la defensa y al debido proceso de la parte y el Juez de esa instancia si es factible o la alzada por lo alegado en apelación deberán reponer la causa al estado en que se encontraba cuando se produjo la falta. Todo lo cual recogió este Tribunal Superior en su sentencia del 25 de noviembre de 2020.
El domicilio procesal actual de nuestra representada consta del escrito de informes presentado ante este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, en el marco de la apelación incoada el 12 de abril de 2013 contra el auto de fecha 1º de abril de 2013, dictado por este Juzgado Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario y Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, y que fue decidida por este Juzgado Superior en fecha 6 de octubre de 2015 ya referida en el capítulo precedente.
La aseveración de la contraparte, que la notificación de la sentencia del 8 de agosto de 2019 fue “debida y legalmente NOTADA POR CARTEL” es no solo contrario a la doctrina de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil en la materia, como ya se expuso, sino que también es un tema fuera de toda discusión ya que por efecto de la sentencia por esta alzada del 25 de noviembre de 2020 se consideró que al existir el vicio de la notificación, según lo alegado, debían ser admitidas y como lo fueron las apelaciones ejercidas contra el dizque fallo del 8 de agosto de 2019.
También es de resaltar que los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A., alegan la existencia de unos hechos notorios, que en definitiva no especifican cuales, sobre el ilegal proceso de notificación que pretendió llevar a cabo el a quo con relación a su sentencia del 8 de agosto de 2019.
Y se rechaza de manera contundente que AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., y ASOPORTUGUESA hubiesen ocultado un hecho falso a la alzada en ocasión del fallo del 25 de noviembre de 2020. Por el contrario, quienes ocultaron al a quo hechos y violaron el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil fueron los apoderados de AVICOLA ZARATE C.A., quienes pese a conocer que AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., tenía constituido su domicilio procesal, estuvieron de acuerdo en cómo se actuó y en afectar su derecho a la defensa, cuando no señalaron esa situación al Juez accidental a quo, por el contrario, permitieron que se llevara a cabo una notificación por la imprenta que era ilegal.
Los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A. igualmente sostienen que los recurrentes han contestado “la demanda de daños y lesión patrimonial”. Y que luego promovieron y evacuaron pruebas dentro de la incidencia aperturada por el a quo conforme el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
Es falso que los recurrentes contestaran la demanda a la cual aluden los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A. y que hayan promovido y evacuado pruebas.
Como se desprende de las actas del expediente en esta pieza de incidencia, ya en un escrito del 24 de enero de 2013 AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., advirtió al a quo de la ilegalidad de lo actuado con motivo del escrito de AVICOLA ZARATE, C.A. del 22 de noviembre de 2012 y el auto del 18 de diciembre de 2012 en el cual se admitió, en palabras de la contraparte, la “demanda de daños y lesión patrimonial”. Asimismo se señaló que, a todo evento y en el supuesto negado que fuesen rechazados los argumentos en el sentido que se estaba incurriendo en una inepta acumulación de acciones, articulo 78 del Código de Procedimiento Civil, entonces el Juez a quo debió, por lo menos, comunicar a ASOPORTUGUESA e Inversora Agrícola 2006, C.A. de lo resuelto en el auto del 18 de diciembre de 2012.
Por tener AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., ASOPORTUGUESA e INVERSORA AGRICOLA 2006, C.A. su domicilio en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, fuera de la competencia por el territorio del entonces Juzgado de la causa y así se reconoce en el fallo del 18 de diciembre de 2012, en la solicitud de reposición que se consignó por nuestra representada el 24 de enero del 2013 alegamos como ya destacamos que solo para el supuesto negado que se aceptara el procedimiento escogido, lo cual se rechazó y rechazamos otra vez ahora, para la práctica de la notificación debió seguirse lo señalado en los artículos 233 y 234 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, el Tribunal Accidental librara las boletas y confiriera comisión y/o exhortara a un juzgado de su misma jerarquía con competencia en el domicilio de las tres (3) empresas antes señaladas, para que el Alguacil del mismo y no otras personas, procediera a notificarlas.
AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L., oportunamente apelo de la resolución previa del Tribunal de la causa el 1º de abril de 2013 que negó la reposición de la causa y en definitiva, en fallo del 6 de abril de 2015, este mismo Juzgado Superior declaro con lugar la apelación ejercida por nuestra parte y ordeno lo siguiente:
(…)
De la sentencia del 6 de octubre de 2015 AVICOLA ZARATE, C.A., recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia pero dejo perecer por falta de formalización el recurso que anuncio y como así lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia del 1º de noviembre de 2016. Con lo cual se encuentra definitivamente y con fuerza de cosa juzgada el fallo ya citado.
Por lo tanto, contrario a lo aseverado por los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A., jamás el a quo notifico, como lo ordeno esta alzada en la sentencia del 6 de octubre de 2015, a ASOPORTUGUESA e Inversora Agrícola 2006, C.A., para que tuvieran conocimiento del auto del 18 de diciembre de 2012 y menos aún promovieron y evacuaron pruebas.
A mayor abundamiento, la primera actuación de ASOPORTUGUESA en el expediente luego del año 2010 fue el 9 de enero de 2020, cuando apelo en tiempo hábil de la sentencia recurrida. E Inversora Agrícola 2006, C.A., no actúa en el expediente desde hace más de diez (10) años.
III
Los representantes de AVICOLA ZARATE, C.A., igualmente señalan que en su escrito de informes que era correcto por el a quo proceder con la apertura de la incidencia de que se trata el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para tramitar dentro de la misma, la “demanda por daños patrimoniales y lesión económica”. Para lo cual insertaron en su escrito de informes diez (10) fotografías, que ya en el año 2013 fueron a todo evento impugnadas, por nuestra parte. Pero en todo caso, dentro del argumento central de la controversia la contraparte insiste, pues, en la legalidad de lo resuelto en la sentencia del a quo del 8 de agosto de 2019 y recurrida por ASOPORTUGUESA y nuestra representada.
AVICOLA ZARATE, C.A. solicito al a quo que por vía incidental, es decir, dentro del mismo procedimiento de jurisdicción voluntaria del atraso y con fundamento en una serie de argumentaciones sin sentido, que de conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil se resolviera una pretensión relativa al cumplimiento de un contrato y a los daños y perjuicios derivados de el por la suma de diecisiete millones novecientos setenta y un mil ochocientos veintidós bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs. 17.971.822,48) del momento, en el mes de noviembre de 2012. Demanda que calificaron por “lesión económica y daños materiales”.
El a quo mediante el auto del 18 de diciembre de 2012 efectivamente decidió prorrogar el estado de atraso por un lapso de ocho (8) meses adicionales, última vez que lo hizo, por cierto, y declaro con lugar la solicitud por AVICOLA ZARATE, C.A. de la apertura de la incidencia por lo previsto por el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
El criterio reiterado de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia es que el juez cuando está involucrado el orden público debe, hasta de oficio, corregir toda actuación que vaya en contra del mismo y es lo que nuestra representada ha venido señalando que deben ser anuladas todas las actuaciones contentivas en el denominado cuaderno y/o la incidencia Nº 2, que tiene como su origen la solicitud ya señalada de AVICOLA ZARATE, C.A. y la decisión del 18 de diciembre de 2012 por el entonces Tribunal accidental. Todo ello por expresa disposición, entre otras normas, del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil y como lo alegamos en el escrito de informes.
Sobre la evidente inepta acumulación de acciones en la cual se ha incurrido en la presente causa, desde la “demanda incidental” como así la denomina AVICOLA ZARATE, C.A. en su escrito del 22 de noviembre de 2012 y admitida por el a quo en su auto del 18 de diciembre de 2012, proceso ilegal e irrito que culmina con el fallo recurrido del 8 de agosto de 2019 y que no es definitivamente firme, curiosamente los apoderados de AVICOLA ZARATE, C.A., nada alegan en su escrito de informes ante esta Alzada.
(El proponente del escrito alega que en el escrito de Informes de AVIZARCA, solo se alega, que el Tribunal a quo era competente por la materia, para emitir pronunciamiento, pero incurrió en una errada interpretación de los artículos 78, y 607 del Código de Procedimiento Civil; A su juicio, la demanda debió plantearse de forma separada en lugar de aplicar un procedimiento que incluye una articulación probatoria de ocho días y que por ende es violatoria del debido proceso; También arguye quien promueve el escrito, el errado uso del procedimiento, que no es una incidencia en realidad si no una demanda, concluyendo en su argumentación, que en lugar de un procedimiento gracioso, la controversia debió ventilarse mediante procedimiento ordinario, tal distorsión, trajo consigo un mal uso de plazos, articulación probatoria, que vician de nulidad todo el proceso. En cuanto al fundamento del artículo 923 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la quiebra, no se ajusta al procedimiento de atraso; Declara el proponente del escrito, la necesidad de la aplicación en este procedimiento de lo estipulado en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Trabajador, los Trabajadores y las Trabajadoras, en cuanto a que las acreencias de los trabajadores primaban en cuanto a cualquier otra solicitud y que en los veinte (20) años de estado de atraso de AVIZARCA, aún no ha demostrado el cumplimiento de dichas obligaciones y de esta forma se solicita a través de este Escrito de Observaciones, la anulación del fallo emitido en fecha 8 de agosto de 2019, por el Tribunal A quo)…”.

Corre inserto a los folios 305 al 324 y sus vueltos, escrito de observaciones a los informes, de fecha 31 de mayo de 2022, presentado por el abogado GIANLUCA FARINA ARBOCCO, apoderado judicial de AVÍCOLA ZARATE, C.A., en los términos siguientes:
Cito:
“(…)
PRIMERO de la materia:
Ahora bien, es menester reiterar que en el presente caso estamos en presencia de un procedimiento especial de Atraso Judicial de Jurisdicción Mercantil, el cual por su naturaleza es de eminente orden público, dado que en el no existe el interés privado del deudor en cumplir con sus obligaciones y el de los acreedores de ver satisfechas sus acreencias, sino que también concurre un evidente interés público o social, puesto que la crisis patrimonial de las empresas mercantiles o industriales, a causa de la estrecha vinculación de estas con el desarrollo de la economía nacional, han obligado al Estado Venezolano a crear normas legales que regulen la solución de dichas crisis, a fin de que ellas se resuelvan en modo ordenado para evitar así factores de perturbación en el proceso general de producción de bienes y servicios, conforme a lo indicado en: (Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, sentencia Nº 163, del 28 de octubre de 1976, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, en la solicitud de liquidación amigable en estado de atraso, incoada por la sociedad mercantil Comercial Porto Alegre C.A.).

SEGUNDO Observación a los Informes de los recurrentes en virtud de la inadmisibilidad de la demanda de daño:
Cabe destacar que, los recurrentes siguen trillando, que no se les debió demandar incidentalmente, aunándole maliciosamente que no habían sido correctamente notificados, obviando que a pesar que dos de ellos especialmente son Miembros de la Comisión del Proceso de Atraso y que todos han estado a derecho desde el inicio y a pesar de que han falseado en dos oportunidades distintas ante esta Superioridad, una en el 2015 y otra en el 2020, que supuestamente no han sido debidamente notificados por via de cartel de prensa, como si lo han sido desde marzo de 2002 y por esto consideramos que se han configurado INCONGRUENCIA NEGATIVA, así lo hemos hecho valer e indicado en ambas oportunidades esta Representación ante esta Superioridad, y que en todo evento ha sido infructuoso, pero igualmente rogamos que aquí sea revisado.
Así como también en descargo de ambos informes presentados por los recurrentes, observamos, que siguen atacando las mismas formas del proceso, pero no han podido desvirtuar el fondo que en efecto si causaron los daños ampliamente demostrados y a lo que fueron debidamente sentenciados.
La obligación de la masa de acreedores y la nuestra era denunciar y demandar los daños como en efecto lo hicimos y fue debidamente atendido por el Juzgado A quo y debemos indicar lo seguido: Nuestro Código de Procedimiento Civil, indica en su artículo 7º: (…)
El anterior artículo 7 es diáfano a la luz de que no existe prohibición, limitación o exclusión en toda nuestra norma adjetiva y sustantiva, que en un proceso de daños y perjuicios sobrevenidos, no se pueda iniciar incidentalmente y particularmente bajo lo indicado por el artículo 607 ejusdem, en un proceso de Atraso Judicial.
Menos aún hay alguna limitación en toda nuestra legislación mercantil o procesal civil y en nuestra jurisprudencia, que impida al Justiciable, ejercer acción de Daño y Perjuicio de manera Incidental o Principal, o limitado a que si es posible o no ejercer acciones incidentales, en virtud que un proceso principal sea por vía contenciosa o graciosa. (El proponente alega que no está prohibido que el proceso de atraso y la incidencia coexistan, por lo que no se incurrió en una acumulación de pretensiones).
(Se alega el abundamiento de jurisprudencia patria en cuanto a la competencia del Tribunal accidental para conocer del procedimiento incidental por lesión patrimonial, en la cual opera la continencia, siendo la incidencia la causa contenida. Todo esto fundamentado en el artículo 923 del Código de Comercio.).
En sintonía con lo anterior, el autor Hernán Jiménez Anzola, en su obra “El Juicio de Atraso”, Ediciones Petronio S.A. 1963, nos explica sobre la referida solicitud mercantil, que:
(…)
Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 28 de octubre de 2005, expediente Nº 2003-001138 Caso: SECTOR LA PLANTA DEL COUNTRY CLUB; Magistrada Isbelia Pérez de Caballero, en relación a las vías judiciales para denunciar fraude procesal:
(…)
(Relativo a la sentencia anterior, se alega que en el procedimiento de incidencia se abrió una articulación probatoria, así como un acto conciliatorio, a los fines de que se ejerciese el derecho a la defensa, tal como lo establece el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, lo cual se encuentra comprobado en el Cuaderno de Incidencia). Se menciona Decisión Judicial del año 2005, en formato de enlace electrónico, que respalda la validez de la demanda incidental, que cubre los folios 312 al 313 del Cuaderno de Incidencia.
TERCERO Observación a la supuesta tempestividad y asusencia dde notificación alegadas por ambas recurrentes con respecto a este recurso:
Objetamos la tempestividad de los recursos alegado por los aquí recurrentes que dieron lugar a esta revisión, dado que en el contexto de los predecesores recursos de hecho intentados ante esta misma Superioridad a su digno cargo, que dan origen a esta actual instancia, ellos nuevamente ocultaron información fundamental se dispusieron a mal informar a esta Superioridad a su digno cargo, resultando que la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2020, proferida por esta Superioridad, terminara indicando:
(…)
(Se alega el que la sentencia del 8 de agosto de 2019, fue notificada debidamente por cartel y que es definitivamente firme y que las actuaciones en alzada de los recurrentes son extemporáneas y tardías).
En cuanto al uso de Carteles en materia concursal se señala según sentencia de Sala Constitucional del Magistrado Ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero (10/10/2003, Exp, Nº 02-2614 y Sentencia Nº AVOC.00098 de Sala de Casación Civil de 22 de febrero de 2008, Exp. Nº 2007-000241, Caso: VIASA).
El informe de la codemandada AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA en su página 37, declara que la Alzada ordeno reponer la causa y anular todo lo actuado dentro del proceso aperturado, por lo que incurre en tergiversación, manipulación y falsa aseveración, puesto que la dispositiva, solo indica que se notifique por boletas a las codemandadas. Lo que se destaca en el escrito de observaciones que acusan a los recurrentes de omitir, es el auto de recomposición procesal emitido por el A quo, (folios 21 al 25 de cuaderno de Incidencia), que ordeno librar nuevo Cartel de notificación para ser publicado por la parte interesada.
CUARTO Observación de la supuesta QUIEBRA TÉCNICA alegada por ambos recurrentes con respecto a este recurso:
(Al respecto la parte alega que esta no es la instancia ni la causa para discutir el estado financiero de la empresa, acusando a los recurrentes de incurrir en ligereza al sugerir una quiebra técnica, siendo que ellos han procurado el deterioro de los bienes de la misma).
Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 20 de diciembre de 2002, Ponente: Dr. Antonio Ramírez Jiménez, Exp. Nº 01-314 (referente a que las prórrogas en materia de Atraso Judicial pueden ser más de una).
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES FINALES
1) Frente a los alegatos de los recurrentes en sus informes en cuanto al hecho de que no se pueden otorgar más prorrogas en este caso de Atraso Judicial, se concluye que es ampliamente aceptado en la doctrina y jurisprudencia, así como en nuestro ordenamiento jurídico, la posibilidad de que se otorguen tantas prorrogas como la situacion lo requiere y particularmente en este caso, dado el hecho sobrevenido, consistente en una lesión patrimonial, se requieren las prórrogas solicitadas hasta ahora.
2) Se interpreta de manera errónea la aplicación del artículo 150 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por parte de los recurrentes, al solicitarse de acuerdo al mismo que se revoque el proceso de atraso puesto que no se ha cumplido con las obligaciones con los trabajadores; en este caso se interpreta erróneamente el espíritu de la Ley mencionada, la cual no es retroactiva y fue promulgada diez años después del nacimiento de esta causa.
3) No existe en este proceso Incongruencia Negativa, el A quo cuido que existiera un control por las partes que pudieran ser afectadas con la decisión, a los fines de evitar que se juzgara con arreglo a la sola petición de la Atrasada. Se preservo la efectiva tutela judicial.
4) Se dilata gravemente a través de este recurso de apelación la obligación de responder y reparar los daños causados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA DECLARAR SIN LUGAR LA PRESENTE APELACIÓN
Con todo lo antes expuesto queda evidenciado que:
1. Ha realizado la parte Apelante, actos para inducir a este Honorable Juzgado al error, realizando apelaciones en diferentes oportunidades, creando confusión y sorprendiendo en su buena fe a la juzgadora.
2. La simple comparecencia de la apelante, y la realización de cualquier acto dentro del proceso ante el Juzgado A quo, deja sin efecto cualquier reclamo sobre presuntos vicios en la notificación de las partes.
3. como fundamento en la aplicación de los principios de economía celeridad procesal, se entiende que las reposiciones deben perseguir un fin útil, según lo señalamos expresamente el Código de Procedimiento Civil que textualmente prevé: no se declarara la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado (artículo 206); y que efectivamente en aplicación del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, las notificaciones se verificaron por medio de la imprenta mediante publicación de profusos carteles ordenados por el Juzgado A quo, en todo el proceso de Atraso, lo que hace inútil la reposición de la causa por los infundados motivos expuestos y los relacionados con la notificación y así pedimos sea declarado por este tribunal.
4. Que es importante destacar que la reposición solicitada en los términos planteados también resulta improcedente, por la destacada importancia de la masa de acreedores laborales, que se mantiene en el procedimiento de ATRASO JUDICIAL, la cual le ha otorgado la novísima Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, destacando especialmente en su Capítulo II, Principio Rectores, Principios de la administración de justicia en su artículo 23, que dispone textualmente:
(…)
Y particularmente en su TITULO III, DE LA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO, Capitulo IV, De la Protección al Trabajo, al Salario y las Prestaciones Sociales, privilegios de los derechos patrimoniales de los trabajadores y las trabajadoras, en su artículo 151, que textualmente reza:
(…)
5. En otro orden de ideas, ha sido beneficiosa la pertinencia de la apertura de la incidencia por el Tribunal A quo, dado que la misma hace que exista un control por las partes que puedan ser afectadas por la decisión, ya que de lo contrario sería decidir con arreglo a la sola petición de los afectados y ante la posibilidad de diversas incidencias que pueden surgir en el procedimiento concursal, en aras de garantizar una efectiva tutela judicial y un debido proceso, los agentes causantes del DAÑO O LESIÓN PATRIMONIAL han sido formalmente notificados para que estos expresen si se oponen o no a nuestras pretensiones, fijando un lapso prudencial para que se ejerza el derecho a la defensa o contradicción, y poder así continuarse el tramite incidental ampliamente soportado, y es por tal virtud que tal lesión fue debidamente corregida por el Tribunal de la Causa ordenando reparar el daño causado.
PETITORIO
Por todos los razonamientos expuestos, y en base a los fundamentos de hecho y de derecho explanados en el Escrito de Informes previamente presentado y en el presente escrito de observaciones a los escritos de informes de las recurrentes, es por lo que solicitamos a este Honorable Tribunal, declare sin lugar la presente Apelación, con base a una exhaustiva revisión, dado que es evidente que los Recurrentes con sus maliciosas actuaciones, poco les importa crear confusión y lograr subvertir una decisión y buscar que esta Superioridad se contamine de incongruencias que pudieran afectar y perpetuar más daño a la masa de Acreedores y a la Empresa Atrasada…”:

VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad procesal correspondiente, para decidir la presente causa por este superior órgano jurisdiccional, y una vez revisadas las actuaciones sometidas a esta instancia por vía del ejercicio del Recurso de Apelación, se hace en base a las siguientes consideraciones, fundamentos y argumentos:
Es necesario indicar que, el Atraso, es un procedimiento de tipo judicial que va a tener por finalidad la liquidación amigable y ordenada del patrimonio de un comerciante, con miras a pagar la totalidad de las deudas o por lo menos las 2/3 partes de ellas, en un plazo que no exceda inicialmente de los 12 meses, es decir: es un procedimiento de protección al comerciante.
Cabe advertir, que no es un derecho ni una obligación, sino una gracia que establece el Código de Comercio a favor del comerciante, quien plantea la solicitud ante el Tribunal competente en materia Mercantil conforme a lo previsto en los articulo 898 al 913 del Código de Comercio.
El Legislador concede al comerciante un privilegio o beneficio de retardar sus pagos que por razones excusables no haya podido cumplir con sus compromisos mercantiles inmediatos. Para que se conceda el atraso la compañía debe tener los activos superiores a los pasivos.
Es el comerciante, cuyo activo exceda positivamente su pasivo y que por falta de liquidez debido a sucesos imprevistos o causa de cualquier otra manera excusable, se vea en la necesidad de retardar o aplazar sus pagos, quien será considerado en estado de atraso y podrá pedir al tribunal de Comercio competente que le autorice para proceder a la liquidación amigable de sus negocios, obligándose a no hacer, mientras se resuelva su solicitud, ninguna operación que no sea del simple detal.
El procedimiento a seguir, se rige por el establecido en el Código de Comercio, en los Artículos 898 al 913.
En dichas normas se regulan las circunstancias y condiciones que deben demostrarse para su admisibilidad, entre los que tenemos:

1. Que el activo exceda positivamente el pasivo.
2. Que exista un retardo o aplazamiento del pago de las deudas en la fecha en que se deban efectuar por falta de liquidez.
3. Que el diferimiento sea por causa excusable, es decir, por causas ajenas a la voluntad y a los intereses del comerciante.
4. Que la solicitud sea hecha por un comerciante. Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar regularmente (notoriedad mercantil), hacen del comercio su profesión habitual, y las sociedades mercantiles. (Artículo 10 del Código de Comercio).

El comerciante, que solicita la declaratoria de estado de atraso, debe cumplir, además, con la presentación de los siguientes requisitos:

1. Libros de comercio
2. Balance comercial, donde se exprese con claridad el activo y el pasivo del solicitante.
3. Inventario practicado a lo más 30 días antes de la solicitud con la finalidad de que tanto los acreedores como el juez conozcan con claridad la verdadera situación del comerciante.
4. Una lista de las deudas o pasivos.
5. Un estado nominativo de sus acreedores, con indicación de su domicilio o residencia.
6. Patente de industria y comercio, si la hubiere.
7. Opinión favorable de por lo menos 3 acreedores principales.

Siendo el Juez competente, el de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del domicilio del comerciante solicitante del estado de atraso, siendo consignada dicha solicitud por ante tribunal con la documentación prevista en el artículo 899 del código de comercio antes referida.
Una vez entregada la documentación, el tribunal verificara la presentación de los documentos expresados en el artículo 899 c.com, que se encuentren en debida forma, así mismo y encontrada la documentación conforme, dictara la medida de vigilancia necesaria, nombrara un síndico y una comisión de tres de los principales acreedores residentes, de los que figuren en el balance del peticionario y convocara a unos y otros por la prensa a una reunión que debe verificarse en el octavo día a la hora que se fije.
En esa reunión podrán ser admitidos a representar a los acreedores residentes fuera del lugar del tribunal, sus respectivos apoderados, agentes o comisionistas u otro comerciante que quiera prestar caución por alguno de ellos, solo para efectos de resolver la solicitud, para ello solo se requiere una autorización por carta, telegrama o por cable.
En la reunión, el síndico primeramente y luego la comisión de acreedores, manifestaran su opinión sobre los documentos que acompañaron la solicitud, en este sentido, se debatirá:
· sobre la verdad de cada uno de los documentos.
· la admisión o negativa de la solicitud.
· plazo que pueda acordarse.
· las medidas conservativas que convengan tomar.
· modo de liquidación.
· y personas que deban componer una comisión de consulta y vigilancia durante la liquidación.
El tribunal procederá el tercer día hábil luego de la reunión a oír los informes que quieran hacer los solicitantes, el síndico, la comisión de acreedores o cualquier otro de estos y se pronunciará sobre la petición, admitiéndola o negándola, según lo encuentre procedente, teniendo en cuenta el voto emitido por la mayoría de los acreedores
En caso de admisión de la solicitud, el juez establecerá:

1. la duración de la liquidación, la cual no excederá (inicialmente) de 12 meses.
2. La obligación del deudor de hacer constar de haber pagado dentro de dicho plazo a todos sus acreedores o haber celebrado con ellos, convenios o arreglos.
3. Las medidas conservatorias y las precauciones que juzgue necesaria para garantizar la integridad del patrimonio del deudor.
4. Los acreedores que deben componer la comisión de vigile la administración y liquidación del patrimonio del deudor.

Si el tribunal creyere improcedente la solicitud de liquidación amigable, declarará la quiebra y seguirá el procedimiento de esta. Art. 911 C.com.
De acuerdo al Artículo 898 del Código de Comercio, la consecuencia de la declaración del estado de atraso, es la liquidación amigable de los negocios del comerciante, ello está limitado por dos circunstancias:
1. Plazo suficiente establecido para la liquidación amigable (que no exceda de 12 meses).
2. Que el comerciante se obliga a no realizar ninguna operación que no sea la del simple detal. Ello con la finalidad de que la deuda no quede ilusoria.

El comerciante, a favor de quien es declarado el estado de atraso, goza de los siguientes beneficios:

1. No se puede intentar ninguna nueva acción de cobro contra el comerciante atrasado. Excepto cuando la acción de cobro provenga de hechos posteriores a la concesión de la liquidación amigable.
2. Cuando la acción de cobro es producto de la ejecución de acreencias fiscales, ya sea por causa de impuestos municipales, estadales o nacionales.
3. cuando la acción de cobro es producto de acreencias prendarías o hipotecarias u otro tipo de acreencias privilegiadas (salarios, prestaciones).

En la presente causa, ha sido necesario contextualizar el procedimiento del trámite de solitud de atraso, así como dejar perfectamente claro y bien delimitado que, el citado procedimiento tiene la naturaleza de un proceso mixto que goza de las características de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, no contencioso, de naturaleza cautelar y con finalidad constitutiva.
En los procesos No Contenciosos, se declara un derecho o establece hechos jurídicos, con relevancia jurídica.
Lo que caracteriza a estos procesos, es que la relación jurídica procesal, se establece entre el demandante y el Estado y no existe la exigencia al demandado, o sea, la persona recurre al estado en busca de tutela jurisdiccional y éste se la presta, sin la existencia o exigencia de un demandado, para que se constituya la relación jurídica procesal válida.
Se emplaza a determinadas personas, porque, así lo establece la ley, para que, si ven lesionados sus intereses, puedan salir en su defensa, pero, no tienen condición de demandados.
En el proceso no contencioso no existe controversia, ni dualidad entre las partes. Se trata de actuaciones ante los jueces, para la solemnidad de ciertos actos o para el pronunciamiento de determinadas resoluciones que los tribunales deben dictar.
En algunos procesos, se establece que debe citarse al Ministerio Público para que intervenga, no como parte, sino cumpliendo una función específica, que la misma ley establece.
De forma que, los procesos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria son aquellos en los que se ventilan asuntos en que no existe, al menos en teoría, conflicto de intereses o litigio, vale decir, no hay sujetos que asuman la cualidad propiamente dicha, de demandante y demandado sin que ello obste que, dentro de nuestro sistema, se presente la figura de la oposición en algunos procedimientos no contenciosos.
En tales procesos o procedimientos quienes los promueven solicitan, por lo general, en sede judicial, que se preste autorización para llevar a cabo ciertos actos jurídicos, o que se homologuen o aprueben estos, o que se documenten, certifiquen o declaren determinadas situaciones también de orden jurídico, o, finalmente se pide que se fijen plazos o se dispongan medidas de protección.
Carnelutti, considera al proceso no contencioso como aquel en que hay ausencia de litis.
Merlín, sostiene que la jurisdicción voluntaria o no contenciosa "es aquella que ejerce el juez, sin conocimiento de causa, entre partes que están de acuerdo y sobre materias, que por su propia naturaleza no tienen nada de contenciosas".
Fix Zamudio, entiende por jurisdicción voluntaria "un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de trascendencia social en beneficio del o de los participantes, situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida".
El contenido del segundo párrafo del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil establece: “En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los Jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el juez obrará también con conocimiento de causa.”
Marcano Rodríguez, precisa que los asuntos no contenciosos son aquellos en los cuales, sin las formalidades del juicio, se ocurre al juez, no para que dicte una decisión entre partes, porque propiamente no las hay, sino para que acuerde alguna resolución o medida de la que no se deriva generalmente gravamen: son casi siempre requisitos que ordena cumplir la ley para llevar a cabo ciertos actos jurídicos.
En estos casos los jueces obran con conocimiento de causa, es decir, forman su criterio sobre la procedencia de la solicitud, más que con pruebas propiamente dichas con medios informativos que les ilustren sobre el punto solicitado. El postulante debe, pues, apoyar su petición en hechos, datos, documentos, informaciones, y en todo aquello que, aun sin constituir pruebas formales, concurra a poner al juez en conocimiento del asunto, y de que aquello que se le pide es cierto y justo. En todos estos casos, el juez puede ordenar la ampliación de los elementos que le han ofrecido en apoyo de la solicitud, sobre los puntos que encuentre deficientemente acreditados.
Se puede deducir que, en los denominados procedimientos de “jurisdicción voluntaria”, lo que de seguidas se indica: 1) En estos procedimientos no existen partes contrapuestas, sino un solicitante de una providencia o constancia. 2) Las actuaciones del juez no están dirigidas a dirimir un conflicto de intereses entre particulares, sino a intervenir en la formación y desarrollo de situaciones jurídicas en interés del solicitante. 3) Las resoluciones que eventualmente se dicten carecen de fuerza de cosa juzgada, ningún procedimiento de “jurisdicción voluntaria” produce cosa juzgada.
Ahora bien, es importante precisar que el procedimiento que nos ocupa, como lo es el de procedimiento de atraso, es de jurisdicción voluntaria, por lo tanto, no puede el juez civil competente, convertir este procedimiento por vía incidental o principal en contencioso, lo cual implica que no pueden generarse incidencias en el mismo, que impliquen el surgimiento de una contención, como su sustanciación, y pronunciamiento del controvertido con una decisión con carácter de cosa juzgada.

No obstante, lo anterior, de la revisión del expediente se verifica que se dio apertura a una incidencia en el desarrollo de un proceso netamente de jurisdicción voluntaria, a un proceso contencioso en la que, el solicitante del atraso, demanda indemnización de daños y perjuicios por lesión patrimonial, alega prescripción de las obligaciones adeudadas a los acreedores y que dieron origen a la solicitud de atraso, así la materialización del cumplimiento de la dación en pago.
Pretensiones estas de carácter contencioso propuestas por el solicitante del atraso, que se tramitaron por vía incidental conforme a lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
Del contenido de las pretensiones contenciosas se verifica que, son susceptibles de haber sido tramitadas por el procedimiento ordinario establecido en el código de procedimiento civil en el artículo 338 y siguientes, mediante demanda autónoma y nunca mediante demanda incidental de carácter contenciosa en el marco del trámite de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, lo cual hace el trámite incidental contencioso incompatible con el procedimiento de solicitud de atraso, pues en la incidencia se generó una decisión con carácter de cosa juzgada, lo cual no solo desnaturaliza el procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino que atenta contra el debido proceso y el derecho a la defensa, y ASÍ SE DECLARA.
En aplicación de lo establecido en el artículo 49 Constitucional, y el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, atendiendo al contenido de los hechos de incompatibilidad procesal, acontecidos en la presente causa, se declara con lugar el recurso ejercido, en consecuencia, la nulidad del trámite incidental de pretensiones de carácter contencioso, así como de la sentencia dictada con carácter de cosa juzgada en fecha 08 de Agosto de 2019 JUZGADO ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA VICTORIA, surgida en la incidencia (LESIÓN PATRIMONIAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS) con motivo de la SOLICITUD DE ATRASO propuesta por AVÍCOLA ZARATE, C.A. sustanciado en el expediente el No. 8.073, nomenclatura de ese Tribunal. ASÍ SE DECLARA

Se insta al Juzgado a Quo, se sirva revisar con aserto jurídico, el trámite de solicitud de atraso, dado el tiempo transcurrido y los hechos que se ha sucedido en el desarrollo del mismo, como han sido los hechos que motivaron el presente recurso de apelación que motiva la presente decisión, a los fines de que pueda determinar si es procedente o no continuar con dicho procedimiento o decretar la Quiebra de oficio, y ASÍ SE ESTABLECE.
VI
DISPOSITIVA
Con fundamento en las consideraciones de hecho, derecho, jurisprudencial y doctrinarios ut supra referidas, éste JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fechas 07 de enero de 2020 y 09 de enero de 2020, por los representantes Judiciales de la sociedad mercantil AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA, S.R.L, y ASOPORTUGUESA, contra la decisión dictada en fecha 08 de Agosto de 2019 por el JUZGADO ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA VICTORIA, con motivo de demanda por LESIÓN PATRIMONIAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS incoado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), contra 1). ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., e 3) INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A”, cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORA COMERCIAL, C.A), surgida como incidencia aperturada en la SOLICITUD DE ATRASO propuesta por AVÍCOLA ZARATE, C.A. sustanciado en el expediente No. 8.073, nomenclatura de ese Tribunal.
SEGUNDO: LA NULIDAD DEL TRÁMITE INCIDENTAL de pretensiones de carácter contencioso, por (LESIÓN PATRIMONIAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS) surgidos en la expediente signado con el No. 8.073, nomenclatura de ese Tribunal.
TERCERO: NULA la sentencia recurrida proferida en fecha 08 de Agosto de 2019 por el JUZGADO ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA VICTORIA con motivo de demanda por LESIÓN PATRIMONIAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS incoado por AVÍCOLA ZARATE, C.A. (AVIZARCA), contra 1). ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO PORTUGUESA (ASOPORTUGUESA); 2) AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L., e 3) INVERSORA AGRÍCOLA 2006, C.A”, cesionaria de (INVERSIONES GRIALCA ASESORA COMERCIAL, C.A), surgida como incidencia aperturada en la SOLICITUD DE ATRASO propuesta por AVÍCOLA ZARATE, C.A. sustanciado en el expediente No. 8.073, nomenclatura de ese Tribunal.
CUARTO: SE CONDENA en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del código de procedimiento civil.
Publíquese y Regístrese incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve déjese copia de la presente decisión. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 248 del Código de Procedimiento Civil.
La presente causa se profiere dentro del lapso legal correspondiente.
Remítase el presente expediente en la oportunidad correspondiente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, a los 10 de Agosto de 2022. Años: 212º de la Independencia y 163° de la Federación.
LA JUEZ
ABG ROSSANI AMELIA MANAMÁ INFANTE
La Secretaria

abg. Dubraska Alvarado
En la misma fecha, se dio cumplimiento a la anterior decisión siendo las 2:00 p.m.
La Secretaria
Exp. 1725
RAMI