TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y JOSÉ ÁNGEL LAMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Cagua, 10 de agosto de 2.022
212º y 163º

EXPEDIENTE: 371-16
PARTE DEMANDANTE: ENRIQUE ANTONIO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.431.210, de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: TAMARA GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 211.702.
PARTE DEMANDADA: MARIA MOSERRATE SALAZAR, AURA MARGARITA SALAZAR, OLGA BASILIA SALAZAR, SENAIDA JOSEFINA SALAZAR, JUAN BAUTISTA SALAZAR, DIONICIO EUSEBIO SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.734.105, V-10.456.054, V-10.455.989, V-8.729.836, V-8.729.845, V-5.625.613, respectivamente.
MOTIVO: PARTICIÓN DE HERENCIA
PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
I
En fecha veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016), se recibió por distribución por ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del estado Aragua quien se encontraba en funciones de distribuidor, escrito de demanda de PARTICIÓN DE HERENCIA, presentado por el ciudadano, ENRIQUE ANTONIO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.431.210, debidamente asistido en este acto por la abogada en ejercicio, TAMARA GARCIA inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 211.702, en contra de los ciudadanos, MARIA MOSERRATE SALAZAR, AURA MARGARITA SALAZAR, OLGA BASILIA SALAZAR, SENAIDA JOSEFINA SALAZAR, JUAN BAUTISTA SALAZAR, DIONICIO EUSEBIO SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 8.734.105, V-10.456.054, V-10.455.989, V-8.729.836, V-8.729.845, V-5.625.613, respectivamente. Correspondiéndole a este Tribunal el conocimiento de la causa.
En fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), la parte actora debidamente asistido de abogado consigna los respectivos recaudos.
En fecha veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal mediante Despacho Saneador, insta a la parte demandante ciudadano ENRIQUE ANTONIO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.431.210, a consignar unos documentos fundamentales a los fines de admitir la presente demanda.
En fecha seis (06) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante diligencia, el ciudadano ENRIQUE ANTONIO SALAZAR anteriormente identificado, debidamente asistido por la abogada en ejercicio TAMARA GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 211.702, mediante el cual consignó actas de nacimientos solicitadas por este Tribunal.
En fecha cinco (05) de mayo de dos diecisiete (2017), mediante auto este Tribunal admite la demanda y se ordena el emplazamiento de las partes demandadas, los ciudadanos, MARIA MOSERRATE SALAZAR, AURA MARGARITA SALAZAR, OLGA BASILIA SALAZAR, SENAIDA JOSEFINA SALAZAR, JUAN BAUTISTA SALAZAR, DIONICIO EUSEBIO SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.734.105, V-10.456.054, V-10.455.989, V-8.729.836, V-8.729.845, V-5.625.613, respectivamente.
En fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante diligencia el Alguacil de este Tribunal consigna Boleta de Citación, dirigidas a los ciudadanos MARIA MOSERRATE SALAZAR, AURA MARGARITA SALAZAR, OLGA BASILIA SALAZAR, SENAIDA JOSEFINA SALAZAR, JUAN BAUTISTA SALAZAR, DIONICIO EUSEBIO SALAZAR, supra identificados, debidamente firmadas.
En fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante sentencia emitida por este Tribunal se declara la REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado de emplazar a las partes a que comparezcan a los fines del nombramiento del partidor.
En fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante auto este Tribunal ordena emplazar a las partes demandadas, a los fines del nombramiento del partidor de conformidad con el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), mediante diligencia el Alguacil de este Tribunal consigna Boleta de Notificación dirigidas a los ciudadanos, MARIA MONSERRATE SALAZAR, AURA MARGARITA SALAZAR, JUAN BAUTISTA SALAZAR, DIONICIO EUSEBIO SALAZAR, OLGA BASILIA SALAZAR, SENAIDA JOSEFINA SALAZAR, anteriormente identificados. La segunda de ellos, se negó a firmar, procediendo al cumplimiento de lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil el día 24 de noviembre del año en curso.
En fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), mediante auto este Tribunal fija oportunidad para el nombramiento del partidor. Seguidamente este Juzgado deja constancia que la parte actora y demandada no compareció ni por si ni por medio de Apoderado Judicial alguno.
En fecha diez (10) de enero de dos mil dieciocho (2018), mediante auto este Juzgado fija oportunidad para el nombramiento de expertos, dejando constancia que la parte actora y demandada no compareció ni por si ni por medio de Apoderado Judicial. Seguidamente, se deja constancia que en vista de la ausencia de las partes en el presente acto, este Tribunal designa como Experto Avaluador al ciudadano, OMAR EULOGIO CHAVIEDO GARCIA, inscrito en el C.I.V bajo el Nro. 0692. En esa misma fecha, mediante Boleta de Notificación este Tribunal ordena emplazar al ciudadano OMAR EULOGIO CHAVIEDO GARCIA, anteriormente identificado, a los fines de que efectúe avalúo de bien inmueble objeto del presente juicio.
En fecha seis (06) de junio del dos mil dieciocho (2018), mediante diligencia el Alguacil de este Tribunal, consigna Boleta de Notificación dirigida al ciudadano OMAR EULOGIO CHAVIEDO GARCIA, debidamente firmada.
En fecha once (11) de junio de dos mil dieciocho (2018), mediante diligencia el ciudadano OMAR EULOGIO CHAVIEDO GARCIA, anteriormente identificado, en su carácter de Perito Avaluador, a los fines de aceptar el cargo que se le ha designado.
Mediante auto de fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022), la abogada JUBELY FRANCO SOTO, en su carácter de Juez Provisoria, se abocó de oficio al conocimiento de la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
II
Prevé el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su primer aparte, establece lo siguiente:
“toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá perención”.

De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia, que son requisitos de procedencia de la denominada “perención anual”:
1) Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa.
2) Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente y otras similares.
3) No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia.
4) La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa….” Debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones…”

La Sala dejó sentado en decisión de fecha 11 de noviembre de 1998, lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido habla el Código de jueces de instancia, o juez de primera o segunda instancia. En relación con el significado del vocablo, expresa Carnelutti:
“…la palabra demanda se reserva para significar el acto compuesto que resulta de combinar la instancia con la apelación, la voz más adecuada para designar el acto cuya noción he intentado esbozar es instancia; la prefiero a solicitud, porque expresa mejor el concepto de estímulo, y casi diríamos de impulso, a hacer. En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción.
Ahora bien, otro aspecto de importancia que fue determinado en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, es que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley: el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001 -Exp. N° AA20-C-1951-000001)

Ahora bien, de las jurisprudencias aquí transcritas no existe ningún género de dudas, la única actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
En el caso de marras, consta en autos que la parte actora desde hace más de dos (02) años, no realiza ningún tipo de actuación que este Tribunal pueda validar como interés procesal en el presente caso.
Por último, en virtud que la presente decisión debe ser considerada como dictada fuera de lapso, este Tribunal ordena la notificación de las partes a los fines de garantizar el debido proceso que debe regir en todas las actuaciones judiciales y administrativas de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente juzgado, ya que, no es posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de quinientos (500) metros de este Tribunal sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde también se deben realizar notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil que utilice su tiempo útil en la práctica de actuaciones relativas a juicios que se encuentran paralizados debido a la falta de atención e impulso de las partes. Todo en conformidad a los artículos 14, 16, 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
III
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su primer aparte. Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas. Publíquese, notifíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación
LA JUEZA,

JUBELY JOSEFINA FRANCO SOTO.
LA SECRETARIA,

ELEANA FLORES BRITO

En esta misma fecha, siendo las 09:55 a.m. se registró y publicó la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

Exp. 371-16
JJFS/efb/mv.-