REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y JOSÉ ÁNGEL LAMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Cagua, 09 agosto de 2022. 212º y 163º EXPEDIENTE: 405-2016. PARTE ACTORA: JOEL ALFONZO GUTIERREZ CRESPO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.754.972. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: GABRIELA CARPIO BEJARANO y NESTOR ANGOLA UGUETO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 54.445 y 62.142, respectivamente.- PARTE DEMANDADA: LUIJI LO VOI RAGUSA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.756.186. MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PERENCIÓN DE LA INSTANCIA I En fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), se recibió por ante este Tribunal quien ejercía funciones de distribución, escrito de demanda, proveniente del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Santiago Mariño de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en virtud de la declinatoria de competencia en relación al juicio CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoado por los abogados en ejercicio GABRIELA CARPIO BEJARANO y NESTOR ANGOLA UGUETO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 54.445 y 62.142, respectivamente actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOEL ALFONZO GUTIERREZ CRESPO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.754.972 en contra del ciudadano LUIJI LO VOI RAGUSA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.V-10.756.186. Correspondiéndole a este Tribunal el conocimiento de la causa.- En fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), mediante auto el Tribunal le da entrada en el libro respectivo, ordena notificar a las partes de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento civil y libra oficio solicitando computo de los días de despacho al Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Santiago Mariño de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. Mediante diligencia de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) el Alguacil de este tribunal consigna Boleta de Notificación debidamente firmada por la parte actora. Mediante diligencia de fecha nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017) la abogada en ejercicio GABRIELA CARPIO BEJARANO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro.54.445, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora desiste del presente juicio. Mediante auto de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) el Tribunal niega lo solicitado hasta tanto no se verifique en autos el consentimiento de la parte demandada. Mediante auto de fecha tres (03) de agosto de dos mil veintidós (2022), la abogada JUBELY JOSEFINA FRANCO SOTO, en virtud a su designación de Jueza Provisorio, se aboco al conocimiento de la causa. II Prevé el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su primer aparte, establece lo siguiente: “toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá perención”. De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia, que son requisitos de procedencia de la denominada “perención anual”: 1) Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa. 2) Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente y otras similares. 3) No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia. 4) La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa….” Debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones…” La Sala dejó sentado en decisión de fecha 11 de noviembre de 1998, lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido habla el Código de jueces de instancia, o juez de primera o segunda instancia. En relación con el significado del vocablo, expresa Carnelutti: “…la palabra demanda se reserva para significar el acto compuesto que resulta de combinar la instancia con la apelación, la voz más adecuada para designar el acto cuya noción he intentado esbozar es instancia; la prefiero a solicitud, porque expresa mejor el concepto de estímulo, y casi diríamos de impulso, a hacer. En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción. Ahora bien, otro aspecto de importancia que fue determinado en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, es que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley: el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001 -Exp. N° AA20-C-1951-000001) Ahora bien, de las jurisprudencias aquí transcritas no existe ningún género de dudas, la única actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente. En el caso de marras, consta en autos que la parte actora desde hace más de cinco (05) años, no realiza ningún tipo de actuación que este Tribunal pueda validar como interés procesal en el presente caso. Por último, en virtud que la presente decisión debe ser considerada como dictada fuera de lapso, este Tribunal ordena la notificación de las partes a los fines de garantizar el debido proceso que debe regir en todas las actuaciones judiciales y administrativas de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente juzgado, ya que, no es posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de quinientos (500) metros de este Tribunal sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde también se deben realizar notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil que utilice su tiempo útil en la práctica de actuaciones relativas a juicios que se encuentran paralizados debido a la falta de atención e impulso de las partes. Todo en conformidad a los artículos 14, 16, 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara. III Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del código de procedimiento civil, en su primer aparte. Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas. Publíquese, notifíquese, regístrese y déjese copia. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación. LA JUEZA JUBELY JOSEFINA FRANCO SOTO.- LA SECRETARIA, ELEANA FLORES BRITO En esta misma fecha, siendo las 02:55 a.m. se registró y publicó la anterior sentencia. LA SECRETARIA Exp. 405-2016.- JJFS/efb.