TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 07 de diciembre de 2022
212º y 163º

Asunto: AF47-U-2002-000018
Antiguo: 1961

Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva Nº 89/2022.

En fecha 24 de octubre de 2002, el ciudadano Guillermo Rafael Balza García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 13.123.722, inscrito en el Instituto de previsión Social del Abogado bajo el número 75.098, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “EDITORIAL PRIMAVERA C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 11 mayo de 1967, bajo el N° 15, tomo 32-A, inscrita en Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-000591466, Licencia de funcionamiento o Cuenta N° 12-00034 del Municipio Ambrosio Plaza Guarenas Estado Miranda, interpuso Recurso Contencioso Tributario contra la Resolución N° 2/058/2002 de fecha 9 de septiembre de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía Ambrosio Plaza del Estado Miranda.

En fecha 14 de noviembre de 2002, se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario.

En fecha 18 de noviembre de 2002, se dictó auto mediante el cual este Tribunal dio entrada al expediente, y se ordenaron las notificaciones de ley.

En fecha 29 de noviembre de 2002, este Tribunal ordenó abrir cuaderno separado a los fines de sustanciar y decidir sobre la solicitud de suspensión de efectos.

En fecha 7 febrero de 2003, la ciudadana Marielba González León, venezolana, mayor de edad titular de la cédula de identidad número 8.755.097; e incrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número41.530, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Alcaldía del Municipio Plaza del Estado Miranda, mediante diligencia consignó poder que la acredita, asimismo, copia simple del expediente administrativo.

En fecha 31 de julio de 2003, este Tribunal recibió mediante Oficio N° 03/37 de fecha 04/07/2003, la comisión emanada del Juzgado del Municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda, con la debida notificación en fecha 26/05/2003, tanto del Alcalde, como del Sindico Procurador del Municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda.

En fecha 2 de septiembre de 2003, este Tribunal mediante Sentencia Interlocutoria, admitió el presente Recurso en cuanto a lugar en derecho y ordeno proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente.

En fecha 16 de septiembre de 2003, el ciudadano Manuel Santiago Varela Ramos, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 6.285.567, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 47.356, en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente EDITORIAL PRIMAVERA C.A., mediante diligencia consignó escrito de promoción de pruebas.

En fecha 19 de noviembre de 2003, el ciudadano Manuel S. Varela R., antes identificado, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 47.356, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil EDITORIAL PRIMAVERA C.A., consignó escrito de informes.

En fecha 15 de septiembre de 2004, el ciudadano Manuel Varela Ramos, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 47.356, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil EDITORIAL PRIMAVERA C.A., mediante diligencia de fechas 01/06/2005 solicitó que se sirva dictar sentencia en la presente causa.

En fecha 07 de marzo de 2007, el ciudadano Manuel Varela Ramos, antes identificado, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 47.356, mediante diligencia solicitó copia simple entre los folios 242 y 250 ambos inclusive

En fecha 27 de noviembre de 2012, este Tribunal, dictó auto mediante el cual la ciudadana Lilia María Casado Balbás, convocada para ejercer funciones como Jueza de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se abocó al conocimiento de la presente causa, se libró Cartel a las partes de su nombramiento.

En fecha 4 de diciembre de 2012, se dictó Sentencia Interlocutoria N° 188/2012, a través de la cual se ORDENÓ notificar a la contribuyente para que en un plazo máximo de treinta (30) días continuos exponga si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa.

En fecha 29 de julio de 2019, se dicto auto mediante el cual el ciudadano Yamil Antonio Cham Duque, convocado para ejercer funciones como Juez de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se abocó al conocimiento de la presente causa, y se libró Cartel a las partes de su nombramiento.

En fecha 29 de julio de 2019, se dictó auto donde se aclara el error involuntario, en el cual incurrió este Tribunal, al no enviar a la Unidad de Actos de Comunicación (UAC), la boleta de notificación en fecha 11/02/2015, con la finalidad de notificar la Sentencia Interlocutoria N° 188/2012 de fecha 04/12/2012, se ordenó dejar sin efecto la mencionada boleta de notificación y se libró nueva boleta de notificación a la contribuyente.
En fecha 29 de julio de 2019, el ciudadano Yuber Sanabria, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 14.388.126, en su carácter de Alguacil de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, consignó sin firma boleta de notificación de la sociedad mercantil “EDITORIAL PRIMAVERA, C.A.”.
En fecha 19 de octubre de 2022, se deja constancia que la ciudadana Marilenne Sofía Do Paco Serrano, convocada para ejercer funciones como Jueza de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se abocó al conocimiento de la presente causa, y con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes para la continuación y decisión de la presente causa.
En fecha 19 de octubre de 2022, debido a la imposibilidad de notificar a la sociedad mercantil “EDITORIAL PRIMAVERA C.A”, se dictó auto donde se ordena notificar mediante cartel a las puertas de este Tribunal con la finalidad de la notificación de la Sentencia Interlocutoria N° 188/2012 de fecha 04/12/2012, y se libró cartel

I
MOTIVACION PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Guillermo Rafael Balza García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 13.123.722, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 75.098, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “EDITORIAL PRIMAVERA C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 11 mayo de 1967, bajo el N° 15, tomo 32-A, inscrita en Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-000591466, Licencia de funcionamiento o Cuenta N° 12-00034 del Municipio Ambrosio Plaza Guarenas Estado Miranda, interpuso Recurso Contencioso Tributario contra la Resolución N° 2/058/2002 de fecha 9 de septiembre de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía Ambrosio Plaza del Estado Miranda.

Asimismo, se evidencia que la última actuación de la sociedad mercantil “EDITORIAL PRIMAVERA C.A.”, fue el 07 de marzo de 2007 fecha en la cual el abogado Manuel Varela Ramos, Inpreabogado bajo el número 47.356, mediante diligencia solicitó copia simple entre los folios 242 y 250, hasta la presente fecha no ha realizado acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso, habiendo transcurrido quince (15) años y ocho (08) meses aproximadamente, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, Carlos Vecchio y otros en el cual se estableció lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “visto” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Destacado de la Sala)

Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que, a partir del 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia (vid., entre otras sentencias de la Sala Político-Administrativa Nos. 00781, 00193, 00271 y 00826 de fechas 28 de julio de 2010, 10 de febrero, 2 de marzo y 22 de junio de 2011, casos: Corporación Raymiven Internacional, C.A., Inversiones La Planicie, C.A., Resimon, C.A y Federación de Cooperativas de Transporte de Venezuela,respectivamente; así como las decisiones de la Sala Constitucional Nos. 667, 668, 922 y 1274 de fechas 12 de mayo de 2011 las dos primeras, y del 8 de junio y 26 de julio de 2011 las dos últimas, casos: Marco Aurelio Quiñones Gómez y Gabriel Alejandro Alfonso Romero, Carlos Vecchio, ElieHabilian Dumat, y FEDECÁMARAS, respectivamente).

Conforme a lo anterior, este Tribunal observa que en el presente caso estamos en presencia del segundo supuesto, en virtud de que la causa ha entrado en estado de sentencia y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación procesal alguna tendente a mantener el curso del proceso.

Por otra parte, se evidencia, que en fecha 19 de octubre de 2022, fue librado cartel a las puertas de este Tribunal, para notificar la Sentencia Interlocutoria N° 188/2012, de 04 de diciembre de 2012 a la contribuyente, a los fines de que en un plazo máximo de treinta (30) días continuos contados desde que conste en autos su notificación manifestara su interés en que se dicte sentencia en la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en concordancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras. Ahora bien, aun cuando se notificó a la Contribuyente de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sin embargo, no consta la manifestación de su interés en la presente causa, razón por la cual resulta forzoso concluir que están dados los extremos legales para declarar la pérdida del interés en el presente proceso, Y así se declara.

En este sentido, es conveniente citar parcialmente el contenido de la sentencia Nº 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se dejó sentado lo siguiente:

“(…)
“…En efecto, es jurisprudencia de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho ‘vistos’ –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En consecuencia, esta Sala ordena la notificación a la parte actora, bien en su sede procesal o por cartel, en caso de que no lo haya indicado, para que informe, en un plazo máximo de treinta días continuos desde su notificación, si conserva el interés para la continuación este proceso. Si no hay respuesta de la parte actora dentro del plazo que ha sido fijado, la Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes. Así se decide. (Negritas del Tribunal).

Siendo así, en el presente caso, este Tribunal considera que existió inactividad de la parte actora en manifestar el interés en que se dictara sentencia en la presente causa, por lo tanto, se declara extinguido el recurso, por lo que se presume la pérdida del interés procesal quedando así extinguida la presente causa, Así se declara.

II
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCION DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por la contribuyente “EDITORIAL PRIMAVERA C.A.”, contra la Resolución N° 2/058/2002 de fecha 9 de septiembre de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía Ambrosio Plaza del Estado Miranda.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.

Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 305 del Código Orgánico Tributario vigente, esta sentencia no admite apelación, por cuanto que el quantum de la causa no excede de más de quinientas (500) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, para las personas jurídicas.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los siete (07) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Juez,

Marilenne Sofía Do Paco Serrano.
La Secretaria

Yaritza Gil Bermúdez

Asunto: AF47-U-2002-000018
Antiguo: 1961
MSDPS/YGB/Lahb