TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DELTA AMACURO
Maturín, 24 de Marzo de 2022
211° y 163°

ASUNTO PRINCIPAL: NP11-G-2017-000030

En fecha 28 de Marzo de 2017, se recibió por ante por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado, la presente Querella Funcionarial (Nulidad de Acto Administrativo) conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar de Amparo, interpuesta por el ciudadano Nicola Giannini Di Benedetto, titular de la cedula de identidad Nº V- 13.655.152, debidamente asistido por el Abogado José Francisco Jiménez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 164.486, contra la Alcaldía del Municipio Maturín Estado Monagas.
En fecha 04 de Abril de 2017, se le dio entrada a la presente querella.
En fecha 17 de Abril de 2017, se admitió la presente querella, asimismo se declaro PROCEDENTE la medida cautelar de amparo solicitada.
En fecha 20 de Abril de 2017, se dictó auto libraron las respectivas notificaciones de la admisión en la presente causa.
En fecha 18 de Julio de 2017, se celebró la Audiencia Preliminar en la presente causa, declarándose Desierta la misma en virtud de la Incomparecencia de las partes.
En fecha 26 de Julio de 2017, se celebró la Audiencia Definitiva en la presente causa, declarándose Desierto el acto, vista la incomparecencia de las partes.
En fecha 03 de Agosto de 2017, se suspendió la Audiencia para dictar el Dispositivo Oral del Fallo; asimismo de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo se ordenó dictar auto para mejor proveer en la presente causa.
En fecha 04 de Octubre de 2017, se celebró la Audiencia para dictar el Dispositivo del Fallo en la presente causa, declarándose Desierto el acto, vista la incomparecencia de las partes.
En fecha 15 de Mayo de 2018, se abocó al conocimiento de la causa la ciudadana Mircia Rodríguez, en su carácter de Jueza Suplente, ordenándose notificar a las partes.
En fecha 07 de Febrero de 2019, se abocó al conocimiento de la causa la ciudadana Mircia Rodríguez, en su carácter de Jueza Provisoria.
En fecha 23 de Octubre de 2019, el Alguacil de este Juzgado consignó boleta de notificación de la parte actora y manifestó la imposibilidad de practicar la misma.
En fecha 29 de Octubre de 2019, se ordenó librar nueva boleta de notificación a la parte actora, de conformidad con lo establecido con la parte infine del articulo 174 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 21 de noviembre de 2019, se dictó auto mediante el cual el Secretario de este Juzgado retira boleta de notificación a la parte actora de la cartelera.
En fecha 23 de Marzo de 2022, se dictó auto mediante el cual el Juez Suplente Ciudadano José Andrés Fuentes Guevara se aboca al conocimiento de la presente causa.

I
UNICO

Ahora bien, corresponde a este Tribunal Superior, pronunciarse sobre la paralización de la presente causa, visto que en fecha 15 de Mayo de 2018 se ordenó librar notificación dirigida a la parte actora a los fines que manifestará su interés en continuar el presente juicio, posteriormente el Alguacil de este Juzgado en fecha 23 de Octubre de 2019 consignó boleta de notificación de la parte actora y manifestó la imposibilidad de practicar la notificación personal, vista la imposibilidad de la notificación personal en fecha 29 de octubre de 2019, se libra boleta dirigida a la parte actora y se ordena fijar en la cartelera de este Juzgado, a los fines que informe su interés en continuar la presente causa; asimismo se constata la incomparecía de la parte actora a las Audiencia Preliminar en fecha 18 de Julio de 2017, Audiencia Definitiva en fecha 26 de Julio de 2017 y Audiencia para Dictar Dispositivo del Fallo en fecha 04 de Octubre de 2017 y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación alguna destinada a dar continuación al proceso.
Al respecto, se hace necesario expresar, la figura de la Perención de la Instancia consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiere verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio; entendiéndose por acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, ya sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. Esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso administrativo, culmina con la presentación de los informes y en los procesos judiciales antes de ser vista la causa, es decir, cuando inicia la fase para dictar sentencia.
En este sentido, debe manifestarse que la institución de la Perención de la Instancia esta concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes y puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual destaca su carácter imperativo, constituyendo un elemento anómalo para la culminación del procedimiento, es decir, que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines, siendo un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés por parte de los sujetos de la litis en la continuación de la causa.
Cabe destacar que la función de esta institución procesal, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que encuentra justificación en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad innecesaria, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en el proceso; es decir, su propósito es impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla con la función jurisdiccional, la cual radica esencialmente en administrar justicia, así como en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.
Así pues se colige y lo ha interpretado tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, que para que opere la Perención (anual) de la Instancia deben concurrir los requisitos siguientes: i) que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto o impulso procesal en la causa, ii) que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de éstas hayan realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como requerimientos de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias, revisión, del expediente judicial y otras similares. No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del Tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia; por lo que la demora en el dictamen de la sentencia tampoco produce perención.
En tal sentido, debe resaltarse que la Ley .Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código de Procedimiento Civil, instrumentos legales aplicables al caso que nos ocupa, establece en sus artículos 41 y 267, respectivamente, lo siguiente:

“Articulo 41. Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después la declaratoria.”
“(…) Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención (…)”.

Con relación a los artículos parcialmente transcritos, se observa que los mismos regulan la institución procesal de la perención, la cual se puede definir como “el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…” (Vid. Henríquez La Roche, Ricardo. “Comentarios al Código de Procedimiento Civil” Tomo 2. Editorial Centros de Estudios Jurídicos de Venezuela. Caracas, 2009, p. 318); dirigida a evitar la prolongación indefinida en el tiempo de los procesos judiciales por omisión de impulso de las partes interesadas en la consecución final del mismo.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 00853 del 29 de septiembre de 2010, estableció:
“(…) Advertido lo anterior, resulta necesario señalar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer
Nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Este instituto procesal se constituye, así, en un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales. (…)” (Resaltado de este Órgano Jurisdiccional).

En virtud de las anteriores consideraciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales tendentes a verificar la perención de la instancia, este Juzgado, previa revisión efectuada a las actas procesales que conforman el expediente judicial, se verifica que desde el 20 de Abril de 2017, se libraron las notificaciones correspondientes sobre la admisibilidad de la presente causa, posteriormente se ordena librar notificación dirigida a la parte actora en fecha 15 de Mayo de 2018, a los fines que manifestará su interés en continuar el presente juicio, siendo imposible de practicar según consta en consignación realizada por la Alguacil de este Juzgado en fecha 23 de Octubre de 2019; vista la imposibilidad de la notificación personal en fecha 29 de octubre de 2019, se libra boleta dirigida a la parte actora y se ordena fijar en la cartelera de este Juzgado, a los fines que informe su interés en continuar la presente causa; asimismo se constata la incomparecía de la parte actora a las Audiencia Preliminar en fecha 18 de Julio de 2017, Audiencia Definitiva en fecha 26 de Julio de 2017 y Audiencia para Dictar Dispositivo del Fallo en fecha 04 de Octubre de 2017; y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación alguna destinada a dar continuación al proceso, por lo que ha sido superado con creces el período a que se refieren los artículos 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y 267 del Código de Procedimiento Civil; es por ello que, resulta imperioso para este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, declarar que operó de pleno derecho la Perención, a tenor de lo establecido en los artículos anteriormente señalados y en consecuencia extinguida la instancia. Así se decide.

DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la presente Querella Funcionarial (Nulidad de Acto Administrativo) conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar de Amparo, interpuesta por el ciudadano Nicola Giannini Di Benedetto, titular de la cedula de identidad Nº V- 13.655.152, debidamente asistido por el Abogado José Francisco Jiménez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 164.486, contra la Alcaldía del Municipio Maturín Estado Monagas.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese al ciudadano Sindico Procurador Municipal del Municipio Maturín del Estado Monagas, de conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. No se ordena la notificación de la parte actora conforme al criterio establecido en sentencia emanada de la Sala Constitucional Nº 1466 de fecha 5 de agosto de 2004.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro. En Maturín, a los Veinticuatro (24) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022). Años: 211º de la Independencia y 163º de la Federación.-
El Juez Suplente,

ABG. José Fuentes
La Secretaria Acc,

Abg. Luisa Lara

En la misma fecha, siendo las ocho y cuarenta de la mañana (08:40 a.m.), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. Se deja constancia que se realizará la inserción en el sistema Juris 2000, una vez se restablezca el sistema referido; asimismo, se ordena la publicación en el portal informático del Tribunal Supremo de Justicia. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste.

La Secretaria Acc,

Abg. Luisa Lara

JAF/LL/HM -