TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 02 de Mayo de 2022
212° y 163°

PARTE ACTORA: Ciudadana CARMEN IMELDA SANDOVAL DE SOSA, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad número 2.849.761 e Inpreabogado número 169.417, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana JANETH TERESA RIVAS SANDOVAL, venezolana, mayor de edad y con cédula de identidad número 7.266.395. Apoderado Judicial: Abogado Vicente Amengual, Inpreabogado número 7.178.

PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil INVERSIONES VERACRUZ II, C.A., inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero del estado Aragua, en fecha 22 de Octubre de 2020, bajo el número 292, Tomo 16-A.

MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

EXPEDIENTE Nº: 15.882

DECISIÓN: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

I. ANTECEDENTES.

En fecha 14 de Diciembre de 2021 se dio por recibido vía correo electrónico distribución número 120, con motivo de demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, incoada por la ciudadana CARMEN IMELDA SANDOVAL DE SOSA, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad número 2.849.761. e Inpreabogado número 169.47, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana JANETH TERESA RIVAS SANDOVAL, venezolana, mayor de edad y con cédula de identidad número 7.266.395, contra la sociedad mercantil INVERSIONES VERACRUZ II, C.A., inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero del estado Aragua, en fecha 22 de Octubre de 2020, bajo el número 292, Tomo 16-A, proveniente del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en funciones de Distribuidor.

En fecha 27 de Enero de 2022 compareció por ante este Tribunal la apoderada judicial de la parte actora, Abogada Carmen Sandoval, Inpreabogado número 169.417, quien asistida del Abogado Vicente Amengual, Inpreabogado número 7.178, consignó el escrito libelar y los anexos enviados vía digital.

En fecha 29 de Marzo de 2022 se admitió la demanda e instó a la parte actora se sirviera consignar los fotostatos del escrito libelar y del auto de admisión a los fines de librar la compulsa respectiva.

Por consiguiente, vistas las actuaciones que conforman el presente expediente este Juzgador procede a razonar la presente decisión en vista de las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

II. MOTIVACIÓN PARA DECIDIR.

Revisadas exhaustivamente como han sido las actuaciones que conforman el presente expediente, este Jurisdicente observa que desde el día 29 de Marzo de 2022, fecha en la cual este Tribunal admitió la demanda, y le solicitó a la parte actora se sirviera consignar fotostatos del libelo de la demanda y del auto de admisión a los fines de librar la compulsa respectiva, y visto que la parte actora no ha cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación a la demandada, sociedad mercantil INVERSIONES VERACRUZ II, C.A., como lo es consignar los fotostatos y suministrar los emolumentos al Alguacil para la practicar la citación.

Del examen anterior este Juzgador advierte que pro tempore ex necesse, traer a colación lo que señala el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, el cual estipula que:

“(…) Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado (…)” (Negrillas nuestras).
Bajo este contexto, el artículo 269 ejusdem establece lo siguiente:
“(…) La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal (…)”. (Negrillas del Tribunal.).
En este orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 06 de julio del 2004, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, en el juicio que por Cumplimiento de Contrato seguido por el ciudadano José Ramón Barco Vásquez contra la Sociedad Mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, expuso lo siguiente:

“(…) Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que se ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la Ley de los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece”.

En mayor abundamiento a lo anteriormente citado, respecto a la perención breve, la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 22/05/2008, Exp. AA20-C-2007-000815 (caso: MARIOLGA QUINTERO TIRADO y NILYAN SANTANA LONGA), ratificando su criterio sentando por decisión N° 537 del 6 de julio de 2004, estableció lo siguiente:

“(…) En otras palabras, las obligaciones de la parte demandante o intimante a los efectos de generar la citación o intimación de su contraparte, son precisamente: la facilitación de vehículo para el traslado del alguacil, los gastos de manutención y el hospedaje; lo que se traduce en la obligación de proporcionar al alguacil los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada.
De modo que, el accionante tiene la obligación de presentar diligencia dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, en la cual ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes para la consecución de la citación.

Dicho lo anterior, esta suprema jurisdicción concluye y reitera su doctrina en el sentido de dejar sentado que el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, es decir, no proporcionar al alguacil los medios y recursos necesarios para la práctica de la citación, acarreará la perención de la instancia (…)”.

Entonces es fuerza concluir que la denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por MÁS DE TREINTA (30) DÍAS una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de Orden Público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación del demandado.

El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la parte demandante no facilita la labor del Alguacil del Tribunal en cuanto a su traslado al domicilio del demandado, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la parte accionante una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Lo cual apunta hacia la conclusión de que corresponde en este caso a la parte actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. En consecuencia, visto que en la presente causa desde la fecha 29 de Marzo de 2022, fecha en la cual este Tribunal advirtió el estado procesal de citación del demandado hasta la presente fecha, transcurrieron sobradamente más de treinta (30) días continuos sin que la parte actora impulsara tal citación, y en conformidad con lo establecido en los Artículos 267 ordinal 1o y 269 del Código de Procedimiento Civil venezolano supra transcritos, resulta forzoso para quien aquí decide declarar de oficio la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECLARA.

III. DISPOSITIVA.

Por las razones que anteceden y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 ordinal 1º y 269 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara:

PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil venezolano, en la presente demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, incoada por la ciudadana CARMEN IMELDA SANDOVAL DE SOSA, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad número 2.849.761. e Inpreabogado número 169.47, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana JANETH TERESA RIVAS SANDOVAL, venezolana, mayor de edad y con cédula de identidad número 7.266.395, contra la sociedad mercantil INVERSIONES VERACRUZ II, C.A., inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero del estado Aragua, en fecha 22 de Octubre de 2020, bajo el número 292, Tomo 16-A, proveniente del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en funciones de Distribuidor.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la especial naturaleza de la decisión.
TERCERO: Se ordena la desincorporación del presente expediente y su respectiva remisión al Archivo Judicial Regional de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en la oportunidad legal correspondiente.

Publíquese, Regístrese y Déjese copia del presente fallo.

Dada, Sellada y Firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los dos (02) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación.

EL JUEZ PROVISORIO

PEDRO COLINA CHÁVEZ

EL SECRETARIO

ANTONIO HERNÁNDEZ ALFONZO

PCCH/AHA/Mistral.-
EXP. Nº: 15.882.-

En ésta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 11:00 a.m.
EL SECRETARIO

ANTONIO HERNÁNDEZ ALFONZO