TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Vigésimo Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 17 de Mayo de dos mil veintidós
212º y 163º
ASUNTO: AP31-S-2021-004988

SOLICITANTES: CHARLI ENRIQUE JUNIOR lll MONTILVA CASTILLO Y ALEJANDRA BETSABE GUERRA LOPEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la cédula de identidad Nros. V-14.527.043 y V-22.653.916, respectivamente.

ABOGADO: WILLIAM JOSÉ MOLINA TERAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 86.844.

MOTIVO: DIVORCIO

SENTENCIA: DEFINITIVA.
I
ANTECEDENTES

En fecha 4 de noviembre de 2021, el abogado WILLIAM JOSÉ MOLINA TERAN, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos CHARLI ENRIQUE JUNIOR lll MONTILVA CASTILLO Y ALEJANDRA BETSABE GUERRA LOPEZ. Ut supra identificados, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta sede judicial, escrito contentivo de solicitud de divorcio 185-A, cuyo conocimiento recayó en este Tribunal previa distribución efectuada en esa misma fecha.

Alegan los solicitantes en su escrito, que contrajeron matrimonio civil en fecha 22 de julio de 2015, por ante el Registro Civil de la Parroquia Capital Maneiro del Municipio Mineiro del Estado Nueva Esparta, bajo en Nº 154, correspondiente al libro de matrimonios del año 2015, que de esa unión matrimonial no procrearon hijos; asimismo manifestaron que no adquirieron bienes dentro de la comunidad conyugal.
Alegaron que establecieron su último domicilio conyugal en la siguiente dirección: “Urbanización el Paraíso, Torre Alto Alegre B, Apto 76 B, Municipio Libertador Del Distrito Capital.”
Expusieron igualmente, que cesó todo tipo de vida en común desde 17 de noviembre de 2015, sin que hasta la presente fecha se haya restablecido la convivencia y comunicación alguna.

Admitida como fue la presente solicitud en fecha 09 de noviembre de 2021, este Tribunal ordenó la notificación al Fiscal del Ministerio Público, e instó a la parte interesada a consignar los fotostatos requeridos.-

Mediante diligencia presentada en fecha 22 de noviembre de 2021, por el abogado WILLIAM JOSÉ MOLINA TERAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 86.844, actuando en su carácter de apoderado judicial de los solicitantes, mediante la cual consignó los fotostatos requeridos por este Tribunal.

En fecha 30 de noviembre de 2021, la secretaria de este Juzgado dejo constancia que se libró Boleta de notificación a la Fiscal del Ministerio Público.

En fecha 13 de diciembre de 2021 compareció, ante este Juzgado el ciudadano ANTHONY VILLARROEL, en su carácter de alguacil adscrito al Circuito Judicial de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, mediante el cual dejo constancia de haber realizado la entrega de la boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Publico.

Mediante diligencia de fecha 31 de enero de 2022, se recibió diligencia presentada por el ciudadano JOHANGEL LUGO REINALES, Fiscal Provisorio Nonagésimo Cuarto (94º) del Ministerio Publico, con competencia en Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual manifestó no tener objeción alguna en lo referente a la solicitud.
II
DE LA COMPETENCIA

Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes:

La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3º y 4º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso.

En tal sentido, el artículo 3º de la Resolución Nº 2009-0006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

Artículo 3: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”.

Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en material civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, por lo que este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa, y así se declara.-

III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal lo hace sobre la base de las siguientes consideraciones:

La lectura del escrito libelar patentiza, que los solicitantes fundamentaron su petición en las siguientes argumentaciones:

Aducen, que en fecha 22 de julio de 2015, contrajeron matrimonio civil ante el Registro Civil de la Parroquia Capital y Maneiro del Municipio Mineiro del Estado Nueva Esparta, tal cual consta en Acta Nº 154 del año 2015.

Expresaron, que de dicha unión matrimonial no procrearon, y no adquirieron bienes; asimismo, fijaron su último domicilio conyugal en la Urbanización El Paraíso, Torre Alto Alegre B, Apartamento 76 B, Municipio Libertador Del Distrito Capital

Asimismo, señalaron que por causas diversas de incomprensión, desavenencias e incompatibilidad de caracteres, hicieron imposible la vida en común, siendo interrumpida la vida conyugal en el julio del año 2015, y es por ello que acuden a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, por no existir la voluntad de permanecer casados.

Ahora bien, el Matrimonio puede ser considerado como una unión entre un hombre y una mujer que cuenta con un reconocimiento social, cultural y jurídico, ya que tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar, aunque también para proporcionar un marco de protección mutua o de protección tanto jurídica como económica y emocional de la descendencia. Produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y frente a terceras personas, de los cuales los fundamentales son las obligaciones conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos sucesorales y el régimen económico, que encuentran en el Código Civil y demás leyes aplicables su reglamentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Civil, el matrimonio se disuelve por dos (02) razones fundamentales, las cuales son: a) Por la muerte, debido que ante la desaparición física de uno de los esposos, el vínculo entre ambos deja de existir y de producir efectos jurídicos válidos; y b) Por el divorcio, que es el medio utilizado como procedimiento especial destinado a lograr el cese de la relación conyugal.

Así pues, el divorcio es la separación y ruptura del matrimonio que se encuentra constituido legalmente entre un hombre y una mujer, la cual puede darse por una causal citada en la ley, que al ser puesta en consideración ante el juez competente en lo civil, tendrá la facultad de declarar disuelto el vínculo matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se definirá todo lo que haya producido ese matrimonio, facultando además a los cónyuges a contraer nuevo matrimonio luego de pasado el tiempo que establece la ley, así como a liquidar la comunidad de gananciales.

En este sentido, cabe considerar el precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.

La inteligencia de la referida norma jurídica pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció basada en la ruptura prolongada de la vida en común, el legislador patrio ha establecido un elenco de requisitos, entre ellos, la demostración de la existencia del vinculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio.

En este sentido, nuestra Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 192/2001, establece que:

“No debe ser el matrimonio un vinculo que ate a los ciudadanos en representación por su conducta, sino por el común afecto, por tanto, las razones que haya podido tener el cónyuge para proferir injurias contra el otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida en común. En estas circunstancias en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución es el divorcio”

Por otra parte, el profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”.

Para este Tribunal, la tendencia del Código Civil venezolano corresponde a esa orientación, del divorcio-remedio. Sobre este particular, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “el antiguo divorcio– sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”.
Dicho esto, en el caso concreto de autos, luego de revisadas las actas procesales que integran el expediente, observa el Tribunal que están satisfechas todas las formalidades previstas en el artículo 185-A del Código Civil, para declarar el divorcio solicitado por los ciudadanos CHARLI ENRIQUE JUNIOR lll MONTILVA CASTILLO Y ALEJANDRA BETSABE GUERRA LOPEZ, y así se decide.

IV
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos CHARLI ENRIQUE JUNIOR lll MONTILVA CASTILLO Y ALEJANDRA BETSABE GUERRA LOPEZ, venezolanos, mayores de edad, de Este domicilio, titulares de la cédula de identidad Nros. V-14.527.043 y V-22.653.916, respectivamente.

SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído por los ciudadanos CHARLI ENRIQUE JUNIOR lll MONTILVA CASTILLO Y ALEJANDRA BETSABE GUERRA LOPEZ, venezolanos, mayores de edad, de Este domicilio, titulares de la cédula de identidad Nros. V-14.527.043 y V-22.653.916, respectivamente, por ante el Registro Civil de la Parroquia Capital y Maneiro del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, tal cual consta en Acta Nº 154 del año 2015.

TERCERO: Líbrense sendos oficios de participación dirigidos al Registro Civil de la Parroquia Capital y Maneiro del Municipio Mineiro del Estado Nueva Esparta, y al Registrador Principal del Estado Nueva Esparta, conforme a lo previsto en los artículos 475 y 506 del Código Civil, anexándoles copias certificadas de la presente decisión y del auto de ejecución. Asimismo, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 de la Resolución Nº 100623-0220 de fecha 23 de Junio de 2010, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y publicada en la Gaceta Oficial No. 39.461 de fecha 08 de julio de 2010, ofíciese al Director de la Oficina Electoral Principal del Estado Nueva Esparta, notificándole lo conducente
Publíquese, Regístrese y déjese Copia de la presente decisión. Asimismo, se les hace saber a los solicitantes que el dispositivo de la presente sentencia, será publicado en la página: caracas.scc.org.ve.

Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Vigésimo Segundo De Municipio Ordinario Y Ejecutor De Medidas De La Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana De Caracas, en Los Cortijos de Lourdes, a los diecisiete (17) días del mes de Mayo de dos mil veintidós (2022). Años: 211º de la Independencia y 162º de la Federación.
LA JUEZ,

ANGELA. MARCANO CALI.

LA SECRETARIA.

JENIFFER GERRERO.
En esta misma fecha, se dictó y publicó la anterior sentencia, previas las formalidades de Ley.
LA SECRETARIA.

JENIFFER GERRERO.

AMC/JG/RC.-