TSJ Regiones - Decisión

I. ANTECEDENTES

En fecha 7 de noviembre de 2022, el abogado GARCILIANO APONTE HERNÁNDEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MARIO ABDON DIANA GONZÁLEZ, arriba identificados, siendo las 2:20 pm presentó para su distribución escrito contentivo de solicitud de exequátur (Folio 1 al 4), por lo que la misma fue distribuida al día siguiente. Hecho el sorteo de Ley, correspondió conocer dicha solicitud a esta Alzada (Folio 11).

En fecha 10 de noviembre de 2022, este tribunal Superior recibió el presente expediente, tal y como se evidencia en nota estampada por secretaría (Folio 12).

En fecha 14 de noviembre de 2022, este juzgado mediante auto, ordenó el estudio de la presente causa y la notificación al Ministerio Público. En la misma fecha, se libró la notificación respectiva (Folios 13 y 14).

En fecha 16 de noviembre de 2022, el alguacil de este Tribunal consignó en autos las resultas de la notificación al Ministerio Público. (Folio 15 y 16).

II. DE LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR

La parte actora, indicó en su escrito libelar (Folios 1 al 4), lo siguiente:

“(…) los ciudadanos MARIO ABDON DIANA GONZALEZ (Sic) y BRIGETTE PLATA ACOSTA, contrajeron matrimonio civil el día 30 de Junio (Sic) de 1994, en la Ciudad (Sic) de Villa de cura (Sic), estado Aragua, Venezuela, hallándose inscrito en el Consulado General de España-Caracas Venezuela en el Tomo 143, página 376, en dicha unión nacieron 3 hijas cuyos nombres son los siguientes: Pierina de Los Ángeles Diana Plata, de 21 años de edad, Fabiana Patricia Diana Plata, de 22 años de edad, y, Brimar Joselin Diana Plata, de 26 años de edad, todas ellas mayores de edad. Es el caso ciudadano Juez, que mediante la Sentencia (Sic) Firme (Sic) N°124/2022, dictada por el JUZGADO DE 1° INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N° 02 DE COSLADA, España, de fecha veintidós (22) de julio de 2.022, se decreto la disolución por DIVORCIO MUTUO ACUERDO, en su día contraído entre el ciudadano MARIO ABDON DIANA GONZALEZ (Sic) y BRIGETTE PLATA ACOSTA (…) Fundamentamos el ejercicio de la presente demanda en las disposiciones de derecho que a continuación indicamos: Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia n° 01561 del 4 de julio de 2000 y Artículo (Sic) 856 del Código de Procedimiento Civil Venezolano en concordancia con el Artículo (Sic) 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado (…) Por todas las consideración de hecho y de derecho anteriormente expuestas en nombre y representación del ciudadano (…) ocurro ante su competente autoridad a fin de solicitar formalmente a este honorable Tribunal Declare (Sic) el Pase o Exequatur en Autoridad de Cosa Juzgada a dicha Sentencia (Sic) y se le conceda fuerza ejecutoria en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela (…)”.

III. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Estando en la oportunidad para decidir, esta superioridad lo hace bajo las siguientes consideraciones:

El artículo 852 del Código de Procedimiento Civil, señala que:

“La solicitud de exequátur se presentará por escrito en el cual se exprese la persona que lo pida su domicilio o residencia, la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria, y su domicilio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y la comprobación de los requisitos indicados en el artículo precedente: todo en forma auténtica y legalizado por autoridad competente”. [Negrillas añadidas].

De la norma antes transcrita, es evidente, que el legislador venezolano exige entre los requisitos que debe contener la solicitud de exequátur, el deber de estar acompañada de la sentencia extranjera cuya ejecutoriedad se solicita a través del exequátur para que tenga fuerza ejecutoria en nuestra República Bolivariana de Venezuela, siendo este un requisito sine qua non para su procedencia.

Pues bien, en el caso de marras, se solicita la declaratoria de la fuerza ejecutoria en esta República Bolivariana de Venezuela, de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 02 de Coslada de Madrid, España, en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veintidós (2022), país con el cual no existen tratados, acuerdos o convenios que regulen de manera específica los presupuestos de fondo que deben cumplir las sentencias extranjeras para que adquieran eficacia y fuerza ejecutoria en nuestro país, por lo que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, deberán aplicarse las normas de derecho interno contenidas en el Capítulo X de la referida Ley, para resolver lo solicitado. Así se establece.

Aclaradas como han sido las aplicaciones de las disposiciones legales anteriores, pasa este sentenciador a verificar si la sentencia cuyo reconocimiento pretende el solicitante encuadra dentro de las exigencias del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y al efecto observa:

1°) Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general de relaciones jurídicas privadas. Este Juzgado Superior observa que de la revisión de las actas que conforman el expediente, se evidenció que consta sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 02 de Coslada Madrid, España, en fecha 22 de julio del 2022, asunto N° 426/2022, y apostillada en fecha 11 de octubre de 2022, mediante la cual se decretó la disolución del matrimonio entre MARIO ABDON DIANA GONZÁLEZ y BRIGETTE PLATA ACOSTA; lo que constituye materia de relaciones privadas, cumpliéndose de tal modo el primer requisito del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Así se establece.

2°) Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido producidas. Con relación al segundo requisito del singularizado artículo, cabe destacarse tal y como se desprende del contexto de la sentencia extranjera certificada, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 02 de Coslada Madrid, España, en fecha 22 de julio del 2022, procedió a declarar la disolución del matrimonio ente MARIO ABDON DIANA GONZÁLEZ y BRIGETTE PLATA ACOSTA, no constando en autos que las partes hayan ejercido recurso alguno contra la citada decisión, ni que tuvieran la posibilidad legal de hacerlo; asimismo, dicho juzgado dictó sentencia definitiva (ver folios 8 y 9); por tanto, a tenor de estas apreciaciones, puede llegar el sentenciador que suscribe, a la convicción que el presupuesto contenido en el requisito in comento se encuentra cumplido. Así se establece.

3°) Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio. En atención al tercer requisito, se pretende mantener el principio de la territorialidad de la ley en relación a los bienes inmuebles, y siendo que el caso del exequátur que hoy se solicita, no está vinculado a derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República, este juzgador también considera cumplida la mencionada condición. Así se establece.

4°) Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de la ley. Sobre la jurisdicción del tribunal extranjero para conocer de la causa, establece el principio general de jurisdicción contenido en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que el divorcio se rige por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. En este sentido la norma expresamente señala:

“Artículo 23: El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge demandante solo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual”.

De acuerdo con la norma, el derecho aplicable en el caso de divorcio, priva el del lugar del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Esto quiere decir, que la competencia internacional está establecida mediante los criterios atributivos de jurisdicción en materia de relaciones familiares y estado civil del artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que establece:

“Artículo 42: Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre el estado civil de las personas o las relaciones familiares:
1. Cuando el Derecho venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, para regir el fondo del litigio;
2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República”.

En efecto, se evidencia de los autos que comportan el expediente instruido y la sentencia cuya eficacia extraterritorial se solicita, que los ciudadanos MARIO ABDON DIANA GONZÁLEZ y BRIGETTE PLATA ACOSTA al momento de solicitar la disolución del vinculo, tenían su residencia en Madrid España, por lo que, según la aplicación del citado artículo 42 en concordancia del artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se desprende que existía una vinculación efectiva de la causa con el territorio del Estado sentenciador, determinando en definitiva, el alcance del requisito bajo análisis con fundamento en las mencionadas previsiones normativas. Así se establece.

5°) Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le haya otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. Con relación al quinto requisito, este juzgador debe señalar que el juicio de donde se desprende la sentencia sobre la cual se solicita el presente exequátur se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, no contenciosa, por lo que, en esencia, no existe una parte demandada. Adicionalmente, se considera que quien solicita por ante este Juzgado el reconocimiento del fallo es el cónyuge de quien fuera la solicitante de la pretensión de divorcio, por lo que resulta evidente que nunca hubo oposición de su parte al procedimiento; en consecuencia, se considera cubierto el requisito en cuestión. Así se establece.

6º) Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que hubiere dictado la sentencia extranjera. Con respecto al sexto requisito, no se desprenden evidencias ni indicios de autos sobre la existencia de alguna incompatibilidad de la sentencia cuyo pase se solicita, con alguna sentencia anterior, ni mucho menos la existencia de algún juicio pendiente ante los tribunales venezolanos. Así se establece.
Ahora bien, una vez resuelto lo anterior y verificado como ha sido que la sentencia bajo examen corresponde a una solicitud de divorcio no contenciosa, la misma encuentra en perfecta armonía con la legislación adjetiva vigente, específicamente con el artículo 856 CPC, el cual respecto a la competencia de este Tribunal Superior reza:

“Artículo 856: El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables”. [Negrillas y subrayado añadidos].

En conclusión, tomando en consideración los presupuestos fácticos y jurídicos que se desprenden del caso de marras, en sintonía con los preceptos normativos de derecho internacional privado aplicados al mismo, y constatado como ha sido el cumplimiento de todos los requisitos regulados por el artículo 53 de la Ley de Derecho de Internacional Privado, así como la competencia de este Tribunal Superior conforme al artículo 856 del Código de Procedimiento Civil; consecuencialmente, resulta acertado en derecho para este órgano jurisdiccional, dar el pase en autoridad de cosa juzgada a la decisión proferida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 02 de Coslada Madrid, España, en fecha 22 de julio del 2022, asunto N° 426/2022, y apostillada en fecha 11 de octubre de 2022, por lo tanto, se declara la fuerza ejecutoria de la misma, consumándose a su vez, en la PROCEDENCIA de la presente solicitud de exequátur y en tal sentido, en la dispositiva de este fallo, se emitirá pronunciamiento expreso, preciso y positivo. Así se decide.

IV. DISPOSITIVA

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la decisión proferida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 02 de Coslada Madrid, España, en fecha 22 de julio del 2022, asunto N° 426/2022, y apostillada en fecha 11 de octubre de 2022, producto de la procedencia de la solicitud de exequátur formulada por el ciudadano MARIO ABDON DIANA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.051.032, representado por el abogado GARCILIANO APONTE HERNÁNDEZ, Inpreabogado Nro. 200.802.
Notifíquese al solicitante, conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
No hay pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de la presente sentencia.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada, de conformidad a lo señalado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR

RAMÓN CARLOS GÁMEZ ROMÁN
LA SECRETARIA,

LISENKA CASTILLO
En la misma fecha, siendo las 12:45 de la tarde se publicó y registro de manera ordinaria la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,

LISENKA CASTILLO
RCGR/LC/oa
Exp. Nº JUEZ-1-SUP-EXQ-19.024-22