TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
Maturín, Quince (15) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022).
212° y 162°

Expediente: Nº S2-CMTB-2022-00746
Resolución: Nº S2-CMTB-2022-00840
El presente expediente fue recibido por distribución realizada en fecha Once (11) de noviembre de 2022, contentivo de ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesto por el ciudadano OSCAR LUIS PADRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.794.413. Abogado en Ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el numero: 100.325, domiciliado en la siguiente dirección procesal: Calle azcue, edificio Hanan primer piso, oficina 1 y 2 sector plaza piar, Maturín estado Monagas, actuando en nombre y representación de las ciudadanas: DANIELLA MARIE GONZALEZ POWNALL, domiciliada en Estados Unidos de Norte América, y JESSICA GONZALEZ, de nacionalidad Estadounidense, mayor de edad, pasaporte número: 2042711048, domiciliada en Estados Unidos de Norte América, parte Presuntamente agraviada; en contra del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, a cargo del ciudadano Juez Gustavo Posada Villa, en virtud de que previsiblemente, el mencionado Tribunal incurrió en quebrantamientos de normas constitucionales contemplados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en contra de las ciudadanas Supra mencionadas, en la causa signada con el N° 16.827, nomenclatura interna del mencionado Juzgado, con motivo del juicio de ACCION MERODECLARATIVA DE UNION ESTABLE DE HECHO POST MORTEM, alegando las presuntas agraviadas que el tribunal Aquo admitió la demanda en fecha 5 de mayo del 2022 y ordenó de Oficio la citación de las co-demandadas –hoy presuntas agraviadas- por medio de carteles de conformidad con el artículo 224 del Código de Procedimiento civil, vulnerando así el debido proceso y la tutela Judicial Efectiva, y a su vez, violentando lo solicitado por la parte actora en el Juicio principal, en la cual solicitó lo siguiente: “(…) solicitó al tribunal sus citaciones electrónicas de conformidad con la resolución 0029/2022 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 09/12/2020, se hagan a través del correo electrónico y/o video llamada(…)”, la parte presuntamente agraviada, continua relatando sus hechos y le hace saber a este Juzgado, que ante tal vulneración, solicitaron en fecha 04 de Julio del 2022 la reposición de la causa bajo los siguientes fundamentos:
“(…) De la revisión de las actas que conforman el cuerpo del expediente, en el cuaderno principal no existe, ni consta que en este proceso se haya agotado la citación personal de las co-demandadas, tal como lo solicito la propia demandante Leana Rosa Gómez Ramírez, titular de la cedula de identidad número: V-8.338.037, en su libelo de la demanda, folio 6 y su vuelto, es decir, no hay agotamiento de la citación vía correo electrónico ni por video llamadas, tal como lo exige la resolución número 0029/2020 emanada del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, de fecha 09-12-2020 (…) ya que para proceder a citar vía cartel de conformidad con el artículo 224 del código de procedimiento civil se debe agotar la citación personal (…) que las demandadas no están en la República Bolivariana de Venezuela, cuestión que es indispensable esta comprobación, por parte del actor, de la no presencia del demandado en nuestro territorio, y de que ha dejado o no un apoderado, en nuestra Republica (…) se verifica que mis representadas quedaron en estado de indefensión cuando el Tribunal admitió la presente demanda y ordeno la citación de manera inmediata, por medio de carteles (…) pero agravando la situación el tribunal viola el debido proceso adicionalmente y tutela legal efectiva (…) cuando omitió e inobservo que para poder ordenar la citación por carteles previamente el demandante debió probar al tribunal de instancia, que real y efectivamente, a través de medios legítimos y legales mi representada se encontraban en los Estados Unidos de Note América, estos pasos previos se omitieron de manera flagrante, y siguen sucediendo no ha cesado, persiste el Tribunal en desconocer el debido proceso, la tutela legal efectiva y el derecho a la defensa de mi representada, a pesar de que en su oportunidad en fecha 04/07/2022, solicite la reposición de la causa por quebrantamiento de normas de orden público (…) no consta reitero en la copias certificadas que anexo a este escrito que el tribunal haya agotado el debido proceso consistente en la previa citación personal a través de correo electrónico (…)
Asimismo, este Tribunal Superior, investido en sede Constitucional, al haberse asignado por distribución por encontrarse prevenido en materia de Amparo Constitucional, recibió la causa en fecha Once (11) de noviembre de 2022, ordenándose la inscripción en los libros de registro que lleva este Tribunal durante el presente año, correspondiéndole la nomenclatura correlativa, quedando anotado bajo el NºS2-CMTB-2022-00746; y a los efectos de analizar la admisibilidad de la misma este Tribunal se permite realizar las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo siguiente:
“Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.”
Por una parte, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece la competencia Per Gradum, Ratione Materiae y Ratione Loci, para conocer de las acciones de amparo constitucionales, cuando éstas se ejerzan por vía autónoma.
Así lo ha sostenido la Sala Constitucional en fecha 04 de marzo del 2011, Exp 10-1379, que reitera sentencia N° 2347/2001, que al respecto señaló lo siguiente:
“De la norma contenida en el artículo 4 se desprende, que cuando se trate de resoluciones, sentencias, actos u omisiones que lesionen derechos constitucionales imputables a tribunales que tengan en la escala organizativa del Poder Judicial un superior específico o natural, debe ser éste el competente para conocer de las acciones de amparo interpuestas contra aquél y ello sólo a condición de que los mismos hayan actuado fuera de su competencia”. Resaltado del Juzgado.

Así las cosas, se observa que la acción de Amparo Constitucional fue interpuesta contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas; correspondiendo el conocimiento al Tribunal Superior en grado y en razón de la materia, siendo competente este Órgano Jurisdiccional para conocer el presente amparo. Y ASÍ SE DECLARA.
Del análisis del escrito contentivo de la acción de Amparo Constitucional propuesta por la parte presuntamente agraviada, ciudadano OSCAR LUIS PADRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.794.413. Abogado en Ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el numero: 100.325, domiciliado en la siguiente dirección procesal: Calle azcue, edificio Hanan primer piso, oficina 1 y 2 sector plaza piar, Maturín estado Monagas, actuando en nombre y representación de las ciudadanas: DANIELLA MARIE GONZALEZ POWNALL, domiciliada en Estados Unidos de Norte América, y JESSICA GONZALEZ, de nacionalidad Estadounidense, mayor de edad, pasaporte número: 2042711048, domiciliada en Estados Unidos de Norte América; se desprende que la acción de amparo constitucional está dirigido en contra del ciudadano Juez abogado Gustavo Posada Villa en su condición de Juez Provisorio del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en virtud de que presuntamente, el mencionado Tribunal incurrió en quebrantamientos de normas constitucionales contemplados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alegando la parte presuntamente agraviada, que el tribunal Aquo admitió la demanda en fecha 5 de mayo del 2022 y ordenó de Oficio la citación de las co-demandadas -hoy presuntas agraviadas- por medio de carteles de conformidad con el artículo 224 del Código de Procedimiento civil, vulnerando así el debido proceso y la tutela Judicial Efectiva, y a su vez, violentando lo solicitado por la parte actora en el Juicio principal, en la cual solicitó lo siguiente: “(…) solicitó al tribunal sus citaciones electrónicas de conformidad con la resolución 0029/2022 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 09/12/2020, se hagan a través del correo electrónico y/o video llamada(…)”, de lo alegado por la presunta agraviada, a su consideración tal situación constituye una violación flagrante del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa contemplados en los artículos 49 y 26; todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; motivo por el cual solicita ante este Juzgado Superior conociendo en Sede Constitucional, que se declare la inexistencia total y absoluta de todo el proceso admitido y sustanciado en el expediente 16.827 ante el Juzgado segundo de primera instancia en lo civil, mercantil y tránsito de la circunscripción Judicial del estado Monagas, incluyendo su auto de admisión de fecha cinco de mayo del año dos mi veintidós (05/05/2022).
No obstante lo anterior, deben verificarse los requisitos de admisibilidad de la presente acción, que conforme a la doctrina reiterada son evaluables en cualquier estado y grado del proceso y al respecto para este Juzgado Superior, considera, que la Acción de Amparo, constituye una acción que garantiza la restitución de un derecho fundamental vulnerado, a través de un acto u omisión de entes públicos o particulares; así para que se ejecute una acción de amparo se requiere una serie de condiciones, las cuales están consagrados en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, llamados requisitos de procedencia los cuales son: Requisitos de Admisibilidad, Requisitos de Procedencia y los requeridos por la Jurisprudencia.
Ahora bien, el juez en su condición de director del proceso y como protagonista en el ejercicio de velar por la ejecución y buen desarrollo para la realización de la justicia, en aras de la consolidación de un Estado democrático de derecho y de Justicia, teniendo como primicia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, texto fundamental, de todas las normas del ordenamiento jurídico para garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia, de manera imparcial y expedita; impidiendo dilaciones indebidas o formalismos no esenciales e inútiles, a la finalidad del proceso; debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa este en suspenso por algún motivo legal (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), lo que involucra en remover ex oficio los obstáculos que impidan su prosecución.
De igual forma para que constituya una “Garantía Jurisdiccional”, de las dispuestas en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999 (Artículo 27 Ejusdem), que viene a resguardar la “Conculcación o Vulneración de los Derechos” de rango Supremo, en el caso de marras, se debe constituir características propias, en este sentido de carácter cautelar debiendo interponerse dentro del mismo juicio en el que durante su desarrollo, haya acaecido presuntamente la violación o amenaza de violación constitucional.
En este orden de ideas la ley adjetiva para la presente acción intentada por la presunta agraviante, es la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la cual describe su artículo 6 en forma sistemática una serie de requisitos necesarios para que sea admitida la presente acción de Amparo.
Es por lo que el Amparo Constitucional es una acción cuya procedencia se limita a la violación o amenaza directa, inmediata y flagrante de un derecho de rango constitucional, logrando a través del mismo el restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas.
De inmediato pasa el Tribunal a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo interpuesta y al efecto observa, que la misma se encuentra condicionada a la existencia en el ordenamiento jurídico de un mecanismo procesal adecuado a través del cual el interesado pueda lograr la restitución de la situación jurídica infringida.
En ese sentido ha sido criterio reiterado por la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, exigir dicho requisito para la procedencia de la acción de amparo constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 6 numeral 5° de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que será causal de inadmisibilidad cuando el presunto agraviado haya optado por recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria o haya hecho uso de medios judiciales preexistentes.
De acuerdo a la norma antes mencionada para que prospere la admisibilidad de la acción de amparo es obligatorio que la lesión denunciada sea inminente, a fin de restablecer la situación jurídica que se alega infringida, lo cual constituye el objeto fundamental de esta categoría jurisdiccional de tutela constitucional.
Asimismo, ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una interpretación extensiva de esta causal de inadmisibilidad que la acción de amparo resultará inadmisible cuando el accionante teniendo a su disposición mecanismos procesales ordinarios y eficaces para lograr el restablecimiento de situaciones jurídicas infringida, no los hubiese ejercido, optando equivocadamente por esta vía jurisdiccional.
Ahora bien, esta Juzgadora de un estudio pormenorizado de la presente acción de amparo concluye, que en efecto existen recursos ordinarios a ejercer por la parte presuntamente agraviada, sin necesidad de acudir a la vía de amparo, en virtud de que si bien es cierto existe un Auto de admisión a la demanda de fecha 05/05/2022, por el Tribunal Segundo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial, en cual el A-quo ordenó la citación de las partes demandadas por carteles de conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, no es menos cierto que tal situación pudiera ser resuelta en la definitiva del juicio principal, sea por el Tribunal de alzada, o bien por el Máximo Tribunal de la Republica.
Por su parte, en fuerza de la argumentación anteriormente esgrimida es preciso traer a colación lo señalado en la sentencia Nº 1072, de fecha 31 de julio de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció lo siguiente:
"....Conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Juzgadora Constitucional, declara Inadmisible la acción de Amparo Constitucional. Y así se decide.-En efecto, el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone textualmente lo siguiente: Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo: (…)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.
Con fundamento en la norma que fue transcrita esta Sala ha establecido, en reiteradas decisiones, las condiciones en las cuales opera la demanda de amparo, para lo cual señaló: …es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles… (s. S.C. n.° 1496, de 13-08-01, exp. 00-2671.)
Dado el caso de marras esta Juzgadora, estima traer a colación sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de Julio del 2002, Exp 01-1914, que a su vez ratifica sentencia emanada de la misma Sala en sentencia Nº 197 del 04-04-2000 (P. Zulli en amparo):

".... Ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia en aceptar amparos contra omisiones del Poder Judicial. En tal sentido, se han pronunciado las sentencias emanadas de la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia de fechas 26 de febrero de 1995, 21 de noviembre de 1995, 17 de diciembre de 1997 y 19 de marzo de 1998.
Coinciden los fallo referidos, en que, por ser el Poder Judicial parte integrante del Poder Público, estaría permitido el ejercicio de la acción extraordinaria (sic) de amparo constitucional contra las omisiones de pronunciamiento, conforme lo establece el artículo 2º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En ese orden de ideas y ante la falta de precisión del organismo que tramitará y decidirá el amparo contra omisiones judiciales, se ha aplicado de manera extensiva y analógica el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé lo que se conoce en la práctica forense como amparo contra sentencias.
La diferencia entre uno y otro solo radica en los efectos de la decisión, ya que en los amparos contra omisiones judiciales, por interpretación de los artículos 30 y 32 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el juez, en caso de declarar procedente el amparo ordenará decidir dentro de un plazo igual al que originalmente por ley se le concedió para emitir la decisión”...
En esta oportunidad, esta Sala ratifica, con fundamento en la jurisprudencia citada, que toda omisión judicial que sea lesiva a derechos o garantías constitucionales, es objeto inmediato de la acción de amparo; con excepción de que existan medios ordinarios idóneos, y así se declara. Subrayado de Juzgado,-

En esta circunstancia, esta Superioridad, actuando en Sede Constitucional ratifica, con fundamento en la jurisprudencia citada y por mandato expreso, que acata dicha criterio conforme al artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, que establece, que toda omisión judicial que sea lesiva a derechos o garantías constitucionales, es objeto inmediato de la acción de amparo; con excepción de que existan medios ordinarios idóneos. Así se decide. -
En este orden de ideas, la jurisprudencia ha entendido, para tratar de rescatar el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, que no sólo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que se utiliza el remedio extraordinario. (Criterio de la Sala Político Administrativa, de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 14/08/90, Caso: Pedro Francisco Grespan Muñoz).
Es decir, que el Juez como garante del debido proceso y velando por los principios constitucionales debe desechar por inadmisible una Acción de Amparo Constitucional, cuando en su criterio no existan dudas de que se disponen de otros mecanismos ordinarios lo suficientemente eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión.
Siendo ello así, debe reiterarse el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que la acción de amparo no es admisible cuando el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de ejercer recursos ordinarios contra un acto que presuntamente lesiona, derechos de rango constitucional, pues el amparo no puede convertirse en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios, salvo que éstos hayan sido agotados y persista la violación de los derechos constitucionales invocados (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2581 del 11.12.2001, (caso: “Robinsón Martínez Guillén”).
Por otra parte, por notoriedad Judicial, observa este Juzgado Superior que cursa ante esta instancia Judicial expediente S2-CMTB-2022-00728; contentivo del Cuaderno de Medidas de la Causa signada bajo el número 16.827 de la nomenclatura interna del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en lo civil, mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial, en la cual las presuntas agraviadas, son la parte demandada, incluso, de una simple lectura de la querella interdictal se puede observar que la causa supra señalada, es parte integral del expediente que los hoy presuntamente agraviados señalan como el expediente en el cual el Tribunal A-quo les vulneraron los Derechos Fundamentales anteriormente transcritos, siendo esto razón suficiente para dilucidar el hecho de que existen medios ordinarios en curso en el cual la parte presuntamente agraviada pudiera restituir su situación jurídica infringida, aunado a ello, corre inserto en el expediente S2-CMTB-2022-00728, que cursa ante esta Superioridad, de los folios 109 al 114, Copia Certificadas de la Sentencia emanada del Tribunal A-quo en el cual luego de analizar una prueba de experticia grafo técnica emanado de tres expertos, pudo concluir el tribunal de la causa, que los Poderes Otorgados tanto por la ciudadanas DANIELLA MARIE GONZALEZ POWNALL, domiciliada en Estados Unidos de Norte América, y JESSICA GONZALEZ, de nacionalidad Estadounidense, mayor de edad, pasaporte número: 2042711048, domiciliada en Estados Unidos de Norte América; al ciudadano OSCAR LUIS PADRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.794.413. Abogado en Ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el numero: 100.325, son nulos de toda nulidad, y sin ningún valor jurídico en Venezuela, en consecuencia, esta Alzada emitió un Auto en fecha 30/09/2022, en cual suspende la causa S2-CMTB-2022-00728, en virtud de estar en tela de Juicio la representación en juicio del Abogado Oscar Luis Padra, supra identificado, hasta tanto se decida y quede definitivamente firme la sentencia interlocutoria de fecha 22/09/2022, dictada por el tribunal a-quo.
En virtud de lo antes señalado, este Tribunal Superior, investido en sede Constitucional, habiendo estudiado cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente y siendo evidente para quien aquí decide que la vía de amparo no es la vía idónea para atacar la anterior decisión, concluyendo con esto que, existen medios ordinarios que pueden hacer efectiva lo peticionado por la parte presuntamente agraviada, en vista de ello, se evidencia que la presente acción de amparo no cumple con los requisitos sine qua non para que la misma pueda ser admitida, ya que en el caso de marras la presunta agraviada posee medios ordinarios idóneos los cuales no han sido agotados en su instancia correspondiente. En consecuencia se debe declarar inadmisible la presente Acción de Amparo Constitucional. Y así se decide.
Esta Juzgadora previo estudio exhaustivo del contenido del escrito de la presunta agraviada y en concordancia con lo establecido en nuestras normas Constitucionales y la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, concluye que la vía por la cual ha debido tramitar tal incidencia, debió ser a través de un mecanismo ordinario, tal como lo establece el artículo 6 numeral 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; razón por la cual este Juzgado Superior en Sede Constitucional se ve forzada a declarar INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional, por el ciudadano OSCAR LUIS PADRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.794.413. Abogado en Ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el numero: 100.325, domiciliado en la siguiente dirección procesal: Calle azcue, edificio Hanan primer piso, oficina 1 y 2 sector plaza piar, Maturín estado Monagas, actuando en nombre y representación de las ciudadanas: DANIELLA MARIE GONZALEZ POWNALL, domiciliada en Estados Unidos de Norte América, y JESSICA GONZALEZ, de nacionalidad Estadounidense, mayor de edad, pasaporte número: 2042711048, domiciliada en Estados Unidos de Norte América, parte Presuntamente agraviada; en contra del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, a cargo del ciudadano Juez Gustavo Posada Villa, en la causa signada con el N° 16.827, con motivo del juicio de ACCION MERODECLARATIVA DE UNION ESTABLE DE HECHO POST MORTEM,, toda vez que no puede pretender el accionante utilizar el amparo como un sustituto de la vía ordinaria cuando la Ley le ofrece la utilización de los recursos ordinarios respectivos; así lo señala la reiterada y pacífica jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal, que existiendo las vías judiciales ordinarias y preexistentes para la protección constitucional, las mismas sean expeditas, idóneas y eficaces y se hayan ejercido y agotado, pues el amparo no puede ser utilizado como sustituto de las vías ordinarias idóneas y eficaces, lo que se traduciría en el desconocimiento e inoperancia de dichas vías. Y Así se declara.
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad la Ley, actuando en Sede Constitucional de conformidad con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales DECLARA INADMISIBLE, la presente acción de amparo interpuesta por el ciudadano OSCAR LUIS PADRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.794.413. Abogado en Ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el numero: 100.325, domiciliado en la siguiente dirección procesal: Calle azcue, edificio Hanan primer piso, oficina 1 y 2 sector plaza piar, Maturín estado Monagas, actuando en nombre y representación de las ciudadanas: DANIELLA MARIE GONZALEZ POWNALL, domiciliada en Estados Unidos de Norte América, y JESSICA GONZALEZ, de nacionalidad Estadounidense, mayor de edad, pasaporte número: 2042711048, domiciliada en Estados Unidos de Norte América, parte Presuntamente agraviada; en contra del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, a cargo del ciudadano Juez Gustavo Posada Villa, en la causa signada con el N° 16.827, con motivo del juicio de ACCION MERODECLARATIVA DE UNION ESTABLE DE HECHO POST MORTEM, en virtud que no están llenos los extremos de los requisitos de admisibilidad dispuestos en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada y remítase el expediente en la oportunidad correspondiente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en la ciudad de Maturín a los Quince (15) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022). Años: 212° de la Declaración de la Independencia y 163° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA.

Abg. Marisol Bayeh Bayeh.

EL SECRETARIO,

Abg. Rómulo González

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el presente
Conste.-
El Secretario