TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas

213° y 164°

A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:

PARTE AGRAVIADA: PLANTA DE ASFALTO CONSTRUCTORA E INVERSIONES SIGLO XXII, C.A., inicialmente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 19 de julio de 2.007, anotado bajo el N° 63, Tomo A-2, correspondiente al tercer trimestre de 2007.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE AGRAVIADA: abogado ORLANDO JOSE RIVERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-10.302.178, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 50.243 y de este domicilio.-

PARTE AGRAVIANTE: CONSEJO COMUNAL CIUDAD CARIBE Y OTROS, representada por los ciudadanos LANDER TRIA y LIDIA RENDON, SINDICATO DE LA CONSTRUCCION SUTICEM, en la persona del ciudadano JESUS RIVERA, y los ciudadanos: ENMANUEL VELASQUEZ, XAVIER SALAZAR, JOSE RONDON, RICHARD PADRINO, WILIIANS SARMIENTO, JOSE VALERA y SIMON MENDOZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.180.558, 19.675.144, 6.945.288, 17.241.051, 8.892.619, 8.973.070 y 11.337.465, en su orden.-

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.-

EXPEDIENTE: Nº 32.226.-

SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.-

En fecha 20 de mayo de 2.010, se admitió la acción de amparo constitucional incoada por la PLANTA DE ASFALTO CONSTRUCTORA E INVERSIONES SIGLO XXII, C.A., inicialmente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 19 de julio de 2.007, anotado bajo el N° 63, Tomo A-2, correspondiente al tercer trimestre de 2.007,debidamente representada por el abogado en ejercicio ORLANDO JOSE RIVERA, en contra del CONSEJO COMUNAL CIUDAD CARIBE Y OTROS, representada por los ciudadanos LANDER TRIA y LIDIA RENDON, SINDICATO DE LA CONSTRUCCION SUTICEM, en la persona del ciudadano JESUS RIVERA, y los ciudadanos: ENMANUEL VELASQUEZ, XAVIER SALAZAR, JOSE RONDON, RICHARD PADRINO, WILIIANS SARMIENTO, JOSE VALERA y SIMON MENDOZA, plenamente identificados en el cuerpo de la sentencia, librándose las respectivas boletas de notificación. Constatándose de autos que fueron debidamente notificados el Defensor del Pueblo y el Fiscal Superior del Ministerio Público ambos de esta Circunscripción Judicial, tal como consta en los folios cuarenta y dos (42) y cuarenta y tres (43) del presente expediente.-

Posteriormente, en fecha 27 de mayo del año 2.010, comparece el ciudadana ORLANDO JOSE RIVERA, con el carácter de autos, a los fines de poner a la disposición del alguacil los emolumentos y medios de transporte necesarios, a fin de practicar la notificación de los presuntos agraviantes y de todos los organismos a notificar.-

Seguidamente, en fecha 28 de mayo de 2.010, compareció el ciudadano alguacil del Tribunal, para informar que fijo el tercer (3) día de despacho siguiente a la fecha de hoy para notificar al CONSEJO COMUNAL DE LA CIUDAD DE CARIBE, población de Santa Barbará del Estado Monagas, dejando constancia que en fecha 15 de junio de 2.010, el ciudadano alguacil del Tribunal, que no pudo practicar la notificación al CONSEJO COMUNAL CIUDAD CARIBE, en la dirección citada, y en lo que respecta al ciudadano XAVIER SALAZAR, identificado en autos se negó a firmar la boleta de notificación.-

Posteriormente, en fecha 22 de junio de 2.010, compareció el ciudadano ORLANDO JOSE RIVERA, actuando con el carácter de apoderado judicial, solicitando la publicación de un solo cartel, para el CONSEJO COMUNAL CIUDAD CARIBE y otros.-

Por otra parte, mediante auto de fecha 28 de de junio 2.010, el Tribunal ACUERDA, ordenando su notificación por carteles, los cuales deben comparecer dentro de las 48 horas siguientes a la publicación y consignación del cartel en los diarios EL PERIODICO Y LA PRENSA DE MONAGAS igualmente se libro boleta al ciudadano XAVIER SALAZAR, notificándole la declaración del alguacil del Tribunal, la cual cursa en el folio cuarenta y cinco (45).-

Ahora bien, observa esta Operadora de Justicia, que no existe hasta la presente fecha ninguna otra actuación, por ello, en aras de mantener el orden procesal procede a abocarse de oficio a la presente causa en virtud que fui designada como Jueza Suplente de este Juzgado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº TSJ-CJ- N° 1840-2021, de fecha 21 de octubre de 2.021 y siendo debidamente convocada por la Rectoría del Estado Monagas en fecha 16 de octubre del año 2.023, para cubrir faltas de los Jueces Provisorios, tomando posesión del Tribunal en fecha 19 de octubre del presente año; y al respecto observa:

ÚNICO

El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil señala: “…el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión...” Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes. Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre justicia acelerada y preferente.

Seguidamente, se procede a revisar las actuaciones que conforman el presente expediente, observándose que la última actuación realizada por la parte presuntamente agraviada PLANTA DE ASFALTO CONSTRUCTORA E INVERSIONES SIGLO XXII, C.A., supra identificada, fue en fecha 22 de junio de 2.010, cuando solicito la publicación de un solo cartel, para el CONSEJO COMUNAL CIUDAD CARIBE y otros, que indicara el lapso perentorio de comparecencia para celebración de la AUDIENIA ORAL Y PUBLICA y en cuanto al ciudadano XAVIER SALAZAR, solicito se provea boleta de notificación conforme a lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, no constatándose en lo sucesivo actuación alguna de la presunta agraviada, que impulsara la notificación restante. En consecuencia de ello, han transcurriendo más de trece (13) años desde la última actuación, sin que la parte interesada haya mostrado interés en la prosecución de la presente acción, pues no ha hecho acto de presencia ni por si ni por medio de apoderado alguno.-

En virtud de lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 01 de Junio de 2.001, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, se pronunció respecto a esta conducta asumida por la parte agraviada en las acciones de amparo constitucional, de la manera siguiente:

“Esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional ocurrió hace más de siete (7) meses, fue calificada, por esta Sala, como abandono del trámite, en decisión nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: “José Vicente Arenas Cáceres”), en los siguientes términos: “... la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia (...) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes. Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”

Así entonces este Tribunal considera que la querellante con su falta de impulso en la actividad de este Órgano Jurisdiccional en aras de que se procediera a dictar la decisión correspondiente, ha abandonado el tramite del proceso en la presente acción de Amparo Constitucional interpuesta por ella, por lo que debe señalar quien aquí decide que la acción de amparo debe ser breve y expedita, y por tanto la querellante y/o accionante debe mantener en todo momento presente su interés procesal.-

En mérito a lo anterior y constatado este Juzgado la falta de interés de la parte presuntamente agraviada para practicar la notificación del tercero interesado en el presente expediente en ésta instancia judicial, considera motivo suficiente para declarar EL ABANDONO DEL TRAMITE Y POR ENDE TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, y ordena el archivo judicial del presente expediente. Y así se declara.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos que anteceden este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en total apego al Criterio Jurisprudencial emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 01 de Junio de 2.001, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO el cual fue precedentemente transcrito, DECLARA: EL ABANDONO DEL TRAMITE del presente juicio de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesto por la PLANTA DE ASFALTO CONSTRUCTORA E INVERSIONES SIGLO XXII, C.A., inicialmente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 19 de julio de 2.007, anotado bajo el N° 63, Tomo A-2, correspondiente al tercer trimestre de 2.007 en contra del CONSEJO COMUNAL CIUDAD CARIBE Y OTROS, representada por los ciudadanos LANDER TRIA y LIDIA RENDON, SINDICATO DE LA CONSTRUCCION SUTICEM, en la persona del ciudadano JESUS RIVERA, y los ciudadanos: ENMANUEL VELASQUEZ, XAVIER SALAZAR, JOSE RONDON, RICHARD PADRINO, WILIIANS SARMIENTO, JOSE VALERA y SIMON MENDOZA. No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.-

Publíquese. Diarícese regístrese y déjese constancia en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como copia para el copiador de sentencias.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en la ciudad de Maturín, a los 21 días del mes de diciembre del año 2.023. Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
LA JUEZA SUPLENTE,

ABG. NEYBIS JOSÉ RAMONCINI RUIZ
LA SECRETARIA,

ABG. MILAGRO MARIN

Siendo las 3:02 p.m., se dictó y se publicó la anterior decisión, dándose así cumplimiento con lo ordenado conste.

LA SECRETARIA,

ABG. MILAGRO MARIN

Exp. N° 32.226
Abg. NJRR/yd