REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Mediante escrito presentado en fecha 19 de julio de 2018, la abogada Andreina Quiroz Bracho, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil C.A., CERVECERÍA REGIONAL, inscrita inicialmente ante el Registro de Comercio que lelbó la Secretaría del antiguo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercio del estado Zulia, el 14 de mayo de 1929, bajo el N° 320, Folios 407 al 410; interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la certificación signada ARA-0122-2017, de fecha 07 julio de 2017 dictado por la GERENCIA ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ARAGUA (GERESAT-ARAGUA), mediante la cual, certifica que el ciudadano CARLOS JESÚS VELÁSQUEZ HOYO, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° 17.175.033, padece una enfermedad ocupacional agravada con ocasión del trabajo, que le ocasiona una discapacidad parcial permanente, con porcentaje de discapacidad de 25%. En fecha 30 de julio de 2018 este Tribunal admitió. Ahora bien, en fecha 17 de abril de 2023, la abogado Gipsy Aguilar, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 167.835, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil demandante en nulidad, desistió del presente recurso de nulidad, por medio de diligencia suscrita que corre inserta al folio 141de la pieza 1 de 1. I MOTIVACIONES PARA DECIDIR Como antes se indico en fecha 13/12/2023, la apoderada judicial de la parte demandante desistió del procedimiento del presente recurso contencioso administrativo de nulidad. Al respecto, cabe referirse a los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, normas de aplicación supletoria conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 en fecha 16 de junio de 2010), cuyo texto es el siguiente: Al respecto, cabe referirse a los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil, normas de aplicación supletoria conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 en fecha 16 de junio de 2010), cuyo texto es el siguiente: “Artículo 263. En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal. Artículo 264. Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”. “…Artículo 265.- El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero sí el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria…”. Como puede apreciarse del artículo 263 antes transcrito, la parte actora en una causa puede manifestar su voluntad de abandonar la pretensión hecha valer ante el Órgano Jurisdiccional, correspondiendo al Juez proceder a la homologación de esa actuación siempre que se satisfagan los requisitos a que se refiere el artículo 264 del mismo Código, a saber: 1.- Que quien formule el desistimiento tenga la capacidad o esté facultado para desistir. 2.- Que el desistimiento verse sobre materias disponibles por las partes. Respecto al primer requisito, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 154 eiusdem, cuyo texto es el siguiente: “…Artículo 154.- El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa…”. (Resaltado del Tribunal). Destaca la citada norma que el otorgamiento de un poder de representación judicial faculta al apoderado, en principio, a celebrar en nombre y por cuenta de su poderdante, todos los actos del proceso, con excepción de aquellos que presupongan disposición de derechos litigiosos, casos en los cuales habrá de exigirse además, el cumplimiento de un requisito adicional a la escritura y a la autenticidad, esto es, la habilitación expresa e indubitable para la realización del acto respectivo. Precisados los requisitos legalmente previstos para que proceda la homologación del desistimiento del procedimiento por parte de este Tribunal, corresponde determinar si en el presente caso se verifican tales extremos y, en ese sentido, se observa que consta en autos instrumento poder que acredita la representación que asume la abogada Gipsy Aguilar (Vid, folio 104 y su vuelto de la pieza 1 de 1), así como de su facultad expresa para desistir. Así se declara. Por las razones que anteceden, considera este Tribunal que en el presente caso se encuentran satisfechos los extremos a que se refiere el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 265 eiusdem, motivo por el cual resulta procedente la homologación del desistimiento del procedimiento planteado por la parte actora. Así se declara. II D E C I S I Ó N Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua con sede en la ciudad de Maracay, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO del recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil C.A., CERVECERÍA REGIONAL, contra el acto administrativo contenido en la certificación signada ARA-0122-2017, de fecha 07 julio de 2017 dictado por la GERENCIA ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ARAGUA (GERESAT-ARAGUA), mediante la cual, certifica que el ciudadano CARLOS JESÚS VELÁSQUEZ HOYO, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° 17.175.033, padece una enfermedad ocupacional agravada con ocasión del trabajo, que le ocasiona una discapacidad parcial permanente, con porcentaje de discapacidad de 25%. Publíquese, regístrese, déjese copia, archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay a los 18 días del mes de diciembre de 2023. Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación. El Juez, _____________________ JOHN HAMZE SOSA La Secretaria, ________________________________ NUBIA YESENIA DOMACASE En esta misma fecha, siendo 1:10 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia. La Secretaria, _______________________________ NUBIA YESENIA DOMACASE ASUNTO N° DP11-N-2018-000035. JHS/nyd.