TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
CORTE DE APELACIONES
SALA 1
Maracay, 13 de Enero de 2023
212° y 163º
CAUSA: 1Aa-14.616-2023.
JUEZA PONENTE: DRA. GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ.
Decisión N° 003-2022.
CAPITULO I:
DE LA IDENTIFICACION DE LAS PARTES
Y DEL RECURSO EJERCIDO.
Una vez que esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del estado Aragua, advierte que riela por ante este Despacho Judicial Superior, el expediente signado con la nomenclatura N° 1Aa-14.616-2023 (alfanumérico interno de esta Sala 1), el cual fue recibido en fecha diez (10) de enero del año dos mil veintitrés (2023), procedente del TRIBUNAL PRIMERO (01°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en virtud del Recurso de Apelación de Autos, interpuesto por la abogada GREGORIA MEDINA BERMUDEZ, abogada INGRID DEL VALLE PIÑA y abogada TATIANA BLANCO APONTE, procediendo en su condición de DEFENSA PRIVADA del imputado LEONARDO ANTONIO REJON CARABAÑO, en contra de la decisión dictada y publicada por el ut supra mencionado, en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), en la causa Nº DP04-S-2022-000081 (Nomenclatura de ese Tribunal Municipal), se observa que en el presente proceso convergen las siguientes partes:

1.- IMPUTADO: ciudadano REJON CARABAÑO LEONARDO ANTONIO, titular de la cédula de identidad N° V-12.478.546, de nacionalidad venezolana, natural de Maracay, estado Aragua, nacido en fecha: cuatro (04) de octubre del año mil novecientos setenta y cinco (1975), de 47 años de edad, estado civil: Soltero, Profesión u oficio: MEDICO CIRUJANO, residenciado en: URBANIZACIÓN EL TORO, PRIMER PASAJE SUBESTACION, CASA N° 10, MARACAY ESTADO ARAGUA. TELEFONO: 0424-436.49.45
2.- RECURRENTES: Abogada GREGORIA MEDINA BERMUDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 24.178, correo electrónico: gregoriamedina@hotmail.com, TELEFONO 0414-451.83.41, abogada INGRID DEL VALLE PIÑA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 97.563, correo electrónico: ingridpina21@hotmail.com y abogada TATIANA BLANCO APONTE, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 104.905, correo
electrónico: tatiblanco.taba@hotmail.com, con domicilio procesal en: CALLE MARIÑO EDIFICIO LOS JARDINES, PISO 2, OFICINA 2-1, TURMERO, ESTADO ARAGUA. TELEFONO 0416.607.8210, en su condición de DEFENSA PRIVADA del ciudadano REJON CARABAÑO LEONARDO ANTONIO, titular de la cédula de identidad N° V-12.478.546.

3. -VICTIMA: ciudadano: JHONNY ALBERTO MONCADO (OCCISO).

4.-MADRE DE LA VICTIMA: ciudadana, BEATRIZ ENRIQUETA MONCADO ALVAREZ, titular de la cedula de identidad N° V-8.807.872. (MADRE DEL OCCISO).

5.- APODERADO JUDICIAL: Abogado DIODORO JOSE PALMA G, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 128.814, correo electrónico: palmitajose.@gmail.com, TELEFONO 0414-447.80.13, abogado ANGEL RAFAEL MONCADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 72.059, con domicilio procesal en: CALLE NIÑO DE JESUS, CASA N° 92, EL LIMON, ESTADO ARAGUA, en su condición de APODERADO JUDICIAL de la ciudadana BEATRIZ ENRIQUETA MONCADO ALVAREZ, titular de la cedula de identidad N° V-8.807.872.

6.- REPRESENTACIÓN FISCAL: abogado CARLOS JOSE VELAZQUEZ, actuando en su condición de FISCAL ENCARGADO DE LA FISCALÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA (59°) NACIONAL PLENA DEL MINISTERIO PÚBLICO y abogado JORGE DE JESÚS HERNÁNDEZ TORO, en su condición de FISCAL AUXILIAR INTERINO DE LA FISCALIA QUINCUAGÉSIMA NOVENA (59°) NACIONAL PLENA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Se deja constancia que, en fecha diez (10) de enero del año dos mil veintitrés (2023), es recibido por esta Corte de Apelaciones constante de sesenta (60) folios útiles, cuaderno separado proveniente del Tribunal Primero Municipal en Funciones de Control correspondiéndole la ponencia a la abogada GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ, en su condición de Jueza Superior.

En fecha doce (12) de enero del año dos mil veintitrés (2023), mediante oficio N° 004-2022, se SOLICITA la remisión del asunto principal N° 6J-3349-2022 (Nomenclatura de ese Despacho), en virtud que fue verificado por el sistema SICCA, evidenciándose que la misma guarda relación con la causa Nº DP04-S-2022-000081 (Nomenclatura de ese Tribunal Municipal), llevada por ésta Sala 1 de la Corte de Apelaciones con la nomenclatura N° 1Aa-14.616-2023 (alfanumérico interno de esta Sala 1).

CAPITULO II:
DE LA COMPETENCIA
A efecto de determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, estima necesario destacar de forma introductorio, que el derecho penal concebido por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en términos procesales, es desarrollado por medio de un sistema judicial de impartición de justicia sumamente atípico, poco convencional y extremadamente garantista, y social.

El génesis de la anterior aseveración, data a la fecha treinta (30) de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve (1999), momento histórico en el cual es publicada en la Gaceta Nacional N° 36.860 de esta República, el texto íntegro de una nueva Constitución, la cual da una conclusión definitiva, en términos políticos y administrativos, a la República de Venezuela (mejor conocida históricamente como la cuarta República), y genera el nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela, (quinta República) la cual, emerge como un Estado democrático y social, de derecho y Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, esto de conformidad con el artículo 2 ejusdem, el cual es del tenor siguiente:

“…Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político…”. (Negrillas y subrayado de esta Alzada).
En este orden de ideas, se desprende del artículo 2 de la Constitución, que el funcionamiento pleno de la república debe estar enmarcado en un método democrático y social de derecho y de justicia. Mas sin embargo es de mérito resaltar, que la Asamblea Constituyente conformada en el año 1999, en el ejercicio del poder originario que dio lugar a la Constitución, considero que para que el ente abstracto que reconocemos como estado o sistema de gobierno, pudiese gestionarse de forma exitosa, dándole fiel acatamiento a su naturaleza constitutiva, era necesario que este se ramificara en diversas dependencias, de escala nacional, estatal y municipal, que pudieran abarcar los extremos de la función del poder público, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual detalla que:
“…Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado…”. (Negritas y subrayado de esta Alzada).
Bajo este entendido, es posible ratificar la concepción del sistema de gobierno venezolano, como una figura abstracta de índole político-legal y administrativa, que se conforma con la concurrencia del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, en sus respectivas dependencias nacionales, estadales y municipales, a las cuales se les atañe responsabilidades específicas y respectivas, tales como: (Poder Legislativo) realizar las enmiendas, y reformas que tengan lugar en las leyes vigentes, así como sancionar nuevas legislaciones que ajusten el ordenamiento jurídico al contexto social, económico y político actual, (Poder Ejecutivo) desplegar las políticas públicas establecidas en el plan de desarrollo nacional, (Poder Judicial) dirigir el sistema de impartición de justicia, (Poder Ciudadano) controlar la licitud y transparencia de la función de gobierno, y (Poder Electoral) organizar los procesos de sufragio establecidos en la norma.
En este orden de ideas, luego de avistar que al poder judicial le corresponde dirigir el sistema de impartición de justicia, es importante resaltar la importancia de la actividad jurisdiccional, en la defensa del estado democrático y social de derecho y de justicia, es preciso traer a colación, una extracción de la sentencia numero 85, Expediente Nº 01-1274 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha veinticuatro (24) del mes de enero del año dos mil dos (2002), que expone:

“…En este orden de ideas se debe señalar, en primer término, que por Estado de Derecho deberá entenderse aquel poder que se ejerce únicamente a través de normas jurídicas y como consecuencia directa de ello, toda la actividad del Estado y de la Administración Pública en general, debe ser regulada por ley. Asimismo, Carmona (2000) sostiene que la esencia de esta conceptualización del Estado de Derecho está centrada en el control judicial de la legalidad desde la norma suprema, esto es, la Constitución como ley normativa suprema y garantizada por la separación y autonomía de los poderes públicos que conforman el Estado. Cabe destacar, que nuestra Constitución Bolivariana vigente recoge toda esta concepción.

Ahora bien, a este concepto de Estado de Derecho, la Constitución de 1999 vigente le agrega el aditivo de Estado Social. En este sentido, la jurisprudencia in comento señala que el concepto de Estado Social surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental en su artículo 21 ejusdem. Igualmente, sostiene que es el Estado el instrumento de transformación social por excelencia, a lo largo de la historia, y, por tanto, su función histórica es la de liberar al ser humano de la miseria, la ignorancia y la impotencia a la que se ha visto sometido desde el comienzo de la historia de la humanidad.
Se hace necesario pues, reconocer la evolución histórica que ha sufrido el Estado como organización jurídico-política, para llegar a entender al Estado Social de Derecho y de Justicia actual, acuñado por la vigente Constitución Bolivariana, y ese es el criterio de la Sala Constitucional. Revisados dichos antecedentes se puede entonces plantear un concepto actual de Estado Social de Derecho. En efecto, se debe considerar que el Estado Social de Derecho lo que persigue (criterio de la Sala) es la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación.

De esta manera, esta forma de organización jurídico-política deberá tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales (cursiva nuestra). Así pues, el Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución; como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros.

Cabe señalar además, que este concepto no se limita solo a los derechos sociales contenidos en la Constitución de 1999 vigente sino que abarca una amplitud de derechos que van desde los derechos económicos, pasando por los derechos culturales y ambientales. En este sentido, el Estado Social de Derecho debe buscar alcanzar una mejor distribución de las riquezas producidas, un mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, y por tanto, el Estado a fin de garantizar esta función social, deberá intervenir en la actividad económica, reservarse rubros de estas actividades y vigilar, inspeccionar y fiscalizar la actividad concedida en estas áreas a los particulares, por lo que la propia Constitución de 1999 vigente restringe la libertad de empresa consagrada en el artículo 112 (criterio de la Sala). También hace referencia esta jurisprudencia al derecho de propiedad y el de libre empresa, al señalar que no quedan abolidos en un Estado Social, sino que quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y en este sentido deben interpretarse las leyes...”

Así las cosas, los Tribunales de esta república, como parte integrante del poder judicial, y por ende del poder público, en el cumplimiento de sus funciones, deben atender, a los valores superiores, como lo son, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la ética y el pluralismo político, propugnados por esta nación en su ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar a cada uno de los ciudadanos venezolanos y extranjeros que pernotan dentro de la circunscripción político territorial de este país, el Principio de la Tutela Judicial Efectiva y Acceso a la Justicia, previstos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de esta manera materializar de forma efectiva el estado democrático y social, de derecho y Justicia previsto en el artículo 2 ejusdem. En este sentido el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que:
“…Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles…”. (Negrillas y subrayado de esta Alzada).
Del análisis del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se puede apreciar que el derecho a la tutela judicial efectiva representa la obligación que posee el estado con la ciudadanía, de mantener la paz social, al ofrecer un sistema judicial de administración de justica digno y eficiente que garantice la incolumidad del ordenamiento jurídico vigente, combatiendo la impunidad, respecto a aquellos que cometen algún delito.
Ahora bien, en cuanto al ambiento judicial, existen otro principio constitucional que se encuentra estrechamente ligado al estado democrático, y social de derecho y justicia, sobre el cual se constituye la República Bolivariana de Venezuela, y que así mismo tiene una implicación directa con el caso sub examine. Dicho principio debe imperar en todos los procesos judiciales, y no es otro que el Debido Proceso, que se encuentra establecido y regulado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra:
“…Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley…” (Negrillas y subrayado de esta alzada de esta Alzada).
Al verificar el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa que el debido proceso se encuentra expresado en un conjunto de garantías, tales como el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia, la presunción de inocencia, el derecho a declarar, derecho a ser juzgado por el juez natural con la competencia y jurisdicción determinada por la ley, el principio de legalidad, el principio de cosa juzgada, y el derecho a proponer amparos constitucionales.
En este orden de ideas, conviene destacar que el derecho a la doble instancia, consiste en la posibilidad de que la parte procesal que se sienta agraviada por un fallo judicial, pueda accionar en contra de este, a efectos de impugnarlo, por ante el Tribunal a-quem competente, el cual luego de contrastar el tenor del recuso apelativo, con el contenido de la recurrida deberá decidir sobra legalidad de los aspectos denunciados.
Como corolario del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé el Principio de Doble Instancia como parte integrante del Derecho al Debido Proceso, es importante traer a colación que los artículos 428 y 432 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, señalan respectivamente, que el conocimiento de la admisión de los recursos de apelación le corresponde al Tribunal de Alzada, y de igual manera, en conocimiento del fondo del recurso le corresponde al mismo Órgano Jurisdiccional Superior, en caso de resultar admisible.
Ahora bien, a efecto de ratificar aun más la competencia de esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, es de utilidad verificar el contenido del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su cuarto aparte, señala que:
“…Artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Son deberes y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones:
(…..)
4. EN MATERIA PENAL: a) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo penal; b) Ejercer las atribuciones que les confieren el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y las demás leyes nacionales…” (Negritas y subrayado de esta Alzada)

Vemos pues, que cuando se trata de materia impugnativa la responsabilidad de ejercer la tutela judicial efectiva dando respuestas, a los apelantes, y atender de oficio los vicios de orden público, para resguardar la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por ende el estado social de derecho y de justicia, sobre el que encuentra constituida esta nación, recae sobre los Jueces Superiores que integran las distintas salas de un Tribunal Colegiado.

Por lo tanto, a prieta síntesis, se puede concluir diciendo, que los Jueces de Segunda Instancia, no escapan de la obligación de resguardar la preeminencia de la constitucionalidad en los procesos judiciales sujetos a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, de cuyos contenidos respectivos se desprende:
“…Artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley...” (Negritas y subrayado nuestro).
“…Artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional…”
Luego de constatar la responsabilidad de resguardar la Constitución y el estado democrático y social de derecho y de justicia que ineludiblemente recae sobre los impartidores de justicia que ejercitan la actividad jurisdiccional dentro de la circunscripción polito territorial venezolana, es preciso traer a colación lo sostenido en la sentencia N° 1571, expediente 11-0384, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, la cual establece en su contenido que:
“…todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencia, son tutores del cumplimiento de la Carta Magna...”
Expuesto todo lo anterior, se evidencia que estamos en presencia de una sentencia interlocutoria, emitida por el Tribunal de Primera Instancia de este Circuito Judicial Penal, por lo cual, se deberá atender al procedimiento establecido en la ley adjetiva penal para “la apelación de los autos”, establecido dicho procedimiento en el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal; este tipo de decisión “…se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el tribunal que dictó la decisión, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación” debiendo el mismo una vez cumplido el trámite de ley, según lo establecido en el artículo 441 ejusdem, remitir “…las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta decida...”.
Así pues, justificados en los artículos 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 19 y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, y la sentencia N° 1571, del Expediente N° 11-0384 (Nomenclatura de la Sala), de fecha veinte (20) de Octubre del año dos mil veinte (2020) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, este Tribunal Colegiado se declara COMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso de apelación. Y ASI SE DECIDE.
CAPITULO III:
DE LA ADMISIBILIDAD

En este sentido, siendo la oportunidad legal para decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, esta Alzada debe tomar en cuenta el Principio de Impugnabilidad Objetiva, previsto en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que:
“…..Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos…..”
Así las cosas, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, se permiten traer a colación las Causales de Inadmisibilidad establecidas en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales son:

…..a.- Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo: Al respecto, en el caso in comento, el Recurso de Apelación fue incoado por la Abogada GREGORIA MEDINA BERMUDEZ, abogada INGRID DEL VALLE PIÑA, y la abogada TATIANA BLANCO APONTE, en su condición de DEFENSA PRIVADA del ciudadano REJON CARABAÑO LEONARDO ANTONIO, titular de la cédula de identidad N° V-12.478.546, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), por el TRIBUNAL PRIMERO (01°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en la causa signada bajo el DP04-S-2022-000081 (Nomenclatura de ese Tribunal Municipal), encontrándose en consecuencia, la legitimación de las recurrentes acreditado en autos.

b.- Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación: En cuanto al tiempo procesal en que fue ejercido el presente Recurso de Apelación en contra de la decisión dictada y publicada en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), por el TRIBUNAL PRIMERO (01°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA,se observa que el referido recurso fue interpuesto en fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) por ante la oficina de Alguacilazgo y recibido en fecha quince (15) de diciembre por la Secretaría del Tribunal A-quo, transcurriendo los siguientes días de despacho “…LUNES CINCO (05), MARTES SEIS (06), MIERCOLES SIETE (07), JUEVES OCHO (08) VIERNES NUEVE (09) DE DICIEMBRE DEL 2022 …”, encontrándose dentro de los cinco (05) días del tiempo hábil para ejercerlo, de conformidad con el Cómputo suscrito por la Secretaria del referido Tribunal, según consta en el folio cincuenta y nueve (59) del presente cuaderno separado, por lo cual fue ejercido válidamente en tiempo oportuno, como lo prevé el artículo 440 en relación con el artículo 156 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, declarándose así la temporaneidad del Recurso. Así pues, con fundamento en las consideraciones previas, debe esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones declarar temporáneo el Recurso de Apelación examinado, y así se determina.

c.- Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley: En este sentido se observa que la decisión es recurrible según lo establecido en el artículo 439 numeral 5° del Código Orgánico Procesal Penal.
Con base a todo lo anterior, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones considera que lo procedente y ajustado a derecho es: declarar ADMISIBLE, el Recurso de Apelación presentado por la Abogada GREGORIA MEDINA BERMUDEZ, abogada INGRID DEL VALLE PIÑA, y la abogada TATIANA BLANCO APONTE, en su condición de DEFENSA PRIVADA del ciudadano REJON CARABAÑO LEONARDO ANTONIO, titular de la cédula de identidad N° V-12.478.546, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), por el TRIBUNAL PRIMERO (01°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en la causa signada bajo el DP04-S-2022-000081 (Nomenclatura de ese Tribunal Municipal), Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA
Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Se declara COMPETENTE, para conocer del presente recurso de apelación, interpuesto por la Abogada GREGORIA MEDINA BERMUDEZ, abogada INGRID DEL VALLE PIÑA, y la abogada TATIANA BLANCO APONTE, en su condición de DEFENSA PRIVADA del ciudadano REJON CARABAÑO LEONARDO ANTONIO, titular de la cédula de identidad N° V-12.478.546, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), por el TRIBUNAL PRIMERO (01°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en la causa signada bajo el DP04-S-2022-000081 (Nomenclatura de ese Tribunal Municipal).

SEGUNDO: Se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada GREGORIA MEDINA BERMUDEZ, abogada INGRID DEL VALLE PIÑA, y la abogada TATIANA BLANCO APONTE, en su condición de DEFENSA PRIVADA del ciudadano REJON CARABAÑO LEONARDO ANTONIO, titular de la cédula de identidad N° V-12.478.546, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), por el TRIBUNAL PRIMERO (01°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en la causa signada bajo el DP04-S-2022-000081 (Nomenclatura de ese Tribunal Municipal), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado acordó entre otros pronunciamientos:

“…..PRIMERO: Se admite en su totalidad la acusación presentada por la representante de la Fiscalía (59º) del Ministerio Público con Competencia Nacional, contra el ciudadano REJON CARABAÑO LEONARDO ANTONIO, titular de la cedula de identidad Nº V-12.478.546, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, ellos por cumplir los requisitos del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo se admite en su totalidad la acusación particular propia presentadas por los ciudadanos ABG. ANGEL RAFAEL MONCADO ALVAREZ Y TEODORO JOSE PALMA GUEVARA, en sus caracteres de Apoderado Judiciales de la ciudadana BETARIZ ENRIQUETA MONCADO ALVARES, en su condición de VICTIMA en el presente asunto, madre del ciudadano JHONNY ALBERTO MONCADO (OCCISO) por cumplir los requisitos establecidos en el referido artículo. SEGUNDO: Se admiten en su totalidad los medios de pruebas ofrecidos en el escrito acusatorio por parte del Ministerio Público y la comunidad de las pruebas por ser legales, lícitas, pertinentes y necesarias para el Juicio Oral y Público. Asimismo, en cuanto a la prueba documental consignada en el acto por parte del Ministerio Publio, correspondiente al acta de Entrevista realizada al ciudadano JAIRO, este Tribunal no la admite por cuanto la misma no fue promovida en el lapso establecido en la Ley, a los fines de que las partes tuvieran acceso al mismo, garantizando así el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela Judicial Efectiva. TERCERO: En cuanto a las pruebas presentadas en la acusación particular, este Tribunal las admite en su totalidad con excepción a la prueba promovida al punto I relativa a la prueba pericial de experticia de vaciado y contenido, toda vez que la misma no consta en las presentes actuaciones. CUARTO: En cuanto a las pruebas promovidas por la defensa en su escrito de excepciones, en especifico al capítulo IV, especificada desde el punto 1 al 21, como pruebas testimoniales y del punto 1 al punto 14 como pruebas documentales, según constan desde el folio 167 y su vuelto al folio 170 y vuelto de la causa principal, por cuanto fueron presentadas en el lapso establecido en la Ley y por útiles, necesarias y pertinentes para un posible debate oral y público, por lo que en consecuencia se admite en su totalidad y en que la defensa se acoge a la comunidad de la prueba tanto del escrito acusatorio presentado por la Fiscalía Quincuagésima Novena (59°) con Competencia Nacional, así como la acusación particular presentado por los Apoderados de la Victima. Asimismo, en cuanto a la prueba documental presentada en el presente acto, correspondiente a Informe en copia simple y Fotográfica de RX del Tórax en copias simples, así como los criterios del Colegio Americano de Medicina Critica del año 2005, los cuales son del dominio público, mediante pagina web http://ww.scielo.org.mex, este Tribunal no los admite por cuanto los mismos no fueron promovidos en el lapso establecido en la Ley, a los fines de que las partes tuvieran acceso al mismo, garantizando así el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela Judicial Efectiva, y en lo que respecta a los criterios del Colegio Americano que hace referencia la defensa, el Tribunal deja constancia solo fue anunciado en el acto, mas no fueron consignados en físicos por parte de la misma. QUINTO: Se declara SIN LUGAR la solicitud Sobreseimiento planteada por la defensa en razón a lo ante decretado. SEXTO: Se mantiene la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, conforme a lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, numerales 3º y 9º, consistentes en presentaciones periódicas cada (30) días ante la oficina de alguacilazgo y el deber estar atento al proceso que se le sigue, toda vez que no han variados las circunstancia para imponer otra medida distinta. SEPTIMO: Visto que el(a)(os) acusado(a)(s) de autos manifestó(aron) no acogerse a las Formulas Alternativas a la Prosecución del Proceso. En consecuencia, se ordena el AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO, contra el(a)(os) ciudadano(a)(s) acusado(a)(s) REJON CARABAÑO LEONARDO ANTONIO, titular de la cedula de identidad N° V-12.478.546, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal. OCTAVO: Se acuerdan las copias solicitadas tanto por el Ministerio Público, como por los Apoderados Judiciales de la víctima, así como por la defensas, el cual serán expedida una vez se cumpla con el trámite administrativo para su expedición. Se emplazan a las partes a que concurran dentro de los próximos cinco (05) días siguientes a esta audiencia al Tribunal de Juicio que corresponda, asimismo se instruye a la secretaria remitir las actuaciones a la Oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal del estado Aragua, a los fines de su distribución a al Tribunal de Juicio que corresponda. Quedan las partes notificadas de la presente decisión. Es todo.. Omissis…”

TERCERO: Como consecuencia de la admisión, se procede a conocer el fondo del recurso planteado de conformidad con el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.
LOS JUECES SUPERIORES DE LA SALA 1 DE LA CORTE DE APELACIONES,

DRA. RITA LUCIANA FAGA DE LAURETTA
Jueza Superior - Presidente

DRA. GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ
Jueza Superior - Ponente

DR. LUIS ENRIQUE ABELLO GARCÍA
Juez Superior Integrante

ABG. LEONARDO HERRERA
El Secretario

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

ABG. LEONARDO HERRERA
El Secretario

Juez Ponente: Greisly Karina Martínez Hernández.
Causa Nº 1Aa-14.616-2023 (Nomenclatura de esta Alzada)
Causa Nº DP04-S-2022-000081. (Nomenclatura de ese Despacho)
GKMH/RLFL/LEAG/rh