I.ANTECEDENTES Las presentes actuaciones se relacionan con la incidencia de inhibición formulada por la Abg. Magaly Bastia, Jueza Provisoria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua, que se originó en el juicio por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, incoado por el ciudadano Luis Alberto Bandes, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.585.166, contra las sociedades mercantiles Granja Los Molinos C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Aragua, bajo el N° 13, Tomo 26-A, Folio 08, protocolo primero, fecha 17/07/2003 y Oceánica de Seguros C.A., inscrita en el Registro Primero del Distrito Capital, bajo el N° 64, Tomo 116, fecha 14 de junio de 1999; identificado con el alfanumérico: T-INST-C-21-17.866 (nomenclatura interna de ese tribunal). Dichas actuaciones fueron recibidas en este despacho y mediante auto dictado en fecha 28 de junio de 2023, se ordenó decidirla en forma breve y sumaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil (folio 21 del cuaderno de inhibición). II. FUNDAMENTO DE LA INHIBICIÓN Consta en los folios del 2 y 3 de las presentes actuaciones, escrito de inhibición de fecha 12 de mayo de 2023, suscrito por la Abg. Magaly Bastia, Jueza Provisoria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua, donde se evidencia lo siguiente: “(…) es por lo que de manera responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 82, numeral 15 del Código de Procedimiento Civil, procedo en este acto a declarar y pronunciar mi INHIBICION (Sic) en el presente asunto signado con el N°: T-INST-C-21-17.866, nomenclatura alfanumérica de este Juzgado (…)”. III. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Del estudio de las actas procesales se desprende que la referida inhibición fue fundamentada en el ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 eiusdem. En ese sentido, se puede decir que la institución de la inhibición, es un medio procesal previsto por el legislador, donde el juez decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, por considerar que existe una vinculación entre su persona y las partes procesales. De esta manera, la inhibición es un deber y un acto procesal del juez, que debe ser hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas en la ley. Es necesario acotar, que a los fines de que prospere la pretensión de inhibición, la Jueza Inhibida deberá: a) alegar hechos concretos; b) tales hechos deben estar directamente relacionados con el objeto procesal principal donde se generó la incidencia, de tal manera que afecte la capacidad de la Jueza Inhibida de participar en dicho juicio y; c) señalar el nexo causal entre los hechos alegados y las causales señaladas (TSJ, Sala Plena, 29-04-2004, Nº: 0019). Pues bien, el juzgador que conozca en alzada de la presente incidencia, realizará una labor de subsunción en los hechos alegados por la jueza inhibida, con fundamento en las causales señaladas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Dentro de ese orden de ideas, este juzgador observa que la causal invocada es la contenida en el ordinal 15º que establece: “(…) Ordinal 15. Por haber dado el recusado manifestado opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa (...)”. Ahora bien, respecto a esta causal de recusación e inhibición, quien aquí suscribe considera oportuno citar sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el Exp. N° 03-0110, de fecha 22 de junio de 2004, Ponente Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, en el cual se sostuvo: “(…) el artículo 82 numeral 15 del Código de Procedimiento Civil; establece el prejuzgamiento como causal de recusación, entendido éste como lo opinión manifiesta por el recusado sobre lo principal del pleito, antes de la sentencia correspondiente. Por lo tanto, para la procedencia de dicha causa de recusación, resulta menester que los argumentos emitidos por el juzgador sean tan directos con lo principal del asunto, que quede preestablecido un concepto sobre el fondo de la controversia concreta sometida a su conocimiento. De tal modo, para que prospere la inhabilitación del juez fundada en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, resulta ineludible que la opinión adelantada por el Juzgador haya sido emitida dentro de la causa sometida a su conocimiento, y además que ésta aún esté pendiente de decisión. Tales requisitos son concurrentes (…)”. Así las cosas, se debe indicar que la jueza inhibida se fundamenta en el hecho de que ella emitió opinión al haber dictado sentencia definitiva en fecha 30 de marzo del 2022 (Folios 4 al 11), cuando declaró lo siguiente: “…PRIMERO: SIN LUGAR la pretensión por Indemnización (Sic) de daño material derivados de Accidente (Sic) de Tránsito (Sic) interpuesta por LUIS ALBERTO BANDES, quien es venezolano, mayor de edad, de estado civil casad, titular de la cédula de identidad N° V-4.585.166 contra las sociedades mercantiles GRANJA LOS MOLINOS C.A., (…) inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Aragua, bajo el N° 13, Tomo 26-A, Folio 08, protocolo primero, fecha 17/07/2003 y OCEÁNICA DE SEGUROS C.A., (…) inscrita en el Registro Primero del Distrito Capital, bajo el N° 64, Tomo 116, fecha 14 de junio de 1999 …”. En tal sentido, considera quien decide que la inhibición planteada por la referida Jueza, se apoya en los motivos alegados, de lo que resulta una situación que la obliga a separarse del conocimiento de la causa, con la finalidad de garantizar la imparcialidad que no es más que la ausencia de perjuicios o parcialidades que debe tener el Juez por su investidura, por razones de garantía, seguridad, transparencia y confianza, pues le está dada la labor de dilucidar un asunto sin ningún tipo de prejuicio o influencia que impida que su actividad jurisdiccional ofrezca la suficiente objetividad requerida; pues, ello resulta garantía del debido proceso. Ahora bien, considerando lo expresado anteriormente, esta Alzada estima que de la revisión de las actas procesales se evidencia que efectivamente la Jueza inhibida adelantó opinión sobre el fondo del asunto debatido en la decisión de fecha 30 de marzo del 2022, en virtud de que declaró sin lugar la pretensión hecha valer por la parte actora. Por lo tanto, quien decide considera que la presente inhibición planteada por la Abg. Magaly Bastia, Jueza Provisoria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua, debe prosperar, por cuanto se encuentran materializados los supuestos de hecho contenidos en el ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. En consecuencia, este Tribunal Superior considera que la presente inhibición debe prosperar y por consiguiente se declarará con lugar, en razón de los argumentos antes expuestos; por lo que la Jueza Provisoria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua, Abg. Magaly Bastia, no deberá seguir conociendo del presente expediente, llevado en ese tribunal a su cargo. Así se decide. III. DISPOSITIVA En razón de las consideraciones de hecho y derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, la inhibición planteada por la Abg. Magaly Bastia, Jueza Provisoria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua, en el expediente N° T-INST-C-21-17.866, nomenclatura interna de ese Tribunal, señalándose igualmente que ésta no debe seguir conociendo de dicha causa. SEGUNDO: Se ordena notificar a la Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Cagua, de la presente decisión. Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los tres (3) días del mes de julio de 2023. Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación. EL JUEZ SUPERIOR RAMÓN CARLOS GÁMEZ ROMÁN LA SECRETARIA, LISENKA CASTILLO. En la misma fecha, siendo las 12:25 de la tarde se publicó y registro de manera ordinaria la anterior sentencia. LA SECRETARIA, LISENKA CASTILLO. RCGR/LC/oa Exp. JUEZ-1-SUP-INH-1.438-23.