REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 26 de julio de 2023
213º y 164º
Asunto: AH18-R-2001-000012
Parte Demandante: PORFIRIO MAYORGA HURTADO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-12.641.676.
Apoderados Judiciales: Abogados Vicente Fernández Santana, Carmen Senior Carett, Manuel Stifano Fernández, Dulce María Santana Osuna, Andrés Figueroa Bruce, Rafael Coutinho y Cristina Macías Carpi, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 35.500, 44.412, 29.709, 8.364, 50.442, 68.877 y 91.729, respectivamente.
Parte Demandada: GINO MARCO DI TILIO SPIDALIERI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.033.886.
Apoderados Judiciales: Abogados Fernando Rangel Mantilla y Franklin Porras Mendoza, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 12.739 y 33.461, respectivamente.
Motivo: Cobro de Bolívares (Apelación).
Sentencia: Interlocutoria.
Capítulo I
ÚNICO
Recibido el presente expediente, proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del juicio que por COBRO DE BOLÍVARES incoara el ciudadano PORFIRIO MAYORGA HURTADO, contra el ciudadano GINO MARCO DI TILIO SPIDALIERI, ambas partes plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo, se le dio entrada en el libro correspondiente.
Por auto de fecha 21 de septiembre de 2001, este Tribunal le dio entrada a la presente apelación.
Por auto de fecha 29 de octubre de 2001, este Tribunal ordenó la apertura de una articulación probatoria.
En fecha 14 de noviembre de 2001, la representación judicial de la parte demandada consignó escrito de pruebas.
Por auto de fecha 13 de febrero de 2002, este Tribunal admitió las pruebas promovidas por la parte demandada.
Por auto de fecha 05 de junio de 2002, este Tribunal acordó librar boleta de notificación a la parte demandada.
En fecha 01 de noviembre de 2002, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haberse dirigido al domicilio de la parte demandada, indicando que dicha notificación fue negativa, ya que la parte demandada no se encontraba en el domicilio.
En fecha 15 de noviembre de 2002, la representación judicial de la parte actora, solicitó se librara cartel de notificación a la parte demandada.
Por auto de fecha 03 de febrero de 2003, este Tribunal ordenó librar cartel de notificación a la parte demandada.
En fecha 26 de febrero de 2003, la apoderada judicial de la parte actora solicitó el abocamiento en la presente causa.
Por auto de fecha 24 de marzo de 2003, el Dr. Carlos Spartalian Duarte se abocó al conocimiento de la presente causa.
Por auto de fecha 12 de mayo de 2003, este Tribunal dejó sin efecto el auto y el cartel librado en fecha 03 de febrero de 2003, ordenando se libre un nuevo cartel de notificación a la parte demandada.
En fecha 18 de junio de 2003, la representación judicial de la parte actora, retiro el cartel de notificación librado a la parte demandada.
Vistas las actuaciones que anteceden, quien suscribe por auto de esta misma fecha se abocó al conocimiento de la presente causa.
Este sentenciador a los fines de emitir pronunciamiento sobre la presente causa, y revisadas como han sido las actas que conforman el expediente, pudo constatar que las partes no comparecieron ni por sí ni por medio de apoderado judicial a objeto de gestionar los trámites tendientes a la continuación de la causa. Siendo ello así, estima quien decide preciso traer a colación el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 956, de fecha 1º de junio de 2.001, que estableció lo que sigue:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. (...) Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. (...). Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.(...) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin...”
Cónsono con el criterio anterior, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 416, publicada en fecha 28 de abril de 2.009, señaló:
“…En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”
Conforme a los criterios jurisprudenciales antes citados, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia, observando quien aquí decide que en el caso sub examine en fecha 18 de junio de 2003 la representación judicial de la parte actora retiro el cartel de notificación librado a la parte demandada por este Tribunal en fecha 12 de mayo de 2003, sin que conste en autos que desde la referida fecha las partes hayan comparecido en juicio a los fines de la prosecución de la causa, por lo que debe considerar quien aquí decide que existe la falta de interés de las partes en activar el procedimiento o de impulsarlo hasta el estado en que haya de dictarse alguna resolución, por lo que resulta imperativo para este Juzgado declarar el decaimiento del recurso de apelación por pérdida del interés procesal. Así se decide.
Capítulo II
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
Primero: El DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN por pérdida del interés procesal en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES incoara el ciudadano PORFIRIO MAYORGA HURTADO, en contra del ciudadano GINO MARCO DI TILIO SPIDALIERI, ambas partes plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo.
Segundo: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay expresa condenatoria en costas.
Tercero: Déjese copia certificada de la presente decisión, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 Código de Procedimiento Civil, y remítase mediante oficio al Juzgado Décimo Octavo de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2023. Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
EL JUEZ,
Dr. JULIAN TORREALBA GONZÁLEZ
LA SECRETARIA,
VANESSA PEDAUGA
En esta misma fecha siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) se registró y público la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,
VANESSA PEDAUGA
JTG/vp/o
Exp. No. AH18-R-2001-000012
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