I. ANTECEDENTES Fueron recibidas las presentes actuaciones provenientes del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, y las mismas se relacionan con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada por el mencionado órgano jurisdiccional, en fecha 22 de abril de 2022, mediante la cual declaró, entre otras cosas, procedente la demanda. (Folios 275 al 282, II pieza). II. DE LA APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA En fecha 12 de mayo de 2022, el ciudadano José Modesto Aguirre Díaz, presentó diligencia mediante la cual, señaló lo siguiente: “(…) procedo a apelar de la decisión dictada en fecha 22 de abril de 2022, por lo que, respetuosamente, pido que se oiga en ambos efectos el recurso interpuesto (…)”. (Folios 295 al 297, II pieza). III. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Visto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en el presente juicio, este tribunal superior, debe realizar las siguientes consideraciones: En primer lugar, hay que partir señalando que la parte demandante, indicó como petitorio en la reforma de la demanda, presentada en fecha 13 de julio de 2017, lo siguiente: “(…) Finalmente, solicito que la presente Demanda (sic) sea Admitida, (sic) sustanciada conforme a derecho, se ordene la citación de la parte demandada y en definitiva SE DECLARE CON LUGAR LA DEMANDA DE TACHA DE FALSEDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO POR VIA (sic) PRINCIPAL (DOCUMENTO PODER AUTENTICADO Y REGISTRADO) Y EN CONSECUENCIA LA NULIDAD DE LA COMPRA-VENTA, con la expresa CONDENATORIA EN COSTAS, COSTOS DEL PROCESO Y HONORARIOS PROFESIONALES, calculados sobre la base del Veinticinco (sic) al Treinta (sic) Por (sic) Ciento (sic) (25% al 30%) de la Estimación (sic) de la Demanda. Igualmente en la Sentencia (sic) que Declare (sic) Con (sic) Lugar (sic) la Demanda y Tachado (sic) los Documentos (sic) Solicito (sic) la Imposición (sic) de la Indemnización (sic) de los perjuicios a que hubiere lugar dada la Naturaleza (sic) de la Acción (sic) incoada y de la pretensión ejercida y ante la eventual impugnación que resulte por la parte demandada de manera temeraria la cual estimo en la cantidad de UN MIL MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 1.000.000.000, 00) (…)”. (Folios 110 al 124). (Subrayado nuestro). Ahora bien, visto lo solicitado por la parte demandante en su libelo, esta alzada considera impretermitible estudiar la figura de la inepta acumulación de pretensiones establecida en nuestro derecho adjetivo civil. En ese sentido, hay que señalar que con relación al término pretensión, quien decide se adhiere a la doctrina instituida por el procesalista patrio A. Rengel Romberg quien la define como: “(…) el acto por el cual el sujeto se afirma titular de un interés jurídico frente a otro y pide al juez que dicte una resolución con autoridad de cosa juzgada que lo reconozca (…)”. Nuestra legislación es flexible al permitir la acumulación de pretensiones en una misma causa, siempre y cuando sean conexas por el título, es decir, ajustado a lo establecido en los artículo 33 y 34 del Código de Procedimiento Civil que señalan los casos de acumulación objetiva y sujetiva, respectivamente, en concordancia con lo señalado en el artículo 77 eiusdem. Ahora bien, es requisito sine qua non para la acumulación de pretensiones, la unidad del procedimiento y que las pretensiones sean subsidiarias, nunca contrarias entre sí. En este orden de ideas y para prevenir la violación de los principios de legalidad y formalidad procesal, el legislador incluyó en el artículo 78 eiusdem la excepción de la norma procesal relativa a la acumulación de pretensiones, indicando lo siguiente: “(…) No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí. (…)” (Negrillas nuestras) Por consiguiente, se puede concluir entonces, que existen tres casos bajo los cuales la ley prohíbe la acumulación de pretensiones: a) Cuando las pretensiones se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí. b) Cuando por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal. c) Cuando tengan procedimientos legales incompatibles entre sí. La comprobación de cualquiera de estos supuestos conllevaría a la declaratoria de la existencia de lo que la doctrina y jurisprudencia denomina una inepta acumulación de pretensiones. En consecuencia, no son acumulables las pretensiones que tengan procedimientos legales incompatibles entre sí, ni aquellas que se excluyan mutuamente. La unidad del procedimiento es una característica de la acumulación en general, y cuando a cada pretensión corresponde un procedimiento distinto, incompatible con el de la otra, aquella unidad no puede lograrse y la acumulación por lo tanto no es posible. En ese sentido, la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal de la República, mediante sentencia dictada en fecha 5 de abril de 2006, mediante sentencia No. 736, dejó sentado que: “(…) es posible acumular en una sola demanda varias pretensiones contra distintas personas, en razón de la conexión que existe entre ellas; ya sea por el objeto que se pretende o por la razón que motiva la pretensión. Sin embargo, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; y en los casos en que procedimientos en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación (…)” (Negrillas agregadas) Así las cosas, en virtud de todo lo anteriormente detallado, quien decide observa que las pretensiones determinadas por la actora en su libelo no pueden ser acumuladas en una sola demanda, toda vez que, deben ser sustanciadas mediante procedimientos disímiles, debido a que pretende, en principio, la tacha por vía principal de un documento, lo cual debe sustanciarse mediante un procedimiento especial, contenido en el artículo 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y, adicionalmente, la demandante pretende una indemnización por presuntos daños y perjuicios sufridos, lo cual debe tramitarse conforme a las reglas establecidas en el procedimiento ordinario, dispuesto en el artículo 338 y siguientes del mismo código adjetivo civil. Ahora bien, en consecuencia de la acumulación prohibida verificada, quien aquí decide en carácter de director del proceso y teniendo el deber de velar por el estricto cumplimiento de la ley y a los fines de resguardar el orden público, estima pertinente realizar las siguientes consideraciones: El artículo 341 de la ley adjetiva civil que estatuye lo siguiente: “(…) Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la Ley (…)” En este sentido y a los fines de dilucidar el contenido de la norma transcrita, el tratadista patrio Jesús Eduardo Cabrera indica en su revista de Derecho Probatorio, Tomo II, que: “(...) Se ha venido planteando ¿Qué sucede si la demanda es contraria al orden público?. Según el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, esa demanda era inadmisible. Pero fue admitida. Llegamos a la sentencia definitiva y allí el juez está convencido de que la demanda es contraria al orden público, y toda demanda que es contraria al orden público también es contraria a derecho (…)” Con relación a lo antes expuesto, nuestro máximo tribunal ha señalado lo siguiente: “(…) Como puede leerse en lo transcrito, si el demandado contestó la demanda, pero no alegó la prohibición legal de la admisión de la demanda incoada, o si no contestó, dicho sujeto podrá hacer el correspondiente alegato en cualquier etapa del proceso. Pues bien, considera la Sala que, si así puede hacerlo el accionado, también lo puede ex officio el juez de la causa, en cualquier estado del trámite procesal; ello con fundamento en su cualidad de director del proceso según el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 11 ejusdem (…)” Sentencia Nº 2558 de la Sala Constitucional del 28 de noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, en el Juicio de Aeroexpresos Ejecutivos, C.A y otra empresa, exp. Nº 00-3202 Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 22 de noviembre de 2000, mediante fallo No 1415, manifestó que: “(…) Tampoco puede pretender el recurrente acumular a la pretensión interpretativa otro recurso o acción de naturaleza diferente, ya que conllevaría a la inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones o procedimientos que se excluyen mutuamente (…)” (Negrillas nuestras) Igualmente, la misma Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal de la República, en fecha 13 de diciembre de 2004, mediante sentencia No. 2914, destacó que: “(…) la inepta acumulación de pretensiones, en los casos que éstas se exluyen mutuamente o cuyos procedimientos sea incompatibles, constituye causal de inadmisibilidad (…)” (Negrillas agregadas) Por su parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 21 de julio de 2009, a través de sentencia No. 0407, también dejó sentado lo siguiente: “(…) la prohibición de la ley de admitir la demanda, por inepta acumulación de pretensiones, constituye materia de orden público, y el Juez está facultado para declararla de oficio en cualquier estado y grado de la causa cuando se verifique su existencia, al estar indefectiblemente ligada a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate, dado que extingue la acción y si esta se ha perdido no podrá sentenciarse el fondo, sin importar en qué estado procesal, o en cual momento del juicio se extinguió la acción. Por consiguiente cada vez que el Juez constata que la acción se extinguió, de oficio debe declarar tal situación, ya que el derecho de movilizar a la administración de justicia, en una causa particular, se ha perdido, al no poder existir fallo de fondo, y la extinción de la acción es independiente de los alegatos que se susciten con motivo de la contestación de la demanda, o de los informes (…)” (Negrillas nuestras) Siendo así las cosas, y vistos los criterios doctrinarios y jurisprudenciales supra transcritos, los cuales quien decide comparte y acoge, este tribunal observa que como consecuencia de la acumulación prohibida o inepta acumulación de pretensiones en la cual incurrió la parte actora en la presente causa, que evidentemente es contraria a derecho, debe forzosamente declararse inadmisible la demanda en resguardo al orden público, siendo nulo todo lo actuado en el presente expediente. Por último, este juzgador observa que como consecuencia de la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda y nulidad de todo lo actuado, no existe otro aspecto a decidir en el presente expediente, pues el trámite realizado ha de tenerse como inexistente. IV. DISPOSITIVA Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho ut supra, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano José Modesto Aguirre Díaz, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-7.225.871, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 22 de abril de 2022. En consecuencia: SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia recurrida anteriormente identificada. TERCERO: INADMISIBLE la demanda interpuesta por la ciudadana ANA MARIE SCHICK DUDLEY, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-12.138.213, contra los ciudadanos JOSÉ MODESTO AGUIRRE DÍAZ y CÉSAR AUGUSTO BOLÍVAR MEJÍAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-7.225.874 y V-9.698.583, respectivamente. CUARTO: NULAS todas las actuaciones realizadas en el presente expediente. QUINTO: No hay condenatoria en costas, en razón de la especial naturaleza de esta decisión. SEXTO: Notifíquese a las partes del presente fallo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia, publíquese, regístrese y remítase el expediente en la oportunidad legal correspondiente. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, al séptimo (7º) día de junio de 2023. Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación. EL JUEZ RAMÓN CARLOS GÁMEZ ROMÁN LA SECRETARIA LISENKA CASTILLO En la misma fecha, se dio cumplimiento a la anterior decisión siendo las 2:01 pm. LA SECRETARIA LISENKA CASTILLO RCGR/LC/ Exp. JUEZ-1-SUP-C-18.969-22.