TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y JOSÉ ÁNGEL LAMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Cagua, seis (06) de junio de 2.023
213º y 164º
EXPEDIENTE: T2M-C-747-2020
PARTES ACTORA: ROSCELMARIA GIL YANEZ, JOSE ALEXANDER GIL YANES, NORHEMY JOSEFINA GIL YANEZ y LUIS AUGUSTO DE JESUS GIL YANES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.979.345, V-8.733.249, V-8.728.864 y V-9.433.371, respectivamente con correos electrónicos:gilroscelmaria@gmail.com, alegily@hotmail.com, norhemy@hotmail.com y luisgilyanes@yahoo.com y números telefónicos: +34 602526758, +34 6025266, +34 634991270, +34 671127583, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: RUBEN DARIO OLMEDO REYES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 215.666.
PARTE DEMANDADA: Empresa ARAGUA CASILLAS, C.A debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua bajo el Nro.22, Tomo 121-A, de fecha diez (10) de octubre del año 2012 en la persona de los ciudadanos DEIVIS HERNAN RAMIREZ ROJAS y MARCOS TULIO RAMIREZ ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.951.882 y V-12.955.683, con el carácter de Director General y Director Administrativo,
PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
-I-
En fecha once (11) de marzo de dos mil veinte (2020), se recibió distribución por ante el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del estado Aragua quien se encontraba en funciones de distribuidor, escrito de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, presentado por el abogado en ejercicio, RUBEN DARIO OLMEDO REYES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 215.666, actuando en este acto en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos, ROSCELMARIA GIL YANEZ, JOSE ALEXANDER GIL YANEZ, NORHEMY JOSEFINA GIL YANEZ y LUIS AUGUSTO DE JESUS GIL YANES, identificados con las cédulas de identidad Nros. V-11.979.345, V-8.733.249, V-8.728.864 y V-9.433.371, con correos electrónicos:gilroscelmaria@gmail.com, alegily@hotmail.com, norhemy@hotmail.com y luisgilyanes@yahoo.com y números telefónicos: +34 602526758, +34 6025266, +34 634991270, +34 671127583, respectivamente, representación que consta en Poder otorgado por la Notaria de Don Ramon Garcia- Torrent Carballo Barcelona España y del Ilustre Colegio de Cataluña; Apostillado en fecha 21/08/2019 bajo el Nro. N5301/2019/039095, Consejo General del Notariado Español, en contra de la Empresa ARAGUA CASILLAS, C.A debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua bajo el Nro.22, Tomo 121-A, de fecha diez (10) de octubre del año 2012 representada por los ciudadanos DEIVIS HERNAN RAMIREZ ROJAS y MARCOS TULIO RAMIREZ ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.951.882 y V-12.955.683, con el carácter de Director General y Director Administrativo. Correspondiéndole a este Tribunal el conocimiento de la causa.
En fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), el apoderado judicial de la parte demandante consigna los respectivos recaudos en físico.
En fecha seis (06) de noviembre de dos mil veinte (2020), mediante diligencia el Apoderado Judicial de la parte demandante solicita la REANUDACIÓN DE LA CAUSA.
En fecha diez (10) de noviembre de dos mil veinte (2020), mediante auto este Tribunal acuerda lo solicitado y procede a la Reanudación de la Causa, Admite cuanto ha lugar en derecho la demanda y ordena el emplazamiento de los ciudadanos, DEIVIS HERNAN RAMIREZ ROJAS y MARCOS TULIO RAMIREZ ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.951.882 y V-12.955.683, respectivamente.
En fecha siete (07) de diciembre de dos mil veinte (2020), mediante diligencia el Alguacil de este Tribunal consigna Boleta de Citación dirigida a los ciudadanos DEIVIS HERNAN RAMIREZ ROJAS y MARCOS TULIO RAMIREZ ROJAS, anteriormente identificados, sin firma. En virtud; de que el primero de ellos, se negó a firmar la referida Boleta de Citación.
II
Prevé el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su primer aparte, establece lo siguiente:
“toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá perención”.
De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia, que son requisitos de procedencia de la denominada “perención anual”:
1) Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa.
2) Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente y otras similares.
3) No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia.
4) La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa….” Debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones…”
La Sala dejó sentado en decisión de fecha 11 de noviembre de 1998, lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido habla el Código de jueces de instancia, o juez de primera o segunda instancia. En relación con el significado del vocablo, expresa Carnelutti:
“…la palabra demanda se reserva para significar el acto compuesto que resulta de combinar la instancia con la apelación, la voz más adecuada para designar el acto cuya noción he intentado esbozar es instancia; la prefiero a solicitud, porque expresa mejor el concepto de estímulo, y casi diríamos de impulso, a hacer. En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción.
Ahora bien, otro aspecto de importancia que fue determinado en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, es que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley: el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001 -Exp. N° AA20-C-1951-000001)

Ahora bien, de las jurisprudencias aquí transcritas no existe ningún género de dudas, la única actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
En el caso de marras, consta en autos que la parte actora desde hace más de dos (02) años, no realiza ningún tipo de actuación que este Tribunal pueda validar como interés procesal en el presente caso.
Por último, en virtud que la presente decisión debe ser considerada como dictada fuera de lapso, este Tribunal ordena la notificación de la parte actora a los fines de garantizar el debido proceso que debe regir en todas las actuaciones judiciales y administrativas de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente juzgado, ya que, no es posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de quinientos (500) metros de este Tribunal sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde también se deben realizar notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil que utilice su tiempo útil en la práctica de actuaciones relativas a juicios que se encuentran paralizados debido a la falta de atención e impulso de las partes. Todo en conformidad a los artículos 14, 16, 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
III
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y JOSÉ ÁNGEL LAMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su primer aparte. Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas. Publíquese, notifíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023). Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación
LA JUEZA,

JUBELY JOSEFINA FRANCO SOTO.
LA SECRETARIA,

ELEANA FLORES BRITO
En esta misma fecha, siendo las 11:00 a.m. se registró y publicó la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

Exp Nº T2M-C-747-2020
JJFS/efb/mv.-