Se inicia el proceso mediante escrito y anexos presentado en fecha 07 de octubre de 2011 (folios del 1 al 78), ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano LUIS CACERES BONILLA, titular de la cédula de identidad No. V-6.796.294, actuando en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil ADUANERA NELIMAR, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 11 de agosto de 1989, bajo en Nº 54, Tomo 55-A-Segundo, Asistido en el acto por la ciudadana VIRGINIA CARRERO UGARTE, titular de la cédula de identidad No. V-3.713.272 inscrita en el Impreabogado Nº 18.967, contra la Resolución identificada alfanuméricamente Nº SNAT/GGSJ/GR/RCA/DRAAT/2011-0428 de fecha 31 de mayo de 2011 y notificada el 24 de febrero de 2012 emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT), mediante la cual se declara SIN LUGAR el recurso jerárquico interpuesto por la Contribuyente, en consecuencia se confirma el acto Administrativo contenido en la Resolución de multa Nº SNAT/INA/GCA/2008-PA-0451/RM/ Nº 0181 de fecha 20 de julio de 2009 emanada de la Gerencia General de Control Aduanero aplicando la multa de intereses moratorios. La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Jurisdicción, actuando como repartidor único, asignó el conocimiento a este Tribunal Superior, dándosele entrada mediante auto de fecha 13 de octubre 2011 y ordenándose las notificaciones de ley. (Folio 80 y 81). En fecha 05 de diciembre de 2012, este Tribunal dictó sentencia Nº. 1.602, mediante la cual se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto. (Folios del 123 al 138). Ahora bien, vista la diligencia suscrita por la ciudadana IVET PEREZ TERAN, en fecha 23 de abril de 2012 (folio 140), actuando en su carácter de Abogada Sustituta de la Procuraduría General de la República, mediante la cual solicita a este Tribunal lo siguiente: “Apelo de la decisión dictada en fecha 14 de abril de 2012 y llevada en el expediente AP41-U-2011-000415. Terminó, se leyó”. Mediante auto, este Juzgado de fecha 31 de mayo de 2012, siendo cumplidos los extremos legales, admitió y ordenó remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante oficio Nº 8.079 de fecha 01 de junio de 2012 (folio 147) En fecha 22 de noviembre de 2012, se recibió la presente causa proveniente de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual, remitió las resultas de la apelación interpuesta. En fecha 13 de noviembre 2018, se le dio entrada, visto asimismo que han sido practicadas las notificaciones de la Sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como consta a los folios 194, 195, 196, 197, 198 (pieza principal), Es así como, en fecha 07 de diciembre de 2022, se abocó al conocimiento de la presente causa, el Abg. JOSÉ ANDRÉS FAJARDO PÉREZ, en su carácter de Juez Provisorio; designado por la comisión Judicial en reunión de fecha 16/08/2022 y Juramentado en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18/08/2022. (Folio 332). Este Tribunal para pronunciarse al respecto observa: Visto igualmente, el Decreto Constituyente que dictó el Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial número 6.507 Extraordinario, de fecha 29 de enero de 2020, el cual entró en vigencia el 29 de febrero de 2020, establece en sus artículos 8 y 226 lo siguiente: “Artículo 8: Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores… (Omissis) Artículo 226: El cobro ejecutivo de las cantidades líquidas y exigibles, así como la ejecución de las garantías constituidas a favor del sujeto activo, se efectuara conforme al procedimiento establecido en este Capítulo. La competencia para iniciar e impulsar el mismo y resolver todas sus incidencias, corresponde a la Administración Tributaria. El procedimiento de cobro ejecutivo no será acumulable a las causas judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación se suspenderá únicamente en los casos previstos en este Código. El inicio del procedimiento de cobro ejecutivo previsto en este Código, genera de pleno derecho, el pago de un recargo equivalente al diez por ciento (10%) de las cantidades adeudas por concepto de tributos, multas e intereses, con inclusión de los intereses moratorios que se generen durante el procedimiento de cobro ejecutivo. Los gastos que se generen para el cobro ejecutivo deberán ser sufragados por el deudor” Adicionalmente a los artículos precedentemente expuestos debe este Tribunal señalar lo sostenido por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia Nº 01395 de fecha 22 de noviembre de 2012, caso: ADUANERA NELIMAR, C.A “…corresponde a la Administración Tributaria iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias del cobro ejecutivo; contrario a lo estatuido sobre ese particular los artículos 289 y 290 del Código Orgánico Tributario de 2001, donde el Fisco Nacional iniciaba el juicio ejecutivo mediante escrito ante el tribunal contencioso tributario competente. Por lo tanto, esta Sala advierte la imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer los juicios ejecutivos, en virtud de haber perdido sobrevenidamente la jurisdicción para tramitarlos. Así se establece.” (Destacado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia) En consecuencia, se observa que el presente asunto se encuentra en fase de ejecución, es por lo que este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la FALTA DE JURISDICCIÓN en la presente causa y ORDENA remitir el expediente a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines iniciar con el procedimiento de ejecución forzosa. Líbrese Oficio. EL JUEZ, JOSÉ ANDRÉS FAJARDO PÉREZ EL SECRETARIO, OSCAR ARMANDO DELGADO M.- JAFP/OAD/nc