I. ANTECEDENTES Suben las presentes actuaciones al conocimiento de esta instancia superior procedentes del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, y las mismas se relacionan con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el día 1 de diciembre de 2022, contra la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 2022 por el citado órgano jurisdiccional, en la cual, declaró improcedente la pretensión contenida en la demanda. (Folios 138 al 149) II. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 1 Revisadas exhaustivamente las actuaciones que componen el presente expediente, este tribunal antes de cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, debe analizar la actuación realizada por la defensora de oficio designada en la causa, ya que, su actividad está íntimamente ligada al derecho a la defensa y debido proceso de la parte demandada. En tal sentido, se debe partir indicando que la presente causa inició mediante demanda interpuesta en fecha 26 de octubre de 2018 por ante el Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, el cual se encontraba en funciones de distribuidor. (Folios 1 al 4 y vueltos). Posteriormente, luego de distribuida la causa y una vez admitida la pretensión contenida en la demanda, se cumplió con los trámites de la citación personal y por carteles de la demandada sin que ésta haya sido posible, por lo que, el juzgado a quo nombró como defensora de oficio de la ciudadana Migdalia Francia Moreno Ramírez, ya identificada, a la abogada en ejercicio Angélica Castillo, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 115.093. (Folio 36) En fecha 1 de julio de 2019, una vez de aceptado el cargo y ser debidamente citada, la defensora ad litem procedió a contestar la demanda, indicando únicamente lo siguiente: “(…) Niego, rechazo y contradigo la presente demanda incoada en contra de mi defendida en toda y cada una de sus partes, tanto en los hechos narrados como en el derecho de (sic) probar en caso de que aparezca mi defendida y suministre las pruebas necesarios (…)” (Folios 45 al 46 y vueltos). En fecha 23 de octubre de 2019, la defensora judicial consignó escrito de promoción de pruebas donde únicamente promovió “el mérito favorable que se desprende de los autos”. (Folio 61 y vuelto) 2 Una vez señalado lo anterior, este tribunal superior pasa a verificar si dichas actuaciones realizadas por la defensora judicial en la presente causa, cumplieron con el fin último de garantizar el derecho a la defensa y debido proceso de la parte demandada. En ese sentido, en relación con el carácter del defensor ad litem CUENCA señala que: “El defensor ad litem participa de una doble cualidad, como funcionario público accidental y como apoderado del citado mediante carteles o por edictos. Como funcionario público debe aceptar el nombramiento y prestar la promesa legal, conforme al artículo 7º de la Ley de Juramento, todo lo cual debe constar en el expediente. La omisión de la aceptación y del juramento es capaz de viciar las actuaciones posteriores en que haya participado. Su nombramiento no es hecho por las partes sino por el tribunal y esto lo inviste de una función pública, de carácter accidental. Como funcionario público está sometido a todas las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias de éstos (n. 107). Pero por cuanto representa a una parte en el proceso, se identifica con ésta y por ello no puede ser recusado. El defensor desempeña varias funciones en nuestro proceso: es un auxiliar de justicia, un defensor del no presente e impide el estado de indefensión de éste. La casación a dicho que colabora en la administración de justicia e impide la detención procesal mediante la desaparición ad hoc del demandado.” (CUENCA, Humberto. Derecho Procesal Civil, Tomo II, UCV, Ediciones de la Biblioteca, Tercera Edición, Caracas, 1979, pp. 365). Por su parte RENGEL ROMBERG sobre el defensor ad litem indica: “El defensor es un verdadero representante del demandado en el juicio, equiparable a un apoderado judicial, con la diferencia de que su investidura no deriva de la voluntad del mandante, como en la representación voluntaria, sino directamente de la ley. Su designación es aplicación del principio de bilateralidad del proceso, que le imprime una estructura dialéctica y realización de la garantía constitucional de la defensa en juicio, que es un derecho inviolable. Por su origen, el defensor queda investido de una función pública de carácter accidental y colabora con la administración de justicia ...” (Subrayado nuestro) (RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, Editorial Arte, Caracas, 1992, pp. 255-256). Así mismo, en relación con la deficiente actuación del defensor ad litem en un procedimiento judicial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 33 de fecha 26 de enero de 2004, estableció lo siguiente: "(...) El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el artículo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia (la cual admite excepciones). La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza civil, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem … Esta última clase de defensoría (ad litem) persigue un doble propósito: 1) Que el demandado que no puede ser citado personalmente, sea emplazado, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido. Desde esta vertiente, la defensa obra incluso en beneficio del actor, ya que permite que el proceso pueda avanzar y se dicte la sentencia de fondo. 2) Que el demandado que no ha sido emplazado o citado, se defiende, así no lo haga personalmente. Debido a ese doble fin, el defensor no obra como un mandatario del demandado, sino como un especial auxiliar de justicia, que por no pertenecer a la defensa pública, debe percibir del demandado sus honorarios, así como las litis expensas, tal como lo señala el artículo 226 del vigente Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como tal función auxiliar no la presta el abogado defensor gratuitamente (a menos que la ley así lo ordene, como lo hace el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil), si éste no localizare al demandado para que le facilite las litis expensas o sus honorarios, tales gastos los sufragará el demandante -quien se beneficia a su vez de la institución- quien podrá recuperarlos de los bienes del defendido, si éstos existen. Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la Ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. Pero debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente. En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante. El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado. Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa. Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo. A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla. Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena, la razón de la institución. Tal norma (artículo 225 del Código de Procedimiento Civil), colide con la Ley de Abogados (artículo 4), que establece que la representación en juicio sólo corresponde a abogados en ejercicio, y aunque el defensor ad litem no es un mandatario; sin embargo, el espíritu de dicha ley especial -que debe ser respetado- es que la actividad procesal sea efectuada por abogados en ejercicio, por lo que los parientes y amigos mencionados en el artículo 225 citado, deben ser abogados para ser defensores, pero por el hecho de que no lo sean y no se les pueda nombrar, no surge razón para no consultarlos sobre cuál profesional del derecho será nombrado defensor, ya que lo que se busca es que quien asuma la defensa tenga interés en ella. En el caso de autos, constaba en el expediente laboral la dirección del demandado, antes de la fecha del nombramiento del defensor. Luego, era impretermitible que el defensor acudiera a la dirección del defendido a preparar la defensa, a menos que éste se negare, no bastando a ese fin enviarle un telegrama notificándole el nombramiento. Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara (...)" (Negrillas y subrayado agregado) Igualmente, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de la República, en fecha 16 de abril de 2007, mediante decisión contenida en el expediente No. 06-1822, señaló que: “(…) En el presente caso, observa la Sala que la defensa que prestó el defensor de oficio fue deficiente, tanto en la alegación de defensas en la oportunidad de la contestación de la demanda, como en el ejercicio de los recursos ordinarios y en el control del avalúo del inmueble objeto del remate, lo cual vulneró el derecho a la defensa de la parte a quien representó, en la misma forma como fue analizada en los casos objeto de las decisiones que se citaron, derecho que, en virtud de su importancia, debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional. En consecuencia, se estima que el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no debió convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejó en franca indefensión al ciudadano Jorge Fuk Wing Ho, razón por la cual esta Sala anula todas las actuaciones que fueron realizadas en el juicio que, por reintegro de alquileres y diferencia de depósitos, incoaron los miembros de la sucesión de Rafael Batista Camacho Camacho, ciudadanos María Conceicao Neves de Camacho, Marisol Camacho Mora, Milena Camacho Mora y José Rafael Camacho Mora contra los ciudadanos Jorge Fuk Wing Ho, Yan Won Sin de Joa y Fuk Shum Ho y se repone la causa al estado de nueva citación de los demandados (…)” (Negrillas y subrayado agregado) Y más recientemente, la misma Sala Constitucional mediante fallo publicado en el expediente No. 09-0527, en fecha 6 de agosto de 2012, ratificó todo lo señalado anteriormente e indicó lo siguiente: “(…) Visto lo anterior, se pudo constatar de actas y tal como lo indicó la primera instancia constitucional, la defensora ad litem designada en la causa primigenia sólo se limitó a contestar la demanda incoada en contra de la quejosa de manera pura y simple, de igual modo se pudo evidenciar que en el escrito de promoción de pruebas invocó el merito favorable de los autos y finalmente se pudo apreciar que no apeló de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, evidenciándose con ello que la actuación de la referida defensora ad litem no estuvo cónsona con la labor que debe cumplir la misma, la cual no es otra que defender con todo lo que ello implica (ponerse en contacto con el demandado, contestar la demanda, promover las pruebas y ejercer los recursos previstos en la ley) al demandado, generando así la violación del derecho a la defensa de la accionante (…)” (Negrillas agregadas) De acuerdo a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales anteriormente señalados, se puede indicar que la finalidad de la institución del defensor ad litem no es una simple formalidad con el objeto de generar la bilateralidad del juicio y permitir que éste continúe y se pueda dictar sentencia, sino que, por el contrario, lo que realmente se busca con ello es garantizar en forma eficaz el derecho a la defensa de la parte demandada. Ahora bien, este juzgador observa que en el caso bajo estudio, con relación a la obligación de la defensora ad litem de gestionar una buena defensa y contactar a su defendido, se concluye que la abogada designada como defensora de la demandada no cumplió de forma debida con los deberes inherentes a su cargo, puesto que: Respecto al deber de contactar a su defendido este tribunal observa que en el acto de contestación a la demanda la defensora judicial no manifestó de forma alguna que se había trasladado a la dirección conocida de su defendida con el objeto de contactarla personalmente. Por el contrario, dicha auxiliar de justicia únicamente señaló que le había enviado un telegrama, el cual no fue entregado, y demás, indicó que había realizado una llamada a un número telefónico sobre el cual no existe en autos constancia de que pertenezca a la demandada. Por otro lado, respecto a la obligación de contestar la demanda, esta superioridad verifica que en efecto consta en autos escrito de contestación, el cual fue parcialmente supra transcrito, sin embargo, el mismo fue realizado de manera pura y simple, es decir, se limitó a rechazar genéricamente la demanda, sin expresar razonamiento alguno. Igualmente, en relación al deber de promover pruebas, se observa que la defensora judicial solamente promovió el mérito favorable de los autos, lo cual no constituye per se un medio probatorio, por tanto, forzosamente se debe concluir que no promovió prueba alguna a favor de su defendido. En virtud de todo lo expresado, es clara que la actuación de la defensora judicial, abogada Angélica Castillo, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 115.093, fue prácticamente inexistente, ya que se evidencia de la revisión de las actas que actúo por un cumplimiento meramente formal y no como le correspondía de acuerdo a la ley. En consecuencia, el juez a quo, al momento de dictar sentencia debía percatarse del evidente mal trabajo realizado por la defensora ad litem designada y, antes de cualquier otro pronunciamiento, tenía el deber de declarar nulas todas las actuaciones desde su nombramiento, en virtud de tratarse de un vicio que atenta contra el orden público. En ese sentido, la nulidad de los actos procesales está prevista en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, ésta debe ser declarada sólo en el caso en que se encuentre determinada por la ley o en que se haya configurado por la omisión de formalidades esenciales a la validez de los actos. Tal artículo dispone que: “Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.” Igualmente, se establece la nulidad de los actos procesales que infrinjan leyes de orden público, es decir normas de observancia incondicional, tal como lo consagra el artículo 212 ejusdem: “No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad.” Ahora bien, toda violación del debido proceso constituye una infracción de orden público, tal como lo expresó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 0144 del 7 de marzo de 2002, donde dejó sentado lo siguiente: “(…) todo lo relativo a la defensa de orden constitucional y el debido proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la Ley (…) En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así ha señalado: ‘…el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada (…) nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento’ (G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983) (…)” Igualmente, respecto a la posibilidad de que el juzgado superior ordene la reposición de la causa, hay que resaltar lo previsto en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “Si la nulidad del acto la observare y declarare un Tribunal Superior que conozca en grado de la causa, repondrá ésta al estado de que se dicte nueva sentencia por el Tribunal de la instancia en que haya ocurrido el acto nulo, disponiendo que este Tribunal antes de fallar, haga renovar dicho acto conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.” Y sobre el supuesto del artículo arriba citado, la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal mediante sentencia No. 401 de fecha 1 de noviembre de 2002, dispuso que: “(…) Los jueces superiores de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, tienen la facultad de reponer la causa cuando determinen la existencia de un acto írrito que lo amerite o evidencien una subversión del procedimiento. Por consiguiente, pueden, de oficio, declarar las nulidades que afecten el orden público sin que por ello se les pueda imputar la comisión del vicio de incongruencia. De ello, deviene obligante examinar la sustanciación del procedimiento con la finalidad de precisar si responde a la noción doctrina del debido proceso (…)” En consecuencia, habiendo verificado este juzgador que la defensora de oficio incumplió con las obligaciones inherentes a su cargo, con lo cual se vulnera el derecho a la defensa y debido proceso de la parte demandada, se debe declarar la nulidad de todas las actuaciones contenidas en la presente causa desde el auto de nombramiento de la defensora judicial de fecha 12 de abril de 2019 (Folio 36), razón por la cual, esta superioridad repone la causa al estado de que se proceda a designar un nuevo defensor ad litem a los fines de darle continuación al juicio. III. DISPOSITIVA Con fundamento en las consideraciones de hecho, derecho, jurisprudencial y doctrinarios ut supra, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: NULAS todas las actuaciones del expediente desde el auto de nombramiento de la defensora de oficio de fecha 12 de abril de 2019 (Folio 36). SEGUNDO: SE REPONE la causa al estado de que otro juez competente, que corresponda por distribución, nombre un nuevo defensor de oficio quien cumpla a cabalidad las obligaciones inherentes al cargo, con el objeto de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de la ciudadana Migdalia Francia Moreno Ramírez, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-13.769.075. TERCERO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza del presente fallo. CUARTO: Se ordena la notificación de las partes en conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia certificada. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al juzgado a quo en la oportunidad legal correspondiente. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2023. Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación. EL JUEZ RAMÓN CARLOS GÁMEZ ROMÁN LA SECRETARIA LISENKA CASTILLO En la misma fecha, se dio cumplimiento a la anterior decisión siendo las 10:30 de la mañana. LA SECRETARIA LISENKA CASTILLO RCGR/LC/ Exp. JUEZ-1-SUP-C-19.042-22.