REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS Maturín, Veintitrés (23) de Mayo de 2023. 213° y 164° ASUNTO PRINCIPAL: NP11-L-2022-000061 Demandante: DAVID JOSE RIVERA GIL, Venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad Nº V-15.510.607. Apoderado judicial: Edgardo Rafael Rodríguez Ortiz, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nos. V-4.625.231, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo los Nos. 159.543. Demandada: INVERSIONES SOLIDEZ AMISTAD C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil del estado Monagas en fecha 05/02/2013, anotada bajo el Numero 42, tomo 9-A. Apoderado judicial: Yulimar Sifontes y Aquiles López, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nos. V-7.879.366 y V-15.322.148, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 58.184 y 100.688, respectivamente. Motivo: Pago de Diferencias de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos. En fecha 10 de Mayo del año 2.022, se inicia el presente procedimiento mediante demanda, intentare el Ciudadano David José Rivera Gil, Venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad Nº V- 15.510.607, asistido jurídicamente por el Ciudadano Edgardo Rafael Rodríguez Ortiz, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nro. V-4.625.231, de profesión abogado según registro de su Inpreabogado Nº 159.543, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas (URDD). Luego de la distribución realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, correspondió el conocimiento del presente asunto al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de LA Circunscripción Judicial del estado Monagas, admitiendo la demanda en fecha 11 de Mayo de 2.022, ordenando al efecto la notificación a la parte accionada. En fecha 19 de mayo del año 2.022, constó al expediente la certificación de la notificación dirigida a la entidad de trabajo Inversiones Solidez Amistad, C.A., parte accionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En fecha 03 de Junio de 2.022, tuvo lugar la celebración de la audiencia preliminar, mediante la cual se dejó constancia de la asistencia al acto de la parte actora, por intermedio de su representante judicial Ciudadano Williams José González, de profesión abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 168.033. de la comparecencia también de la parte accionada por intermedio de su apoderado judicial el Ciudadano Aquiles López Bolívar, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 100.688. en dicho acto luego de las conversaciones sostenidas, conjuntamente con el juez consideraron pertinente prolongar la audiencia. Se advierte de dicho acto la constancia de la consignación de escritos probatorios y sus anexos. En fecha 22 de Junio del año 2.022, oportunidad fijada para que tuviere lugar la prolongación de la audiencia preliminar, se dejó constancia de la comparecencia al acto de las partes, tanto accionante como accionada por intermedio de sus apoderados judiciales, quienes de igual manera y conjuntamente con el Juez procedieron a la prolongación de la audiencia preliminar, ya en cuanto no se prodigó acuerdo alguno; dicha audiencia tuvo otras tantas prolongaciones, siendo la última de ellas la celebrada en fecha 22 de Noviembre de 2.022, donde se procedió a la incorporación al expediente de las probanzas presentadas por las partes, ello en virtud a que no fue posible llegarse a un acuerdo entre las mismas. En dicha acta el Tribunal indicó, el lapso correspondiente a fin de darse la contestación de la demanda para su posterior remisión a los juzgados de juicio del trabajo. En fecha 30 de noviembre del año 2.022, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, mediante Oficio N° 2022-489 de igual fecha, ordenó la remisión del expediente a la Unidad de Recepción, Distribución de Documentos (URDD), a fin de su distribución entre los tribunales de juicio del trabajo. Luego de la distribución efectuada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), el asunto es recibido por este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 01 de Diciembre del año 2.022. En fecha 06 de Diciembre de 2.022, este Tribunal emitió auto providenciando las pruebas promovidas por las partes. En fecha 08 de Diciembre de 2.022, este Tribunal, fijó la oportunidad para que tuviere lugar la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo. En fecha 02 de febrero del año 2.023, oportunidad fijada para que tuviere lugar la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, se dejó constancia de la comparecencia de la parte actora Ciudadano David José Rivera Gil, por intermedio de su apoderado judicial el Ciudadano Edgardo Rafael Rodríguez Ortiz, de profesión abogado y registro del Inpreabogado bajo el N° 159.543. Se dejó constancia igualmente de la comparecencia al acto de la parte accionada Inversiones Solidez Amistad, C.A., por intermedio de su apoderada judicial la Ciudadana Yulimar Sifontes, abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 58.184. Constituido el Tribunal se procedió con la exposición de alegatos y defensa de las partes, pronunciándose luego el punto de controversia, y posteriormente se procedió a la evacuación de pruebas. Seguidamente el tribunal indicó que el acto de audiencia continuaría en otra oportunidad la cual se fijaría por auto expreso, ello en consideración a no encontrarse patente en autos las resultas correspondientes a la prueba de informes requeridos por las partes. En fecha 14 de Marzo de 2023, se suspendió la causa por un lapso de Cinco (5) días hábiles, previa solicitud de las partes de mutuo y común acuerdo, requiriéndose además la fijación de un acto conciliatorio. Mediante auto de fecha 21 de marzo del año 2023, este Tribunal, fijó la oportunidad para que tuviere un acto conciliatorio, pautándose el mismo para el día Veintinueve (29) de marzo de 2.023, a las dos de la tarde (02:00 p.m.). en dicha oportunidad se dejó constancia de la comparecencia de las partes involucradas demandante y demandado por intermedio de sus apoderados judiciales, los cuales manifestaron al Tribunal que se encontraban en un punto medio en relación a la posibilidad de llegarse a un acuerdo y por tal motivo solicitaron nueva oportunidad, es decir, se fijare nuevo acto conciliatorio, el cual fue pautado para el día once (11) de abril del mismo año, a las dos treinta de la tarde (02:30 p.m.). En fecha 11 de abril de 2.023, tuvo lugar la celebración del acto conciliatorio solicitado por las partes, de acuerdo al acta levantada al efecto se dejó constancia de la comparecencia al acto del Ciudadano Williams José González y Aquiles López Bolívar, en su condición de apoderado judicial de la parte actora el primero y apoderado judicial de la accionada el segundo. En dicho acto las representaciones judiciales de ambas partes indicaron al Tribunal, se fijare nuevo acto conciliatorio, ya que según sus dichos se encuentran cerca de llegar a un acuerdo. En fecha 18 de abril de 2.023, tuvo lugar la celebración del acto conciliatorio solicitado por las partes, del acta levantada al efecto se dejó constancia de la comparecencia al acto del Ciudadano Williams José González, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante Ciudadano David Rivera Gil. De otra parte acudieron al acto los Ciudadanos Aquiles López Bolívar y Yulimar Sifontes, en su condición de apoderados judiciales de la parte accionada Inversiones Solidez Amistad, C.A. En dicho acto las representaciones judiciales de ambas partes indicaron al Tribunal, que aun cuando se encuentran en conversaciones, no se han acercado a un acuerdo definitivo y en tal razón solicitan nueva oportunidad para un nuevo acto conciliatorio, siendo acordado por el tribunal. En fecha 27 de abril 2.023, tuvo lugar el acto conciliatorio peticionado por las partes de este proceso. Se dejó constancia en dicha oportunidad de la incomparecencia al acto de la parte actora, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno. La parte accionada ocurrió por intermedio de su apoderado judicial el Abg. Aquiles López Bolívar. Posteriormente, mediante auto de fecha 02 de mayo de 2.023, se fijó la oportunidad para que tuviere lugar continuación de la audiencia de juicio, pautándose esta para el día lunes Veintidós (22) de mayo del año 2023, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), para con ello dar continuidad al proceso. En fecha 22 de Mayo de 2.023, tuvo lugar la celebración de la continuación de la audiencia oral y pública de juicio. En dicho acto se dejó expresa constancia de la incomparecencia de la parte demandante, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno. Se dejó constancia de la comparecencia de la parte accionada Inversiones Solidez Amistad, C.A., por intermedio de sus apoderados judiciales, los abogados Yulimar Sifontes y Aquiles López Bolívar, ambos inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 58.184 y 100.688, en su orden. Así mismo dada la incomparecencia recaída en el presente juicio procedió el Tribunal en declarar el desistimiento del procedimiento, como consecuencia jurídica que se desprende de la norma adjetiva laboral en su artículo 151. Como consecuencia a lo anterior y a fin del pronunciamiento correspondiente, se tiene: En este sentido, habiéndose realizado la audiencia y pronunciado en forma oral el dispositivo de la sentencia, este Tribunal, siendo la oportunidad para dictar el extenso del fallo en este asunto, y cumplida las fases procesales de rigor procede a emitir su pronunciamiento en base a las siguientes consideraciones: El artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece lo siguiente: “Artículo 151. En el día y la hora fijado para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o su apoderado, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos. Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por arte el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo. En las situaciones anteriormente referidas serán consideradas como causas justificadas de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor, comprobables a criterio del tribunal. En los casos de apelación, el Tribunal Superior del Trabajo respectivo decidirá sobre la misma, en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a partir del recibo del expediente. Siempre será admisible recurso de casación contra dichas decisiones, si la cuantía excediere del monto establecido en el artículo 167 de esta Ley. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez, en acta que inmediatamente levantará al efecto”. (Subrayado del Tribunal). Con relación a esta disposición legal, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala lo que se transcribe, a continuación: “...El día y hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes y/o sus apoderados. Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción y del procedimiento, si no compareciere la parte demandada se le tendrá por confesa, en el primer caso, el Juez de Juicio dictará un auto en forma oral y en el segundo, dictará la sentencia ateniéndose a la confesión, posteriormente reducirá su decisión a un acta, que se agregará al expediente. Contra este fallo hay apelación y recurso de casación, si hubiere lugar a ello (art. 151). En todo caso se ha considerado conveniente dejar a salvo la posibilidad que las partes aleguen y prueben, en el Tribunal Superior, las causas que justifican su no comparecencia en la audiencia de juicio, la Alzada resolverá si es procedente o no la reposición de la causa al estado en que se realice la audiencia. En aplicación de los principios procesales, para que las partes y el público en general puedan conocer los límites de la controversia, la parte actora deberá exponer sus alegatos y lo que pide o reclama y la parte demandada será interrogada por el juez sobre alguno o más de los hechos que esta no hubiere rechazado en el acto de contestación en forma determinada y lo más importante, su respuesta se tendrá como parte de su contestación” (Subrayado añadido). Respecto de la audiencia de juicio, la antedicha Exposición de Motivos señala, entre otras cosas, lo siguiente. “La audiencia de juicio es el elemento central del proceso laboral y consiste en la realización oral del debate procesal entre las partes. La misma debe desarrollarse con la presencia del Juez de Juicio y la participación obligatoria de las partes o sus representantes, en donde éstos expongan en forma oral las alegaciones que consideren pertinentes para la mayor defensa de sus derechos e intereses. En esa misma audiencia de juicio serán evacuadas de forma oral las pruebas de testigos y expertos y la del interrogatorio por declaración de parte…” (Subrayado del presente fallo). En efecto, el referido artículo establece que si la parte demandante no comparece a la audiencia de juicio, se entenderá que desiste de la acción, institución que extingue el proceso pendiente, que compone la litis y, en fin, que pone fin al juicio. El desistimiento de la acción previsto en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se erige como un instrumento jurídico fundamental para evitar que la función de impartir justicia se vea empañada por comportamientos contrarios a su naturaleza y finalidad, por conductas contrarias a la correcta marcha de aquella y, en fin, para evitar la utilización del sistema de administración de justicia de una forma contraria a derecho, lo cual evidencia palmariamente el interés colectivo que lleva en su seno. Si el legislador no establece una carga procesal al demandante de asistir a un acto procesal tan relevante como lo es la audiencia de juicio, especialmente en el ámbito de un proceso como el laboral, regido fundamentalmente por el principio de oralidad, le estaría dejando en manos del trabajador la suerte del proceso laboral en general y, por ende, la suerte de la justicia en el caso concreto. Así, si no se estableciera el desistimiento como consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga procesal de asistir a la audiencia de juicio, el demandante podría utilizar a su antojo el proceso que ha originado; por ejemplo, dilatando en el tiempo este último con el fin de mantener al patrono con el peso de un proceso que podría afectar sustancialmente sus intereses, todo ello en detrimento de todas las demás personas que también acuden a la jurisdicción laboral para elevar sus pretensiones, de la celeridad procesal general, de la tutela judicial efectiva y, en fin, del adecuado desenvolvimiento de la función de impartir justicia y, en definitiva, de la propia justicia, toda vez que los tribunales laborales se abarrotarían de causas que se estancarían a voluntad de los propios accionantes, circunstancia que lo haría ineficaz. De allí que el interés colectivo en que eso último no ocurra, estaría por encima del interés del trabajador en un caso concreto. En el ámbito de un proceso regido por el principio de oralidad, como el que acoge la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta indispensable que, en la audiencia de juicio, el demandante exponga oralmente los alegatos contenidos en la demanda, no sólo para honrar el principio de oralidad, sino para velar por el eficaz cumplimiento de otros principios que también informan al nuevo proceso laboral venezolano, tales como el de inmediación, publicidad, celeridad, concentración, entre otros (vid. artículo 2 y 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo). En esa línea de pensamiento, “...Mauro Cappeletti, uno de los más fervientes partidarios de la oralidad, enseña que ello significa la introducción en el proceso de los postulados básicos de inmediación, concentración, publicidad, eventualidad y apreciación racional de la prueba” (Vid. Véscovi, Enrique. Teoría General del Proceso. Bogotá, Temis, 1984, p. 58). Sobre la vinculación entre la oralidad y otros principios procesales: inmediación, concentración y publicidad, Véscovi ha señalado lo siguiente: “...La oralidad debe ser estudiada juntamente con otros principios. En primer término, el de inmediación, que requiere que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforma el proceso (Peyrano)... Así concebida la inmediación, es tan importante, o más, que la oralidad misma. El propio Klein, autor de la Ordenanza austríaca que tanto resultado ha dado, fundaba la virtud del Código en la inmediatez: decía él que lo esencial era que el juez y las partes (luego los testigos) ‘se miraran a los ojos’ (...) A su vez, la oralidad, el proceso por audiencias, es el que mejor se compagina con el principio de concentración, que propende a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión, lo cual, por otra parte, contribuye a la aceleración del proceso (...) Es el modo, también, de poder cumplir con el principio de publicidad, que permite la apertura del proceso, para que la potestad jurisdiccional pueda ser controlada por quienes tienen interés en hacerlo. Y de esa manera se pueda realizar el ideal democrático de que las funciones del Estado estén sometidas al contralor popular, que es el natural destinatario de ellas (el verdadero protagonista de las normas jurídicas y de su aplicación judicial). Mauro Cappeletti agrega que la tendencia a la democratización de la justicia y hacia la socialización del proceso, a fin de facilitar el acceso a la justicia a todos por igual y, naturalmente, en especial a quienes están más desamparados y carecen de medios (con la idea de tratar desigualmente a los desiguales para conseguir la igualdad), se cumple mejor mediante estos principios...” (Ibídem, p. 59-61). Al respecto, el principio de inmediación puede entenderse como la relación directa entre el juzgador y las partes, y la presencia personal de aquél en las fases, no sólo de prueba, sino también de alegación, lo cual garantizará, como lo señalan Montoya Melgar y otros, “...el más exacto conocimiento posible del supuesto litigioso...” (Montoya, Alfredo y otros. Curso de Procedimiento Laboral. Sexta edición, Tecnos, Madrid, 2001, p. 75), circunstancia a la que sólo se podrá arribar eficazmente a través de la oralidad. Expuesto lo anterior, no cabe lugar a dudas que, en el ámbito de un procedimiento fundamentalmente oral, como el consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es esencial que en una oportunidad tan trascendental del mismo, como lo es la audiencia de juicio, el demandante concurra junto a su apoderado para que exponga oralmente los alegatos contenidos en la demanda, circunstancia que le brindará la eficacia que, bajo una comprensión cada vez más justa del derecho procesal, exigen otros principios previstos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tales como los de inmediación, publicidad, celeridad y concentración. Evidentemente, tal circunstancia está estrechamente vinculada a la consecuencia jurídica prevista en el 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el supuesto de incomparecencia del demandante a la audiencia de juicio, pues es claramente imposible que en un procedimiento regido realmente por la oralidad, inmediación, publicidad, celeridad y concentración, como lo es el previsto en la prenombrada ley, pueda realizarse la audiencia de juicio sin la presencia del demandante y sin que este exponga oralmente en esa oportunidad, los alegatos expuestos en la demanda, incluso por la propia ratio legis de la norma y del proceso laboral. Siendo ello así y de acuerdo a los anteriores planteamientos, valorado como ha sido el caso concreto y al quedar demostrada la INCOMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA, Ciudadano David José Rivera Gil, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de Identidad N° V- 15.510.607, por si solo o por apoderado judicial, a la celebración de la Audiencia de juicio, pautada para el día 22 de mayo del año 2.023, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley declara: El Desistimiento del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en atención a la sentencia de fecha 22 de Septiembre de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decisión, Nª 1184. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA PARA SU ARCHIVO. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2.023). Año 213º de la Independencia y 164º de la Federación. DIOS y FEDERACION. El Juez Provisorio, Abg. Edgar Casimiro Ávila. El Secretario (a Abg. En esta misma fecha siendo las 10:45 a.m., se registró y publicó la anterior sentencia. Conste.- El Secretario (a Abg.