TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 13 de Noviembre de 2.023.-
213° y 164°

I
Único

Visto el escrito suscrito por el ciudadano ALEXIS JOSE DURAN MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.644.933, actuando en su carácter de apoderado de la ciudadana KARLYN LOBELIA MULAS ROA, ut supra, según poder otorgado por ante el Notario Antonio Calafell Oliver, Notario de Sant Feliu de Llobregat, colegio Notarial de Cataluña, Barcelona, España, de fecha 28.02.2023, inserto bajo el N° 207/2023, Folio GY8756855; asistido por la Abogada YELITZA AMARISTA DE DURAN, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.692.426, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 109.340, en la cual solicita:
Cito:

“(…) El caso es ciudadana Juez que la ciudadana KARLYN LOBELIA MULAS ROA, ya identificada, en el momento de presentar su solicitud Divorcio en el año 1983 y quedar disuelto dicho vínculo conyugal, presentaba un error material en el segundo apellido donde aparecía como KARLYN LOBELIA MULAZ ROA, siendo lo correcto KARLYN LOBELIA MULAS ROA, es por ello ciudadana juez que ocurro ante este digno Tribunal a solicitar con el debido respeto subsanar dicho error con una corrección de sentencia, YA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO ESTA SENTENCIA PARA SER REGISTRADA POR ANTE EL REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO ARAGUA, Y EL SISTEMA DE “SAREM” no lo permite por dicho error, es de suma importancia informar a este Tribunal que la ciudadana KARLYN LOBELIA MULAS ROA, solicito posterior a ese error en (1986) RECTIFICACION DEL ACTA DE NACIMIENTO, es por esto que mi pretensión como apoderado va dirigida a solicitar muy respetuosamente a este Tribunal la corrección de la aludida sentencia de Divorcio con el fin de corregir el error en el segundo apellido (…).”

Este Tribunal en aplicación del artículo 26 Constitucional procede a tutelar la petición formulada en los siguientes términos:

Establece el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil:

"Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.

Así las cosas es menester destacar que nuestra ley procesal contempla la posibilidad de la corrección de la sentencia, a través de lo establecido en el transcrito Artículo 252 del Código adjetivo civil; por lo tanto quiere decir, que es facultativo de los jueces conceder o negar la aclaratoria, ampliación, omisión y rectificación de puntos dudosos de la parte dispositiva de la Sentencia solicitada, ya que conforme al artículo 23 ejusdem, cuando la ley establece: "El Juez o Tribunal puede o podrá", se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo y racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad. Al respecto, el autor Rengel Romberg en su libro de Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano en su Tomo II, página 324 dejó establecido lo siguiente: “… La Aclaratoria de la sentencia es la facultad concedida por la Ley al Juez que la ha dictado de rectificar o subsanar, a petición de parte, los errores materiales, dudas u omisiones que aparecieren del fallo...”

En criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11.07.2013, N° SENTENCIA: 894, N° EXPEDIENTE: 12-0247, Procedimiento: Acción de Amparo. Reiterado, sostuvo:
“En el fallo citado, la Sala de Casación Civil distingue la aclaratoria de la ampliación en razón del propósito que persigue la parte con cada uno de estos medios procesales: la aclaratoria tiene como objeto lograr una mejor compresión del fallo a través de una interpretación de lo decidido y, por su parte, con la ampliación, se busca completar razonamientos insuficientes o no expresados “en la versión inicial”. La definición de la ampliación del fallo desde este enfoque emerge, entonces, como una revisión de la sentencia, siempre y cuando los puntos omitidos hayan sido parte del debate procesal sometido al conocimiento del juzgador. con la ampliación, se busca completar razonamientos insuficientes o no expresados “en la versión inicial”

En este mismo orden de ideas, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 17.02.2000; con Ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, Exp. N° 16.623, S. N° 0186, Reiterada en Sentencia de la misma Sala de fecha 29.02.2000, con Ponencia del Magistrado Dr. Carlos Escarrá Malavé, Exp. N° 15.940, S, N° 0358, sostuvo que:

“(...) la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias judiciales, por medios específicos, está prevista en el artículo 252 del C.P.C., Tales medios de corrección de los fallos son los siguientes; las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y ampliaciones. Cada uno de ellos tiene por objeto finalidades distintas, conforme a las deficiencias que presenten las sentencias (…)”

Lo anterior se hace necesario a efectos de fijar la intención del solicitante, que no es más que la de obtener una pretendida “corrección de una letra del segundo apellido de uno de los solicitantes” del fallo que, como se indicó supra, atienden más bien a su situación funcionarial primigenia -juzgada por las instancias competentes- que a alguna omisión en la actividad de juzgamiento efectuada por este tribunal.
Empero, para resolver sobre su procedencia, debe este tribunal atender a la tempestividad de la solicitud, como condición de admisibilidad previsto en el ya citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, cuando la sentencia haya sido dictada en el lapso, y lo establecido en sentencia N° 319 del 9 de marzo de 2001 (caso: “Simón Araque”), para el caso en que la decisión haya sido dictada fuera del lapso y, por tanto, deba ser notificada.
En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 07 de julio de 2003 de la Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, sostuvo que:

"(...) La posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia tiene como propósito rectificar los errores materiales, dudas u omisiones que se hayan podido cometer en el fallo. Pero, con la advertencia, de que esa facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste sino para corregir las imperfecciones que le resten claridad a sus pronunciamientos. En consecuencia la posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de las decisiones judiciales está limitada a exponer con mayor precisión algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien por que no esté claro su alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria) (…) (Subrayado y negritas de este Tribunal).

Igualmente, la aclaratoria o ampliación constituyen "un complemento conceptual de la sentencia requerida por omisiones de puntos, incluso esenciales, en la disertación y fundamento del fallo o en el dispositivo, siempre que no acarree la modificación del fallo. Comprende también las omisiones sobre los requisitos formales que exige el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que no significan revocatorias o modificaciones de lo establecido en el fallo, ya que, en propiedad, son adiciones o agregados que dejan incólumes los dispositivos ya consignados; su causa motiva obedece, como hemos dicho, a un lapsus o falta en el orden intelectivo, en el deber de cargo del magistrado, y su causa final es la de inteligenciar un razonamiento o complementar una exigencia legal" (Henríquez La Roche, Ricardo. Instituciones de Derecho Procesal, 2005, p. 334).

Al respecto, este Tribunal de Instancia, considera pertinente resaltar el criterio de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 13 de mayo de 2010, donde dispuso lo siguiente:

“ (…) una sentencia dictada en apelación no puede ser revocada, ni reformada por el mismo tribunal que la haya pronunciado, pues, existe un agotamiento de la función jurisdiccional del juez de alzada; sin embargo, dicha providencia podrá ser objeto de aclaratoria, salvaturas, rectificaciones y ampliaciones.
Así mismo, cabe señalar que la aclaratoria es un complemento de una sentencia, por tanto, mediante la misma no puede revocarse, transformarse o modificarse el fallo objeto de aclaratoria.
(...) "Ahora bien, conforme al artículo 213 del mismo Código, "cuando la Ley dice: El Juez o Tribunal "puede " o "podrá" se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad".
"Por eso, es facultativo de los jueces acordar o negar la aclaración o la ampliación pedidas. Si las conceden, puede apelarse contra la resolución dictada, por formar parte de la sentencia; en cambio si las niega, la providencia denegatoria es inapelable. "En cuanto a tal negativa -estableció la Sala de Casación- es de notar que en su contra ningún recurso ordinario o extraordinario puede intentarse directamente, en razón de que la decisión que en tales términos fue tomada corresponde al ejercicio de una facultad que tiene conferida la Ley a los jueces (artículo 164 del Código de Procedimiento Civil); por lo que no pueden ellos infringir precepto legal cuando se niegan a aclarar o ampliar sus decisiones" (Memoria de 1.945. Tomo II. P. 376.) (...) "

Ahora bien, con fundamento a lo antes analizado este Tribunal observa que el ciudadano ALEXIS JOSE DURAN MARTINEZ, en su carácter de apoderado de la parte actora, ciudadana KARLYN LOBELIA MULAS ROA, ut supra, solicita una aclaratoria, en su decir, “la corrección”, sobre el segundo apellido de la referida ciudadana, el cual, a decir del peticionante, fue objeto de rectificación de acta de Nacimiento; consignando para ello copia simple de acta de Nacimiento de la ciudadana KARLYN LOBELIA, la cual se encuentra inserta en el Registro Civil de la prefectura Páez, Municipio Girardot estado Aragua, bajo el Nro. 15, Tomo 01, del año 1.959, de cuyo contenido se lee nota marginal del siguiente tenor : “ En Oficio N° 1349 fecha el 30.7.86, comunica el juez 2do de 1era inst en lo civil y mercantil circunscripción judicial del estado Aragua, que según sentencia dictada de fecha 30.7.86, ha sido rectificada la presente partida en el sentido siguiente: que donde dice: “mulax” debe decirse: “mulas”- 17.9.86.- sin embargo no consta a los autos Sentencia proferida en fecha 30 de Julio del año 1.986. Asimismo, se observa que la parte solicitante no acompaño a su solicitud copia fotostática de la aludida sentencia de rectificación de acta.
Ahora bien, revisadas como fueron las actas procesales que conforman el presente asunto, se verificó que la corrección requerida está referida a una modificación en el segundo apellido de la co- actora ciudadana KARLYN LOBELIA producto de una Rectificación del acta de nacimiento de ésta; la cual tuvo lugar posterior a los distintos fallos que se profirieron con ocasión a la solicitud de Separación de cuerpos, toda vez que de las actuaciones insertas al expediente de marras se desprende sentencia Interlocutoria dictada por este Tribunal en fecha 20.12.1983 mediante la cual se declara la Separación de cuerpos entre los ciudadanos ARTURO ASUNCION ANDREA NIEVES y KARLYN LOBELIA MULAZ DE ANDREA, (folio 07); de seguida mediante sentencia de fecha 15.02.1985 se declaró la conversión en Divorcio de la separación de cuerpos de los referidos ciudadanos (Folio 10); y posteriormente el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la circunscripción Judicial del estado Aragua, conociendo en consulta obligatoria, por decisión proferida en fecha 29.01.1986; declaro disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre los ciudadanos ARTURO ASUNCION ANDREA NIEVES y KARLYN LOBELIA MULAZ DE ANDREA, ut supra, por ante la Prefectura del Municipio Crespo, Girardot estado Aragua en fecha 06.02.1976 inserta bajo el N° 80, tomo primero del año 1976. (Folios 14 al 16); por lo que quien aquí decide; en aplicación a principios constitucionales, inspirados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2, 26, 49, 257 y en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que forman parte del Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, los órganos judiciales están obligados: a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la imposición de formalismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo (favorecimiento de la acción); a apreciar, conforme al principio de proporcionalidad que impone un distinto tratamiento a los diversos grados de defectuosidad de los actos, los vicios en que pudieran incurrir las partes y a partir de las circunstancias concurrentes, la trascendencia practica e incluso a la voluntad del autor, dar la oportunidad de corregirlos o inclusive, suplir de oficio los defectos advertidos, cuando ello sea necesario para preservar el derecho fundamental en cita, con la única limitante de no afectar las garantías procesales de la parte contraria (subsanación de los defectos) y, a imponer la conservación de aquellos actos procesales que no se ven afectados por una decisión posterior; es por lo que considera procedente la solicitud de rectificación de sentencia, toda vez que la misma no modifica el fallo de la decisión, sino que se trata de un error en una letra devenido a un procedimiento de Rectificación de Acta de nacimiento, es decir un error material sobre el segundo apellido de la ciudadana supra mencionada; y así se declara.

Corolario de lo anterior, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Procedente la solicitud de aclaratoria (rectificación) de la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 15.02.1985, solicitada por el ciudadano ALEXIS JOSE DURAN MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.644.933, actuando en su carácter de apoderado de la ciudadana KARLYN LOBELIA MULAS ROA, ut supra, según poder otorgado por ante el Notario Antonio Calafell Oliver, Notario de Sant Feliu de Llobregat, colegio Notarial de Cataluña, Barcelona, España, de fecha 28.02.2023, inserto bajo el N° 207/2023, Folio GY8756855; asistido por la Abogada YELITZA AMARISTA DE DURAN, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.692.426, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 109.340. SEGUNDO: como consecuencia del particular anterior, se aclara, rectifica y modifica el segundo apellido de la ciudadana KARLYN LOBELIA, ya identificada, el cual aparece asentado en la sentencia de fecha 15.02.1985, como “…MULAZ …” siendo lo correcto “… MULAS…”. TERCERO: Téngase la presente aclaratoria como parte integrante de la decisión de fecha 15.02.1985.

Publíquese y Regístrese en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve déjese copia de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. No ha lugar a la notificación de las partes por cuanto se encuentran a derecho.

Dada, firmada y Sellada en esta Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los trece (13) días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veintitrés (2.023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.

LA JUEZA,

YZAIDA JOSEFINA MARIN ROCHE.
LA SECRETARIA,

MIRIAMNY LIZMAR JIMENEZ PADRINO.

En esta misma fecha siendo las 9:00 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, Se acuerda la incorporación del presente fallo o carga en la página web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve para su publicación.-

LA SECRETARIA,

MIRIAMNY LIZMAR JIMENEZ PADRINO.

EXP N° 11.536
YMR/MJ