REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Maracay, 27 de Septiembre de 2023
213° y 164°

Vistas y estudiadas las actuaciones que conforman el presente expediente, contentivo del juicio por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, presentado por el Abogado en ejercicio VICENTE ANTONIO AMENGUAL SOSA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 3.202.469, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 71718, actuando en su propio nombre y en el ejercicio de sus propios derechos, asistido de la Abogada en ejercicio MARY TOVAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 40.007; este tribunal, observa que por error involuntario omitió abrir la articulación probatoria que establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 607; en virtud de ello y en aras de preservar el precepto Constitucional concerniente al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, en el deber insoslayable de administrar la justicia de forma recta y apegada a lo que nuestro Ordenamiento Jurídico, a través del Código de Procedimiento Civil venezolano, prevé en su artículo 206, el cual estipula que:

“Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.” (Subrayado del Tribunal).

En tal sentido, una vez detectada dicha circunstancia, este sentenciador con el propósito de restablecer el orden jurídico procesal alterado, y con el fin de preservar la Garantía Constitucional al Debido Proceso que asiste a la partes en la presente causa, cumpliendo así con el deber de brindar una Tutela Judicial Efectiva conforme al mandato constitucional consagrado en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna que establecen:

“Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

“Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir al fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.”
En resumen puede definirse el derecho al debido proceso como un derecho individual de carácter fundamental integrado por un conjunto de garantías constitucionales procesales mínimas que permiten un proceso justo, razonable y confiable.
Así las cosas, para posibilitar en el futuro una decisión ajustada a los parámetros concebidos por el legislador en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, ordena REPONER la presente causa al estado de abrir la articulación probatoria de conformidad con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 0235, de fecha 01 de Junio de 2011, en el presente juicio por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, presentado por el Abogado en ejercicio VICENTE ANTONIO AMENGUAL SOSA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 3.202.469, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 71718, actuando en su propio nombre y en el ejercicio de sus propios derechos, asistido de la Abogada en ejercicio MARY TOVAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 40.007. CÚMPLASE.
EL JUEZ PROVISORIO

ABOG. PEDRO COLINA CHÁVEZ
EL SECRETARIO TEMPORAL

ABOG. MISTRAL BARRIOS SARMIENTO
PCCH/MBS/Ariannys
EXP. No. 16.036