Revisadas exhaustivamente las actuaciones que conforman el presente expediente este Tribunal observa que: Se inicia el presente juicio mediante escrito libelar, presentado en fecha 21 de diciembre de 2023, por el Ciudadano ARTURO ALEJANDRO CASTRO ISCULPI, titular de la cédula de identidad N° V-10.531.608, actuando en su propio nombre y representación, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 122.901 en contra del ciudadano ROGER ANTONIO LEON PORTILLO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.350.397, en el presente juicio de ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES; ante el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA (En Función de Distribuidor), siendo la distribución Nº 211, correspondiéndole luego del sorteo, el conocimiento de la causa a este Juzgado de primera instancia. Ahora bien, este Tribunal encuentra que la parte accionante no ha efectuado ningún acto de procedimiento, capaz de impulsarlo, desde la fecha 21 de diciembre de 2023, exclusive, de allí hasta la presente fecha la accionante no ha realizado algún acto de impulso procesal, límite de tiempo prudencial, para dar por entendido que se perdió el interés en la continuación de la causa dejando el procedimiento en etapa de sentencia. En este mismo contexto, resulta oportuno traer a colación el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), el cual tiene carácter vinculante para todos los tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, interpretándola como una limitación a toda persona, del derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia, dentro un límite de tiempo prudencial que no denote la pérdida del interés procesal por parte del accionante, ya que éste constituye un requisito de la pretensión. En tal sentido, al ponerse de manifiesto tal desinterés, después de la admisión de dicha pretensión, o incluso antes de ser admitida, se origina el decaimiento del ejercicio de la acción, por la falta del debido impulso de parte, lo cual permite declarar terminado el procedimiento, cuando hubiere transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al juez que los solicitantes de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desean obtenerla o simplemente no requieren que se les satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento, así lo denota. En este orden de ideas, resulta suficientemente relevante que en el caso que nos ocupa, la parte solicitante no ha impulsado debidamente el proceso, lo cual conlleva a apreciar que no está interesada en activarlo hasta el estado en que hubiere de dictarse alguna resolución. Así, aún cuando tal conducta omisiva depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, afecta sin duda, el normal desarrollo del servicio público de administración de justicia, por congestionar innecesariamente la actividad del tribunal y distraer la atención de la juez sobre otros asuntos que si la requieren. Por tanto, ha considerado la Sala Constitucional, que, verificado el decaimiento del interés procesal, así, puede ser ello constatado y apreciado, sin necesidad de que los postulantes lo aleguen, surgiendo la potestad de que los jueces den por terminado el procedimiento, para así poder continuar movilizando el órgano judicial en procura de aquellos casos donde las partes o solicitantes sí hubieren demostrado su interés. Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ante la inminente pérdida del interés procesal por el interesado, DECLARA TERMINADO ESTE PROCEDIMIENTO, por falta de los requisitos exigidos para tramitarlo, como lo es su debido impulso, y así se decide. Se ordena la notificación de la presente decisión mediante listado que será colocado en la cartelera de este tribunal, se ordena remitir este expediente al archivo judicial. Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencia llevado en archivo por control interno de este Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dado, Firmado y Sellado en la Sala de despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, Maracay, 29 de abril del año 2024. Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación. Cúmplase.- LA JUEZ, ABG. YANIXA MAIGUALIDA GARRIDO SILVA EL SECRETARIO ACCIDENTAL, ABG. PEDRO MIGUEL VALERA En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 03:00 PM. EL SECRETARIO ACCIDENTAL, ABG. PEDRO MIGUEL VALERA EXP. N° 8987 YMGS/PV.-