TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
CORTE DE APELACIONES
SALA 1

Maracay, 26 de Agosto de 2024
214° y 165º
CAUSA: 1Aa-14.895-2024.
JUEZA PONENTE: DRA. GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ.
MOTIVO: ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS.
DECISIÓN N° 174-2024.

CAPITULO I:
DE LA IDENTIFICACION DE LAS PARTES
Y DEL RECURSO EJERCIDO

Una vez que esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del estado Aragua, advierte que riela por ante este Despacho Judicial Superior, el expediente signado con la nomenclatura N° 1Aa-14.895-2024 (alfanumérico interno de esta Sala 1), el cual fue recibido en fecha dos (02) de Agosto del año dos mil veinticuatro (2024), procedente del TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en virtud del Recurso de Apelación de Autos, interpuesto por la abogada ISMAR BETANCOURT, en su condición DEFENSA PÚBLICA de los ciudadanos: GABRIELA ESCORIHUELA, REYMI GONZALEZ, JESUS PEREZ y JONNIEL NOGUERA, en contra de la decisión publicada por el ut supra mencionado, en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), en la causa Nº 8C-27.815-2024 (Nomenclatura de ese Despacho), se observa que en el presente proceso convergen las siguientes partes:

1.- IMPUTADA: ciudadana GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA, titular de la cédula de identidad N° V-16.100.911, de nacionalidad Venezolana, fecha de nacimiento: veinte (20) de octubre del año mil novecientos ochenta y cinco (1985), de 42 años de edad, estado civil: Soltera, de profesión u oficio: Funcionario Policial, residenciada en: GUIGE SECTOR LA LINDA, CASA 12345, CALLE EL LICEO ESTADO CARABOBO.

2.- IMPUTADO: ciudadano JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO, titular de la cédula de identidad N° V-19.699.789, de nacionalidad Venezolano, fecha de nacimiento: cuatro (04) de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), de 35 años de edad, estado civil: Soltero, de profesión u oficio: Funcionario Policial, residenciado en: SANTA RITA BARRIO FURZAS DE ARAGUA, CALLE OMAR BELLI CASA N° 20 MUNICIPIO FRANCISCO LINARES ALCANTARA ESTADO ARAGUA.

3.- IMPUTADO: ciudadano REYMI JESUS GONZALEZ FLORES, titular de la cédula de identidad N° V-25.662.965, de nacionalidad Venezolano, fecha de nacimiento: seis (06) de Septiembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), de 27 años de edad, estado civil: Soltero, de profesión u oficio: Funcionario Policial, residenciado en: CIUDAD JARDIN CALLE 10-1 CASA N° 22-B MUNICIPIO SUCRE ESTADO ARAGUA.

4.- IMPUTADO: ciudadano JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-31.342.524, de nacionalidad Venezolano, fecha de nacimiento: quince (15) de septiembre de dos mil tres (2003), de 20 años de edad, estado civil: Soltero, de profesión u oficio: Funcionario Policial, residenciado en: PALO NEGRO LA OVALLERA VEREDA 12 CASA N°45 MUNICIPIO LIBERTADOR ESTADO ARAGUA.

5.- IMPUTADA: ciudadana YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJÍAS, titular de la cédula de identidad N° V-13.485.160, de nacionalidad Venezolana, fecha de nacimiento: veintitrés (23) de diciembre de mil (1985), de 42 años de edad, estado civil: Soltera, de profesión u oficio: Funcionario Policial, residenciada en: GUIGE SECTOR LA LINDA, CASA 12345, CALLE EL LICEO ESTADO CARABOBO.

6.-DEFENSA PÚBLICA: abogada ISMAR BETANCOURT, adscrita a la defensoría pública de esta circunscripción Judicial, en su condición de defensa de los ciudadanos GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES y JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ.

7.-DEFENSA PRIVADA: abogados EDGAR ARROYO y HELYNAI RONDON, domiciliados en: CENTRO COMERCIAL COLONIAL OFICINA F-07 TERMINAL DE PASAJERO MARACAY ESTADO ARAGUA, teléfono: 0414-343.99.17, en su condición de DEFENSAS PRIVADAS de la ciudadana YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJÍAS

8.-REPRESENTACIÓN FISCAL: abogado JORGE ROSALES, en su condición de FISCAL AUXILIAR SEXTO (06°) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO ARAGUA.

Se deja constancia que, en fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), es recibido por esta Corte de Apelaciones constante de quince (15) folios útiles, cuaderno separado proveniente del TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA correspondiéndole la ponencia a la abogada GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ, en su condición de Jueza Superior.

En fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), mediante auto se acuerda la subsanación del presente cuaderno separado en virtud de que no consta boleta de notificación efectiva dirigida a una de las partes, es por lo que se remite bajo oficio N° 349-2024.

En fecha trece (13) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), se acuerda ratificar subsanación de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinticuatro, se libra oficio N° 365-2024.

En fecha veinte (20) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), es reingresada ante la secretaria de esta Corte de Apelaciones causa N° 1Aa-14.895-2024 (nomenclatura de esta Alzada), proveniente del TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA.

CAPITULO II
DE LA COMPETENCIA

A efecto de determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, estima necesario destacar de forma pre-ambular, que el derecho penal concebido por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en términos procesales, es desarrollado por medio de un sistema judicial de impartición de justicia sumamente atípico, poco convencional y extremadamente garantista, y social.

El génesis de la anterior aseveración, data a la fecha treinta (30) de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve (1999), momento histórico en el cual es publicada en la Gaceta Nacional N° 36.860 de esta República, el texto íntegro de una nueva Constitución, la cual da una conclusión definitiva, en términos políticos y administrativos, a la República de Venezuela (mejor conocida históricamente como la cuarta República), y genera el nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela, (quinta República) la cual, emerge como un Estado democrático y social, de derecho y Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, esto de conformidad con el artículo 2 eiusdem, el cual es del tenor siguiente:

“…..Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político..…”. (Negrillas y subrayado de esta Alzada).

En este orden de ideas, se desprende del artículo 2 de la Constitución, que el funcionamiento pleno de la república debe estar enmarcado en un método democrático y social de derecho y de justicia. Mas sin embargo es de mérito resaltar, que la Asamblea Constituyente conformada en el año 1999, en el ejercicio del poder originario que dio lugar a la Constitución, considero que para que el ente abstracto que reconocemos como estado o sistema de gobierno, pudiese gestionarse de forma exitosa, dándole fiel acatamiento a su naturaleza constitutiva, era necesario que este se ramificara en diversas dependencias, de escala nacional, estatal y municipal, que pudieran abarcar los extremos de la función del poder público, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual detalla que:

“…..Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.….”. (negritas y subrayado de esta Alzada).

Bajo este entendido, es posible ratificar la concepción del sistema de gobierno venezolano, como una figura abstracta de índole político-legal y administrativa, que se conforma con la concurrencia del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, en sus respectivas dependencias nacionales, estadales y municipales, a las cuales se les atañe responsabilidades específicas y respectivas, tales como: (Poder Legislativo) realizar las enmiendas, y reformas que tengan lugar en las leyes vigentes, así como sancionar nuevas legislaciones que ajusten el ordenamiento jurídico al contexto social, económico y político actual, (Poder Ejecutivo) desplegar las políticas públicas establecidas en el plan de desarrollo nacional, (Poder Judicial) dirigir el sistema de impartición de justicia, (Poder Ciudadano) controlar la licitud y transparencia de la función de gobierno, y (Poder Electoral) organizar los procesos de sufragio establecidos en la norma.

Respecto a la responsabilidad de administrar de Justicia que recae sobre el Poder Judicial, es preciso verificar el tenor del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala:

“…..Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.
Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.
El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. (negritas y subrayado nuestro).

En este orden de ideas, luego de avistar en el texto del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que al poder judicial le corresponde dirigir el sistema de impartición de justicia, es importante resaltar la importancia de la actividad jurisdiccional, en la defensa del estado democrático y social de derecho y de justicia, trayendo a colación, una extracción de la sentencia numero85, Expediente Nº 01-1274 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha veinticuatro (24) del mes de enero del año dos mil dos (2002), que expone:

“…..En este orden de ideas se debe señalar, en primer término, que por Estado de Derecho deberá entenderse aquel poder que se ejerce únicamente a través de normas jurídicas y como consecuencia directa de ello, toda la actividad del Estado y de la Administración Pública en general, debe ser regulada por ley. Asimismo, Carmona (2000) sostiene que la esencia de esta conceptualización del Estado de Derecho está centrada en el control judicial de la legalidad desde la norma suprema, esto es, la Constitución como ley normativa suprema y garantizada por la separación y autonomía de los poderes públicos que conforman el Estado. Cabe destacar, que nuestra Constitución Bolivariana vigente recoge toda esta concepción.
Ahora bien, a este concepto de Estado de Derecho, la Constitución de 1999 vigente le agrega el aditivo de Estado Social. En este sentido, la jurisprudencia in comento señala que el concepto de Estado Social surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental en su artículo 21 ejusdem. Igualmente, sostiene que es el Estado el instrumento de transformación social por excelencia, a lo largo de la historia, y, por tanto, su función histórica es la de liberar al ser humano de la miseria, la ignorancia y la impotencia a la que se ha visto sometido desde el comienzo de la historia de la humanidad.
Se hace necesario pues, reconocer la evolución histórica que ha sufrido el Estado como organización jurídico-política, para llegar a entender al Estado Social de Derecho y de Justicia actual, acuñado por la vigente Constitución Bolivariana, y ese es el criterio de la Sala Constitucional. Revisados dichos antecedentes se puede entonces plantear un concepto actual de Estado Social de Derecho. En efecto, se debe considerar que el Estado Social de Derecho lo que persigue (criterio de la Sala) es la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación.
De esta manera, esta forma de organización jurídico-política deberá tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales (cursiva nuestra). Así pues, el Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución; como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros.
Cabe señalar además, que este concepto no se limita solo a los derechos sociales contenidos en la Constitución de 1999 vigente sino que abarca una amplitud de derechos que van desde los derechos económicos, pasando por los derechos culturales y ambientales. En este sentido, el Estado Social de Derecho debe buscar alcanzar una mejor distribución de las riquezas producidas, un mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, y por tanto, el Estado a fin de garantizar esta función social, deberá intervenir en la actividad económica, reservarse rubros de estas actividades y vigilar, inspeccionar y fiscalizar la actividad concedida en estas áreas a los particulares, por lo que la propia Constitución de 1999 vigente restringe la libertad de empresa consagrada en el artículo 112 (criterio de la Sala). También hace referencia esta jurisprudencia al derecho de propiedad y el de libre empresa, al señalar que no quedan abolidos en un Estado Social, sino que quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y en este sentido deben interpretarse las leyes…..”

Así las cosas, los Tribunales de esta república, como parte integrante del poder judicial, y por ende del poder público, en el cumplimiento de sus funciones, deben atender, a los valores superiores, como lo son, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la ética y el pluralismo político, propugnados por esta nación en su ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar a cada uno de los ciudadanos venezolanos y extranjeros que pernotan dentro de la circunscripción político territorial de este país, el Principio de la Tutela Judicial Efectiva y Acceso a la Justicia, previstos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de esta manera materializar de forma efectiva el estado democrático y social, de derecho y Justicia, previsto en el artículo 2 eiusdem. En este sentido el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que:

“..…Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.…”. (Negrillas y subrayado de esta Alzada).

Del análisis del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se puede apreciar que el derecho a la tutela judicial efectiva, representa la obligación que posee el estado con la ciudadanía, de mantener la paz social, al ofrecer un sistema judicial de administración de justica digno y eficiente que garantice la incolumidad del ordenamiento jurídico vigente, combatiendo la impunidad, respecto a aquellos que cometen algún delito.

Ahora bien, en cuanto al ambiento judicial, existen otro principio constitucional que se encuentra estrechamente ligado al estado democrático, y social de derecho y justicia, sobre el cual se constituye la República Bolivariana de Venezuela, y que así mismo tiene una implicación directa con el caso sub examine. Dicho principio debe imperar en todos los procesos judiciales, y no es otro que el Debido Proceso, que se encuentra establecido y regulado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra:

“…..Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas..…”. (Negrillas y subrayado de esta alzada de esta Alzada).

Al verificar el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa que el debido proceso se encuentra expresado en un conjunto de garantías, tales como el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia, la presunción de inocencia, el derecho a declarar, derecho a ser juzgado por el juez natural con la competencia y jurisdicción determinada por la ley, el principio de legalidad, el principio de cosa juzgada, y el derecho a proponer amparos constitucionales.

En este orden de ideas, conviene destacar que el derecho a la doble instancia, consiste en la posibilidad de que la parte procesal que se sienta agraviada por un fallo judicial, pueda accionar en contra de este, a efectos de impugnarlo, por ante el Tribunal a-quem competente, el cual luego de contrastar el tenor del recuso apelativo, con el contenido de la recurrida deberá decidir sobra legalidad de los aspectos denunciados.

Como corolario del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé el Principio de Doble Instancia como parte integrante del Derecho al Debido Proceso, es importante traer a colación que los artículos 428 y 432 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, señalan respectivamente, que el conocimiento de la admisión de los recursos de apelación le corresponde al Tribunal de Alzada, y de igual manera, en conocimiento del fondo del recurso le corresponde al mismo Órgano Jurisdiccional Superior, en caso de resultar admisible. Los artículos 428 y 432 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, son del tenor siguiente:

“…..Causales de Inadmisibilidad
Artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal. La corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo.
b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación.
c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la decisión que corresponda.

“…..Competencia
Artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal. Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados…..”

Vemos pues que del artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, se desprende la competencia de la Corte de Apelaciones, para poder conocer sobre la admisibilidad de los recursos de apelación, y del artículo 432 eiusdem, emana la competencia para conocer del fondo del mismo, y decidir sobre las denuncias incoadas por las partes.

Ahora bien, a efecto de ratificar aún más la competencia de esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, es de utilidad verificar el contenido del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su cuarto aparte, señala que:

“…..Artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Son deberes y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones:
(…..)
4. EN MATERIA PENAL: a) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo penal; b) Ejercer las atribuciones que les confieren el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y las demás leyes nacionales…..” (Negritas y subrayado de esta Alzada)

Vemos pues, que cuando se trata de materia impugnativa la responsabilidad de ejercer la tutela judicial efectiva dando respuestas, a los apelantes, y atender de oficio los vicios de orden público, para resguardar la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por ende el estado social de derecho y de justicia, sobre el que encuentra constituida esta nación, recae sobre los Jueces Superiores que integran las distintas salas de un Tribunal Colegiado.

Por lo tanto, a prieta síntesis, se puede concluir diciendo, que los Jueces de Segunda Instancia, no escapan de la obligación de resguardar la preeminencia de la constitucionalidad en los procesos judiciales sujetos a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, de cuyos contenidos respectivos se desprende:

“…..Artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley…..” (negritas y subrayado nuestro).

“…..Artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional…..”

Luego de constatar la responsabilidad de resguardar la Constitución y el estado democrático y social de derecho y de justicia que ineludiblemente recae sobre los impartidores de justicia que ejercitan la actividad jurisdiccional dentro de la circunscripción polito territorial venezolana, es preciso traer a colación lo sostenido en la sentencia N° 1571, expediente 11-0384, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, la cual establece en su contenido que:

“…..todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencia, son tutores del cumplimiento de la Carta Magna…..”

Expuesto todo lo anterior, justificados en los artículos 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, y la sentencia 1571, expediente 11-0384, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, este Tribunal Colegiado se declara COMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso de apelación de autos. Y ASI SE DECIDE.

CAPITULO III
DEL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha diecinueve (19) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), es interpuesto por ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Alguacilazgo, de este Circuito Judicial Penal, siendo recibido por ante la secretaria del TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en esa misma fecha, escrito de apelación suscrito por la abogada ISMAR BETANCOURT, en su condición DEFENSA PÚBLICA de los ciudadanos: GABRIELA ESCORIHUELA, REYMI GONZALEZ, JESUS PEREZ y JONNIEL NOGUERA, en contra de la decisión publicada en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), en la causa Nº 8C-27.815-2024 (Nomenclatura de ese Despacho), en el cual impugna lo siguiente:

“……Quien suscribe, Abg, ISMAR NOHEMI BETANCOURT, Defensora Pública Provisorio Decima Quinta, adscrita a la Defensa Pública del Estado Aragua, procediendo en este acto en condición de Defensora de los Ciudadanos GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA, titular de la Cédula de Identidad N° V- 15100911. REDMI JESUS GONZALEZ FLORES, titular de la Cédula de Identidad N° V-25662965, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 19699789, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ, titular de la cédula de Identidad N° V- 31342524, siendo la oportunidad legal para interponer RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, de conformidad con lo establecido en el artículo 439 Ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Octavo de Control en fecha 14 de Junio del 2024, en la causa Nº BC-27815-24, es por lo que ocurro y expongo.
Ciudadanas Magistrados, 14 de Junio del 2074, se realizó por ante el Juzgado de Control Audiencia de presentación seguida en contra de los Ciudadanos antes identificados, en virtud de la precalificación de los delitos de RETRASO U OMISIÓN DE FUNCIONES, establecido en el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción, FUGA FAVORECIDA, articulo 265 del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, articulo 287 ejusdem, presentados por el Fiscal del Ministerio Público quien solicita declarar la detención como flagrante, procedimiento ordinario y Medida de Privativa de Libertad.
La Defensa, revisadas las actuaciones se constata que no hay suficientes elementos de convicción que permitan determinar que mi defendido participo en tales hechas, no hay testigo alguno que den fe los mismos y solicita una medida cautelar sustitutiva a fin de que el imputado pueda permanecer en libertad durante el proceso. El Tribunal oídas las partes acoge la precalificación fiscal y acuerda la MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD solicitada por la vindicta pública, negando el otorgamiento de una medida cautelar tal como lo solicito la defensa.
El Juez al momento de tomar su decisión debe garantiza que la misma permita establecer la verdad de los hechos, a través de las vías jurídicas y la conecta aplicación del derecho, constituyendo ésta una garantía del proceso penal, la cual debe permitir el esclarecimiento de los hechos, esto es, que si las misinos son considerados tipos penales, no queden impunes. Considera la Defensa que lo procedente para el A-quo, era dictar una medida cautelar sustitutiva de libertad, lo cual forma parte de su potestad en la dirección del proceso penal, en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos del mismo, preservando los principios constitucionales del derecho a la defensa y del debido proceso, así como la presunción de inocencia, establecidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal. Conclusión: Ante el agravio de que ha sido objeto mi defendido por la decisión dictada por el Tribunal aquo, es por lo que me lleva a interponer el presente Recurso de Apelación contra dicha determinación judicial, violatoria de los principios y garantías procesales como la son: El Principio de la Defensa, Debido Proceso, Afirmación de la Libertad, Presunción de Inocencia. Principio de Proporcionalidad e Igualdad Procesal.
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 439 numeral.4 y 440 del Código Orgánico Procesal Penal, Apelo para ante esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua de la decisión dictada por el Juzgado de Control de este mismo Circuito, en virtud de la medida privativa de libertad decretada en contra de mi defendido, por considerar la defensa que en el caso subjudice no existen razones juridicamente valederas para que el Tribunal aquo haya declarado la improcedencia de la solicitud de la Medida Cautelar Sustitutiva de libertad. Baso el Recurso de Apelación interpuesto, amparado en los artículos 427 y 439 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Dentro de éste misino marco legal, denuncio la violación de los artículos 5, 9, 229 y 230 ejusdem.
En mérito de lo expuesto en los capítulos precedentes, solicito de La Corte de Apelaciones que en la oportunidad procesal de decidir sobre la cuestión aquí planteada, se sirva DECLARAR CON LUGAR el siguiente pedimento: LA REVOCATORIA DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD dictada por el Juez De Control en la presente investigación declarándose en beneficio de mi defendido en todo caso, como providencia asegurativa la medida cautelar sustitutiva contemplada en el articulo 242 numeral 9 del C.O .P.P…..”

CAPITULO IV
DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS PARTES PARA LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO CONFORME AL ARTÍCULO 441 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

Del recurso de apelación de autos, puede verificarse en el cómputo de días de despacho, el cual se encuentra inserto en el folio veintiséis (26) del presente cuaderno separado, suscrito por la abogada MIGYERLYN OJEDA, en su condición de Secretaria adscrita al TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, que los tres días de despacho para dar contestación al recurso de apelación, transcurrieron de la siguiente manera: “…..MIERCOLES 14-08-2024, JUEVES 15-08-2024 Y VIERNES 16-08-2024…..”. Dejándose constancia que no se recibió contestación del recurso de apelación de autos.

CAPITULO V
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

Tal y como se desprende del cuaderno separado en el folio cuatro (04) al nueve (09) del presente cuaderno separado, la decisión recurrida publicada en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), por el TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, dicto mediante autos fundados, en el cual consta los siguientes pronunciamientos:

“……Compete a este Tribunal de Instancia de conocer de la presente causa en virtud de presentación que hiciere por ante este Tribunal, en esta misma fecha la Fiscal Auxiliar 6° del Ministerio Público la ABG. JORGE HUMBERTO ROSALES OLIVERO, y celebrada como ha sido la audiencia especial, luego de haber oída al imputado y las partes y debidamente dictada y motivada como fue la decisión en audiencia, este Tribunal de conformidad con lo preceptuado en el artículo 232 y 240 del Código Orgánico Procesal Penal, procede de inmediato a levantar el presente auto, realizando previamente las siguientes consideraciones:
El Ministerio Público expuso verbalmente las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que fue aprehendido el imputado de autos, expresando lo siguiente: Buenas tardes esta representación Fiscal como titular de la acción penal con las atribuciones conferidas en los articulos 285 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 37, numeral 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, pongo a la disposición de éste Tribunal a los ciudadanos 1.- YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad Nº V-13.485.160 2.- GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad Nº V- 16.100.911, 3.- JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad Nº V- 19.699.789, 4.- REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad Nº V- 25.662.965 y 5.- JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad Nº V- 31.342.524, cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar están ampliamente narradas en acta policial, en tal sentido solicito se decrete la aprehensión como FLAGRANTE, se acuerde proseguir la investigación por el procedimiento ORDINARIO, todos por el delito de tiempo , modo y lugar de los hechos que dierón origen al presente procedimiento, procede a precalificar los mismos como RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIOJNES, previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción, EVASION DE DETENIDO, previsto y sancionado en el articulo 265 y AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal para lo cual solicito Medida Preventiva Privativa de Libertad de conformidad con el articulo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal.
Estableció como fundamento de su solicitud el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, los hechos contentivos en el acta policial que riela al folio (17) de la pieza única de la presente causa
Consta de las actuaciones que se le cedió la palabra a los imputados de autos, quien luego de ser impuestos del artículo 49 Ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 127 y 133 el Código Orgánico Procesal Penal y del hecho que se le atribuye; previamente manifestó sus datos personales y dicen llamarse:
1.- YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad Nº V-13.485.160, de nacionalidad VENEZOLANA, de 47 años de edad, Fecha de nacimiento 23-12-1976, estado civil SOLTERA, de profesión u oficio: FUNCIONARIA POLICIAL, dirección: URB BELLA CAGUA, CALLE ALBERTO CARNEVALLI, N°26-11 CAGUA ESTADO ARAGUA. Quien el tribunal le pegunto si desea declarar, y el mismo expuso: “Si deseo declarar, buenas noches, yo me encontraba en la comisaria ubicada en huete municipio sucre, el cual el servicio es de 24 horas en el parque, yo apoyo desde las 10:00 hasta las 12:00 oara ir a mi dormitorio, de la cual ya estaba en mi hora de descanso porque me encontraba con malestar de gripe, de igual forma cuando me despierto veo al supervisor donde estaban capturando a los ciudadanos mencionados, de igual manera me incautaron el telefono. Es todo”
2.- GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad Nº V- 16.100.911 de nacionalidad VENEZOLANA, de 42 años de edad, Fecha de Nacimiento: 20-10-1985, estado civil SOLTERA de profesion u oficio Funcionario Policial direccion: GUIGUE, SECTOR LA LINDA, CASA 12345, CALLE EL LICEO, ESTADO CARABOBO. Quien el tribunal le pegunto si desea declarar, y el mismo expuso: “Si deseo declara, buenas noches mi funcion es ser jefa de los servicios despues de las 11:00 de la noche doy mi relevo que es el encargado de la sala de detenidos, junto con la inspectora, le entregue mi turno al funcionario Jesus aproximadamente a los 30 min, hasta llegar a los dormitorios, cuando al rato escucho un disparo pero no me percate que hubo unan fuga de detenidos, cuando veo LUGO tenia 04 aprehendidos en busca de los detenidos Es todo”
3.- JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad Nº V- 19.699.789 de nacionalidad VENEZOLANO, de 35 años de edad, Fecha de Nacimiento: 04-03-1989 estado civil SOLTERO de profesion u oficio: FUNCIONARIO POLICIAL, direccion: SANTA RITA BARRIO FUERZAS DE ARAGUA, CALLE OMAR BELLI, CASA N° 20, MUNICIPIO F.L.A ESTADO ARAGUA. Quien el tribunal le pegunto si desea declarar, y el mismo expuso: “Si deseo declarar, buenas ncohes , para esa hora me encontraba en mi turmo cuando llegara mi relevo que es el supervisor general de esa noche, y como a la hora nos percatamos de la fuga y busqueda de los detenidos, ya que el guardia calabozo,tenian sus candados correspondientes, ya a las 02:20 de lo sucedido. Es todo”
4.- REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad N° V-25.662.965 de nacionalidad venezolano, natural de La victoria estado Aragua de 27 años de edad, nacido en fecha 06-09-1966 estado civil soltero, de profesión u oficio: FUNCIONARIO POLICIAL, residenciado: CIUDAD JARDIN CALLE 10 -1 CASA N° 22-B MUNICIPIO SUCRE ESTADO ARAGUA, quien expone: “buenas noches, yo trabajo en la oficina de operaciones, estaba en el turno de noche, y a las 02:20 escuche un disparo a la oficina y escuche la palabra “fuga” salí corriendo la platabanda a buscar los detenidos, no vi como escaparon, pero el encargado de las celdas es PEREZ JESUS, es todo”
5.- JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad N° V-31.342.524 de nacionalidad venezolano, natural de Puerto Cabello estado Aragua de 20 años de edad, nacido en fecha 15-09-2003 estado civil soltero, de profesión u oficio FUNCIONARIO POLICIAL,, residenciado: PALO NEGRO LA OVALLERA, VEREDA 12 N° 45 MUNICIPIO LIBERTADOR ESTADO ARAGUA, quien expone: “Buenas noches, me encontraba en la oficina de analista y escuche un disparo y salgo donde dos de mis compañeros tenían a dos capturados por lo que fuimos a la búsqueda de los demás fugados. Es todo”
Se le cede el derecho de palabra a la defensa privada ABG. EDGAR ARROYO quien expone: “buenas noches a los presentes, esta defensa técnica es precaria por cuanto el relato de mi defendida nos deja en claro la participación de ello,y la participación de ella ya que lo dejan claro en la representación de Ministerio Publico ya que estaba encargada armas y municiones, lo que quiere decir la misma no tenía ninguna participación acción dentro del apartamento de garantías y custodias de detenidos, ya que no participaban en el cuidado de los mismos y dentro de la supervisación, por lo que es muy difícil tratar de responsabilizarla en este caso especifico de una fuga la cual ella frustró la recaptura de esta detenida colabora con detención de los detenidos, tanto así que se excede de recapturar a estos individuos sin embargo no es su función , solicito los artículos 174 y 175 del copp diciendo solicito la nulidad de las documental y cadenas y custodias por cuanto las mismas carecen de los requisitos de nuestro copp, ya que no existe debido sello, solicito también se aparte el procedimiento como flagrante ya que no existe en el presente procedimiento, por lo que mi defendida no tiene actuaciones alguna a lo que pre4califica el ministerio publico por haber metido su función ya que quizás la misma nunca tuvo de conocer de ese delito, ya que no dicta una privación de libertad, de conformidad con el artículo 236, 237, y 238 del Código Orgánico Procesal Penal por lo que solicito una media menos gravosa establecida en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal es todo”.ABG. HELYNAI RONDON quien expone: “buenas noches a los presentes, esta defensa técnica se adhiere por la exposición a mi colega, y a su vez debo ser mas efectivo en cuanto a la estructura que se encuentra, establecida artículo 38 de la ley de policía y cuerpos de policía, por lo que hay que tener más conocimiento en esa estructura en vista de que uno apartamento tienes una función individual como lo tienen los funcionarios actuantes, por lo que esta ciudadana tiene un cargo complicado como l es el parque de armas, ya que resulto una presunta fuga de unos ciudadanos detenidos que se encuentra, y los delitos que pretenden hoy en imputarle a mi defendida, ya que no tiene que ver delito que precalificar, en las actas policiales de este procedimiento se manifiesta que estuvo presente en las instalaciones en horas siguientes a los hechos sucedidos, dándose en cuenta la representación del MP, la responsabilidad individualizada en este centro de coordinación cuando ruido, porque el inspector o e sustanciador de la oficina de desviación policial, declara un funcionario de apellido LUGO, el cual manifiesta que es persona aproximadamente a la 01:00 am mientras que los hechos fueron a las 02:00 am, causa ruido nuevamente que este funcionario no se encuentra en esta sala de audiencias sino que lo tildan de testigo en ese centro de coordinación, es difícil de entender este procedimiento que en la plantilla de servicio se encontraban mas funcionarios bastante extraño que solamente se encontraban 2 femeninas 03 masculinos, mientras que mi defendida se encuentra el servicio de armas, por lo que solicito que se aparte lo precalificado por el ministerio publico y que considere la situación humanitaria de salud que nuestra representada manifestó el día de hoy y el resto de la solicitudes son las misma que solicito mi codefensa. Es todo”. ABG. ISMAR BETANCOURT quien expone: “buenas noches a los presentes, una vez escuchada cada una de las declaraciones de mis defendidos ya que se encontraban en su rol de trabajos, así mismo como el ciudadano que se encontraba en guardia, donde indica su sitio de trabajo en los calabozos estaban debidamente guardado con sus respectivos candados de seguridad, de igual forma se hace mención que se encontraban otros ciudadanos que no fueron aprehendidos ya que tienen hacer aprehensión a todos lo que se encontraban de guardia ese día dejando a mi defendido que estaba haciendo su labor, por lo que solicito que la precalificación del ministerio publico no debe ser imputable a mi defendido la cual el ministerio público, no puede demostrar la función de cada uno de ellos porque lo explica el art. 69 de la Ley contra la Corrupción , ellos debían haber recibido dinero, por lo que no hay testigos puedan manifestar eso, solicito una medida menos gravosa establecida de conformidad con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo”
Ahora bien, este Tribunal después de haber oído la exposición Fiscal y sus pedimentos, así como lo señalado por la Defensa Publica, previa revisión de las actas que conforman la investigación penal en la presente causa, donde constan las circunstancias de la detención realizada; considera en primer lugar que en el presente asunto la aprehensión del imputado de marras, se realizo de manera:
PRIMERO: FLAGRANTE, por cuanto consta en ACTA DE INVESTIGACION PENAL de fecha 13-06-2024, Donde el Inspector Jefe (I.A.P.M.S) Lic. Tomas Gonzalez Coordinador de la Oficina de Investigaciones y Desviaciones Policiales (O.I.D.P) y la Oficial (I.A.P.M.S) GONZALEZ CARLINA, en esta misma fecha siendo las 10:00am hizo acto de presencia a las instalaciones del Centro de Coordinación General Brisas deAragua (HUETE) el ciudadano Fiscal vigésimo primero (21º) del Ministerio Publico ABG. Jorge Rosales quien se dio por notificado de la novedad ocurrida el dia jueves 13 de junio de 2024, aproximadamente a las 02:22 de la mañana, donde se evadieron del área de garantía y control del aprehendido de la Policía Municipal de Sucre. por lo que este Tribunal estima que dichas circunstancias encuadran dentro de las previsiones del artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal.
Como es así mismo sabido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 11-12-2001, expediente N° 00-2866, describe cuatro momentos o situación para la flagrancia, a saber:
“…1.- aquel que se esté cometiendo al instante, donde la perpetración del delito va acompañado de actitudes humanas que permite reconocer la concurrencia del mismo. 2.- el que se acaba de cometer, se entiende como un momento inmediato posterior a aquel en que se llevo a cabo el delito. 3.-cuando se vea perseguido por la autoridad o por la victima o por clamor público. 4.- cuando se sorprenda a una persona de haber cometido un delito…”.
SEGUNDO: Igualmente estima este Tribunal que la presente causa debe tramitarse por las reglas del procedimiento ORDINARIO, toda vez que indudablemente de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público, existen aun diligencias pertinentes por practicar, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, dada la solicitud planteada por el Ministerio Público como titular de la investigación penal y conforme lo dispuesto en sincronía con el artículo 282 de la norma adjetiva penal.
TERCERO: Con relación a la presunta comisión de los delitos de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIOJNES, previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción, EVASION DE DETENIDO, previsto y sancionado en el artículo 265 y AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal:
Artículo 69 de la Ley Contra la Corrupción: “… El funcionario Publico que arbitrariamente exija o cobre algun impuestoo tasa indebidos, o que, aun siendo legales emplee para su cobranza medios no autorizados por la ley, sera penado.”
Articulo 265 del Codigo Penal “…El que de alguna manera procure o facilite la fuga de un preso sera penado con presidio de uno a dos años, teniendose en cuenta la gravedad de la inculpacion o naturaleza y duracion de la pena que le quede por cumplir al fugado…”
Artículo 286 del Código Penal: “…Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ella será penada, por el solo hecho de la asociación…”
De manera que dicho delito se demostrara en el transcurso de la investigación, ésta calificación emana de las mismas actuaciones recabadas por el representante de fiscal y de lo oído en audiencia. Su carácter provisional será el Ministerio Público quien en su acto conclusivo luego de haber realizado las investigaciones y como parte de buena fe que es, presentará el acto conclusivo que corresponda a los fines de establecer las responsabilidades de rigor.
En lo que se refiere a la medida de coerción personal que le debe ser impuesta al imputado en esta fase del proceso, este Tribunal examina de inmediato las exigencias acumulativas del artículo 236 en sus ordinales 1°, 2° y 3° a los fines de determinar las que se encuentran acreditadas. En relación al ordinal 1° se observa que efectivamente nos encontramos ante un hecho punible que el Ministerio Público ha precalificado el delito RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIOJNES, previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción, EVASION DE DETENIDO, previsto y sancionado en el artículo 265 y AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal. Para los ciudadanos: 1.- YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad Nº V-13.485.160 2.- GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad Nº V- 16.100.911, 3.- JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad Nº V- 19.699.789, 4.- REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad Nº V- 25.662.965 y 5.- JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad Nº V- 31.342.524 delito éste que merecen pena privativa; así mismo el delito imputado no se encuentran prescritos por lo reciente de la ocurrencia del hecho.
Examinado el ordinal 2° del referido artículo se observa que en esta fase del proceso de investigación que se está iniciando, hay elementos de convicción recabados por el Ministerio Público y señalados en audiencia, que permiten estimar a esta Juzgadora que el imputado han sido autor o participe del hecho que se les imputa, tal como se evidencia en las siguientes actas procesales:
1.-ACTA DE INVESTIGACION, de fecha 13-06-2024, suscrita por los funcionarios INSPECTOR JEFE (I.A.P.M.S) LIC. TOMAS GONZALEZ Y la Oficial: (I.A.P.M.S) GONZALEZ CARLINA adscritos a la Oficina de Investigaciones y Desviaciones Policiales (O.I.D.P).-
2.- ACTA DE APREHENSION 13-06-2024 Suscrita por los Funcionarios INSPECTOR JEFE (I.A.P.M.S) LIC. TOMAS GONZALEZ Y la Oficial: (I.A.P.M.S) GONZALEZ CARLINA adscritos a la Oficina de Investigaciones y Desviaciones Policiales (O.I.D.P) del Instituto Autónomo De La Policía Municipal de Sucre Cagua Estado Aragua.
3.-PLANILLA DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA N° PRCC: 001-24 y 013-24 suscrita por el funcionario TOMAS GONZALEZ.
4.-DIVISION DE CRIMINALISTICO DE CAMPO: Comisión De La División DE Investigaciones Penales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (D.I.P) Funcionarios Actuantes: Primer Oficial (C.P.N.B) CARMONA GENESIS CREDENCIAL NºPNB-10239510
En razón a lo antes señalado, estima este Tribunal que se cumple los requisitos contenidos en el artículo 236 numerales 1, 2 y 3 de la ley penal adjetiva; y de igual manera se cumple lo previsto en el artículo 237 y 238 de la citada norma adjetiva penal, con lo cual se observa llenos los requisitos concurrentes exigidos por el legislador para decretar la privación judicial de libertad de los ciudadanos: YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad Nº V-13.485.160 2.- GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad Nº V- 16.100.911, 3.- JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad Nº V- 19.699.789, 4.- REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad Nº V- 25.662.965 y 5.- JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad Nº V- 31.342.524 por la presunta comisión del delito precalificado de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIOJNES, previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción, EVASION DE DETENIDO, previsto y sancionado en el artículo 265 y AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal; que hacen a criterio de este Tribunal improcedente solicitud de imposición de una medida menos gravosa. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por todo lo anteriormente señalado, este Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley PRIMERO: (sic)PRIMERO: Este Tribunal se declara COMPETENTE para conocer y decidir sobre el presente asunto penal de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se decreta la aprehensión como FLAGRANTE de conformidad con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, TERCERO: Se acuerda la aplicación del procedimiento ORDINARIO. CUARTO: Se acoge la precalificación fiscal en virtud de que la conducta desplegada por los ciudadanos YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad N° V-13.485.160, GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad N° V-16.100.911, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad N° V-19.699.789, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad N° V-25.662.965, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad N° V-31.342.524 por el delito de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIONES previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la corrupción, y EVASION DE DETENIDO Y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 65 y286 ambos del código Penal. QUINTO: Se acuerda Medida Privativa de Liberta, de conformidad con los artículo 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal para los imputados YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad N° V-13.485.160, GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad N° V-16.100.911, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad N° V-19.699.789, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad N° V-25.662.965, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad N° V-31.342.524 . Es todo, termino, Siendo las 10:30 horas de la tarde, se leyó y conformes firman……”

CAPITULO VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Una vez analizados como han sido, los alegatos de la parte recurrente, y el fundamento establecido por la Juez a-quo, se observa en las actuaciones que conforman el presente asunto, que el TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, mediante decisión dictada y publicada por el ut supra mencionado Tribunal en Funciones de Control, en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), en la causa Nº 8C-27.815-2024 (nomenclatura de ese Tribunal de Control), acordó entre otros pronunciamientos: “……PRIMERO: (sic)PRIMERO: Este Tribunal se declara COMPETENTE para conocer y decidir sobre el presente asunto penal de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se decreta la aprehensión como FLAGRANTE de conformidad con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, TERCERO: Se acuerda la aplicación del procedimiento ORDINARIO. CUARTO: Se acoge la precalificación fiscal en virtud de que la conducta desplegada por los ciudadanos YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad N° V-13.485.160, GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad N° V-16.100.911, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad N° V-19.699.789, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad N° V-25.662.965, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad N° V-31.342.524 por el delito de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIONES previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la corrupción, y EVASION DE DETENIDO Y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 65 y286 ambos del código Penal. QUINTO: Se acuerda Medida Privativa de Liberta, de conformidad con los artículo 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal para los imputados YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad N° V-13.485.160, GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad N° V-16.100.911, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad N° V-19.699.789, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad N° V-25.662.965, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad N° V-31.342.524 . Es todo, termino, Siendo las 10:30 horas de la tarde, se leyó y conformes firman……”:

En este mismo orden de ideas, al cotejar el tenor de la decisión dictada en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), por el TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA con el contenido del recurso de apelación de autos, interpuesto por la impugnante ut supra identificada, esta Alzada considera que la inconformidad de la recurrente puede ser puntualizada en relación a la Medida de Privación de Libertad decretada en contra de los ciudadanos: GABRIELA ESCORIHUELA, REYMI GONZALEZ, JESUS PEREZ y JONNIEL NOGUERA

Ahora bien, a efectos de dar contestación a la primera denuncia, se considera necesario citar lo establecido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone que:

“…..Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso..…”.

En este sentido el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, exige para ordenar la privación preventiva de libertad, que se verifique la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; que existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; y la verificación de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

De acuerdo a lo anterior, considera esta Instancia Superior necesario señalar los supuestos de los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, que indican:

“…..Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.
El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de la libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”.

Artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal.
Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.
En este supuesto, el o la Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancia del artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez o Jueza podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o imputada una medida cautelar sustitutiva.…”

Artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal.
Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. Influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia…..”.

De los artículos transcritos se infieren los requisitos de procedencia para acordar la medida de privación judicial preventiva de libertad al imputado, así como las circunstancias para establecer el peligro de fuga y de obstaculización.

Cabe considerar que estos elementos no pueden evaluarse de manera aislada, sino analizando pormenorizadamente, las diversas condiciones presentes en el proceso, que demuestren un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, fundados elementos de convicción y la necesidad inminente de la detención preventiva para asegurar la presencia procesal del imputado e impedir modificaciones que vaya en detrimento de la investigación y del proceso penal en general, todo esto, para garantizar que la acción del Estado no quede ilusoria, pero con plena garantía de los derechos del investigado.

Acorde con lo expresado, conviene señalar que la Jueza de Primera Instancia en funciones de Control, en atención a las atribuciones que le confiere el instrumento adjetivo penal, puede dictar o no, Medidas de Coerción Personal tomando en consideración los elementos que a su juicio aporte el Ministerio Público a través de sus órganos auxiliares, elementos éstos, los cuales le permitirán presumir con fundamento, y de manera provisional, que el o los imputados han sido o no autores o partícipes en el hecho calificado como delito.

Al respecto, considera pertinente esta Alzada, transcribir extracto de la Sentencia N° 676, de fecha treinta (30) de Marzo del año dos mil seis (2006), dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, en el que señala:

“…..Conforme la doctrina reiterada de esta Sala, la garantía procesal del estado de libertad nace del principio de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. Por ello, toda persona a quien se le impute la participación de un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en caso.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.
De allí, que las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada, sujeta en su oportunidad legal al recurso de apelación de autos..…”.

Así pues, el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, exige para ordenar la privación preventiva de libertad, que se verifique la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, que existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible, y, la verificación de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

Con base a lo antes expresado, consideran quienes aquí deciden que en el presente asunto, se encuentran satisfechas las exigencias del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto se observa que la conducta desarrollada por los imputados GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA, titular de la cédula de identidad N° V-16.100.911, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO, titular de la cédula de identidad N° V-19.699.789, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES, titular de la cédula de identidad N° V-25.662.965, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-31.342.524 y YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJÍAS, titular de la cédula de identidad N° V-13.485.160, encuadra en los delitos de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIONES previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la corrupción, EVASION DE DETENIDO y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 65 y286 ambos del código Penal, observándose suficientes elementos de convicción para estimar que los mencionados imputados, pudieron ser autores o partícipes de los hechos punibles indicados, razón por la que la Juzgadora consideró la necesidad de imponer una medida de privación preventiva de libertad a los imputados, para asegurar la resultas del proceso y así garantizar el objeto de la Justicia; de manera que, este Órgano Colegiado observa del caso sub examine que concurren las circunstancias que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber:

a) Un hecho punible que merece pena privativa de libertad, encuadrado en los tipos penales de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIONES previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la corrupción, EVASION DE DETENIDO y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 65 y 286 ambos del código Penal, en virtud de que había quedado evidenciado en actas, la presunta comisión de los hechos punibles atribuidos, que no se encuentran evidentemente prescritos y elementos de convicción producidos por la representación fiscal para fundamentar la solicitud de medida privativa.

b) Fundados elementos de convicción que hacen presumir la participación o autoría de los imputados GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA, titular de la cédula de identidad N° V-16.100.911, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO, titular de la cédula de identidad N° V-19.699.789, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES, titular de la cédula de identidad N° V-25.662.965, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-31.342.524 y YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJÍAS, titular de la cédula de identidad N° V-13.485.160, en la comisión del hecho punible, los cuales se encuentran debidamente señalados en el fallo recurrido, siendo los siguientes:

“…..1.-ACTA DE INVESTIGACION, de fecha 13-06-2024, suscrita por los funcionarios INSPECTOR JEFE (I.A.P.M.S) LIC. TOMAS GONZALEZ Y la Oficial: (I.A.P.M.S) GONZALEZ CARLINA adscritos a la Oficina de Investigaciones y Desviaciones Policiales (O.I.D.P).-
2.- ACTA DE APREHENSION 13-06-2024 Suscrita por los Funcionarios INSPECTOR JEFE (I.A.P.M.S) LIC. TOMAS GONZALEZ Y la Oficial: (I.A.P.M.S) GONZALEZ CARLINA adscritos a la Oficina de Investigaciones y Desviaciones Policiales (O.I.D.P) del Instituto Autónomo De La Policía Municipal de Sucre Cagua Estado Aragua.
3.-PLANILLA DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA N° PRCC: 001-24 y 013-24 suscrita por el funcionario TOMAS GONZALEZ.
4.-DIVISION DE CRIMINALISTICO DE CAMPO: Comisión De La División DE Investigaciones Penales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (D.I.P) Funcionarios Actuantes: Primer Oficial (C.P.N.B) CARMONA GENESIS CREDENCIAL NºPNB-10239510…..”

c) Peligro de fuga o de obstaculización; Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación, expresando la Juzgadora a quo mediante el auto fundado, lo siguiente:

“…..En razón a lo antes señalado, estima este Tribunal que se cumple los requisitos contenidos en el artículo 236 numerales 1, 2 y 3 de la ley penal adjetiva; y de igual manera se cumple lo previsto en el artículo 237 y 238 de la citada norma adjetiva penal, con lo cual se observa llenos los requisitos concurrentes exigidos por el legislador para decretar la privación judicial de libertad de los ciudadanos: YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad Nº V-13.485.160 2.- GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad Nº V- 16.100.911, 3.- JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad Nº V- 19.699.789, 4.- REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad Nº V- 25.662.965 y 5.- JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad Nº V- 31.342.524 por la presunta comisión del delito precalificado de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIOJNES (sic), previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción, EVASION DE DETENIDO, previsto y sancionado en el artículo 265 y AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal; que hacen a criterio de este Tribunal improcedente solicitud de imposición de una medida menos gravosa. Y ASÍ SE DECIDE.…”

Conforme a lo antes señalado, resulta comprobado que el TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, dictó una decisión acertada en la causa penal seguida por la comisión de los delitos de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIONES previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la corrupción, EVASION DE DETENIDO y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 65 y286 ambos del código Penal, considerando lo previsto en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a los requisitos para dictar la medida cautelar destacando el peligro de fuga; pues en el ejercicio de sus funciones el o la juez de control, debe atender para garantizar el debido proceso la procedencia de la Medida Privativa de Libertad solicitada por el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en los referidos artículos.

En este momento de la disertación es oportuno recordar a la recurrente que, la decisión contra la cual impugna fue dictada por el tribunal a-quo en la etapa primigenia del proceso penal, es decir, la investigación, fase en la cual resulta imposible reunir todo el cúmulo probatorio que arrojen las investigaciones, siendo por tal razón que, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, de Corte Garantista y Acusatorio, prevé que la imposición de las medidas cautelares del proceso, y en específico, de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, exige el cumplimiento concurrente de los extremos legales establecidos en los artículos 236, 237 y 238 en la Norma Adjetiva Penal vigente, en lo atinente al hecho punible y la precalificación jurídica de los delitos, viene dada precisamente por su carácter provisional o provisorio, de allí el prefijo “pre” al término calificación, por lo que, está sujeta a variación en el devenir del proceso de investigación asignado al Ministerio Público, ya que es factible el surgimiento de nuevos indicios o elementos de prueba que pudieran hacer cambiar o agregar a la precalificación jurídica en un principio asumida por el Tribunal.

Es así como, entendiéndose ésta fase procesal (audiencia de presentación) como incipiente, en ella sólo se cuenta con presupuestos mínimos que hagan presumir la comisión de los delitos, de modo tal, de conducir a su posible participación al órgano jurisdiccional a los efectos correspondientes, y es así como la doctrina y la jurisprudencia patria hablan de probables elementos de convicción y no certeza en este tramo inicial de la investigación, pudiendo desvirtuar la posible vinculación del imputado con el delito atribuido, en posterior fase de juicio oral y público, y así estas posibilidades de convicción se conviertan en certeza o en una prueba de no certeza para determinar la verdadera responsabilidad penal del encausado; tal y como lo expresa la Sala de Casación Penal en Sentencia Nº 701, Expediente Nº A08-219, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil ocho (2008):

“…..En la fase investigativa del proceso se recaban los elementos tendientes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables a fin de lograr en definitiva, que el Ministerio Público presente el correspondiente acto conclusivo que bien puede ser para promover el juicio penal (acusación), solicitar su archivo o bien para clausurar la persecución penal (sobreseimiento)…..”.

Así las cosas, quienes aquí resuelven constatan que, no pudiese considerarse como gravamen irreparable la admisión de la precalificación fiscal en fase preparatoria; siendo que tal hecho, aún tiene reparo en esa primera instancia, llámese tales remedios procesales, la llegada a las eventuales fases subsiguientes del proceso, como lo sería la etapa preliminar, donde dicha adecuación típica o precalificación delictual está sujeta a variación, dependiendo del acto conclusivo fiscal, en este sentido hasta en una ocasional fase de juicio oral y público, puede surgir aún un cambio de calificación jurídica.

Ahora bien, dicho lo anterior, resulta comprobado que la decisión emitida por la Jueza del TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, de manera acertada acordó dictar la MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD en la causa penal seguida por la presunta comisión de los delitos de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIONES previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la corrupción, EVASION DE DETENIDO y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 65 y286 ambos del código Penal, al considerar cumplidos los requisitos para dictar la procedencia de la medida privativa, analizando el caso de manera concatenada con la Normativa Legal y Constitucional, todo en cumplimiento a las funciones otorgadas por ley al Juez de Control, Garantizando el Debido Proceso y los Derechos y Garantías que asisten al encartado, todo lo cual desvirtúa el alegato de la defensa referido a la violación al debido proceso y a la igualdad procesal. Máxime, cuando el Estado en ejercicio del ius puniendi siempre y cuando exista judicialidad de las medidas de coerción personal instrumentadas y, que tales medidas se encuentren rigurosamente enmarcadas en un proceso previamente establecido, otorga al funcionario judicial la facultad de imponer medidas restrictivas de derechos, tales como la Privación de Libertad.

Con lo anterior, no se desvanece el estado de inocencia del encartado, ni se le violenta la garantía de excepcionalidad de privación de libertad o principio del estado de libertad, ni ninguna otra, el hecho que se encuentre sometido a una medida de coerción personal privativa de libertad bajo los parámetros referidos supra, sino que, tales garantías se encuentran limitadas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el aspecto señalado, ha sentado lo que sigue:

“…..Luego, con relación a la protección de la libertad del imputado en el proceso, la regla consagra por la propia Carta Magna sobre inviolabilidad de la libertad personal, tiene por fundamento el numeral 1 del artículo 44 que dispone que la persona encausada por hecho delictivo “será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”…Por ende, de entrada, rigen dos principios esenciales para determinar la procedencia de la prisión preventiva de acuerdo al texto constitucional: a) el estricto cumplimiento del principio de legalidad en cuanto a la verificación y examen de los supuestos en que procede la disposición en cuestión; b) Que la medida debe ser dictada por un organismo judicial. Tal y como afirma el Profesor Jesús María Casal, “la gravedad de la injerencia en la esfera subjetiva de la persona que supone una privación de libertad obliga a que ésta sea acordada por una autoridad revestida de las garantías de independencia e imparcialidad, como lo es el juez”…Es por tanto, dentro del contexto del balance de interés individual y colectivo en la penalización de los delitos y la reparación del daño, por un lado, y los derechos fundamentales del encausado, por otro, que debe ser sometido a estudio el punto bajo examen…”. (Decisión de fecha 27 de noviembre de 2001, expediente Nº 01-0897)..…”. (Destacado propio).

Visto lo anterior, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones luego de la revisión de las actas que conforman el expediente, así como de la decisión objeto de impugnación, observa que se cumplió cabalmente con los requisitos establecidos en el artículo 236 del Texto Adjetivo Penal, verificándose así de forma conjunta la presunta comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, la existencia de fundados elementos de convicción que señalan al imputado de autos como posible autor de los hechos ilícitos penal y la presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, circunstancias estas que fueron tomadas en cuenta por el Tribunal de Instancia al momento de emitir pronunciamiento, encontrándose en consecuencia, el mismo debidamente fundado, considerando esta Alzada que no le asiste la razón a la recurrente en cuanto a la denuncia esgrimida, en razón a ello se declara SIN LUGAR. Y ASI SE DECIDE.

En este sentido debe esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, como garante del derecho positivo y en protección de los derechos humanos de los particulares, estar atenta ante cualquier situación que menoscabe un derecho o garantía esencial y que pueda producir una Violación del Orden Público Constitucional. Por lo que en consideración a las normas citadas y a la Jurisprudencia vigente, esta Alzada concluye que los Recursos de Apelación interpuesto por la abogada ISMAR BETANCOURT, en su condición DEFENSA PÚBLICA de los ciudadanos: GABRIELA ESCORIHUELA, REYMI GONZALEZ, JESUS PEREZ y JONNIEL NOGUERA, en contra de la decisión dictada y publicada por el TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), en la causa Nº 8C-27.815-2024 (Nomenclatura del Juzgado de Instancia), debe declararse los presentes recursos de apelación de auto SIN LUGAR, con base a los criterios jurisprudenciales citados en el presente fallo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE

Como consecuencia de lo anterior esta Alzada acuerda CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes, la decisión recurrida, dictada por el TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), en la causa Nº 8C-27.815-2024 (Nomenclatura del Juzgado de Instancia), Y ASI SE DECIDE.

Como Punto Final, se ORDENA remitir el presente cuaderno separa al TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA.Y ASI FINALMENTE SE DECIDE

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Esta Alzada se declara COMPETENTE para conocer y decidir, el presente recurso de apelación de conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR los Recursos de Apelación de Autos interpuesto por la abogada ISMAR BETANCOURT, en su condición DEFENSA PÚBLICA de los ciudadanos: GABRIELA ESCORIHUELA, REYMI GONZALEZ, JESUS PEREZ y JONNIEL NOGUERA, en contra de la decisión dictada y publicada por el TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), en la causa Nº 8C-27.815-2024 (nomenclatura de ese Tribunal de Control).

TERCERO: Se CONFIRMA la decisión dictada por el TRIBUNAL OCTAVO (08°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), en la causa signada bajo el Nº 8C-27.815-2024 (nomenclatura de ese Tribunal de Control), mediante la cual entre otros pronunciamientos decretó:

“…..PRIMERO: (sic)PRIMERO: Este Tribunal se declara COMPETENTE para conocer y decidir sobre el presente asunto penal de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se decreta la aprehensión como FLAGRANTE de conformidad con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, TERCERO: Se acuerda la aplicación del procedimiento ORDINARIO. CUARTO: Se acoge la precalificación fiscal en virtud de que la conducta desplegada por los ciudadanos YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad N° V-13.485.160, GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad N° V-16.100.911, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad N° V-19.699.789, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad N° V-25.662.965, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad N° V-31.342.524 por el delito de RETARDO U OMISION INTENSIONAL DE FUNCIONES previsto y sancionado en el artículo 69 de la Ley contra la corrupción, y EVASION DE DETENIDO Y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 65 y286 ambos del código Penal. QUINTO: Se acuerda Medida Privativa de Liberta, de conformidad con los artículo 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal para los imputados YORMARY JOSEFINA ORELLANA MEJIAS titular de la cedula de identidad N° V-13.485.160, GABRIELA COROMOTO ESCORIHUELA titular de la cedula de identidad N° V-16.100.911, JESUS ALFREDO PEREZ CAMACHO titular de la cedula de identidad N° V-19.699.789, REYMI JESUS GONZALEZ FLORES titular de la cedula de identidad N° V-25.662.965, JONNIEL ALCIDES NOGUERA MARTINEZ titular de la cedula de identidad N° V-31.342.524 . Es todo, termino, Siendo las 10:30 horas de la tarde, se leyó y conformes firman…..”

CUARTO: Se ORDENA la REMISION INMEDIATA del presente cuaderno de apelación y de las actuaciones originales que le acompañan al tribunal de procedencia.

Regístrese, Diaricese, déjese copia y remítase la causa al Tribunal de Procedencia en su oportunidad legal.-.
LOS JUECES DE LA SALA 1 DE LA CORTE DE APELACIONES

DRA. RITA LUCIANA FAGA DE LAURETTA
Jueza Superior Presidente

DRA. GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ
Jueza Superior Ponente

DRA. NITZAIDA DE JESUS VIVAS MARTINEZ
Juez Superior Temporal

ABG. ALMARI MUOIO
La Secretaria

En la misma fecha se dio fiel cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior.

ABG. ALMARI MUOIO
La Secretaria

Ponente: DRA GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ
Causa Nº 1Aa-14.895-2024 (Nomenclatura de esta Alzada)
Causa N° 8C-27.815-2024 (Nomenclatura de ese tribunal de control).
RLFL/NJVM/GKMH/