TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro
Maturín, diez de diciembre de dos mil veinticuatro
214º y 165º

ASUNTO: NE01-G-2009-000109

En fecha 25 de Febrero de 2009, se recibió por ante el Juzgado Superior Quinto Agrario Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, hoy Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, la presente Querella Funcionarial, interpuesta por la ciudadana JANETH MACHADO, titular de la cedula de identidad Nº V-4.028.193, debidamente asistida por la abogada GABRIELA PALMARES, inscrita en el IPSA bajo el Nº 110.519, contra la ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO SANTA BARBARA DEL ESTADO MONAGAS.
En fecha 02 de Marzo de 2009, se le dio entrada a la presente Querella.
En fecha 05 de Marzo de 2009, se admitió la presente Querella, ordenándose librar las notificaciones correspondientes.
En fecha 02 de Julio de 2009, se Celebró Audiencia Preliminar, se dejo constancia la incomparecencia del Municipio Santa Bárbara del estado Monagas, la parte demandante solicito que se abriera el lapso probatorio.
En fecha 14 de Julio de 2009, se agrego a los autos escritos de pruebas, presentado por ambas ambas partes.
En fecha 23 de Julio de 2009, se dictó auto mediante el cual se pñronuncian con respecto a la admisión e inadmisión de las pruebas debidamente promovidas por las partes.
En fecha 19 de Enero de 2010, mediante diligencia suscrita por la apoderada judicial de la parte actora, solicita se aboque al conociendo de la presente demanda.
En fecha 25 de Enero de 2010, la ciudadana Jueza Provisoria Silvia Espinoza, se aboca al conocimiento de la presente demanda, así mismo se ordena notificar a los ciudadanos Alcalde y Sindico Procurador Municipal del Municipio Santa Bárbara del estado Monagas.
En fecha 24 de Febrero de 2010, mediante diligencia suscrita por el apoderado judicial de la parte actora, Apela del auto que admitió e inadmitió pruebas.
En fecha 02 de Marzo de 2010, se dicto auto mediante el cual el tribunal se pronunciara sobre la apelación de la decisión de este Juzgado de fecha 23 de julio de 2009, que negó las pruebas promovidas una vez se reanude la presente demanda.
En fecha 28 de Marzo de 2011, este Juzgado ordena notificar a las partes para realizar la audiencia definitiva, así mismo se comisiona al Juzgado de los Municipio Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora del estado Monagas.
En fecha 11 de Mayo de 2011, se dicta auto mediante el cual se recibe la presente comisión proveniente del Juzgado de los Municipio Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora del estado Monagas.
En fecha 01 de Junio de 2011, se Celebro Audiencia Definitiva en presencia de ambas partes, este Juzgado difiere el dispositivo del fallo hasta que lleguen las resultas de la apelación, que fue oída por este Tribunal.
En fecha 11 de Abril de 2012, mediante diligencia suscrita por la apoderada judicial de la parte actora solicita el abocamiento en la presente causa.
En fecha 17 de Abril de 2012, la ciudadana Jueza Marvelys Sevilla se aboca al conocimiento de la presente demanda.
En fecha 20 de Marzo de 2012, la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo se Declara 1.-que es Competente para conocer de la apelación, interpuesta por el apoderado por la ciudadana Janeth Machado, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo en fecha 23 de julio de 2009, mediante e cual emitió pronunciamiento referente a las pruebas promovidas por las partes. 2.-SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3.- Confirma el auto apelado en los términos expuestos.
En fecha 03 de Mayo de de 2012, se recibió oficio NCSCA-2012-002572, de 29 de Marzo de 2012 emanado de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual remiten expediente dando cumplimiento con la sentencia dictada en fecha 20 de Marzo de 2012.
En fecha 07 de Octubre de 2014, mediante diligencia suscrita por la apoderada judicial de la parte querellante, solicita que se practique computo de los días transcurridos de despacho.
En fecha 15 de Febrero de 2017, la ciudadana Jueza Provisoria Niljos Lovera, se aboca al conocimiento de la presente demanda.
En fecha 08 de Mayo de 2017, este Juzgado ordena la notificación de la parte querellante y de los ciudadanos Alcalde y Sindico Procurador Municipal del Municipio Santa Barbara del estado Monagas, así mismo reanudar la causa a la fase de evacuación de pruebas.
En fecha 11 de Mayo el ciudadano Juez Suplente José A fuentes, se aboca al conocimiento de la presente demanda, así mismo en la misma fecha ordena comisionar ampliamente y suficientemente al Juez del Juzgado Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del estado Monagas a los fines de practicar las notificaciones acordadas.
En fecha 13 de Junio de 2022, la ciudadana Jueza Provisoria Mircia A Rodríguez se aboca al conocimiento de la presente demanda.

I
UNICO
Ahora bien, corresponde a este Tribunal Superior, pronunciarse sobre la paralización de la presente causa, visto que desde 07 de Octubre de 2014, la parte actora solicito que se practique cómputo de los días transcurridos y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación alguna destinada a dar continuidad al proceso.
Al respecto, se hace necesario manifestar que, la figura de la Perención de la Instancia consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiere verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio; entendiéndose por acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, ya sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. Esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso administrativo, culmina con la presentación de los informes y en los procesos judiciales antes de ser vista la causa, es decir, cuando inicia la fase para dictar sentencia.
En este sentido, debe manifestarse que la institución de la Perención de la Instancia esta concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes y puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual destaca su carácter imperativo, constituyendo un elemento anómalo para la culminación del procedimiento, es decir, que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines, siendo un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés por parte de los sujetos de la litis en la continuación de la causa.
Cabe destacar que la función de esta institución procesal, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que encuentra justificación en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad innecesaria, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en el proceso; es decir, su propósito es impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla con la función jurisdiccional, la cual radica esencialmente en administrar justicia, así como en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.
Así pues se colige y lo ha interpretado tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, que para que opere la Perención (anual) de la Instancia deben concurrir los requisitos siguientes: i) que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto o impulso procesal en la causa, ii) que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de éstas hayan realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como requerimientos de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias, revisión del expediente judicial y otras similares. No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del Tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia; por lo que la demora en el dictamen de la sentencia tampoco produce perención.
En tal sentido, debe resaltarse que la Ley .Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código de Procedimiento Civil, instrumentos legales aplicables al caso que nos ocupa, establece en sus artículos 41 y 267, respectivamente, lo siguiente:

“Articulo 41. Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después la declaratoria.”
“(…) Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención (…)”. (Resaltado de este Órgano Jurisdiccional).

Con relación a los artículos parcialmente transcritos, se observa que los mismos regulan la institución procesal de la perención, la cual se puede definir como “el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…” (Vid. Henríquez La Roche, Ricardo. “Comentarios al Código de Procedimiento Civil” Tomo 2. Editorial Centros de Estudios Jurídicos de Venezuela. Caracas, 2009, p. 318); dirigida a evitar la prolongación indefinida en el tiempo de los procesos judiciales por omisión de impulso de las partes interesadas en la consecución final del mismo.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 00853 del 29 de septiembre de 2010, estableció:

“(…) Advertido lo anterior, resulta necesario señalar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer
Nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Este instituto procesal se constituye, así, en un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales. (…)” (Resaltado de este Órgano Jurisdiccional).

En virtud de las anteriores consideraciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales tendentes a verificar la perención de la instancia, este Juzgado, previa revisión efectuada a las actas procesales que conforman el expediente judicial, verifica que ha sido superado el período a que se refieren los artículos 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y 267 del Código de Procedimiento Civil; visto que desde 07 de Octubre de 2014, la parte actora solicito computo de los días transcurridos y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación alguna destinada a dar continuidad al proceso, estando paralizada la causa motivado a ello, en consecuencia, conforme al adagio Latino que expresa: “Jura Vigilantibus, Non Dormientibus Prosunt”, El derecho viene en socorro de los que velan, no de los que duermen; trayendo como consecuencia la falta de impulso procesal la extinción del mismo, por el desinterés manifestado tácitamente con la conducta de la accionante, supuesto interesado en la prosecución del juicio, resulta imperioso para este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, declarar que operó de pleno derecho la Perención, a tenor de lo establecido en los artículos anteriormente señalados y en consecuencia extinguida la instancia. Así se decide.

II
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente Querella Funcionarial, interpuesta por la ciudadana JANETH MACHADO, titular de la cedula de identidad N°V-4.028.193, debidamente asistida por la abogada GABRIELA PALMARES, inscrita en el IPSA bajo el N°110.519, contra la ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO SANTA BARBARA DEL ESTADO MONAGAS.
Publíquese, regístrese. No se ordena la notificación de la parte accionante conforme al criterio establecido en sentencia emanada de la Sala Constitucional Nº 1466 de fecha 5 de agosto de 2004.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro. En Maturín, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

ABG. MIRCIA A. RODRÍGUEZ

El Secretario.

ABG. JOSÉ ANDRÉS FUENTES

En la misma fecha, siendo las once y treinta y siete minutos de la mañana (11:37 a.m.), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. Se deja constancia que se realizó la inserción en el sistema Juris 2000, así como su publicación en el portal informático del Tribunal Supremo de Justicia. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste.

El Secretario.

ABG. JOSÉ ANDRÉS FUENTES

MAR/JAF/ip
Asunto: NE01-G-2009-000109