REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y MERCANTIL






República Bolivariana de Venezuela
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas

Maturín, 17 de enero de 2.024
213° y 164°


PARTE DEMANDANTE: ciudadanos LUIS RAMON GONZALEZ RIVAS y MARLEN FORERO FORERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.480.425 y V-5.395.436 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 27.444 y 39.021, respectivamente con domicilio procesal en el Edificio Rudga, Mezzanina, Oficina M-01, ubicado en la carrera siete (antigua calle Monagas) de la ciudad de Maturín, Municipio Maturín, estado Monagas, quienes actúan en su propio nombre y representación.-

PARTE DEMANDADA: ciudadana BRENDA CAROLINA DEL CARMEN OSORIO BRITO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-18.366.372 domiciliada en la Urbanización Las Palmeras I, calle 01, casa N° 26, ubicada en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, adyacente a la urbanización "La Arboleda", Parroquia Boquerón, Municipio Boquerón, Municipio Maturín, Estado Monagas.-

MOTIVO: ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES.-


ASUNTO: MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR.-


EXPEDIENTE N° 34.411.-


SENTENCIA: Interlocutoria.-

A los fines de dar pronunciamiento en relación a la medida solicitada en el libelo de la demanda, a su ratificación mediante diligencia de fecha 21 de noviembre del año en 2.023, consignada por el profesional en derecho LUIS RAMON GONZALEZ RIVAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 27.444 y la consignación de las copias certificadas ordenadas por el Tribunal para su pronunciamiento. Pasa de seguida esta Operadora de Justicia, a discernir, tanto lo alegado por la parte solicitante como de los medios probatorios consignados, a los efectos de determinar si existe la presunción grave de la violación del derecho que se reclama en el presente juicio de ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES. En tal sentido, esta Jurisdicente, a los fines de acordar la procedencia o no de las medidas preventivas solicitadas, expone lo siguiente:

Según lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, mismo que reza lo que sigue:

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” (Subrayado del Tribunal).-

En concordancia con el parágrafo primero del artículo 588 ejusdem, que establece:

"En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1. El embargo de bienes muebles;
2. El secuestro de bienes determinados;
3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. (...)”(Subrayado del Tribunal).-

De lo anterior se colige, que pudiendo quedar ilusoria la ejecución de un posible fallo que favorezca los intereses del accionante, esta Primera Instancia Civil de conformidad con lo establecido en el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, pasa a analizar los precitados artículos conforme a la doctrina, por ello, me permito citar al procesalista EMILIO CALVO BACA, Código de Procedimiento Civil, enero 2011, pág. 602., que indica: "...Medida Cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. El embargo, en su acepción procesal, se llama preventivo, cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio (Ossorio). El embargo, es la aprehensión o retención de bienes muebles o inmuebles hecha de orden de la autoridad judicial competente (Borjas). El embargo, es la retención, secuestro o prohibición de disponer de ciertos bienes sujetos a responder eventualmente de una deuda u obligación (Cabanellas)...". Se puede apreciar categóricamente que las medidas preventivas son recursos establecidos con el fin de salvaguardar derechos que por la naturaleza y/o duración del proceso podrían no ser subsanados, gozan de carácter cautelar.-

Sigue aduciendo el procesalista EMILIO CALVO BACA, en el Código de Procedimiento Civil de Venezuela comentado y concordado, edición enero 2.011, en relación a las medidas preventivas lo siguiente: "La finalidad de este poder cautelar general, es el aseguramiento de las resultas de aquellas demandas que no persiguen la satisfacción de obligaciones de contenido dinerario o la restitución de algún bien."

Ahora bien, en cuanto a las exigencias de leyes que debe demostrar quien solicita el decreto de este tipo de medidas existen:

El FUMUS BONIS IURIS: traducido literalmente quiere decir “humo de buen derecho”, más, en su acepción semántica debe entenderse como apariencia o aspecto exterior del derecho; es la apreciación del Buen Derecho. El Fumus Bonis Iuris constituye el primer requisito que debe verificar el Juez al enfrentarse a la obligación de decretar una providencia cautelar. En palabras sencillas, se traduce en la presunción, que hace el Administrador de Justicia, en cuanto al riesgo que quede ilusoria la ejecución de la Sentencia Definitiva.-

El PERICULUM IN MORA: son las condiciones o presupuestos requeridos para la obtención y amparo de una medida cautelar, ésta última es la decisión cautelar ejecutada durante un juicio y presenta características peculiares según el tipo de proceso al cual cautela, condiciones basadas en el tiempo de duración del proceso íntegramente.-

En materia de medidas preventivas esa discrecionalidad no es absoluta, sino que es menester de la parte solicitante demostrar el riesgo latente y manifiesto, que determine que puede quedar ilusoria la ejecución del fallo, por lo que se debe acompañar con el escrito el medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que reclama. Aunado a ello, el Juez debe limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarias para garantizar las resultas del juicio. Así lo disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, supra trascritos.-

En este sentido observa esta Jurisdicente, una vez examinado el libelo de demanda, y en atención a que la acción propuesta se encuentra amparada en nuestra legislación por las normas que citó los demandantes en su respectivo libelo, y por último considerando que pudiera quedar ilusoria la ejecución de un posible fallo que favorezca los intereses de los demandantes, respecto de lo cual no se emite opinión por ser asunto concerniente al fondo, el Tribunal acuerda de conformidad. En consecuencia conforme con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre un (01) bien inmueble el cual se describe a continuación:

Una parcela de terreno unifamiliar distinguida con el N° 26 y la vivienda tipo pareada (etapa I)sobre ella construida, situada en la calle 01 de la Urbanización Las Palmeras I, ubicada en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, adyacente a la Urbanización "La Arboleda", teniendo la parcela de terreno una superficie de CIENTO TREINTA Y NUEVES METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y DOS CENTÍMETROS CUADRADOS (136,92 MTS2), encontrándose alinderada de la siguiente manera: NORTE: con parcela N° 25, SUR: con parcela N° 27, ESTE: con calle 1 que es su frente y; OESTE: con cercado perimetral y la avenida la vivienda un área de construcción de Setenta y Cinco Metros Cuadrados (75 mts2), según consta de documento debidamente Registrado por ante la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturín del Estado Monagas, en fecha 24 de septiembre del año 2.011, quedando anotado con el N° 2011.14819, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el N° 387.14.7.7.3974 y correspondiente al Libro del folio Real del año 2011.-

Se ordena librar oficio al Registro correspondiente, para hacer de su conocimiento esta decisión.-
LA JUEZA SUPLENTE,


ABG. NEYBIS JOSÉ RAMONCINI RUIZ
LA SECRETARIA.


ABG. MILAGRO MARIN.

EXP: 34.411
Abg./NRR/mg