TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
EN SU NOMBRE:
213º y 164º
MATURIN, 07 DE FEBRERO DEL 2024.
A los fines de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se determinan que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:
PARTE DEMANDANTE: BEKERLIN THAIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-15.540.535 y de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSE ANGEL GONZALEZ UBAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.978.038, inscrito en el IPSA, bajo el N° 278.779.
PARTE DEMANDADA: RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.072.067y de este domicilio.
MOTIVO: DIVORCIO POR DESAFECTO.
Expediente Nº 17.804

NARRATIVA
En fecha 23 de enero de 2024, se recibió por distribución solicitud de DIVORCIO POR DESAFECTO, intentada por la ciudadana BEKERLIN THAIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-15.540.535 y de este domicilio, debidamente asistida en este acto por el ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ UBAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.978.038, inscrito en el IPSA, bajo el N° 278.779., quien manifestó que contrajo matrimonio en fecha Veintitrés (23) de abril de 1996, por ante el Registro Civil de la Parroquia Catia la Mar, Municipio Vargas del Distrito Federal con el ciudadano RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.072.067 domiciliado en Catia la Mar, Estado la Guaira, sector Ezequiel Zamora, Colina Bicentenario, casa S/N. Una vez contraído el matrimonio fijaron como domicilio conyugal en el Complejo Habitacional Paramaconi, casa N° P-02, calle 1, de esta ciudad de Maturín del Estado Monagas, De esta Unión Matrimonial procreamos una (01) Hija, de nombre YEIKERLIN RAMONA ARGOTE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nro. V-25.930.586. No adquirieron bienes que liquidar, que se separaron aproximadamente desde 30 de junio del año 1998 hasta la fecha actual, por desavenencias surgidas durante la unión conyugal que hicieron imposible la vida en común, razón por la cual acude a este tribunal a los fines de solicitar se declare la disolución del vínculo matrimonial que la mantiene unida al ciudadano RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO.
En fecha 24 de enero de 2024, se le dio entrada y se admite la demanda. Se ordenó la citación del ciudadano RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.072.067, plenamente identificado a los fines de que compareciera por ante este Juzgado al tercer (3er) día de despacho siguientes a su citación a fin de que expusiera lo que estimara conveniente en relación a la solicitud, igualmente se ordenó la notificación de la Fiscalía de guardia en materia de familia del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial.
Riela en el folio doce (12) de fecha 29 de enero de 2024, diligencia suscrita por la ciudadana BEKERLIN THAIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, debidamente asistida por el ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ UBAN, Abogado, identificado anteriormente, en la que solicita se fije fecha y hora para que el ciudadano alguacil realice la citación vía telemática con el fin de que se cite a dicho ciudadano para dar continuidad al presente juicio.
En fecha 29 de enero de 2024, Fue acordada, para ser materializada la citación via telemática al ciudadano RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO, en fecha 01 de febrero de 2024 a las once (11:00 AM) horas de la mañana.
Riela al folio 14, consignación en fecha 01 de febrero de 2024 por el ciudadano PEDRO AVILA, actuando en su condición de Alguacil de este despacho, dejando constancia de la realización de la citación vía telemática siendo la misma recibida y obteniendo respuesta positiva por parte del demandado y dejando constancia de tomas fotográficas de su cedula laminada, enviada por el ciudadano RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.072.067
En fecha 06 de febrero de 2024, el ciudadano PEDRO AVILA, actuando en su condición de Alguacil de este despacho, consigno Boleta de Notificación efectuada y firmada por la ciudadana Fiscal Veintidós 22°° del Ministerio Publico del Estado Monagas.

MOTIVA.
Estando en la oportunidad procesal para dictar sentencia en la presente causa este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil el cual estipula “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan.” y en acatamiento a la Resolución N° 2009-0006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial N° 39.152, que en su artículo 3, establece taxativamente “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio civil, mercantil, también sin que participen niñas, niños y adolescentes…”, este Tribunal se declara competente para dictar la presente sentencia, y en consecuencia para decidir en la presente solicitud este Tribunal pasa hacer las siguientes acotaciones:
Admitida la solicitud de Divorcio en fecha 24 de enero de 2024, referida a la causal de divorcio por desafecto, fundamentada en la sentencia de fecha 30 de marzo de 2017, expediente N° AA20-C-2016-000479, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, concatenada con sentencia vinculante N° 1070, de fecha 09 de diciembre del 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ordenó la citación del ciudadano RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.072.067, parte accionada en la presente causa, igualmente se ordeno la notificación de la representación Fiscal del Ministerio Público, haciéndose efectiva en fecha 06 de febrero del 2024, a los fines de dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 del Código Civil el cual estipula “En todas las causas de divorcio y de separación de cuerpos intervendrá como parte de buena fe un representante del Ministerio Público”, evidenciándose además que la citación a la parte demandada se realizó en fecha 01 de febrero de 2024 haciéndose efectiva la misma.

Así las cosas dispone la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 75 que “El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes…”, igualmente establece el artículo 77 ejusdem que “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges…”, en este sentido, nuestro máximo Tribunal ha dejado sentado en las más recientes sentencias proferidas con ocasión a los recursos presentados en los casos de divorcio que el matrimonio debe ser entendido como una institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, y en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, y por ende igualmente nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges, pues mantener unido en matrimonio a una persona sin su voluntad atenta contra el libre desenvolvimiento de la personalidad individual y el desarrollo integral de las personas, por lo tanto mantener un matrimonio desavenido, es contrario a la protección de la familia que debe garantizar el Estado contemplado en el citada norma constitucional.
Ahora bien, a fin de constatar los argumentados que anteceden, este Tribunal pasa de seguidas a transcribir del texto de la sentencia vinculante lo siguiente: “…cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.
Por último, visto ratificación de la Sala que el fin que deben perseguir los tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el artículo 49 de la Carta Política, una decisión que entienda el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familiar y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante) dada a la institución del divorcio en aras –entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la fuerza de cosa juzgada material.
Por ello, una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…” máxime si cualquier posible discusión en cuanto a una eventual reconciliación estaría –como ocurre en el sub iudice- fuera de contexto por ser ajena a las defensas que se plantearen, sin condicionantes probatorios, pues no existe prueba del sentimiento de desafecto ya que ello no está vinculada a condiciones ni a hechos comprobables; por el contrario, debe depender de la libre manifestación de voluntad del cónyuge de disolver el vínculo por la terminación del afecto, lo cual es más acorde con las exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad y sin que el procedimiento pretenda invadir la esfera privada del cónyuge solicitante y sin cuestionar el libre desarrollo de su personalidad, pues las relaciones conyugales se establecen para vivir manteniendo el vínculo afectivo, por lo que a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez cuenta un amplio margen de discrecionalidad para acordar la demanda y sus pretensiones y de conformidad al artículo 11 del Código ritual, pueda, en casos excepcionales de duda, requerir alguna prueba que considere indispensable, sin permitírsele al Juez inmiscuirse en el libre desarrollo de la personalidad del individuo al valorar los motivos por los cuales el solicitante adoptó la decisión. El trámite es estrictamente objetivo y nada invasivo de la esfera individual del o la solicitante…” (Subrayados y negrillas de la Sala).
Por todo lo antes transcrito se evidencia, que se cumplieron los requisitos de procedencias de la acción antes descritos como lo son: 1) la manifestación de voluntad libre y espontánea de la solicitante y en lo que respecta a la parte accionada se agotaron los medios de citación permitidos por la ley, en estricto resguardo del derecho a la defensa de la parte a los fines de disolver la unión matrimonial existente, 2) la presentación de documentos fundamentales requeridos por la ley, en este caso copia certificada del acta de matrimonio expedida por Alcaldía del Municipio Vargas del estado Vargas., 3) La manifestación de haber procreado una hija de la unión conyugal, éstos hoy en día mayores de edad, 4) No adquirieron bienes que liquidar, 5) La fundamentación del derecho en la causal de divorcio por Desafecto, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, como es el caso que nos subsume, y es por lo que no le queda más a este sentenciador que declarar procedente la petición de divorcio. Y así se decide.-

DISPOSITIVA
Por todas y cada una de las razones que anteceden, y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 185 del Código Civil Venezolano, y la mencionada Sentencia vinculante, este JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURIN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara CON LUGAR, la presente solicitud de DIVORCIO y en consecuencia de ello DISUELTO EL VINCULO CONYUGAL que existe entre los ciudadanos BEKERLIN THAIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-15.540.535 y RICHARD AUGUSTO ARGOTE CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.072.067, respectivamente y de este domicilio, según Matrimonio Civil, Veintitrés (23) de abril de 1996, por ante el Registro Civil de la Parroquia Catia la Mar, Municipio Vargas del Distrito Federal, debidamente asentado en el acta Nº 63 de los libros correspondientes al año 1996.
Publíquese en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gov.ve, Regístrese y Déjese copia de la presente decisión en los copiadores llevados por ante este Juzgado.
Dado firmado y sellado en la sala de despacho de este Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas a los 07 días del mes de febrero del año 2024.- Años 214° de la independencia y 164° de la Federación.-
LA JUEZ

MAGLENIS RUIZ MERCHAN
LA SECRETARIA

MARIA ALEJANDRA GUZMAN.
En la misma fecha, siendo las 01:00 horas de la tarde, se publicó la anterior Sentencia Definitiva. Conste.-
LA SECRETARIA

MARIA ALEJANDRA GUZMAN.
MRM/MAG/yb
Exp. N° 17.806