TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 23 de julio de 2024
214º y 165º

Asunto: AP41-U-2012-000335 Sentencia N° 070/2024
Tipo: Interlocutoria

El 3 de julio de 2012 el abogado Eduardo Martínez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 30.523, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN DE MAICEROS Y GANADEROS (AMYGA), inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Julián Mellado del Estado Guárico el 17 de marzo de 2000, bajo el N° 35, tomo 1°, interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recurso contencioso tributario contra Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/ DRAAT/2012-0377 de fecha 28 de mayo de 2013 emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido el 20 de noviembre de 2007, y en consecuencia, confirmó la Resolución (Culminatoria de Sumario Administrativo) N° SNAT-INTI-GRTI-RLL-DSA-ISLR-2007-005 de fecha 26 de septiembre de 2007, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región de los Llanos del aludido servicio autónomo, en la que se le impuso impuesto sobre la renta durante los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, y se le calculó intereses moratorios por el monto total de Bolívares dos millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos treinta y ocho con diecisiete céntimos (Bs. 2.153.638,17), cifra concerniente a esa época.
Previa distribución, se le dio entrada a dicho recurso el 4 de julio de 2012 y se libró las notificaciones de Ley.
El 19 de septiembre de 2012, se admitió el aludido medio de defensa judicial y se ordenó proceder a su tramitación conforme a las disposiciones del Código Orgánico Tributario de 2001.
En fecha 28 de noviembre de 2012, este Tribunal fijó al décimo quinto (15º) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes.
El 13 de diciembre de 2012, este Tribunal dijo “Vistos.
En fecha 2 de febrero de 2017, el representante judicial del contribuyente presentó escrito y consignó recaudo.
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal decidir el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente Asociación de Maiceros y Ganaderos (AMYGA), contra Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2012-0377 de fecha 28 de mayo de 2013 emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
No obstante, de las actas procesales se aprecia que la última actuación procesal de la parte recurrente fue el 2 de febrero de 2017, denotándose que desde la mencionada fecha hasta la presente han transcurrido más de siete (7) años sin que la accionante hubiese realizado actuación alguna que demostrase su interés en la solución de la causa.
Bajo tal contexto, resulta oportuno citar el criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 416 del 28 de abril de 2009, en la que se estableció la diferencia entre la pérdida de interés y la perención. En cuanto a la pérdida de interés sentó que esta puede ser declarada por el órgano jurisdiccional en dos (2) oportunidades: i) cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión; y ii) o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique después de la admisión hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”. (Vid., también decisión de la Sala N° 00170 del 4 de marzo de 2015).
Asimismo, la Sala Constitucional sostuvo que el juez no puede presumir la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos en los que haya transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva; pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, lo cual ocurre en el caso de autos. (Vid., sentencias de la Sala Constitucional N° 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005, 1153 del 8 de junio de 2006 y 1097 del 5 de junio de 2007, y fallo de la Sala Político-Administrativa N° 180 del 7 de marzo de 2012).
En cuanto a la forma en que debe practicarse dicha notificación, la Sala Constitucional en la mencionada decisión N° 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005, ordenó que la notificación del actor debía efectuarse “(…) en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal (…)”. (Vid., también sentencia de la Sala Constitucional N° 00683 del 2 de junio de 2015). (Resaltado del Tribunal).
Con el fin de cumplir con la exigencia relativa a la notificación de los contribuyentes o responsables para que manifiesten si tienen interés en que se decidiera la causa, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario había adoptado el criterio de procurar en primer lugar la notificación personal, y en caso de que resultara imposible de practicarla, proceder a fijar el correspondiente cartel con la advertencia de que vencido el término de diez (10) días de despacho se entendía consumada la notificación.
Sin embargo, la Sala Político-Administrativa por decisión N° 0572 del 27 de junio de 2023, consideró que ese modo de proceder (procurar en primer lugar la notificación personal) debía ser revisado, dado que en esta materia tiene prevalencia el interés público que reside en evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo cual redunda en beneficio de la seguridad jurídica. Se trató de un reexamen que tuvo la finalidad de contribuir con la descongestión de los órganos de la jurisdicción contencioso tributaria, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, en aras de la simplificación de los procesos judiciales, preservando, en todo momento, los derechos y garantías procesales de los interesados.
Asimismo, destacó que dicha revisión se efectuó en acatamiento y en perfecta consonancia con el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001, en la que al reconocer que una de las oportunidades en la que puede decaer la acción por falta de interés es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, también realizó una interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, y estableció que “si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado añadido).
De allí que el criterio de la Sala Constitucional se basó en que para la notificación de las partes a fin de que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que se ponga en práctica uno cualquiera de los medios previstos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, para que se considere válidamente realizada la notificación, sin necesidad de que se intente previamente que sea efectuada en forma personal, ni que se ejecute dicha notificación a través de varios mecanismos en forma sucesiva y acumulativa.
Por tal razón, la Sala Político-Administrativa estableció en la decisión N° 572 del 27 de junio de 2023, como nuevo criterio con aplicación para las causas hacia el futuro, a los fines de evitar la realización de trámites excesivos e innecesarios, que a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que los jueces pongan en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, es decir, por notificación personal en el domicilio del contribuyente o responsable, o bien mediante un Cartel fijado en la cartelera de la Jurisdicción Contenciosa Tributaria, sin que sea necesario que se agote previamente la notificación personal.
Igualmente, importa resaltar el criterio de la Sala Constitucional en su decisión N° 1086 del 7 de agosto de 2014, ratificada entre otros, en su fallo N° 0863 del 28 de octubre de 2022, en la que indicó que “[e]n efecto, tal como estableció esta Sala en la sentencia Nro. 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso DHL Fletes Aéreos, C.A., [en la cual señaló que] el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio, pues de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal. Incluso estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (Vid. sentencias números 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras)”. (Agregado del Tribunal).
En el presente caso, visto el tiempo transcurrido desde la última oportunidad en que la recurrente actuó en el expediente (2 de febrero de 2017) y en aplicación del criterio sentado tanto por la Sala Constitucional como por la Sala Político-Administrativa, este Operador de Justicia ordena la notificación de la contribuyente para que dentro de un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir del día siguiente a la constancia en autos de su notificación, manifieste su interés en que se decida la presente causa. Así se declara.
La notificación indicada deberá practicarse mediante Cartel publicado en la Cartelera de la Jurisdicción Contenciosa Tributaria.
Transcurrido el indicado lapso sin que la recurrente manifieste su interés en que se decida el presente recurso contencioso tributario, este Tribunal procederá a dictar el pronunciamiento correspondiente. (Ver, entre otras, sentencias de la Sala Político-Administrativa Nros. 0065, 0428 y 0286, de fechas 23 de enero de 2014, 9 de diciembre de 2021 y 28 de julio de 2022, en ese orden). Así se declara.
II
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA la notificación de la contribuyente ASOCIACIÓN DE MAICEROS Y GANADEROS (AMYGA), para que dentro de un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir del día siguiente a la constancia en autos de su notificación, manifieste su interés en que se decida la presente causa.
Líbrese Cartel de notificación.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de julio del dos mil veinticuatro (2024). Año 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
El Juez,
Néstor Luís Correa Vielma El Secretario,
Luís Alfredo Mattioli García
La anterior decisión se publicó en la señalada fecha, a las diez y una de la mañana (10:01 a.m.). El Secretario,
Luís Alfredo Mattioli García

NLCV/LAMG-