TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 19 de Junio de 2.024.-
214° y 165°

EXPEDIENTE: 43.327
PARTE DEMANDANTE (S): Ciudadanos ZORAIDA ACOSTA IRIARTE y JULIO CESAR ACOSTA GUDIÑO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-7.239.241 y V-12.337.124, en el mismo orden, de profesión abogado el último de los mencionado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 199.982.-
PARTE DEMANDADA (S): Sucesión ACOSTA AVILA JULIO CESAR, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nro. 31683066-7, integrada por los ciudadanos JOEL ABRAHAN ACOSTA SANCHEZ, ALFREDO JOSÉ ACOSTA AVILA, ALI RUBEN ACOSTA AVILA, ANIBAL JOSÉ TERAN ACOSTA, LUCRECIA CLEMENTINA ACOSTA AVILA, EZEQUIEL ACOSTA AVILA, ELIAS ACOSTA AVILA, ISAIAS ACOSTA AVILA y GLADYS ESTHER ACOSTA AVILA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V.-10.459.120, V.-306.782, V.-313.094, V.-3.204.956, V.-1.977.834, V.-341.847, V.-2.846.551, V.-2.854.671 y V.-3.129.056, respectivamente.-
MOTIVO: PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA.-
DECISIÓN: INADMISIBLE.-
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva.
I
Relación de la causa.-
Se inicia el presente juicio mediante escrito libelar, incoado por la ciudadana ZORAIDA ACOSTA IRIARTE, asistida por el abogado JULIO CESAR ACOSTA GUDIÑO, ambos en su carácter de herederos de la Sucesión ACOSTA AVILA JULIO CESAR; dirigiendo su pretensión en contra de los Ciudadanos JOEL ABRAHAN ACOSTA SANCHEZ, ALFREDO JOSÉ ACOSTA AVILA, ALI RUBEN ACOSTA AVILA, ANIBAL JOSÉ TERAN ACOSTA, LUCRECIA CLEMENTINA ACOSTA AVILA, EZEQUIEL ACOSTA AVILA, ELIAS ACOSTA AVILA, ISAIAS ACOSTA AVILA y GLADYS ESTHER ACOSTA AVILA, ambos supra identificados en el encabezado del presente fallo, el cual previo sorteo de ley quedó asignado a este Juzgado. Dándole entrada en fecha 13 de Junio del año en curso (Folio 01 al 05).
Por recibidos en fecha 18 del mismo mes y año, nuevo escrito libelar, junto con sus respectivos recaudos correspondientes, los cuales cursan a los folios 06 al 28.
I
Motiva.-
Ahora bien, a los fines de emitir un pronunciamiento con relación a la admisibilidad de la presente demanda, esta juzgadora considera pertinente mencionar la Sentencia Nº RC.000589 del Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de fecha 11 de Octubre de 2.016, la cual ratificó la Sentencia Nro. 245 del 15 de junio de 2.011, Ponente Luis Antonio Ortiz, que estableció lo siguiente:
“…cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen, por cuanto “algunos de los requisitos de existencia y validez de la acción están señalados en la propia Ley (Sic), cuyo incumplimiento la hace rechazable o inadmisible, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho…”.
Por su parte, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

“Presentada la demanda, el tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa….” Inclinado, negrita y subrayado nuestro.-

Así las cosas, considera este Tribunal de Instancia que es un deber ineludible del actor cumplir con todos y cada uno de estos requisitos de admisibilidad, ya que los mismos son concurrentes a la hora de considerar la admisibilidad de dicha pretensión.
En este mismo sentido, esta Juzgadora para pronunciarse sobre el iter procesal del presente juicio, considera necesario hacer las siguientes consideraciones:
Los ciudadanos JULIO CESAR ACOSTA GUDIÑO y ZORAIDA ACOSTA IRIARTEZ, accionan ante este Órgano jurisdiccional a los fines de solicitar la partición y liquidación de la comunidad Hereditaria de la De Cujus CEFERINA AVILA DE ACOSTA, quien era venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 333.782, sobre los bienes que a continuación se detallan:
• El cien por ciento (100%) de los derechos de propiedad sobre el bien inmueble constituido por una extensión de terreno municipal de diez (10) metros de ancho, por treinta y ocho (38) metros con treinta (30) centímetros de largo, y sus bienhechurías anexas, ubicado en: Barrio Lourdes, calle Alas, cruce con calle El Samán, N° 05, Maracay, parroquia José Casanova Godoy, jurisdicción del Municipio Atanasio Girardot del Estado Aragua, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Calle El Samán; SUR: Terrenos Municipales; ESTE: Con casa que es o fue de Luis Lozada; y OESTE: Con calle Alas que es su frente.

Observando este Juzgado que entre los instrumentos consignados junto al escrito libelar para probar la titularidad de propiedad sobre el inmueble ante señalado, denominado por el actor como el Instrumento fundamental de su pretensión; el cual lo constituye:
• TITULO SUPLETORIO, evacuado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la circunscripción del estado Aragua, de fecha 23 de agosto 1.977. cursante en copia simple al folio 09 al 12.

En tal sentido, considera necesario esta jurisdicente señalar que las premisas legales de la acción de partición, se encuentran contenida en los artículos 764, 768 y 1.067 del Código Civil, los cuales disponen lo siguiente:
Artículo 764.- Para la administración y mejor disfrute de la cosa común, pero nunca para impedir la partición, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros, aun para la minoría de parecer contrario.
Artículo 768.- A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición.
Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor a cinco años.
La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido.
Artículo 1067.- Se puede pedir la partición de una herencia, no obstante cualquiera prohibición del testador. Sin embargo, cuando todos los herederos instituidos o algunos de ellos sean menores, el testador puede prohibir la partición de la herencia hasta un año después que hayan llegado a la mayor edad los menores. La autoridad judicial podrá, no obstante, permitir la partición, cuando así lo exijan las circunstancias graves y urgentes.

Asimismo, el derecho a la partición nace del principio de que nadie puede ser obligado a permanecer en comunidad, por lo que el legislador estableció un procedimiento especial para que se ventile tal pretensión, exigiendo para ello el cumplimiento de ciertos requisitos para su tramitación, como la obligación de la parte actora de expresar en su demanda el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes. En efecto, el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil prevé que:

“… la demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el Titulo que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes.
Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación…”
De allí que el juez tiene la facultad de revisar la demanda para establecer si se ajusta o no a las exigencias establecidas en la ley y en caso de que no encontrare satisfechos tales requisitos, entonces debe declarar inadmisible la misma, pues la acción de partición está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos de existencia y validez para que sea tramitada (ver sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, No. 776 del 18 de mayo de 2001).
Ahora bien sobre la base de los artículos 777 y 778 de la ley adjetiva civil, vale precisar que los juicios de partición deben iniciarse por demanda con un documento que constituya prueba fehaciente de la existencia de la comunidad, esto es en concordancia con el artículo 340 eiusdem que establece los requisitos fundamentales que debe contener el escrito de libelar los cuales tienen por finalidad dar una visión más clara de los hechos debatidos, haciendo más asequible el trabajo para el funcionario judicial, por lo cual, tales exigencia legales jamás deben ser consideradas como “meros formalismos” que entorpecen la justicia y que, el contradictorio es eventual.
Así, el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, conmina a las partes a realizar su escrito de petición indicando lo siguiente:
Artículo 340.- El libelo de la demanda deberá expresar:
“ (…) 6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. (…)”.

Asimismo, de las normas procesales in comento se desprenden los requisitos para la procedencia de la acción de partición, los cuales son:
1. El título que origina la comunidad.
2. Los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes.

Es decir, que en los juicios de partición el demandante tiene dos cargas fundamentales que debe llenar a los fines de que sea conocida su pretensión; la primera de ellas es acreditar su condición de comunero, a fin de probar su cualidad activa en el proceso, valiéndose de los elementos pertinentes que le permitan probar su legitimidad para ser sujeto activo y la segunda carga que debe probar es la propiedad de los bienes que pretenden sean repartidos en justa proporción, en ambos casos, la documentación que acredite la condición de comunero y la propiedad de los bienes objetos de la pretensión son considerados como documentos esenciales que deben acompañarse en el libelo de la demanda, conforme a las previsiones contenidas en el numeral 6° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil (ver sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente No. 2018-000708 de fecha 6 de julio de 2021).
Ahora bien, considera importante esta juzgadora traer a colación lo que la doctrina y la jurisprudencia ha establecido en relación a la prueba fehaciente y fundamental en los procesos de partición, y en tal sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo N° RC-244, de fecha 18 de noviembre de 2020, expediente N° 2020-039, caso: Juan Ramón Calderón contra Elías Edgardo Landaeta Rosales, estableció lo siguiente:
“(…) Ahora bien, respecto a la prueba fehaciente esta Sala de Casación Civil, en su sentencia N° RC-70, de fecha 13 de febrero de 2012, Caso: Miryam López Payares y otros contra David Piloto González y otra, en el expediente N° 2011-427, dispuso lo siguiente:
“…En relación a ello, se ha indicado que en los procesos de partición, la existencia de la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código de Procedimiento Civil) bien de documentos que constituyen o la prorroguen, o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, ya que sólo así podrá conocer con precisión los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes, así como deducir la existencia de otros condóminos, los que ordenará sean citados de oficio. (Sent. Sala Constitucional de fecha 17-12-2001, caso Julio Carías Gil)…”
Respecto a la prueba fehaciente, esta Sala en sentencia Nº 144, de fecha 12 de junio de 1997, expediente Nº 95-754, (caso: Joel Hernández Pérez contra Rafael Ordaz Rodríguez y otra), ratificada el 26 de mayo de 2004, caso: DAYSI JOSEFINA RIVERO MATA contra GIOVANNY TORREALBA, se estableció:
“...Por sentencia de 16 de junio de 1993, la Sala expresó:
En sentido general, prueba fehaciente es aquella capaz de llevar a conocimiento del sentenciador la existencia de un determinado hecho…”
…Omissis…
Así pues, de las anteriores jurisprudencias se colige que para que una prueba sea considerada fehaciente para demostrar la condición de propietario y por ende solicitar la partición de un bien inmueble, la misma debe cumplir con la formalidad del registro a fin de ser oponible a terceros…”. (Negrita y Subrayado de este Juzgado).
De conformidad con la jurisprudencia parcialmente transcrita, una prueba fehaciente en los procedimientos de partición sirve para demostrar ya sea la cualidad o la condición de propietario de un bien inmueble, y es necesario que el documento de propiedad cumpla con la formalidad del registro a fin de ser oponible a terceros. Dicho título resulta ser un elemento fundamental para que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, además de, como se dijo supra, dar una visión más clara de los hechos debatidos, haciendo más asequible el trabajo para el funcionario judicial.
De lo expuesto se infiere que el documento fehaciente que demuestre la existencia de los bienes inmuebles cuya partición se pretenda, debe cumplir con las formalidades del registro tal como lo exige los artículos 1.920 y 1.924 del Código Civil, pues dicho título registrado con efectos erga omnes hace presumir, por razones serias, la existencia de la comunidad.
Por lo que, de un detenido y exhaustivo estudio, realizado sobre las actas acreditadas al presente expediente, en especial de los recaudos consignados por la parte actora cursante a los folios 09 al 28; se constata que la parte actora pretende la partición y liquidación de un inmueble, presentando única y exclusivamente Título Supletorio evacuado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la circunscripción del estado Aragua, de fecha 23 de agosto 1.977.-
Por ende, esta juzgadora no puede pasar por alto que los títulos supletorios son diligencias para asegurar la posesión, donde quedan en todo caso a salvo los derechos de los terceros, que conjugado el término posesión judicial, es por medio del cual se declara la posesión sobre bienhechurías más no el derecho de propiedad sobre el terreno en el cual se encuentran construidas…”, vale decir, que tal documental no es suficiente para probar y justificar el derecho de propiedad, es decir, no constituye un elemento de convicción suficiente sobre la propiedad de un inmueble. (Ver sentencia de esta Sala, Nro. 109 de fecha 30 de abril de 2021, caso: El Mesón de la Carne en Vara C.A. contra Inversiones Santomera, C.A.).
Por consiguiente, siendo que dicho título supletorio no demuestra el derecho de propiedad y además del mismo no se observa que se encuentre debidamente registrado por ante la Oficina de Registro Público correspondiente; por lo que a juicio de quien decide no consignó prueba fehaciente de la existencia de la comunidad alegada. Por lo tanto, la demanda debe declararse inadmisible porque no reúne los requisitos exigidos en los artículos 777 y 778 en concordancia con el 340 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-

III
Dispositiva.
Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho supra mencionadas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la pretensión de PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA incoada por la ciudadana ZORAIDA ACOSTA IRIARTE, asistida por el abogado JULIO CESAR ACOSTA GUDIÑO, ambos en su carácter de herederos de la Sucesión ACOSTA AVILA JULIO CESAR; dirigiendo su pretensión en contra de los Ciudadanos JOEL ABRAHAN ACOSTA SANCHEZ, ALFREDO JOSÉ ACOSTA AVILA, ALI RUBEN ACOSTA AVILA, ANIBAL JOSÉ TERAN ACOSTA, LUCRECIA CLEMENTINA ACOSTA AVILA, EZEQUIEL ACOSTA AVILA, ELIAS ACOSTA AVILA, ISAIAS ACOSTA AVILA y GLADYS ESTHER ACOSTA AVILA, ambos supra identificados en el encabezado del presente fallo. En virtud de la naturaleza de la decisión recaída en la presente causa, este Tribunal en modo alguno emite pronunciamiento respecto al fondo de la causa en el presente juicio. Así se declara. - Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.
Por cuanto la presente decisión fue dictada dentro del lapso de ley, no ha lugar la notificación de la parte actora por encontrarse a derecho. Asimismo, Publíquese, Regístrese y déjese copia de la presente decisión en el copiador de sentencia llevado en el archivo por control interno de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento civil. Se acuerda la incorporación del presente fallo o carga en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve para su publicación. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en la ciudad de Maracay, a los Diecinueve (19) días del mes de Junio del año dos mil veinticuatro (2024). Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.-
LA JUEZA,

YZAIDA JOSEFINA MARIN ROCHE.
LA SECRETARIA,

MIRIAMNY LIZMAR JIMÉNEZ PADRINO.

En esta misma fecha siendo las 02:30 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, inclusive en la página Web.-

LA SECRETARIA,

MIRIAMNY LIZMAR JIMÉNEZ PADRINO.
EXP. N° 43.327
YJMR/Mljp/sr