TSJ Regiones - Decisión

I
ANTECEDENTES

Las presentes actuaciones se relacionan con la incidencia de inhibición formulada por la abogada Rossani Amelia Manama Infante, Juez Provisoria del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, la cual se generó en el juicio de resolución de contrato incoado por Luis David Rodríguez Arismendi, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro. V-10.202.824, representado judicialmente por el abogado José Castillo Suarez, Inpreabogado N° 30.911, en contra de la sociedad mercantil “Promotora Coropo Center S.A.”, identificada con el alfanumérico nro. 2027 (nomenclatura interna de ese tribunal superior).

Dichas actuaciones fueron recibidas en este despacho y mediante auto dictado en fecha 19 de marzo de 2024, se ordenó decidirla en forma breve y sumaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil (folio 08 del cuaderno de inhibición).
II
ÚNICO

Ahora bien, siendo la oportunidad legal para decidir la presente incidencia de inhibición, seguidamente este tribunal lo hace con base a las siguientes consideraciones:

Consta en los folios del 1 al 4 de las presentes actuaciones escrito de inhibición de fecha 04 de marzo del 2024, suscrito por la ABG. ROSSANI AMELIA MANAMÁ INFANTE, Jueza Provisoria del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, donde se evidencia lo siguiente:

“(…) Inhibida en las causas 912; 1491; 1502; 1503; 1504 y 1667, las cuales fueron declaradas con lugar en virtud de que el profesional del derecho JOSÉ CASTILLO SUAREZ INPREABOGADO N° 30.911, ha manifestado su intranquilidad, desasosiego inconformidad con quien suscribe, aun y cuando he decidido en otros años causas en las cuales el abogado conforme a derecho resultó favorecido, por ejemplo la signada con el N° 1566 por que le correspondía en derecho ero que hoy esgrime unos elementos desconocidos por mi, que generan en el abogado una desconfianza, razón por la cual procedo en este acto a, INHIBIRME de seguir conociendo de la sustanciación de la presente causa, signada con el N° 2027 para la sustanciación de la sustanciación (Sic) de la presente causa por RESOLUCIÓN DE CONTRATO (APELACIÓN) incoado por LUIS RODRIGUEZ contra PROMOTORA COROPO CENTER S.A. Por lo que asumo en derecho y sobre la base cierta de una sana administración de justicia apartarme del conocimiento de la presente causa mediante la Invocación (Sic) de las (Sic) siguiente decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para el otro motivo y fundamento de la Inhibición planteada: “Respecto a las causales de inhibición, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 7 de agosto de 2003, en sentencia N° 2140
(…)
Por los fundamentos y argumentaciones de hecho y de derecho anteriormente expuestos, me INHIBO en forma irrevocable, sobre la base y fundamento del el (Sic) artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y de las anteriores citadas decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…)”.

La inhibición es la figura jurídica establecida por el Legislador para ser utilizada por los jueces a fin de desprenderse del conocimiento o tramitación de una causa, desde el mismo momento que surge en él una incompetencia a su capacidad subjetiva que compromete su imparcialidad y objetividad para decidir esa causa, principios éstos que rigen la administración de justicia, porque de lo contrario se quebrantaría el principio de igualdad de las partes que frente al juez debe existir en todo proceso. Cuando un juez se inhibe cumple con el deber de declarar que en su persona existe un motivo legal para abstenerse de seguir conociendo del asunto, siempre y cuando esté debidamente demostrada la causal de inhibición invocada.

La inhibición origina un incidente en la causa concreta, sometida al conocimiento del juez inhibido, cuya sola finalidad es resolver la crisis subjetiva del proceso, creada con la separación del juez del conocimiento de la causa, siendo que el funcionario judicial, por el solo hecho de ser elegido conforme a las previsiones legales, se presume idóneo para el ejercicio de sus funciones en todos los casos que se le plantean, su exclusión del ejercicio de la jurisdicción en un caso concreto depende de su especial posición en esa causa, respecto de las partes o del objeto, calificada por las causales de exclusión establecidas en la Ley.

Establece el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil que, “(…) El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse (…)”, pero ello, evidentemente, no autoriza al funcionario judicial a utilizarla como mecanismo o medio para zafarse de aquellos expedientes que le resulten incómodos.

Para evitar tales conductas, el legislador sometió a la inhibición a causales taxativamente enumeradas en el artículo 82 del mismo Código, las cuales deben ser explanadas, como lo expresa el segundo aparte del artículo 84 ejusdem, en acta: “(…) en el cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento (…)”; acta que no es otra cosa que un escrito de carácter personal que asienta el mismo juez en el expediente del cual pretende inhibirse de su conocimiento, y en la que indica la hipótesis del artículo 82 Código de Procedimiento Civil, en la que habrá de estar subsumida la conducta del funcionario judicial para que ésta pueda proceder. Además de que ha establecido que la misma no la debe valorar el juez de la causa, sino que las somete a decisión de otro juez de jerarquía superior, previo el cumplimiento de la tramitación prevista en los artículos 84 y 89 del Código Adjetivo Civil.

A esta tradicional manera de analizar el instituto de la inhibición se ha incorporado el precedente judicial contenido en la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 2140, de fecha 07 de Agosto de 2003, que señala: “(…) en la que ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el Juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues los textos legales envejecen (…)”, resultando anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, siendo que la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria parta brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige.

En tal sentido, esta alzada considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial.

Ahora bien, el acta de inhibición de la jueza inhibida señaló concretamente en que se fundamenta para manifestar su deseo de desprenderse de la presente causa. En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 20 de julio de 2004, dictada en el expediente N° AA20-C-2002-000281, y más recientemente, en la sentencia de fecha 18 de febrero de 2005, en el expediente N° AA20-C-2003-000246, de la misma Sala, advierte lo siguiente:

“(…) El alcance del requisito de procedencia de que la inhibición esté fundamentada en causal legal, no se limita a requerir al funcionario que mencione alguna de las causales previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, o la anunciación de la causal genérica a que se refiere el fallo N° 2140 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 7 de agosto de 2003, dictado en el amparo constitucional ejercido por M. del C.J., expediente 2002-2403; este requisito requiere la fundamentación sustentada, coherente, lógica y relacionada entre el funcionario y los sujetos o hechos que lo hagan imputable de circunstancias conforme a las cuales sea cuestionable su capacidad subjetiva procesal para decidir el juicio. La inhibición no debe plantearse sobre la base de ambigüedades o hechos vagos o incluso sin indicación alguna de circunstancias verificables que demuestren la causa (…)”.

Así que en el presente caso puede evidenciar esta superioridad que la jueza inhibida hizo una declaración de los motivos por los cuales consideraba se encontraba incursa en la causal subjetiva de inhibición. En efecto, examinados como han sido los recaudos y alegatos que conforman esta incidencia, así como la manifestación de la funcionaria inhibida, este sentenciador concluye que se constataron elementos que evidencian que la jueza inhibida puede tener comprometida su imparcialidad al momento de conocer y sentenciar la causa referida tal como lo afirmó en su escrito de inhibición de fecha 04 de marzo de 2024. Por lo tanto, lo procedente en derecho es que la referida jueza se inhibiera de conocer el expediente N° 2027 (nomenclatura interna de ese tribunal superior), tal como lo hizo, razón por la cual esta alzada considera que la presente inhibición debe prosperar, por lo que resulta conforme a derecho declarar CON LUGAR la mencionada incidencia y, en consecuencia, la Abg. Rossani Amelia Manama Infante, Jueza Provisoria del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, no deberá seguir conociendo del expediente N° 2027, llevado en ese tribunal a su cargo como se hará constar en la parte dispositiva de la presente decisión. Así se decide.

En acatamiento al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 23 de noviembre de 2010, publicada en Gaceta Oficial Nº 39592, de fecha 12 de enero de 2011, que acordó que los tribunales de alzada deberán notificar a los Tribunales las resultas de las inhibiciones y recusaciones, se acuerda librar oficio al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, participándole sobre las resultas de la presente inhibición. Así se decide.
III
DISPOSITIVA

En razón de las consideraciones de hecho y derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la inhibición planteada por la Jueza Superior Segunda en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, Abg. Rossani Amelia Manama Infante, en el Expediente N° 2027, nomenclatura interna de ese tribunal superior.
SEGUNDO: Se ordena notificar a la Jueza Superior Segunda en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, de la presente decisión.
TERCERO: Se ordena desprenderse de la presente causa a la Jueza Rossani Amelia Manama Infante, razón por la cual este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, le corresponde el conocimiento de la presente causa.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2024. Años: 213º de la Independencia y 165º de la Federación.