TSJ Regiones - Decisión

Asunto Principal: AP41-U-2023-000119 Sentencia Interlocutoria N°038/2024 Cuaderno Separado: AF49-X-2024-000002

Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 14 de mayo de 2024
214º y 165º

El 19 de octubre de 2023, el ciudadano Simón Fernández Bravo, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 27.254.127, abogado inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 321.406, actuando en carácter de representante de la sociedad mercantil INDUSTRIAS TEXTILES HAI, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 15 de octubre de 1986, bajo el número 67, Tomo 15-A-PRO., e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) J-00238544-8, se presentó en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (URDD), a los fines de interponer recurso contencioso tributario contra la Resolución (Sumario Administrativo) SNAT/INTI/GRTICER/DSA-R/2023-132 de fecha 04 de septiembre de 2023, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual, se confirma el reparo formulado mediante Acta de Reparo SNAT/ INT/ GRTI/ CE/ RC/ DF/ 2022/ISLR/08502/05-788 de fecha 02 de mayo de 2023, dictada por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, en materia de impuesto sobre la renta, para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, impone la sanción establecida en el artículo 112 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 92 eiusdem, así como la liquidación de intereses moratorios, con base en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario; lo cual arroja la suma de Bs. 2.617.293,26.

El 23 de octubre de 2023, previa distribución efectuada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (URDD), se asignó a este Tribunal el recurso contencioso tributario; al cual se le dio entrada en la misma fecha, ordenándose las notificaciones de ley.

El 04 de abril de 2024, previo cumplimiento de los requisitos legales, se admite el recurso contencioso tributario y se ordena librar boleta de notificación a la Procuraduría General de la República.

El 22 de abril de 2024, fue consignada en este Tribunal la boleta de notificación dirigida a la Procuraduría General de la República.

En esa misma fecha, 22 de abril de 2024, el apoderado judicial de la sociedad mercantil recurrente solicitó al Tribunal se pronunciara sobre la medida cautelar de suspensión de efectos, de conformidad con el artículo 290 del Código Orgánico Tributario.

El 08 de mayo de 2024, el Tribunal dictó auto mediante el cual informa a la recurrente, que deberá consignar en el expediente las copias del recurso contencioso tributario y sus anexos, en virtud de la solicitud de suspensión de efectos del acto impugnado.

El 13 de mayo de 2024, el apoderado judicial de la sociedad recurrente consignó copias simples del recurso contencioso tributario y sus anexos, a los fines de que el Tribunal se pronuncie sobre la solicitud de suspensión de efectos.

El 14 de mayo de 2024, el Tribunal ordenó abrir cuaderno separado a los fines de tramitar la suspensión de efectos solicitada.

Ahora bien, en atención a la solicitud planteada, este Tribunal pasa a pronunciarse mediante las siguientes consideraciones:

I
ÚNICO

En el presente asunto, la sociedad mercantil recurrente INDUSTRIAS TEXTILES HAI, C.A., solicita la suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Resolución (Sumario Administrativo) SNAT/INTI/GRTICER/DSA-R/2023-132 de fecha 04 de septiembre de 2023, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual, se confirma el reparo formulado mediante Acta de Reparo SNAT/ INT/ GRTI/ CE/ RC/ DF/ 2022/ISLR/08502/05-788 de fecha 02 de mayo de 2023, dictada por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, en materia de impuesto sobre la renta, para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, impone la sanción establecida en el artículo 112 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 92 eiusdem, así como la liquidación de intereses moratorios, con base en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario; lo cual arroja la suma de Bs. 2.617.293,26.

En cuanto a este particular, vale destacar la norma contenida en el artículo 290 del Código Orgánico Tributario, la cual es del tenor siguiente:

“Artículo 290. La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado, sin embargo a instancia de parte, el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que acuerde o niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto, procederá Recurso de Apelación, el cual será oído en el solo efecto devolutivo.
La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida.
(Omissis)” (Destacado de este Tribunal Superior).

De la disposición antes transcrita, se observa que la suspensión de los efectos del acto recurrido debe considerarse como una medida cautelar que el órgano jurisdiccional puede decretar a instancia de parte.

Asimismo, se desprende del contenido del artículo 290 del Código Orgánico Tributario, que para la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos deben cumplirse ciertas exigencias que, conforme con el texto de la norma se refieren a: “…que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho…”.

En este orden de ideas, la Sala Políticoadministrativa de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido con respecto a la suspensión de efectos de los actos administrativos, lo siguiente:

“Tomando en consideración tal circunstancia, la Sala juzga necesario y pertinente citar, en esta oportunidad, el criterio plasmado en su Sentencia Nº 00607 de fecha 3 de junio de 2004, caso: Deportes El Márquez, C.A., posteriormente ratificado por los fallos Nos. 00737 del 30 de junio de 2004, caso: Mercedes Benz Venezuela, S.A.; 01023 del 11 de agosto de 2004, caso: Agencias Generales Conaven, C.A.; 01677 del 6 de octubre de 2004, caso: Servicios Especiales San Antonio, S.A. y; 04258 del 16 de junio de 2005, caso: Inversiones Camirra, S.A., el cual es del tenor siguiente:
“En el caso sub júdice, tenemos que el citado texto normativo que consagra la procedencia de la suspensión del acto administrativo tributario, consta de dos enunciados: a) que la ejecución del acto pudiera causar graves perjuicios al interesado; b) que la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho.
En tal sentido, debe analizarse si la ‘o’ a la que hace referencia la norma es disyuntiva por interpretación literal o gramatical, para entender que los requisitos de procedencia de la medida cautelar no son concurrentes, o si, por el contrario, la ‘o’ debe ser objeto de una interpretación más amplia de una mera comprensión gramatical.
De seguirse la interpretación literal, podríamos decir que si la ‘o’, que separa ambos enunciados es disyuntiva, bastaría con que uno solo de los enunciados se verificase para que se diera la consecuencia jurídica de la norma.
Aplicando lo anterior a dicha disposición legal, tendríamos que admitir que podrían decretarse medidas cautelares con la sola verificación del fumus boni iuris o con la sola verificación del periculum in damni.
En este punto del razonamiento, caben hacerse las siguientes preguntas: ¿el solo fumus boni iuris es suficiente para suspender los efectos de un acto administrativo tributario?; y por otra parte ¿la sola verificación del periculum in damni es capaz de suspender los efectos del acto administrativo tributario?
Dentro de este contexto, debe hacerse referencia a que las medidas cautelares de suspensión de efectos del acto administrativo tributario, se dictan cuando ellas sean necesarias para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación causados por la ejecución inmediata del acto administrativo tributario, en cuyo caso, de acordarse, debe ser con fines preventivos y no con fines ejecutivos o de reparación definitiva del daño.
Esta actividad preventiva de las medidas cautelares en el contencioso tributario, a diferencia de otros procesos, no está dirigida a asegurar las consecuencias de la sentencia futura del proceso principal, por el retardo en el mismo, sino que, por el contrario, busca suspender los efectos de un acto administrativo cuya ejecución inmediata pueda causar daños graves, razón por la cual, en este caso, debe hablarse de peligro de daño o periculum in damni según denominación de algún sector de la doctrina. Vale decir, que el peligro aquí no se identifica porque quede ilusoria la ejecución de un futuro fallo, sino por la debida comprobación por parte del juez de que la ejecución inmediata del acto administrativo tributario pueda causar un daño grave e inminente al contribuyente.
En cuanto a la exigencia del fumus boni iuris, es decir, de la probable existencia de un derecho, del cálculo o verosimilitud de que la pretensión principal será favorable al accionante, dicho requisito no puede derivar únicamente de la sola afirmación del accionante, sino que debe acreditarse en el expediente.
Por otra parte, debe aclararse que el acto administrativo tributario cuya suspensión se pide ante el órgano jurisdiccional, se presume dictado con apego a la ley, es decir, que el acto administrativo tributario goza de una presunción de legalidad, al ser dictado por órganos o entes públicos que poseen competencias y atribuciones contempladas en la ley para el ejercicio de la actividad administrativa tributaria.
Es por esta especial razón, que el decretar judicialmente la suspensión del acto administrativo, supone una excepción a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad inmediata de los actos administrativos, ambos principios derivados de la referida presunción de legalidad.
Así, tomando en consideración dicha circunstancia, la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender el acto administrativo tributario; sino que además la ejecución del acto administrativo debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave. La apariencia del derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado sería lo que, en todo caso, justificaría la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario.
En cuanto a la posibilidad de acordar la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario con la sola verificación del periculum in damni, considera la Sala que tampoco puede aisladamente solicitarse y decretarse, en razón de que carece de sentido que un contribuyente que no tenga la apariencia o credibilidad de la existencia de un buen derecho, pueda alegar que se le está causando un daño grave.
Entonces, al haber quedado evidenciado que ambos enunciados constitutivos del texto legal, a saber, periculum in damni y fumus boni iuris, no se dan en forma completa al analizarse por separado, conforme a lo explicado debe concluirse que ambos forman parte de una unidad, por lo cual no puede hablarse, en este caso, de disyunción en la proposición normativa sino de conjunción, ya que dichos enunciados o las partes que la conforman para ser válidos, esto es, verificarse en la realidad, deben verse en forma conjunta, y no sosteniendo que indistintamente la existencia de que cada uno, por separado, es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal.
Conforme a todo lo expuesto, esta Sala debe realizar una interpretación correctiva de la norma sobre la base de los razonamientos expresados y, en tal sentido, entender de la referida disposición legal que para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben siempre satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalados, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario…”. (Negrillas de la Sala). (Sentencia número 5992 de fecha 26 de octubre de 2005).

Se aprecia del criterio transcrito precedentemente, que para que el Juez Contencioso Tributario pueda decretar la suspensión de efectos de un acto administrativo, deben verificarse en forma concurrente dos requisitos, a saber, la apariencia del derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado (periculum in damni y fumus boni iuris), ya que, la existencia de uno solo de ellos no es capaz de lograr la consecuencia jurídica que se pretende, esto es, la suspensión de los efectos del acto impugnado.

De igual manera, en cuanto a las exigencias mencionadas, cabe destacar que su simple alegación no conducirá a otorgar la protección cautelar, pues tales probanzas deben acreditarse en autos. (Vid., sentencia número 00539 de fecha 09 de junio de 2010, dictada por la Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

Se infiere de lo expuesto, que la suspensión de efectos del acto procede únicamente cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, mediante la debida comprobación de que la ejecución inmediata del acto administrativo recurrido pueda causar un daño grave e inminente (periculum in damni), además que resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris).

Adaptando lo anterior al presente caso, corresponde a esta Juzgadora analizar si en la solicitud efectuada por la sociedad recurrente, concurren los requisitos necesarios para decretar la suspensión de efectos del acto recurrido.

De esta forma, en cuanto al fumus boni iuris, la recurrente alega:

“…las denuncias de nuestra mandante mediante el presente escrito son muy graves y pueden apreciarse preliminarmente, sin entrar a conocer el fondo.

Así pues, pueden abordarse, sin atender al fondo, tanto la interpretación distorsiva del Artículo 186 LISLR, la obstaculización para promover determinados medios de prueba –testigos e inspección ocular-, la ausencia de valoración de las pruebas documentales y el cambio sobrevenido de motivaciones, traducidas en la violación de garantías legales y constitucionales.

De igual modo, las restantes denuncias evidencian que el presente recurso está fundamentado en razones serias y atendibles.

(omissis)

Habida consideración de las graves denuncias hechas y de las circunstancias que preliminarmente pueden apreciarse, así como de todo los vicios en los cuales se ahondó en el presente escrito, solicitamos respetuosamente que se entienda satisfecho el requisito del fumus boni iuris.” (Negritas del escrito; folios 13 vto. y 14 del expediente judicial).

En este orden de ideas, la Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado que la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender los efectos del acto administrativo, sino que además la ejecución del acto debe causar perjuicios al interesado, vale decir, que la concurrencia de la apariencia del buen derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado, es lo que hace procedente la suspensión de los efectos del acto, ya que la existencia de uno solo de estos requisitos no es capaz de lograr dicha consecuencia jurídica; debiéndose demostrar igualmente la existencia de ambos requisitos: periculum in damni y fumus boni iuris, es decir, no basta sólo con alegar su existencia sino que también deben demostrarse.

Así las cosas, se observa del contenido del escrito del recurso contencioso tributario que, en cuanto al periculum in damni, la sociedad recurrente expresa:

“Por lo que atañe al segundo de los requisitos, anexamos los Estados Financieros del año cursante de HAI como “Anexo 3”, los cuales reflejan la situación financiera de la compañía, viendo que el pago de la suma de dinero establecida en la Resolución supondría un fuerte golpe para la situación financiera de la compañía.

Asimismo, para reforzar esto, invocamos el criterio empleado por la Sala Político-Administrativa, conforme al cual el reembolso por parte de la Administración de cuantiosas sumas de dinero desembolsadas por el particular en ejecución de un acto administrativo impugnado representa para éste una grave dificultad que se traduce en un gravamen difícilmente reparable por la sentencia definitiva (...)”. ((Negritas del escrito; folios 14 y 15 del expediente judicial).

En este sentido, vale destacar que la medida cautelar de suspensión de efectos procede únicamente cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que, adicionalmente, resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado. (Vid. sentencia de la Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 00925 de fecha 03 de agosto de 2017).

Ahora bien, esta Juzgadora aprecia que en el presente caso, los hechos que sirven de base a la recurrente a los efectos de demostrar el periculum in damni, no son suficientes para demostrar la procedencia del mismo, por cuanto, no se aprecia de los elementos probatorios aportados que se demuestre el peligro inminente en que pueda incurrir la sociedad recurrente por el pago de la cantidad impuesta mediante la Resolución (Sumario Administrativo) SNAT/INTI/GRTICER/DSA-R/2023-132 de fecha 04 de septiembre de 2023, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y que conlleve a causarle un grave perjuicio patrimonial; esto es, la recurrente no logró demostrar en el presente caso los perjuicios que le causaría la ejecución del acto.

Así, del análisis de las documentales que constan en el expediente, el Tribunal no aprecia que se demuestre la presunción grave de “…violación de garantías legales y constitucionales…” invocada por la recurrente, ya que los hechos que le sirven de base a los efectos de demostrar la procedencia de la suspensión de efectos solicitada, no son suficientes, por cuanto, no basta sólo con alegar su existencia sino que también deben demostrarse; todo lo cual conduce a la inexistencia de los requisitos para su procedencia.

Por lo tanto, al no constar en autos suficientes elementos de convicción que demuestren en el presente caso el cumplimiento del requisito relativo al periculum in damni, y por ende, la concurrencia de ambos requisitos, a saber, la apariencia del buen derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado, en consecuencia, el Tribunal declara la improcedencia de la suspensión de efectos solicitada. Así se declara.

Como consecuencia de lo anterior, esta Juzgadora debe forzosamente declarar IMPROCEDENTE la petición de suspensión de efectos de la Resolución (Sumario Administrativo) SNAT/INTI/GRTICER/DSA-R/2023-132 de fecha 04 de septiembre de 2023, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al no haber sido demostrada la existencia de la presunción de buen derecho de raigambre constitucional ni que la ejecución de dicho acto le cause a la recurrente una situación jurídica de difícil reparación; motivo por el cual, este Tribunal considera insatisfechos los requisitos exigidos para la procedencia de la suspensión de efectos solicitada por la sociedad mercantil INDUSTRIAS TEXTILES HAI, C.A.. Así se decide.

II
DISPOSITIVA

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos efectuada por la sociedad mercantil INDUSTRIAS TEXTILES HAI, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) SNAT/INTI/GRTICER/DSA-R/2023-132 de fecha 04 de septiembre de 2023, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República.

Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero, a los fines de la publicación del presente fallo, el segundo, para que repose en original en el respectivo copiador.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024). Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.

La Juez,

Natasha Ocanto Socorro
La Secretaria,

Nayibis Peraza Navarro

ASUNTO: AF49-X-2024-000002
ASUNTO PRINCIPAL: AP41-U-2023-000119

En horas de despacho del día de hoy, catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), siendo las dos horas y treinta y ocho minutos de la tarde (02:38 pm), bajo el número 038/2024, se publicó la presente sentencia interlocutoria.

La Secretaria,

Nayibis Peraza Navarro