TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, (26) de Noviembre de 2024
214º y 165º
DEMANDANTES: JESUS RAMON SALAZAR CAMINO y YURAMI DEL ROSARIO CARMONA VASQUEZ, ambos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-15.742.992 y V- 20.001.192, respectivamente y de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE: LUISANA CABELLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.813.509, en su condición de Defensora Pública Provisoria Primera en Materia Civil, Mercantil y Transito del Estado Monagas, y de este domicilio.
ACCIÓN DEDUCIDA: DIVORCIO DE MUTUO CONSENTIMIENTO.
EXPEDIENTE Nº: 5.638-2024
RESOLUCION N°: T3-MOEM-2024-220

DE LOS ANTECEDENTES
La presente demanda de DIVORCIO DE MUTUO CONSENTIMIENTO fue presentada en fecha 07 de Noviembre del año 2024, ante el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, quien se encontraba en función de Distribuidor, por los ciudadanos: JESUS RAMON SALAZAR CAMINO Y YURAMI DEL ROSARIO CARMONA VASQUEZ, antes identificados, debidamente asistidos por la ciudadana LUISANA CABELLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 15.813.509, en su condición de Defensora Pública Provisoria Primera en Materia Civil, Mercantil y Transito del Estado Monagas, y recibida por este despacho en esa misma fecha; procediéndose a admitir la misma en fecha 12 del mismo mes y año, en cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, se ordenó formar expediente, numerarse y anotarse en el libro de causas respectivo, ordenándose la respectiva notificación del Ministerio Público.
Ambas partes en su escrito libelar, manifestaron lo siguiente:
“(…) En fecha Cinco (05) de Febrero del año 2016, contrajimos matrimonio civil por ante la Unidad de Registro Civil, Parroquia Las Cocuizas, Municipio Maturín Estado Monagas, según consta en copia certificada del Acta de Matrimonio, inserta bajo el Acta N° 017, Tomo 01, Año 2016, original de la misma que anexamos marcada con la letra “A” ; Una vez celebrado el matrimonio fijamos nuestro domicilio conyugal en la Urbanización Juanico, Residencia Coral Flower, Calle Tamanaco, Apartamento 3b, Municipio Maturín Estado Monagas y durante el primer año de nuestra vida matrimonial vivimos en plena armonía, en un lugar lleno de mutuo respeto y comprensión como debe ser entre dos personas que ansían compartir su vida en Pro de un mejor vivir, pero es el caso Ciudadana Jueza que en el transcurrir de los meses de vida conyugal, se presentaron ciertas desavenencias entre nosotros y a pesar de nuestros múltiples esfuerzos y de reconciliaciones inútiles nos vimos en la necesidad de separarnos de hecho en fecha Ocho (08) de Marzo del año 2018, y por consiguiente nuestra unión quedo completamente rota, en razón de que desde esa fecha hasta ahora hemos permanecido separados de hecho sin que haya mediado entre nosotros reconciliación alguna. Es por lo que, invocamos nuestro derecho a la tutela judicial efectiva para activar el Órgano Jurisdiccional, y así hemos tomado la seria irrevocable resolución de divorciarnos de MUTUO ACUERDO, por cuanto provenimos de hogares de bien y entendemos que lo mejor es que no nos ocasionemos graves daños entre nosotros, es por ello que hemos tomado esta resolución de divorciarnos por la vía amistosa. Este divorcio de mutuo acuerdo lo hemos regido de acuerdo a las pautas que señalamos y que en ningún momento contravienen nuestras leyes, ni a la moral ni al orden público, es por ello que se sirva declarar disuelto el vinculo matrimonial que nos une hasta la presente fecha. En nuestra unión matrimonial NO PROCREAMOS HIJOS, y mucho menos adquirimos bienes que liquidar. Fundamentamos la presente solicitud de Divorcio en la Sentencia Nº 1.710, de fecha 18 de Diciembre del año 2015, con carácter vinculante emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “… declarar sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el Divorcio o la Disolución de la Unión Estable de Hecho, cuando sea por mutuo consentimiento…” El constitucionalizante realiza una interpretación del Artículo 185 del Código Civil y establece, con carácter vinculante, que las causales de Divorcio contenidas en el Artículo 185 del Código Civil, no son taxativas, por lo cual cualesquiera de los cónyuges podrá demandar el Divorcio por las causales previstas en dicho Artículo o por cualquier otra situación que impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la Sentencia N° 446/2014, Incluyéndose el MUTUO CONSENTIMIENTO. (…)”
En fecha Veintiuno (21) de Noviembre del 2024, comparece el Alguacil Temporal de este despacho, consignando la respectiva Boleta de Notificación debidamente firmada, por la Fiscal Vigésima Segunda (22°) del Ministerio Publico (folios 08 y 09).
DE LAS PRUEBAS:
PRIMERA: Cursante desde el folio 02 al folio 03, Copia Certificada de Acta de Matrimonio.
Se trata de una documental de carácter público de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 de la Ley Sustantiva Civil, ya que la misma se encuentra constituida como un Acta de Matrimonio, que emanó del Registro Civil, Parroquia Las Cocuizas, Municipio Maturín Estado Monagas, la cual fue asentada bajo el N° 017, de la cual se evidencia que los ciudadanos: JESUS RAMON SALAZAR CAMINO y YURAMI DEL ROSARIO CARMONA VASQUEZ, ambos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-15.742.992 y 20.001.192, respectivamente, si contrajeron Matrimonio Civil, en fecha Cinco (05) de Febrero del año 2016, ante el referido Registro, y siendo así se corrobora el hecho esgrimido en el libelo. En tal sentido, este operador de justicia estima la misma documental pertinente con el objeto de la presente causa, conforme con lo establecido en el artículo 77 y 155 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y en consonancia con lo establecido en el artículo 429 de la Ley Adjetiva Civil, se le otorga pleno valor probatorio y así se decide.
SEGUNDA: Cursante desde el folio 04 al folio 05, Copias Simples de Cédulas de Identidad.
Se tratan de documentos de identidad, pertenecientes a los ciudadanos: JESUS RAMON SALAZAR CAMINO y YURAMI DEL ROSARIO CARMONA VASQUEZ, ambos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-15.742.992 y 20.001.192, ambos en su carácter de solicitantes en la presente causa. Al respecto, este operador de justicia ratifica su identidad con las documentales que se encuentran en este punto, y determina las mismas pertinentes con el objeto de la presente causa, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 429 de la Ley Adjetiva Civil, le otorga valor probatorio y así se decide.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, una vez efectuado el recorrido procesal, y las pruebas aportadas por ambas partes en la presente causa, pasa este Tribunal a decidir la solicitud que nos ocupa en los términos que a continuación se esbozan:
El matrimonio civil es una institución jurídica creada por los legisladores porque en ella se forma y desarrolla tradicionalmente la familia, célula básica de la sociedad. Así, el ordenamiento legal venezolano, ha establecido una serie de reglas propensas a resguardar la probidad de dicha institución jurídica. En este orden, se estima que el único acto jurídico permitido que disuelve la institución del matrimonio es el divorcio. Por otra parte, en Sentencia vinculante N° 1710 de fecha 18-12-2015 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, Expediente Nº 15-1085, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quedó reconocida la competencia de los Tribunales de Municipio en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por Mutuo Consentimiento, en la cual establecieron lo siguiente:
“(…) los Jueces y Juezas de Paz tienen la competencia para divorciar a aquellos cónyuges que de mutuo acuerdo lo pretendan, sin necesidad de que previamente se decrete una separación de cuerpos y la espera de un año para obtener el divorcio, o de que se les exija como requisito previo la separación de hecho por más de cinco años, tal como lo establece el Artículo 185-A del Código Civil, antes por el contrario, ha establecido la posibilidad de que los mismos sean divorciados sin más trámite que comparecer ante un juez…No obstante, se observa que a los fines de la aplicación de la norma especial, en aquellas comunidades donde no se hayan constituido los jueces y juezas de paz comunal, serán los jueces y juezas de Municipio competentes en los territorios que se correspondan con el domicilio conyugal los que ejecuten esa competencia, a tenor de la atribución de competencia que realiza el Artículo 3 de la ya citada Resolución de la Sala Plena No. 2009-006, visto el carácter no contencioso de estas solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento (…)”
Y en vista de que la presente solicitud de divorcio fue fundamentada en la Sentencia N° 1710 de fecha 18 de Diciembre del 2015, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y estando dentro del lapso legal, este Tribunal trae a colación la Sentencia N° 693 de fecha 02 de Junio de 2015, emanada de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que se estableció lo siguiente:
“(…) Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vinculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencias explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vinculo que los une, a través del divorcio.
En este sentido, sin temor a equivocarnos puede asegurase que atenta mas contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que se terminan acostumbrando sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico valido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto reciproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional(…)".
(…) Y siendo así, el divorcio la ruptura o extinción de un matrimonio contraído válidamente, mediante una sentencia judicial. Del cual su previsión se encuentra contenida en el Código Civil que dispone lo siguiente:
Artículo 184: Todo matrimonio valido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio.
Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”.
En tal sentido, el mutuo consentimiento, como lo determina la Sala Constitucional, también constituye una causal de divorcio, esto es, si ambos cónyuges están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial que los une, por tornarse el matrimonio insostenible, no existiendo así ninguna justificación válida para impedir el divorcio.
Por otra parte, en Sentencia vinculante N° 1710 de fecha 18-12-2015 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, Expediente Nº 15-1085 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quedó reconocida la competencia de los Tribunales de Municipio en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan o no se encuentren constituidos, Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento.
Sin embargo, una vez señalada la competencia que tiene atribuida los Tribunales de Municipios por parte de nuestro Máximo Tribunal Supremo de Justicia, y en vista de que ambas partes fundamentaron la presente acción, conforme a lo establecido en el ordinal octavo (8°) del artículo 8 de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, este operador de justicia considera necesario mencionar que la referida ley, fue reformada mediante Gaceta Oficial N° 6.854 de fecha 14 de Noviembre del año 2024, en la cual la competencia que tenían atribuida los Jueces o Juezas de Paz Comunal, ya no corresponde por el ordinal octavo (8°) de dicha ley.
No obstante, este operador de justicia observa que a los fines de la aplicación de la norma especial, en aquellas comunidades donde no se hayan constituido los jueces y juezas de paz comunal, serán los Jueces y Juezas de Municipio competentes en los territorios que correspondan con el domicilio conyugal de los que ejecuten esa competencia, a tenor de la atribución de competencia que realiza el artículo 3 de la Resolución de la Sala Plena N° 2009-006, visto el carácter no contencioso de esas solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, y así se decide.
Y en vista de lo anterior, se observa que los ciudadanos: JESUS RAMON SALAZAR CAMINO y YURAMI DEL ROSARIO CARMONA VASQUEZ, ambos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-15.742.992 y 20.001.192, respectivamente de este domicilio, debidamente asistidos por la ciudadana LUISANA CABELLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.813.509, en su condición de Defensora Pública Provisoria Primera en Materia Civil, Mercantil y Transito del Estado Monagas, solicitan la disolución del vínculo conyugal con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Paz Comunal, la cual fue reformada mediante Gaceta Oficial N° 6.854, y la sentencia N° 15-1085 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señalando que su vida conyugal es imposible la vida en común, por lo que de mutuo consentimiento decidieron no continuar con la relación matrimonial.
Del mismo modo, este juzgador luego de una revisión exhaustiva, de las actas procesales que conforma la presente causa, denota que los solicitantes señalaron en su solicitud, que el matrimonio fue celebrado en fecha 07 de Mayo del año 2021, conforme a la Copia Certificada del Acta de Matrimonio, que riela desde el folio 02 al folio 03.
Asimismo, establecieron que durante el vínculo matrimonial no procrearon hijos, ni adquirieron bienes que liquidar. Al lado de ello, también se determinó que en su solicitud fijaron como último domicilio conyugal en la siguiente dirección: la Urbanización Jardines de La Cruz, Villa Begonia, Maturín, Estado Monagas, por lo que en efecto de ello, este operador de justicia procede a declarar su competencia territorial, para conocer de la presente solicitud de divorcio y así se decide.
En tal sentido, habiendo las partes del caso de marras cumplido con los requisitos de ley que fueron anteriormente señalados, y siendo verificada la respectiva Notificación de la Fiscalía del Ministerio Público, la cual consta al folio (09) de la pieza principal, son razones y motivos suficientes para considerar que la presente acción de divorcio de mutuo consentimiento, se encuentra dentro del marco legal establecido, y que la misma debe de prosperar y así se decide.
DISPOSITIVA
Por todas y cada una de las razones que anteceden este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y 185 del Código Civil y de conformidad con la doctrina jurisprudencial fijada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia N° 1710 de fecha 18 de Diciembre de 2015 con carácter vinculante declara: PRIMERO: CON LUGAR la acción de DIVORCIO DE MUTUO CONSENTIMIENTO intentada por los ciudadanos DAVID ENRIQUE DA CRUZ SALAZAR y MARIA FERNANDA RAMOS CALDERA, ambos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-26.117.966 y 30.670.787, respectivamente de este domicilio, debidamente asistidos por la ciudadana LUISANA CABELLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.813.509, en su condición de Defensora Pública Provisoria Primera en Materia Civil, Mercantil y Transito del Estado Monagas, y de este domicilio. SEGUNDO: En consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo conyugal existente entre ellos, cuyo matrimonio fue contraído en fecha en cinco (05) de Febrero del año 2016, por ante el Registro Civil de la Parroquia Las Cocuizas, del Municipio Maturín del Estado Monagas, según consta en Copia Certificada del Acta de Matrimonio, inserta bajo en N° 017 del año 2016 de los Libros de Matrimonios llevados por ese Registro. TERCERO: Una vez haya quedado definitivamente firme la presente decisión, devuélvase los originales.
Publíquese, regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, y déjese copia certificada en los archivos respectivos, de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas a los Veintiséis (26) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro. Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. INTI DANIEL LOPEZ
LA SECRETARIA TITULAR,

ABG. CARMEN LUISA MOREY
En esta misma fecha, siendo las (09:50 a.m.). Se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.

IDL/CM/Eliza
EXP N° 5.638-2024