TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.
214º y 165º

ASUNTO: AP31-F-S-2024-005986
PARTE SOLICITANTE: JOSE ALBERTO ROSALES VERA y AMARILIS DEL CARMEN CHEREMA RAMIREZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números V-10.783.893 y V-12.831.760 respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DEL SOLICITANTE y ASISTENTE DE LA SOLICITANTE: YORGARD MONASTERIOS, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 113.475.
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abogada IRAMA GAMBOA SALAZAR, Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Decimo Tercero (13º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, encargada de la Fiscalía Nonagésima Quinta (95°) del Ministerio Público.
MOTIVO: DIVORCIO 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia Nº 693/2015 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
SENTENCIA: DEFINITIVA.-
I
ANTECEDENTES

Se recibió escrito de solicitud de DIVORCIO 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia Nº 693/2015 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, en fecha 13 de junio de 2024, presentada por el abogado YORGARD MONASTERIOS apoderado judicial del ciudadano JOSE ALBERTO ROSALES VERA y asistiendo a la ciudadana AMARILIS DEL CARMEN CHEREMA RAMIREZ.
Por auto de fecha 27 de junio de 2024, se admitió el escrito de solicitud de DIVORCIO 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia Nº 693/2015 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ordenándose la notificación del Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 07 de agosto de 2024, compareció el abogado YORGARD MONASTERIOS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 113.475, apoderado judicial del solicitante mediante el cual, sustituyo poder al ciudadano LUIS LOPEZ, asimismo se consigno fotostatos a los fines de librar boleta al ciudadano Fiscal del Ministerio Publico.
En fecha 13 de agosto de 2024, compareció el abogado Yorgard Monasterios, apoderado judicial del ciudadano José Alberto Rosales Vera y sustituyo Poder al abogado Luis López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el N° 103.572. Asimismo, la secretaría del Despacho dejo constancia que la sustitución de Poder fue otorgado al abogado Luis Eduardo López Niebles, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 113.475.
Consignados como han sido los fotostatos requeridos, en fecha 13 de agosto de 2024, se libró boleta de Notificación al Fiscal del Ministerio Publico.
En fecha 19 de septiembre de 2024, compareció el ciudadano JHURBAN ANGULO, en su carácter de Alguacil Adscrito al Circuito Judicial de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, dejando constancia de haber entregado la boleta de Notificación al Fiscal del Ministerio Público, debidamente sellada y firmada en señal de recibido. En fecha 26 de septiembre de 2024, compareció la Abogada IRAMA GAMBOA SALAZAR, Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Décimo Tercero (13º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, encargada de la Fiscalía Nonagésima Quinta (95°) del Ministerio Público, mediante la cual manifestó que nada tiene que objetar a la referida solicitud y la misma debe seguir su curso legal hasta la sentencia definitivamente firme.
II
DE LO EXPUESTO POR LOS SOLICITANTES

Alegaron los solicitantes, que contrajeron matrimonio civil, en fecha 06 de septiembre de 1997, por ante el Concejo Municipal del Municipio Rafael Urdaneta del Estado Miranda, según consta en acta de Matrimonio Nº 03, de los libros de matrimonio correspondiente al año 1997, llevados por ese Registro Civil, esgrimiendo que establecieron su último domicilio conyugal en “Urbanización Los Rucies, Edificio Los Cortijos, Piso 14, Apartamento 143A, Municipio Sucre del Estado Miranda”. De igual modo manifestaron que de la unión conyugal no procrearon hijos e igualmente manifestaron que adquirieron bienes inmuebles en fortuna.
Alegaron los solicitantes que desde hace mas de cinco (05) años la vida conyugal se desencadeno en una serie de inconvenientes y fuertes discusiones que por desafecto han dificultado la convivencia que ocasionaron la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo una disminución del interés entre ambos, que conllevo a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que el tiempo ha roto tal vinculo que origino el contrato de matrimonio, a tal punto que los sentimientos positivos que existían entre ellos cambiaron a sentimientos profundamente negativos y que imposibilitan la vida en común.
III
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
Como fundamento de su solicitud, los solicitantes presentaron junto con su escrito los siguientes instrumentos:
 Copia Certificada de Acta de Matrimonio Nº 03, por ante el Concejo Municipal del Municipio Rafael Urdaneta del Estado Miranda, en fecha 06 de septiembre de 1997, de los libros de matrimonio correspondiente al año 1997, llevados por ese Registro Civil. De la cual se desprende el vínculo matrimonial que existe entre los ciudadanos JOSE ALBERTO ROSALES VERA y AMARILIS DEL CARMEN CHEREMA RAMIREZ. Instrumento éste al que de conformidad con lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor probatorio. ASÍ SE DECLARA.
 Copias simples de las cédulas de identidad, correspondientes a los ciudadanos JOSE ALBERTO ROSALES VERA y AMARILIS DEL CARMEN CHEREMA RAMIREZ. De las cuales se desprende la identidad de los solicitantes. Instrumentos estos que de conformidad con lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor probatorio, en los cuales se evidencia la identidad de los solicitantes. ASÍ SE DECLARA.
IV
DE LA COMPETENCIA

Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes:
La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3º y 4º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso, en tal sentido, el artículo 3º de la Resolución Nº 2009-0006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:
“…Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida” (Destacado de este Tribunal).
Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza.
Así las cosas, quien aquí decide al hacer una revisión exhaustiva de las actas que conforman la presente causa, se percata que los cónyuges durante su unión marital no procrearon hijos y que su último domicilio conyugal se encuentra dentro del Área Metropolitana de Caracas, ajustándose dichos supuestos en el precepto establecido en la resolución antes mencionada, motivo por el cual este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa. Así se declara.-
V
DEL DERECHO
Ahora bien, quien aquí sentencia observa que la presente solicitud de Divorcio se encuentra fundamentada en lo estipulado en artículo 185 del Código Civil, concatenado al criterio jurisprudencial vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N°. 693, de fecha 02 de Junio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el Expediente No. 12-11-63, mediante la cual se estableció con carácter vinculante el cual reza así:
“(…) las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por los causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyendo el mutuo consentimiento.” (Cursiva y negrillas del Tribunal)
Del mismo modo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 136, dictada en fecha 30 de marzo de 2017, con Ponencia del Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, estableció lo siguiente:
“…Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial `…debe tener como efecto la disolución del vínculo…´. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.
Siendo que en el presente caso, los solicitantes alegaron que desde hace más de cinco (05) años la vida conyugal se desencadeno en una serie de inconvenientes y fuertes discusiones que por desafecto han dificultado la convivencia que ocasionaron la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo una disminución del interés entre ambos, que conllevo a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que el tiempo ha roto tal vinculo que origino el contrato de matrimonio, a tal punto que los sentimientos positivos que existían entre ellos cambiaron a sentimientos profundamente negativos y que imposibilitan la vida en común.
En este mismo sentido, en fecha 26 de septiembre de 2024, compareció la Abogada IRAMA GAMBOA SALAZAR, Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Décimo Tercero (13º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, encargada de la Fiscalía Nonagésima Quinta (95°) del Ministerio Público, mediante la cual manifestó que nada tiene que objetar a la referida solicitud y la misma debe seguir su curso legal hasta la sentencia definitivamente firme, de lo antes señalado no se evidencia vicios de nulidad de las actuaciones cumplidas, y por cuanto no existen objeciones a la presente solicitud de divorcio, a juicio de este sentenciador es procedente declarar CON LUGAR la referida solicitud de DIVORCIO interpuesta por los ciudadanos JOSE ALBERTO ROSALES VERA y AMARILIS DEL CARMEN CHEREMA RAMIREZ de conformidad con el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia No 693/2015 dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.-
VI
DISPOSITIVA

Por las motivaciones precedentes, este JUZGADO DUODÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, Declara:
PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de DIVORCIO formulada por los ciudadanos JOSE ALBERTO ROSALES VERA y AMARILIS DEL CARMEN CHEREMA RAMIREZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números V-10.783.893 y V-12.831.760, respectivamente.
SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior queda DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído por los ciudadanos JOSE ALBERTO ROSALES VERA y AMARILIS DEL CARMEN CHEREMA RAMIREZ, por ante el Concejo Municipal del Municipio Rafael Urdaneta del Estado Miranda, en fecha 06 de septiembre de 1997, según consta del acta N° 03, de los libros de matrimonio correspondiente al año 1997, llevados por ese Registro Civil.
TERCERO De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Resolución número 100623-0220 de fecha 23 de junio de 2010, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y publicada en la Gaceta Oficial número 39.461 de fecha 08 de julio de 2010, se acuerda remitir copia certificada de la Sentencia y del auto de ejecución, a la Dirección de la Oficina del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Estado Miranda, y demás autoridades competentes, a fin que se estampe nota marginal en el acta correspondiente, previo suministro de los fotostatos respectivos por la parte interesada, conforme lo establecen los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas.-
Regístrese y Publíquese, incluso en la página Web Oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve el presente fallo en acatamiento a la Resolución Nº 001-2022, de fecha 16/07/2022 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Elabórense las copias certificadas acordadas, a tenor de lo que establece el artículo 112 ibídem, una vez consten en autos los fotostatos requeridos para su elaboración.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Caracas a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024). Año 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
EL JUEZ,
LUIS ALEJANDRO RIVAS PARRA.
LA SECRETARIA,
NILVA ULACIO.
En esta misma fecha siendo las 10:22 am, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

NILVA ULACIO.
LARP/NU
AP31-F-S-2024-005986