REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, 26 de septiembre de 2024 214º y 165º Asunto: AH18-R-2002-000024 Parte demandante: MARIA ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 5.304.662. Apoderado Judicial: Abogado Jorge José Melenchón, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 25.228. Parte demandada: EVARISTO ANTONIO NORIEDA MENESES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.265.381. Apoderado Judicial: No consta en autos. Motivo: Desalojo. Sentencia: Interlocutoria con Fuerza Definitiva (Perención) CAPÍTULO I ÚNICO Recibido el presente expediente, previa distribución de Ley, proveniente de Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del juicio que por Apelación incoara la ciudadana MARIA ISABEL GONZALEZ PEREZ en contra del ciudadano EVARISTO ANTONIO NORIEGA MENESES, ambos plenamente identificados en el encabezado del presente fallo, se le dio entrada en el libro correspondiente. Por auto de fecha 23 de octubre de 2001, se admitió la presente demanda proveniente del Juzgado Decimoquinto de Municipio, asimismo se ordenó librar compulsa de citación a la parte demandada. Por auto de fecha 03 de junio de 2002, se designó defensor judicial a la ciudadana Alexis Pinto D´ascoli. Asimismo se libró boleta de notificación. En fecha 15 de octubre de 2002, se oye apelación en un solo efecto contra auto de fecha 30 de septiembre de 2002. Por auto de fecha 08 de enero de 2003, este Tribunal dio por recibido el presente expediente. Asimismo el Dr. Cesar Naranjo Hernández se acavo al conocimiento de la presente causa. Por auto de fecha 12 de marzo de 2003, el ciudadano Carlos Spartalian Duarte se avoco al conocimiento de la presente causa. Vistas las actuaciones que anteceden, quien suscribe por auto de fecha 20 de septiembre de 2024, se abocó al conocimiento de la presente causa. Este sentenciador a los fines de emitir pronunciamiento sobre la presente causa, considera preciso traer a colación el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente No. AA20-C-2011-000642, de fecha 01 de agosto de 2011, donde se estableció que: “…nuestro máximo Tribunal, se ha pronunciado acerca de la perención en los siguientes términos: La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio (Artículo 267 ejusdem). Esta institución procesal encuentra su justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por otra parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y de su desinterés en la continuación del proceso.” El anterior criterio encuentra su fundamento en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que prevé: “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”. Así pues, establece la anterior disposición normativa la institución de la perención como un medio sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia y, sin actividad procesal, no se manifiesta el interés que es el estímulo permanente del proceso. En este sentido, la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado actos de procedimiento alguno que tiendan a impulsar el proceso, observando quien aquí decide que en el caso sub examine la última actuación cursante en autos data del 26 de febrero de 2003, mediante la cual el apoderado judicial de la parte actora solicitó el avocamiento del juez, verificándose por tanto que ha transcurrido más de UNO AÑO sin que haya impulso alguno de la parte actora en la presente causa, por lo que indefectiblemente debe operar la perención de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y consecuencialmente, extinguido el presente proceso, tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así finalmente se decide. CAPÍTULO II DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: Primero: LA PERENCIÓN ANUAL DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello, EXTINGUIDO EL PROCESO en el juicio que por DESALOJO incoara la ciudadana MARÍA ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ, en contra del ciudadano EVARISTO ANTONIO NORIEGA MENESES, plenamente identificados en el encabezamiento del presente fallo. Segundo: Dada la naturaleza del fallo atinente a la perención de la instancia, no hay especial condenatoria de costas conforme a lo dispuesto en el artículo 283 procedimental. Tercero: Déjese copia certificada de la presente decisión, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 eiusdem. Cuarto: Se dejará transcurrir un tiempo prudencial de cinco (05) días hábiles para ejercer los recursos respectivos, vencido este lapso sin que la parte actora haya ejercido el mismo, se remitirá el presente expediente al Archivo Judicial, para el resguardo del mismo Regístrese, publíquese y déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024). Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación. EL JUEZ, Dr. JULIAN TORREALBA GONZÁLEZ LA SECRETARIA, VANESSA PEDAUGA En esta misma fecha, siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA, VANESSA PEDAUGA Exp. AH18-R-2002-000024 JTG/vp.