TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, 26 de septiembre de 2024
214º y 165º
ASUNTO Nº: DP11-N-2024-000020
PARTE DEMANDANTE: PASTAS SINDONI, C.A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: FRANCISCO RAMON CHONG RON inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.789.
PARTE DEMANDADA: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INSPSASEL).
BENEFICIARIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO: LEONEL EDUARDO DIAZ, titular de la cedula de identidad Nº V-12.335.632.
MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad Contra el Acto Administrativo de efectos particulares contenido en el cálculo indemnizatorio marcado con la letra “B” solicitado por el trabajador, LEONEL EDUARDO DIAZ, titular de la cedula de identidad Nº 12.335.632.

I
NARRATIVA
Visto el Recurso de Nulidad presentado en fecha 19 de septiembre de 2024 por ante, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, recibido por este Tribunal Superior Segundo del Trabajo en fecha 23 de septiembre de 2024.
Pues bien, este Tribunal, ante la inexistencia de un procedimiento expreso en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en atención de los principios constitucionales, con la finalidad de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva que debe imperar en las actuaciones judiciales, en concordancia con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para el conocimiento y resolución del presente asunto, procede de manera supletoria a la aplicación de las normas previstas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean procedentes en el presente asunto.
II
MOTIVA
DE LA COMPETENCIA
A los efectos de determinar la competencia de este Juzgado Superior Segundo del Trabajo, para conocer el presente Recurso de Nulidad Contra Acto Administrativo emanado del INPSASEL, resulta necesario para este juzgador, hacer las siguientes consideraciones:
En fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.447 de la misma fecha, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial No. 39.451, de fecha 22 de junio del mismo año, la cual en su articulado no menciona expresamente a qué Juzgados corresponde la competencia para conocer las nulidades de las decisiones o actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). Sin embargo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 27, de fecha 26 de julio de 2011 (Caso: Agropecuaria Cubacana, C.A.), determinó que corresponde a los órganos de la jurisdicción laboral conocer y decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
Ahora bien, en atención a ello siendo que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el numeral 3 de su artículo 25, excluyó expresamente de la competencia atribuida a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa “las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo” (Providencias Administrativas emanadas de la Inspectoría del Trabajo), este Tribunal, atendiendo al criterio citado y muy especialmente, de conformidad con lo previsto expresamente en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la cual establece que mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, corresponde a los Juzgados Superiores con competencia en materia del trabajo, conocer y decidir en primer grado de jurisdicción, los recursos contencioso administrativos contenidos en la referida Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, dentro de los que se encuentran los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL); observando este Juzgado Superior que la presente demanda fue incoada contra la decisión administrativa contentiva de cálculo indemnizatorio fecha 14 de diciembre de 2023, marcado con la letra “B” (folio 16), emanada del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral, Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Aragua y visto que este es un Tribunal Superior Segundo del Trabajo con competencia territorial sobre todo el Estado Aragua, es por lo que se declara COMPETENTE para conocer del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Así se decide.

III
DE LA ADMISIBILIDAD.
Determinado lo anterior, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la admisibilidad del presente Recurso de Nulidad contra el cálculo indemnizatorio solicitado por el trabajador LEONEL EDUARDO DIAZ, titular de la cedula de identidad Nº 12.335.632., atendiendo a las causas de inadmisión contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ello de conformidad con el artículo 77, en concordancia con los artículos 76, 31, 32 y 33, todos de la misma Ley.

Consta de las acta procesales que conforman el presente asunto específicamente en el folio 16 de la presente pieza, Copia simple de cálculo indemnizatorio solicitado por el trabajador, LEONEL EDUARDO DIAZ, titular de la cedula de identidad Nº 12.335.632, de fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2023 (según documento anexo marcado “B”) dictado por el ciudadano Abogado WALDO JOSÉ MÁRQUEZ ACEVEDO, en su condición de Gerente Regional de Seguridad y Salud de los Trabajadores, adscrito a la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua (GERESAT-ARAGUA), en la cual establece la indemnización mínima a percibir el ciudadano LEONEL EDUARDO DIAZ, titular de la cedula de identidad Nº 12.335.632, con ocasión de la certificación de enfermedad CMO 0090-11 de fecha 28-03-2011, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua (GERESAT-ARAGUA), suscrito por la ciudadana Dra. Carmen Zambrano, en su condición de Medico del Servicio de Salud Laboral de Geresat-Aragua.

En primer lugar se debe determinar la naturaleza del acto administrativo que se pretende recurrir en Nulidad, ya que según los datos aportados por la parte recurrente el documento administrativo Oficio OFSS-ARA-CI-0147-2023, contentivo del cálculo de indemnización, solicitado por el referido ciudadano LEONEL EDUARDO DIAZ, es el denominado INFORME PERICIAL, contenido en el artículo 9 numeral 3 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el cual ha sido determinado como un acto de mero trámite, el cual no es recurrible por vía judicial debido a su naturaleza.

Siendo necesario indicar el criterio sostenido por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia Sala en sentencia Nro. 828 de fecha 7 de julio de 2014, caso: Telcel C.A. (actualmente Telefónica Venezolana C.A.), que estableció lo siguiente:

“… Del contenido del texto anteriormente transcrito, emerge con meridiana claridad que el referido Oficio N° 0288-11 es un acto de trámite o preparatorio, pues si bien emana de un órgano administrativo como es la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Miranda, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), y está relacionado con la investigación de origen de enfermedad ocupacional llevada por esa Dirección, que arrojó como resultado la referida Certificación N° 0619-10, el mismo obedece –como lo refiere el propio numeral 3 del artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - a un trámite previo para la eventual celebración de una futura transacción ante la sede administrativa, acto este que deberá concluir, en caso de celebrarse una transacción ante la Inspectoría del Trabajo, con una manifestación de voluntad definitiva del órgano administrativo decisor en cuanto a la respectiva homologación o no de dicho acto de autocomposición procesal. … “

En fecha 8 de julio de 2015, en sentencia N° 0464, con ponencia de la Magistrada Dra. Mónica Misticchio Tortorella, (caso: Organización Hotelera Joclatel, C.A.), se determinó que el informe pericial es un acto de trámite, mediante el cual: “se emitió el cálculo para la determinación del monto mínimo en aras de celebrar una transacción en vía administrativa y para cuya validez se requiere de la homologación del Inspector (a) del Trabajo correspondiente”, y en fecha 16 de julio del 2016 la Magistrada Dra Maryorie Calderón (caso: Sociedad Mercantil T.A.C. Telefónica Atención al Cliente, C.A.).

Asimismo, dicha decisión determinó que el informe pericial es una derivación o consecuencia de la certificación de enfermedad. Es aquí donde la Sala una vez mas indica que el informe pericial donde se establece un monto mínimo fijado es un acto de mero trámite, no vinculante, respectivamente, según las cuales el informe pericial emitido por el INPSASEL sólo tiene validez para el supuesto que las partes decidan celebrar una transacción en sede administrativa, por cuanto se trata de un acto de mero trámite, que no pone fin al procedimiento de investigación de accidente de trabajo, ni imposibilita su continuación, y mucho menos prejuzga como definitivo sobre lo controvertido o ha causado indefensión a las partes; al contrario, mediante el mismo se ha dado comienzo, a una forma alternativa de resolver una futura controversia en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, que pudiera producirse en razón de la certificación de incapacidad, solo en caso que las partes voluntariamente decidan poner fin a la misma mediante una transacción en sede administrativa.

Para finalizar, el criterio antes señalado se ratificó una vez más, por medio de sentencia N° 330 de la Sala de Casación Social de fecha 14 de agosto 2019:

“(…) ahora bien, es menester destacar que dada la naturaleza del acto cuya nulidad se pretende, a saber, el informe pericial, emanado de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores, órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Prevención , Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) conteste con el criterio reiterado de esta Sala al constituir un acto de mero trámite, por consiguiente es irrecurrible (véase ss.nros. 828 de fecha 7 julio de 2014, caso: Telcel C.A. (actualmente Telefónica Venezolana C.A) 746 del 28 de julio de 2016, entre otras). (…)”

Considera necesario esta juzgadora establecer, además, la característica de los actos administrativos para poder encuadrar el que hoy se pretende recurrir en Nulidad, ya que la jurisprudencia desde hace mucho tiempo ha distinguido a los actos administrativos de mero trámite, en aquellos que se dictan dentro del procedimiento administrativo y están subordinados a la resolución final pasando a ser sólo actos preparatorios de la misma. Asimismo, serán actos definitivos o principales aquellos que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, es decir, los actos administrativos definitivos producen realmente el efecto jurídico propuesto, constituyen la declaración esencial de la voluntad administrativa.

Por otra parte, el contenido del artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual prevé lo siguiente:

“Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este Capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos”.

Es donde claramente se establece que éstos actos preparatorios de la decisión final, pueden ser impugnados sólo cuando impidan la continuación del procedimiento, causen indefensión, prejuzguen como definitivos o surtan los efectos como si se tratare de un acto administrativo definitivo, pero es el caso, que en el presente Recurso el acto impugnado no cumple con los requisitos establecidos en el mencionado artículo, ya que el mismo configura un acto de mero trámite y lejos de impedir el procedimiento o causar indefensión, forma parte de un procedimiento administrativo en el cual, las partes cuando corresponda podrán ejercer su derecho a la defensa, y culminará con una decisión final, en la cual se confirmará o desvirtuará, según sea el caso lo que allí este establecido.

Con fundamento en todo lo anterior se concluye que el acto administrativo identificado como CALCULO INDEMNIZATORIO solicitado por el trabajador LEONEL EDUARDO DIAZ, titular de la cedula de identidad Nº 12.335.632, de fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2023 (según documento anexo marcado “B” dictado por el ciudadano Abogado WALDO JOSÉ MÁRQUEZ ACEVEDO, en su condición de Gerente Regional de Seguridad y Salud de los Trabajadores, adscrito a la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua (GERESAT-ARAGUA), es un acto de mero trámite, el cual no es recurrible por cuanto no se circunscribe dentro de los supuestos establecidos en el artículo 85 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos, y siguiendo los criterios jurisprudenciales ya citados totalmente compartidos por esta alzada, forzosamente SE DECLARA INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad en lo que respecta al cálculo indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que establece que Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. Así se decide.

IV
DECISIÓN
Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en la ciudad de Maracay, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: UNICO: INADMISIBLE EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD ejercido por el Abogado FRANCISCO RAMON CHONG RON inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.789, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil PASTAS SINDONI, C.A., contentivo contra el acto administrativo constituido por CALCULO INDEMNIZATORIO solicitado por el trabajador LEONEL EDUARDO DIAZ, titular de la cedula de identidad Nº 12.335.632, de fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2023 (según documento anexo marcado “B” dictado por el ciudadano Abogado WALDO JOSÉ MÁRQUEZ ACEVEDO, en su condición de Gerente Regional de Seguridad y Salud de los Trabajadores, adscrito a la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua (GERESAT-ARAGUA), en la cual establece la indemnización mínima a percibir el ciudadano LEONEL EDUARDO DIAZ, titular de la cedula de identidad Nº 12.335.632, con ocasión de la certificación de enfermedad Nº CMO 0090-11 de fecha 14-12-2023, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua (GERESAT-ARAGUA), suscrito por la ciudadana Dra. CARMEN ZAMBRANO, en su condición de Medico del Servicio de Salud Laboral de Geresat-Aragua.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los 26 días del mes de septiembre de 2024. Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.

LA JUEZA SUPERIOR,

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ABG. SHEILA ROMERO GONZALEZ
LA SECRETARIA

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ABG. NUBIA DOMACASE

En esta misma fecha, siendo las 02:50 a.m. se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA

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ABG. NUBIA DOMACASE
DP11-N-2024-000020
SYRG/mj/esh