REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, 01Agosto del 2.025 215° Y 166° PARTE ACTORA:Ciudadano ARQUIMEDES RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-13.513.538, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 120.729 PARTES DEMANDADAS:Ciudadanos FRANCISCO GIUSEPPE PIZZI BRICEÑO y MICHELE PIZZI TROTTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V.-14.492.331 y V-6.912.144, respectivamente. MOTIVO:INTIMACION EXPEDIENTE N°:43.407 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA - (PERENCION DE LA INSTANCIA) ÚNICO Se inician las presentes actuaciones mediante escrito libelar consignado en fecha 11/04/2.025 por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, en funciones de Distribuidor de turno. Consecuentemente, consignados como fueron los respectivos anexos, se ADMITE la misma mediante auto dictado por este Juzgado en fecha 28/05/2025. (Folio 70de la Presente Pieza del presente expediente). No habiendo con posterioridad a ello ninguna otra actuación. Ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, aprecia este Juzgador que la última diligencia realizada por la parte accionante para dar impulso a la presente causa fue el 27 de Mayo de 2025, sin que conste a los autos haber consignado los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de los accionados de autos, así como, la parte haber dejado constancia en el expediente del día en que entregó los emolumentos para que el Alguacil del tribunal de la causa se trasladara a fin de realizar la entrega de los respectivos oficios y notificaciones respectivas, siendo su carga procesal satisfacer oportunamente tal obligación. En efecto, el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial establece el deber que tiene el demandante de dejar constancia mediante diligencia que suministró los medios y recursos necesarios para lograr la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal. Por ende, la omisión o incumplimiento de este deber en el lapso de treinta (30) días continuos acarreará la perención de la instancia, según lo previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que reza lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. …” (Cursivas del Tribunal) En virtud de los artículos antes transcrito, es importante destacar que la palabra perención proviene del latín peremptio, de perimere que significa destruir, demoler, devastar. Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), define la perención como la prescripción que anulaba el procedimiento, cuando transcurría cierto lapso de tiempo sin haber gestiones de la partes. Y en materia estrictamente procesal, la perención breve de la instancia se refiere a la figura que extingue el proceso por la inactividad de la parte actora por el transcurso de treinta (30) días sin ningún acto de procedimiento por las partes o por el incumplimiento de sus deberes como principal interesado tal y como reza el artículo supra mencionado, debiéndose destacar, que la perención se encuentra determinada por tres (3) condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes, la cual se computará a partir del último acto de procedimiento que conste en autos. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en Sentencia Nº 956 de fecha 01 de Junio de 2.001, estableció lo siguiente: “La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados.”(Cursivas del Tribunal) Igualmente la misma Sala en Sentencia Nº 853 de fecha 05 de Mayo de 2.006, en relación a lo obligación de los Jueces de pronunciarse con respecto a la perención, asentó: “….Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.”(Cursivas del Tribunal) Acorde al criterio expuesto, es preciso destacar que esta figura jurídica es de orden público y, por consiguiente, debe ser declarada, incluso de oficio, por el juez en conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 269 de la ley adjetiva civil. En este sentido, visto que la presente causa se encuentra en el lapso de citación y la parte actora no ha realizado ninguna diligencia dándole impulso al mismo , y por cuanto ha transcurrido un período mayor al contemplado en el artículo precitado, es por lo que este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, conforme a lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, poniéndose fin al conocimiento de la presente cusa, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo, conforme a los términos expresados en criterio de la Sala y la norma in comento. DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley declara; PRIMERO: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio con motivo deINTIMACION, incoado por elCiudadanoARQUIMEDES RODRIGUEZ, dirigiendo su pretensión en contra delos CiudadanosFRANCISCO GIUSEPPE PIZZI BRICEÑO y MICHELE PIZZI TROTTA,todosut supra identificados en el encabezado de la presente decisión. Dada la naturaleza del presente fallo NO HAY condenatoria en costas procesales. En virtud que la presente decisión debe ser considerada como dictada fuera del lapso, se ordena notificar a las partes la cual deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente Juzgado. Publíquese, regístrese, diaricese y déjese copia certificada de la misma en el copiador de sentencias llevado por este tribunal.- Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al Primer (01) días del mes de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2.025).- 215° de la Independencia y 166° de la Federación. El JUEZ SUPLENTE HÉCTOR ENRIQUE TABARES AGNELLI LA SECRETARIA MIRIAMNY LIZMAR JIMENEZ PADRINO. En esta misma fecha siendo las 01:30 p.m., previa las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión.- LA SECRETARIA MIRIAMNY LIZMAR JIMENEZ PADRINO. Exp. Nº 43.407 HETA/MJ/gl.-