TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 16 de diciembre de 2025
215° y 166°

DEMANDANTE: Ciudadana Sandra Mizrahi Vieira, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.262.570.
Apoderado Judicial: Abogado José Ignacio Escalante Mora, titular de la cédula de identidad N° V-1.626.782 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 9.714;
Abogada Aura Díaz Suarez, titular de la cédula de identidad N° V-1.594.456 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 20.682;
Abogada Sulay Hung León, titular de la cédula de identidad N° V-9.665.304 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 59.605;
Abogado Ignacio Ramírez Romero, titular de la cédula de identidad N° V-3.883.422 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 17503.
DEMANDANDO: Ciudadano Jesús David López.
Ciudadano Perkins Rocha Contreras, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.211.997 en su carácter de Procurador General del estado Aragua
Apoderado Judicial:
Abogada Hecira Navarro de Domínguez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-340.425 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 1.740;
Abogada Elizabeth Gallardo Thomas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.733.526 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 29.246;
Abogado Alexis José Crespo Daza, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.272.396 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 54.483;
Abogado Héctor Enrique Manzanilla Balza, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.740.608 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 54.486;
Abogada Claudia Malena Tirado Mudarra, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.251.580 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 40.516;
Abogada Gabriela Montes Pizarro, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.664.701 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 48.853;
Abogada Indira Morales Aragort, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.085.186 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 60.268;
Abogado Albania José Pereira Querales, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.644.992 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 54.866;
Abogada Auristela Herrera Zerpa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.829.915 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 49.833;
Abogada Liliana Valdivieso Caraballo, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.254.004 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 38.127;
Abogada Annerys Mota Boscan, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.431.741 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51.466;
Abogada Adriana García Arias, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.254.095 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 49.034;
Abogada Edanir Vecchionace, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.088.159 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 44.591.
EXPEDIENTE: 4960
MOTIVO: INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

ÚNICO
Por cuanto me he reincorporado como Juez Titular de este despacho, titularidad que ostento según Oficio TP-E-06-0683 emanado del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena en fecha 10 de Mayo de 2006, según; con ese carácter me ABOCO al conocimiento de la presente demanda. Ahora bien, de una revisión exhaustiva del presente expediente, se observa que desde el auto de fecha 09 de octubre del 2000 por medio del cual el Juez Titular para aquel entonces se abocó al conocimiento del actual juicio, hasta la presente fecha han transcurrido más de veintiséis (26) años, sin haberse ejecutado algún acto procesal o procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio.
Así las cosas, en el marco del proceso que nos ocupa, se puede inferir que las partes han perdido interés en que se sentencie la acción pretendida o protejan sus derechos planteados a través de esta vía judicial, en efecto, la doctrina desarrollada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 06/06/2001 con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, expediente N° 00-0562; ha señalado que:
“(…) puede ocurrir que el interés decaiga por inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil, señala expresamente los supuestos que figuran la inacción prolongada y que dan lugar a la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el Artículo 269. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia (...)”.
A mayor abundamiento de lo explanado previamente, la Magistrada Luisa Estella Morales, en sentencia N° 80 de exp. 05-2317 de fecha 16 de febrero de 2006 en su carácter de ponente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asentó:
“(…) La perención de la instancia como institución netamente procesal constituye uno de los medios de terminación del proceso. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación, ésta no está vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino a condiciones objetivas -transcurso de un período de tiempo sin impulso procesal de parte- que deben conjugarse a los fines de su materialización.
Tal figura ha sido considerada como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley (....)”.

Así mismo, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil prevé: “…La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente…”; advertencia ésta que considera pertinente realizar este Tribunal con el objetivo de cumplir a cabalidad con la premisa contenida en el artículo 15 ejusdem. En consecuencia, tenemos que dicha figura legal es de orden público y por tal razón, debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa cuando se verifica la inejecución de los actos consecutivos del procedimiento por más de un (1) año. Así pues, por cuanto se pudo constatar que en el caso de marras desde el auto de fecha 09 de octubre del 2000, en la cual el Juez Titular para aquel entonces se abocó al conocimiento del actual juicio, hasta el día de hoy han transcurrido veinticinco (25) años sin haber ejercido ningún otro acto tendente a impulsar el proceso, se DECLARA DE OFICIO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo, conforme a los términos expresados en criterio de la Sala y la norma in comento. Así se declara.

DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley declara; PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio por “INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, por el abogado José Ignacio Escalante Mora, titular de la cédula de identidad N° V-1.626.782 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 9.714, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Sandra Mizrahi Vieira, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.262.570, en contra de los ciudadanos Jesús David López y Perkins Rocha Contreras, este último, en su carácter de Procurador General del estado Aragua. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza de la decisión. TERCERO: Se ordena notificar a la parte actora a fin de que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes al de hoy, se dé por notificada, a los fines de que pueda ejercer los recursos correspondientes, advirtiéndoles que, vencido este plazo, quedará definitivamente firme la presente sentencia emitida por este Tribunal y se ordena desincorporación del presente expediente y su respectiva remisión al Archivo Judicial, en la oportunidad correspondiente. Así se declara.
Ahora bien, dicha notificación deberá hacerse fijando cartel en la cartelera del presente Juzgado, motivado a la imposibilidad evidente de publicarlo en la prensa, y tampoco siendo posible ocupar al alguacil de este órgano jurisdiccional para trasladarse a practicar diligencias a lugares que disten más de 500 metros de este Juzgado sin que las partes le faciliten el transporte correspondiente o le otorguen los emolumentos aún vigentes en la Ley de Arancel Judicial. Destacando además que, teniendo en consideración el gran número de expedientes que actualmente se encuentran en trámite, donde se deben realizar citaciones, notificaciones y demás diligencias, sería contraproducente ordenar al alguacil utilizar su tiempo útil en la práctica de actuaciones en juicios que se encuentran paralizados, en muchos casos debido a la falta de atención de las partes. Todo en conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (noción de justicia oportuna), hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2001. Exp: 00-1491, Sentencia No. 956, y con los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
Publíquese, regístrese y déjese copia del presente fallo.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
JUEZ TITULAR,

DR. RAMÒN CAMACARO PARRA

SECRETARIO,

ABG. ANTONIO HERNÁNDEZ.

En ésta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 11:30 a.m.
Así mismo se fijó Boleta de Notificación en la cartelera de este Tribunal.-
El Secretario