I. ANTECEDENTES Suben las presentes actuaciones al conocimiento de esta instancia superior procedentes del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, y las mismas se relacionan con el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, supra identificada, contra la sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2024 (Folios 64 al 66 y vueltos) por el citado juzgado, mediante la cual declaró inadmisible la pretensión de la demandante. II. DE LA APELACIÓN Mediante escrito de fecha 6 de agosto de 2024 (Folios 73 y 74), el abogado Einer Biel, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, apeló de la decisión dictada por el tribunal de la causa, señalando entre otras cosas, lo siguiente: “(…) El presente recurso se interpone contra la decisión dictada por este tribunal fechada el 11 de julio de 2024 (…)”. III. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Una vez estudiadas las actas que conforman el presente expediente, quien aquí decide estima que el núcleo de la apelación interpuesta por la parte actora se circunscribe en verificar si la pretensión contenida en la demanda resulta ser admisible o no. En ese sentido, se debe partir indicando que en el presente caso la parte actora pretende que el demandado convenga en lo siguiente: “(…) PRIMERO: En que los contratos de arrendamientos supra mencionados contenidos en los documentos anexos al presente libelo de demanda se han convertido en contratos sin determinación de tiempo; y, SEGUNDO: Que no opera en consecuencia en este caso respecto de dichos contratos la tácita reconducción, ni está en curso prórroga legal alguna desde la fecha de vencimiento de un contrato inexistente -supuestamente suscrito en fecha 01/01/2023, y en consecuencia el canon de arrendamiento vigente es el acordado por las partes luego del vencimiento de lapso de duración de los contratos mencionados en el presente libelo de demanda. TERCERO: A falta de convenimiento, solicito que en definitiva sea declarado por este Tribunal que, en el caso planteado, no se ha producido la tácita reconducción de los aludidos contratos de arrendamiento, sino que los mismos pasaron a ser contratos sin determinación de tiempo, es decir, a tiempo determinado. CUARTO: Que, en consecuencia, no aplica en este caso la Prórroga Legal. QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, la parte demandada debe pagar las costas y costos procesales (…)” Ahora bien, visto lo anterior, quien aquí decide debe partir indicando que la demanda tiene la función de iniciar el procedimiento, siendo ésta una exigencia del principio dispositivo, según el cual le corresponde a la parte o a sus apoderados y no al tribunal, el planteamiento de la litis, para que luego el juzgador, una vez verificado que la pretensión es admisible, entre a conocer sobre el fondo del asunto sometido a su jurisdicción. Así tenemos que la primera labor jurisdiccional por parte del juez es estudiar la admisibilidad o no de las pretensiones de los justiciables que llegan a su conocimiento. En ese sentido, se hace necesario mencionar el contenido del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la Ley. En caso contrario, negara su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente en ambos efectos.” De tal manera, se evidencia que el legislador le otorgó al juez la facultad de negar motivadamente la admisión de la pretensión contenida en la demanda, cuando la misma sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. Al respecto, el autor Humberto Bello Lozano Márquez en su texto titulado “Las Fases del Procedimiento Ordinario” señala lo siguiente: “(...) Una demanda es contraria al orden público, cuando la misma de algún modo afecta el interés jurídico colectivo, que no es susceptible de ser derogado por intereses particulares. De igual modo, una demanda es contraria a las buenas costumbres cuando la misma es atentatoria contra las prácticas más aceptadas, usadas, respetadas y generalizadas por la colectividad, y por último cuando la demanda es contraria a alguna disposición contraria de la Ley. Hay casos, en los cuales prohíbe el ejercicio de una demanda, en virtud de que la Ley no concede acción al hecho que la origina, así tenemos por ejemplo, que el artículo 1801 del Código Civil no da acción para reclamar lo proveniente de los juegos ilícitos, es decir, aquellos que no están autorizados, a excepción de las loterías legalmente creadas, las provenientes del juego reglamentado de carreras de caballos, etc, o en el caso del artículo 755 del Código de Procedimiento Civil que señala: “El Tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o de separación de cuerpos si no esté fundada en alguna de las causales establecidas en el Código Civil”; o en el caso del artículo 271 ejusdem, cuando un actor intenta una demanda que ha sido objeto de declaratoria de perención anterior antes de los noventa días después de la verificación de ésta (...)” Igualmente, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante fallo número 00793, dictado en fecha 03 de agosto de 2004, dejó sentado, entre otras cosas, lo siguiente: “(…) El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece taxativamente como supuestos de inadmisibilidad de la demanda, que “contraríe el orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley”. En tal sentido, Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo 3, pág 34, expresa: “1. Esta disposición autoriza al juez al rechazo in limine de la demanda, atenida siempre al principio dispositivo del artículo 11, pues la declaratoria oficiosa de inadmisibilidad debe fundarse en que la pretensión contraríe el orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. Así, por ej., si se pide en la demanda la prisión por deudas del demandado, o se reclama el pago de deudas de juego, o cualquiera otra indicada en la reseña legislativa anterior”. (Negrillas de la Sala). Esta Sala mediante sentencia N° 333, de fecha 11 de octubre de 2000 (caso: Helimenas Segundo Prieto Prieto c/ Jorge Kowalchuk Piwowar), expresó: “...Dentro de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general, de que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia material y cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer judicialmente sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley, ello puede interpretarse de la disposición legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente autorizado para ello, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda...” (Resaltado de la Sala) De acuerdo con el criterio sentado por la Sala, la admisibilidad de la demanda es la regla y la inadmisibilidad es la excepción, pues ésta sólo procede cuando la pretensión contraría el orden público, las buenas costumbres o alguna disposición legal. En el caso concreto, el juez de alzada consideró que la acción planteada era inadmisible por no haberse celebrado previamente una asamblea extraordinaria para la presentación y consideración de los informes financieros. Tal planteamiento no está contemplado en el artículo 341 eiusdem; por tanto, la Sala considera que no era posible aplicar la referida disposición al caso de autos, lo que determina la infracción de dicha norma por falsa aplicación (…)” (Negrillas de la Sala) Explicado lo anterior, resulta meridianamente claro que una pretensión contenida en la demanda que deba ser sustanciada mediante el procedimiento ordinario o breve (entre otros), puede ser declarada inadmisible únicamente por los motivos taxativamente expresados en la norma adjetiva anteriormente señalada, por lo que, la admisión de las pretensiones y el estudio del fondo de las controversias es la regla en nuestro derecho procesal civil venezolano y, en cambio, el rechazo a la admisión de las mismas, a todas luces, constituye una excepción especialísima. Ahora bien, con el objeto de verificar si la sentencia recurrida se encuentra o no ajustada a derecho, se requiere analizar la pretensión del demandante bajo el prisma de las causales de inadmisibilidad establecidas taxativamente en el artículo 341 eiusdem. A tal efecto, se debe indicar, en principio, que se entiende grosso modo por orden público, al interés general de la sociedad, que sirve de garantía de los derechos particulares y sus relaciones recíprocas. En ese sentido, determina este tribunal superior que la pretensión del actor no atenta de ningún modo contra el orden público, por lo que, este supuesto no aplica al caso bajo estudio. En cuanto al segundo supuesto de inadmisibilidad referido a que la pretensión atente contra las buenas costumbres, esta alzada observa que del escrito libelar no se evidencia que la pretensión del demandante vulnere las reglas tradicionalmente establecidas por la colectividad conforme a la decencia, honestidad y moral, por lo que, este juzgador considera que tampoco es aplicable este supuesto en el presente caso. Por último, en relación al tercer supuesto de inadmisibilidad de la pretensión contenida en la demanda, referido a que ésta contraríe alguna disposición expresa en la ley, esta superioridad observa que no existe en modo alguno una amenaza o quebrantamiento de la normativa legal por parte de la demandante, por el contrario, su pretensión encuentra claramente tutelada en nuestro derecho sustantivo y adjetivo civil. En este específico punto se debe destacar que, tal y como se verifica de lo supra citado, la pretensión de la actora no supone un desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, sino que, lo que requiere es lograr la declaración de certeza sobre aspectos relacionados a la relación arrendaticia, lo cual, es perfectamente admisible en derecho, en conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, pues esta última norma procesal reconoce la existencia de distintas pretensiones en materia de materia de arrendamientos comerciarles, con la única limitante de que deben ser sustanciadas conforme a lo establecido en el procedimiento oral contenido en el código adjetivo civil. En virtud de lo expuesto, esta alzada exhorta al tribunal de la causa a que en futuras ocasiones se abstenga de declarar inadmisible alguna pretensión que esté bajo su conocimiento por razones distintas a las establecidas expresa y claramente en la ley, ya que, en caso contrario, estaría atentando, como en este caso, contra el principio pro actione (a favor de acción) el cual está estrictamente relacionado con el derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. (Vid. Sentencia. No 342 de fecha 23 de mayo de 2012 de Sala de Casación Civil) IV. DISPOSITIVA Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho ut supra, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Einer Biel, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 13.395, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio “INDUSTRIA VENEZOLANA DE MEZCLAS Y ALIMENTOS C.A.”, inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil Primero del estado Aragua, en fecha 7 de julio de 2014, según asiento No. 3, Tomo 81-A, debidamente representada por el ciudadano Gustavo José Garnica Muñóz, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-16.434.802, contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 11 de julio de 2024. SEGUNDO: SE REVOCA la decisión recurrida anteriormente identificada. En consecuencia, se ordena que el juzgado a quo admita la pretensión contenida en la demanda y continúe con el trámite correspondiente. TERCERO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza del presente fallo. Déjese copia certificada. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al juzgado a quo en la oportunidad legal correspondiente. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, al octavo (8º) día del mes de enero de 2025. Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.