TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
MATURIN, (07) DE ENERO DE 2025
214º y 165º
EXPEDIENTE NRO. 13.279
N° Resolución: T1-MOEM-2025-054

DEMANDANTES: RAFAEL JOSE GONZALEZ FIGUEROA y MARIEDITH COROMOTO PEREDA RONDON venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-8.346.487 y V- 10.306.077, respectivamente y de este domicilio.
ABOGADOS ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: abogados en ejercicio MATILDE DEL CARMEN GUILLENT CORDERO y JESUS RAFAEL SALDIVIA , inscritos el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros.°279.183 y 113.392, y de este domicilio.
ACCIÓN DEDUCIDA: DIVORCIO (MUTUO CONSENTIMIENTO).
Por recibido escrito de divorcio por mutuo consentimiento en fecha doce de diciembre del año dos mil veinticuatro (12-12-2024), presentado ante este Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en función de Distribuidor, y recibido esa misma fecha en este tribunal, presentado por los ciudadanos RAFAEL JOSE GONZALEZ FIGUEROA y MARIEDITH COROMOTO PEREDA RONDON asistidos por los abogados en ejercicio MATILDE DEL CARMEN GUILLENT CORDERO y JESUS RAFAEL SALDIVIA, inscritos el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 279.183 y 113.392, y de este domicilio, donde expusieron entre otras cosas lo que de manera sucinta se transcribe a continuación:
“(…) PRIMERO: En fecha treinta (30) de Noviembre de dos mil uno (30-11-2001), contrajimos matrimonio por ante el Registro Civil del Municipio Maturín Estado Monagas, bajo el N°599 de acta, día 30 de Noviembre del año 2001, según se evidencia en copia del acta de matrimonio, signada con la letra “A”
SEGUNDO: Ciudadano juez, una vez contraído el matrimonio fijamos nuestro domicilio conyugal en Urbanización Juanico, conjunto Residencial la Fontana, Casa N°03, Calle Canaima, Parroquia las Cocuizas, Municipio Maturín del estado Monagas, Los primeros años de vida matrimonial transcurrieron armoniosamente, sin embargo, nuestra relación de pareja se deterioro progresivamente, debido a desavenencias en el matrimonio por incompatibilidad de caracteres y desafecto, conviviendo como dos perfectos extraños, dándonos cuenta de la imposibilidad de seguir manteniendo una convivencia conyugal, decidimos mutuamente distanciarnos, lo que nos llevo a separarnos de hecho en 29 de julio del año 2023 y no cohabitar como pareja viviendo en domicilios diferentes, pues cada uno mantiene un ritmo de vida distinto al otro, no teniendo ningún tipo de vida en común hasta la presente fecha.
TERCERO: De esta unión se procrearon dos (02) hijos todos mayores de edad, SEBASTIAN ANDRES GONZALEZ PEREDA, nacido el dieciocho (18) de Octubre del año 2003 y AURORA VALENTINA GONZALEZ PEREDA nacida el doce (12) de noviembre del año 2006, de las cuales consignamos copias simples de actas de nacimiento y cedulas de identidad, signada con las letras “B”, “C”, “D” y “E”…”, “… Durante la unión matrimonial no se generaron bienes y gananciales que partir o dividir y liquidar.
En fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), este Tribunal admitió la presente demanda de divorcio por mutuo consentimiento, ordenando la notificación a la Fiscal del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, librándose la boleta correspondiente (Folios 15 y 16).
En fecha veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) comparece el ciudadano Alguacil de este Tribunal consignando la respectiva boleta de notificación, debidamente firmada, por el Abogado MIGUEL FARIAS, en su carácter de Fiscal Adscrito de la Fiscalía Vigésima Segunda (22°) del Ministerio Publico en fecha ese mismo día. tal como consta a los folios (17 y 18) del presente expediente.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Efectuado el recorrido procesal, pasa este Tribunal a decidir la solicitud que nos ocupa en los términos que a continuación se esbozan:
El matrimonio civil es una institución jurídica creada por los legisladores porque en ella se forma y desarrolla tradicionalmente la familia, célula básica de la sociedad. Así, el ordenamiento legal venezolano, ha establecido una serie de reglas propensas a resguardar la probidad de dicha institución jurídica. En este orden, se estima que el único acto jurídico permitido que disuelve la institución del matrimonio es el divorcio. Por otra parte, en Sentencia vinculante N° 1710 de fecha 18-12-2015 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, Expediente Nº 15-1085 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quedó reconocida la competencia de los Tribunales de Municipio en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por Mutuo Consentimiento.
Omisis….“(…) los Jueces y Juezas de Paz tienen la competencia para divorciar a aquellos cónyuges que de mutuo acuerdo lo pretendan, sin necesidad de que previamente se decrete una separación de cuerpos y la espera de un año para obtener el divorcio, o de que se les exija como requisito previo la separación de hecho por más de cinco años, tal como lo establece el Artículo 185-A del Código Civil, antes por el contrario, ha establecido la posibilidad de que los mismos sean divorciados sin más trámite que comparecer ante un juez…No obstante, se observa que a los fines de la aplicación de la norma especial, en aquellas comunidades donde no se hayan constituido los jueces y juezas de paz comunal, serán los jueces y juezas de Municipio competentes en los territorios que se correspondan con el domicilio conyugal los que ejecuten esa competencia, a tenor de la atribución de competencia que realiza el Artículo 3 de la ya citada Resolución de la Sala Plena No. 2009-006, visto el carácter no contencioso de estas solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento (…)” Omisis…
Visto que la solicitud de divorcio se fundamento en el Artículo 8 ordinal 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal en concordancia con la Sentencia N° 1.710 de fecha 18 de Diciembre del 2015 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y estando dentro del lapso legal, este Tribunal pasa a dictar sentencia en los siguientes términos:
Este Juzgado a fin de pronunciarse sobre la presente solicitud de Divorcio por Mutuo Consentimiento , trae a colación la Sentencia N° 693 de fecha 02 de Junio de 2015, emanada de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que se expresó lo siguiente: “Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vinculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencias explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vinculo que los une, a través del divorcio.
En este sentido, sin temor a equivocarnos puede asegurase que más atenta contra la familia, una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que se terminan acostumbrando sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico valido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto reciproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional..(…).
El divorcio así la ruptura o extinción de un matrimonio contraído válidamente, mediante una sentencia judicial. Su previsión se encuentra contenida en el Código Civil que dispone:
Artículo 184: Todo matrimonio valido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio.
Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”.
En este sentido, el mutuo consentimiento, como lo determina la Sala Constitucional. También constituye una causal de divorcio, esto es, si ambos cónyuges están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial que los une por tornarse el matrimonio insostenible, no existe ninguna justificación válida para impedir el divorcio.
Por otra parte, en Sentencia vinculante N° 1710 de fecha 18-12-2015 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, Expediente Nº 15-1085 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quedó reconocida la competencia de los Tribunales de Municipio en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por Mutuo Consentimiento.
Advierte la Sala que el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.913 del 2 de mayo de 2.012, facilita a los cónyuges una solución expedita y sin tramites la disolución del vínculo, a través de los jueces y juezas de paz, al permitirles comparecer de mutuo acuerdo a solicitar el divorcio.
En efecto, este instrumento normativo, que regula las competencias de los jueces y juezas de paz comunal, preceptúa en su artículo 8:
“Los jueces y juezas de paz comunal son competentes para conocer:
…omisis…
8.- Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreados hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”.

No obstante, se observa que a los fines de la aplicación de la norma especial, en aquellas comunidades donde no se hayan constituido los jueces y juezas de paz comunal, serán los jueces y juezas de Municipio competentes en los territorios que se correspondan con el domicilio conyugal de los que ejecuten esa competencia, a tenor de la atribución de competencia que realiza el artículo 3 de la Resolución de la Sala Plena N° 2009-006, visto el carácter no contencioso de esas solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento.
En consecuencia, este Tribunal resulta competente para conocer y tramitar de conformidad con el Artículo 8 ordinal 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la presente solicitud, por cuanto en este Municipio no han sido designados los jueces de paz comunal. Así se establece.-
Visto lo anterior en el caso de marras, se observa que los ciudadanos RAFAEL JOSE GONZALEZ FIGUEROA y MARIEDITH COROMOTO PEREDA RONDON, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 8.346.487 y V- 10.306.077, respectivamente y de este domicilio, debidamente asistidos por los abogados en ejercicio MATILDE DEL CARMEN GUILLENT CORDERO y JESUS RAFAEL SALDIVIA , inscritos el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros.°279.183 y 113.392, solicitan la disolución del vínculo conyugal con fundamento en la sentencia N° 1710, señalando que su vida conyugal es imposible la vida en común, por lo que de mutuo consentimiento decidieron no continuar con la relación matrimonial.
En consecuencia de lo anterior, se evidencia de los folios (08 al 09) copia certificada del acta de matrimonio signada con el N°82, Tomo N° 01, del año 2013 de los ciudadanos RAFAEL JOSE GONZALEZ FIGUEROA y MARIEDITH COROMOTO PEREDA RONDON venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-8.346.487 y V- 10.306.077, respectivamente, donde se evidencia que contrajeron Matrimonio Civil, en fecha treinta (30) de Noviembre del año dos mil uno (30/11/2001), ante el Registro Civil, de la, Municipio Maturín, estado Monagas. quienes acompañaron en la presente solicitud, por lo cual este juzgador le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
Por su parte se denota que los solicitantes señalaron en su libelo que durante el vínculo matrimonial procrearon dos hijos, SEBASTIAN ANDRES GONZALEZ PEREDA y AURORA VALENTINA GONZALEZ PEREDA la cual se anexa copias de la partida de nacimiento, folio N°10 al 14, en su solicitud fijaron como último domicilio conyugal en Urbanización Juanico Conjunto residencial La Fontana, Casa 03, Calle Canaima, Parroquia las cocuizas, municipio Maturín Estado Monagas, no adquirieron bienes que liquidar.
En virtud de ello el presente Juzgado es competente para conocer de la presente solicitud de divorcio. Así se declara.
En este sentido, habiendo las partes del caso de marras cumplido con los requisitos de ley que fueron anteriormente señalados, es por lo que este juzgado considera que la acción de divorcio, se encuentra dentro del marco legal establecido, motivo por el cual dicha petición debe prosperar. Y así se decide.-

DISPOSITIVA
Por todas y cada una de las razones que anteceden este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y fundamentado en el Artículo 8 ordinal 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal en concordancia con la Sentencia de carácter vinculante N° 1.710 de fecha 18 de Diciembre del 2015 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara PRIMERO: CON LUGAR la acción de Divorcio intentada por los ciudadanos RAFAEL JOSE GONZALEZ FIGUEROA y MARIEDITH COROMOTO PEREDA RONDON venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 8.346.487 y V- 10.306.077, respectivamente y de este domicilio, debidamente asistidos por los abogados en ejercicio MATILDE DEL CARMEN GUILLENT CORDERO y JESUS RAFAEL SALDIVIA , inscritos el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros.°279.183 y 113.392 y de este domicilio. En consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo conyugal existente entre ellos, cuyo matrimonio fue contraído en fecha treinta (30) de Noviembre del año 2001, por ante el Registro Civil del Municipio Maturín estado Monagas, según consta en copia certificada del Acta de Matrimonio, inserta bajo en N° 599, del año 2001 de los Libros de Matrimonios llevados por ese Registro Civil. TERCERO: se remitirán los correspondientes oficios a la Oficina del Registro Principal del estado Monagas, al Registro Civil de la del Municipio Maturín Estado Monagas y al Director de la Oficina de Informática del Consejo Nacional Electoral del Estado Monagas, a los fines de que se sirvan dar cumplimiento a lo aquí decidido.-
Publíquese, regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, y déjese copia certificada en los archivos respectivos, de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas a los siete (07) días del mes de Enero del año Dos Mil Veinticinco. Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
El JUEZ PROVISORIO,

ABG. RÓMULO GONZÁLEZ.-
LA SECRETARIA.-

ABG. GUILIANA ALEXA LUCES.-
En esta misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.).
Se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.

LA SECRETARIA.-

ABG. GUILIANA ALEXA LUCES.-

EXP 13.279
RG/ dv