TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, Veintidós 25 de Febrero de 2025
214° y 166°
De conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, se establece que en la presente causa intervienen:
EXPEDIENTE NRO. 13.273
N° Resolución: T1-MOEM-2024-068
PARTE DEMANDANTE: SOCIEDAD MERCANTIL “KE QUESO”, C. A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, en fecha 14-05-2014, bajo el N° 19, Tomo 16-A RV424, registro de información fiscal N° J404110399, a través de su apoderado judicial ciudadano OSMAL BETANCUOURT NATERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.696.320, abogada en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 68.727, según consta de instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública de Carúpano, Estado Sucre
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL HIPER CALIFORNIA C. A., inscrita por ante el Registro Mercantil del Estado Monagas, en fecha 16-04-2024, bajo el N°5, Tomo 18-A RM MAT, correspondiente al 2024, representada por la ciudadana DA CHIO WU CHEN, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-19.698.050, domiciliada en el Centro Comercial Los Samanes, local 5, vía San Jaime, Zona Industrial, Maturín, Estado Monagas
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMACION).-
ASUNTO: MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO.( Cuaderno de Medidas)
SENTENCIA: Interlocutoria.-
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA
A los fines de dar pronunciamiento en relación a la medida solicitada en el libelo de la demanda, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara Circunscripción Judicial del estado Monagas, pasa de seguida a discernir, tanto lo alegado por la parte solicitante como de los medios probatorios consignados, a los efectos de determinar si existe la presunción grave de la violación del derecho que se reclama en el presente juicio de COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMACION).
En tal sentido, este Juzgador, a los fines de acordar la procedencia o no de las medidas preventiva solicitada, expone lo siguiente:
Del estudio minucioso de la presente causa este Juzgador observa que la acción en la presente causa se fundamenta en el cobro de una factura vencida (01) de fecha 06 de septiembre del 2024, por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS (485.27$), o su equivalente en bolívares al momento de la interposición de la demanda según tasa oficial del Banco Central de Venezuela a 47,60 VEINTISIETE MIL NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON SETENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 23.098,85) cuyo cobro es objeto de la demanda, el cual se acompañan al escrito libelar, la prueba fundamental de su acción el cursa en el presente cuaderno de medidas,siendo una prueba suficiente para que este Órgano Jurisdiccional acuerde la solicitud de medida preventiva de embargo, presentada por la parte accionante en el presente juicio, bajo las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil:

“Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.”

Del articulado anteriormente expuesto, el decreto de las medidas cautelares no es potestativo para el Juez, no expresa esta norma que el juez “puede” o “podrá” dictar medidas provisionales, sino que el decreto de las medidas es ordenado por el legislador en términos imperativos, particularmente este artículo 646 del Código de Procedimiento Civil que regula el decreto de las medidas preventivas en el procedimiento por intimación o monitorio que expresa: “…el juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados…” lo cual significa que el juez no tiene facultad discrecional para el otorgamiento o no de las medidas sino que, efectuada el estudio pormenorizado de los recaudos acompañados en vista de los artículos 640 y 643 del Código de Procedimiento Civil, y comprobado que los medios cumplan con los requisitos estimados por ley, el juez debe decretar la medida solicitada.
Dado las circunstancias antes señaladas este Juzgador trae a colación Sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha ddiecinueve (19) días del mes de junio de dos mil trece, Exp N° AA20-C-2013-000093, fundamentando lo siguiente:
" Omisis…..
Ahora bien, en relación con la obligación o el deber que tiene el juez en el momento en que se le solicita una medida cautelar en un juicio monitorio como lo es el cobro de bolívares (vía intimación) la Sala ha precisado “…tratándose de un procedimiento monitorio, de cobro de bolívares por vía de intimación, (…) estaba constreñido a declarar si la mentada inspección ocular que sirvió de base para que el a quo decretara la medida de embargo preventivo, constituía un documento público, o un instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, o si se trataba de una factura aceptada, o de una letra de cambio, o de un pagaré, o de un cheque, o de cualesquiera otros documentos negociables, como lo exige el Legislador en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, pues ello era determinante en la suerte o destino de la medida cautelar, so pena de inficionar su fallo del vicio de incongruencia negativa, como en efecto sucedió, al no haberse pronunciado sobre todo aquello que constituía un alegato o una defensa, de acuerdo con el denominado principio de exhaustividad…”. (sentencia N° 687, expediente N°12-179, fecha 30 de octubre de 2012)…/…
En sentencia de fecha 23 de marzo de 2004, caso: EFRAÍN ANTONÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ contra VENEZOLANA DE ELEC-TRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, C.A., expediente N° 03-469, esta Sala estableció las diferencias de análisis y procedencia, que surgen entre una medida cautelar acordada en el marco de un juicio monitorio, tal y como lo prevé el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, y una medida cautelar surgida en aplicación del artículo 585 eiusdem, a saber:
“(…)Señala el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: ‘(...)Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas(...)’
No pudo haber falsa aplicación del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ésta es precisamente la norma adecuada a los efectos de resolver el problema cautelar dentro del procedimiento monitorio. La falsa aplicación ocurre cuando se aplica una norma jurídica a un supuesto de hecho falso, vale decir, que no encuadra dentro de las características fácticas diseñadas en el supuesto de hecho de la norma. En otras palabras, ocurre cuando la realidad de hecho plasmada en el expediente, no coincide con las características del supuesto de hecho de la norma. Pero en el caso bajo estudio, es precisamente el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, la norma idónea y diseñada por el Legislador a los efectos del decreto de la medida cautelar (…)”.

Ahora bien, con respecto a las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, el Dr. Ricardo Henriquez La Roche, en su Obra Medidas Cautelares, ha señalado:

“…En el procedimiento por intimación es necesario hacer una doble distinción: la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición y la que se decreta luego de precluida ésta. En este último caso el embargo es evidentemente ejecutivo, por haber pasado a la autoridad de cosa juzgada el decreto intimatorio (artículo 1.930 CC). En cambio, la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición es de naturaleza preventiva, pues tiene carácter provisional por estar pendiente la eventualidad del juicio de conocimiento, y se refiere por ello el legislador a las tres medidas preventivas típicas en el artículo 646…”

Estas medidas varían en sus condiciones de procedibilidad según el documento fundamental que exhiba el intimante: si es un título negociable, es decir, cedible o endosable desde el punto de vista comercial, patrimonial (facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, etc.), o si se trata de instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, el juez decretará la medida preventiva sin que goce de poder discrecional alguno que pueda llevarle a negar el decreto por razones de equidad o cautela. ( Negrilla y Cursiva de este Juzgado)
Por su parte en mediante sentencia de fecha 30 de octubre del 2012, de la Sala de Casación Civil, exp AA20-C-2012-232, expone:
En tal sentido, esta Sala en sentencia N° 416, de fecha 8 de julio de 1999, caso: José Alfredo Capriata Aguilera contra Weatherly Engineering Services de Venezuela C.A, Expediente N° 98-791, estableció lo siguiente:

“…En el caso de los instrumentos públicos, instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, las facturas aceptadas o las letras de cambio, pagarés, cheques y otros documentos negociables, las medidas preventivas no necesitarán contra cautela para su concesión, pues la orden de darlas viene directamente del legislador (decretará dice el artículo en comento). La necesidad de caución vendrá apareada a los demás casos a que se refiere la norma, es decir, por ejemplo, a criterio del tribunal de instancia, cuando la demanda esté fundamentada documentalmente en las denominadas cartas misivas.

En criterio de la Sala, esto tiene su razón de ser en la existencia de una estrecha relación entre los documentos necesarios para la admisibilidad del procedimiento intimatorio (artículo 644 del Código Procedimiento Civil) y los que sirven para el decreto de las medidas cautelares (artículo 646 ejusdem)....” (Negrillas de la Sala)

De lo antes mencionado, se evidencia que para acceder a la providencia cautelar, el intimante debe fundamentar su pretensión en cualquiera de los instrumentos mencionados en la referida norma, en razón de la verosimilitud conferida a los nombrados instrumentos.
Las medidas preventivas en este procedimiento especial de intimación están basadas en los instrumentos fundamentales de la demanda en las cuales el legislador considera, indispensable y obligatorio el fumus boni iuris, en razón de lo cual, en estos procedimientos especiales no se le exige al solicitante de la medida, el cumplimiento de los requisitos de las cautelares en el procedimiento ordinario.
Admitida así la demanda de intimación y establecido previamente el presupuesto de que la misma está fundamentada en un instrumento que llena el requisito legal como en el caso que se analiza, a tenor de lo dispuesto en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, el Juez decretará la medida cautelar solicitada.
Visto el contenido de las consideraciones antes trascrita y el criterio jurisprudencial de nuestra máxima sala, se puede observar claramente que al ser presentada la demanda fue acompañada de uno de los documentos señalados en la citada norma, en este caso de una (01) factura, motivo por el cual es determinante decretar inmediatamente la medida preventiva, sin detenerse a analizar algo distinto a la naturaleza propia del título valor ( factura), y mucho menos analizar la oposición del demandado, ya que la sola oposición al decreto de intimación no es razón suficiente para suspender sin más la medida preventiva, por estar la misma basada en el título fundamental y no en el decreto intimatorio. Así se decide.
Tal como está contemplado en el criterio contenido en la decisión que se transcribió parcialmente supra, en las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, no se exigen los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sino que admitida la demanda por el procedimiento por intimación (lo cual implica la valoración sumaria de los instrumentos fundamentales), y si la misma se sustenta en uno de los instrumentos mencionados en el primer supuesto del artículo 646 eiusdem, es imperativo para el juzgador el decreto de la medida, sin ninguna otra exigencia adicional. Y ASÍ SE DECLARA.
En consecuencia es concluyente para quien decide, dado el esbozo procesal que se desarrolla en la presente decisión, que la parte solicitante cumple con los requisitos de ley para requerir la Medida de Embargo Preventivo y en cuanto este Juzgado cuenta con la competencia para cumplir con tal petitorio, es por lo que el Tribunal acuerda de conformidad texto adjetivo en el artículos 646 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes propiedad del demandado la cual señalara la parte actora en su oportunidad en consecuencia líbrese el respectivo mandamiento de ejecución . Así se decide.
DISPOSITIVA
En consecuencia de lo anteriormente establecido, este TRIBUNAL TERCERO DEL MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURIN, AGUASAY Y SANTA BARBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO solicitada por el abogado OSMAL BETANCUOURT NATERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.696.320, abogada en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 68.727, con y de este domicilio, en su carácter de apoderado judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL “KE QUESO”, C. A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, en fecha 14-05-2014, bajo el N° 19, Tomo 16-A RV424, registro de información fiscal N° J404110399, según consta de instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública del Municipio Bermúdez del estado Sucre, en fecha 12 de noviembre de 2.024, anotado bajo el numero 05, tomo 21, folio 14 al 16 de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaria, sobre bienes propiedad del demandado la cual señalara la parte actora en su oportunidad.
Publíquese, regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, y déjese copia certificada en los archivos respectivos, de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas a los Veinticinco (25) días del mes de febrero del año Dos Mil Veinticinco. Años 214° de la Independencia y 166° de la Federación.
El JUEZ PROVISORIO,
ABG. RÓMULO GONZÁLEZ.-
LA SECRETARIA,
ABG. GUILIANA LUCES.-
En esta misma fecha, siendo las (12:00 p.m.). Se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.
LA SECRETARIA,
ABG. GUILIANA LUCES.-