TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
TRIBUNAL OCTAVO (8°) DE PRIMERA INSTANCIA
ESTADAL EN FUNCIONES DE JUICIO
214º de la Independencia y 165º de la Federación

Maracay, 04 de Febrero de 2025

ASUNTO PENAL Nº 8J-0278-24

FISCALIA: Décima Quinta (15º) Del Ministerio Público de La Circunscripción Judicial Penal del estado Aragua.
ACUSADOS:
1. YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484, de nacionalidad venezolano, de estado civil soltero, nacido en fecha 14-07-1987, de 40 años de edad.
2. EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198, de nacionalidad venezolana, de estado civil soltera, nacido en fecha 13-10-1986, de 37 años de edad.
(Detenidos en la Policía Nacional Bolivariana, sede La Morita, estado Aragua).
DEFENSA PÚBLICA: Abogada KAREN RAMOS PEREIRA, adscrita a la defensoría N° 11 de la Defensa Pública del estado Aragua.
DELITO: ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACION, previsto y sancionado en el articulo 259 con los agravantes del articulo 217 ambos de la Ley Organice para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO PLANTEAMIENTO DE DEFENSA
(Escrito de fecha 31-01-2025).
______________________________________________________________________________________

Recibe este Tribunal Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal de estado Aragua el presente asunto penal, en fecha siete (07) de junio de 2024, por distribución de la Oficina de Distribución y Recepción de Documentos del Alguacilazgo, N° URDD153115-2024. En tal sentido, se aboco esta jurisdicente, designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, según oficio N° TSJ-CJ-N°0258-2022, de fecha 16 de marzo de 2022, en mi condición de Jueza Provisorio, al conocimiento del expediente quedando signado bajo la nomenclatura el asunto penal N° 8J-0278-24; Ahora bien, en la competencia para decidir los asuntos sometidos al conocimiento de esta fase procesal, conforme a lo establecido por el legislador en los artículos 58, 68 del Código Orgánico Procesal Penal, artículos 49.3, 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículos 6, 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la Ley, se declaró competente esta órgano jurisdiccional y se aboco al conocimiento de las presentes actuaciones.

En el derecho que tienen las partes de dirimir peticiones y que las misma sean resueltas por los jueces naturales a quienes les corresponda el conocimiento de un determinado asunto, procede esta jurisdicente en atención al escrito constante de un (01) folio presentado por la Abogada KARLA RAMOS PEREIRA, defensora pública adscrita a la Región de Aragua, ante la Oficina del Alguacilazgo de esta sede judicial, diez (30) de enero de 2025 constando en autos en fecha treinta y uno (31) de enero de 2025, en representación de los justiciables YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484 y EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198, en cuyo contenido solicito lo siguiente:

“…Quien suscribe, Abog Karen Ramos Pereira Defensor(a) Público(a) de la Defensoría UNDÉCIMA (11°) adscrita a la Defensa Pública del Estado Aragua, en mi condición de Defensor(a) del Ciudadano: YURBELE CASTRO, N° V-16.098.484 y EDUARDO OSTO N° V-20.107.198, plenamente identificado a quien se le sigue la causa N° 8J-278-24 por la presunta comisión del delito: Abuso sexual con Penetración a Adolescente esta representación procede de conformidad con lo previsto en los artículos: 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 6, 9, 242 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, procedo ratificar solicitud de examen y revisión de medida, tomando en consideración ciudadano juez, que nuestro ordenamiento jurídico procesal penal establece la libertad como regla general y la privación como excepción, para lo cual el Juez debe examinar de manera circunstanciada y precisa los elementos de convicción que rodean el hecho investigado y el comportamiento del procesado durante el desarrollo del proceso sin entrar a valorar el fondo del asunto, tomando en consideración como órganos controladores del proceso el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia que le asiste a cada individuo en particular. Por último hago del conocimiento a su digna autoridad, que mi defendido tienen arraigo en el país, y poseen buena conducta predelictual, asimismo está dispuesto a cumplir con las obligaciones que pudiera imponer el Tribunal.
PETITORIO
Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en las normativas antes señaladas, en relación con los artículos 8, 9, 242 y 250 todos del Código Orgánico Procesal Penal, y las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica de la Defensa Pública en su artículo 24 numerales 2 y 4, esta Defensa SOLICITA LA REVISIÓN DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL, y que se le CONCEDA a mi defendido: YURBELE CASTRO, N° V-16.098.484 y EDUARDO OSTO N° V-20.107.198, una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD de posible cumplimiento, para lo cual este ha manifestado su disposición a cumplir con las obligaciones que tenga a bien imponer el Tribunal…”

Primeramente, el Código Orgánico Procesal Penal contempla en su Título Preliminar los principios y garantías procesales referidas entre otros, a la autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones contemplado en el artículo 4, de la obligatoriedad para decidir prevista en el artículo 6, ello en consonancia con las garantías constitucionales del Debido Proceso, tutelado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho que le asiste a toda persona a ser oída en cualquier fase del proceso, establecido en el artículo 49.2 y artículo 334 del deber de los Jueces y Juezas en velar por el estricto cumplimiento de las normas constitucionales, y de rango legal, así como también, ejercer el control de la actuación de cada una de los sujetos procesales que intervienen dentro del proceso jurídico, en el principio de la igualdad de las partes previsto en el artículo 12 de la Norma Adjetiva Penal.

En atención a ello, procede este Tribunal en la facultad conferida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a dar respuesta al petitorio efectuado por parte de la Abg. KAREN RAMOS PEREIRA, Defensora Pública Provisoria Undécima, del examen de la revisión de la medida que pesa hasta la presente fecha contra de los justiciables YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484 y EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198; observando de la revisión del expediente que hasta la presente fecha no se encuentran desvirtuados los motivos que fundamentaron la imposición de la medida de privación judicial de libertad del justiciable, acordada ante el Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal en Audiencia de Presentación de imputado, en fecha dos (02) de marzo de 2025, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACION, previsto y sancionado en el articulo 259 con los agravantes del articulo 217 ambos de la Ley Organice para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y donde la Fiscalía Vigésima Sexta (26°) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial Penal del estado Aragua, por considerar elementos de convicción suficientes que presumen a los acusados como autores o participes de los hechos denunciados en fecha veintinueve (29) de Febrero de 2024 según se desprende en Acta Policial cursante al folio tres (03) de la pieza I del expediente, presentó escrito acusatorio en fecha diecisiete (17) de abril de 2024, el cual en la garantía del Principio de Adquisición Procesal y de Comunidad de Prueba durante el contradictorio se obtendrá la verdad.

Sostiene la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que respecta a las Medidas de Coerción Personal, lo siguiente: “…las medidas de coerción personal tienen como objeto principal servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los procesados penalmente al desarrollo del debate y resultas del proceso criminal que se le sigue… El resultado de un juicio puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacer ilusoria la ejecución de la sentencia (Sentencia N” 102 de fecha 18-03-11 con Ponencia de la Magistrada Presidenta de Sala Penal Dra. Ninoska Queipo Briceño).

Por otra parte, la Sentencia N° 2089 de fecha veintiuno (21) de diciembre de 2023, Sala Constitucional de Alto Juzgado: “…las medidas de privación judicial preventiva de libertad no debe ser un todo absoluto en virtud de que existen circunstancias que pueden variar dentro del proceso penal que hacen que ya no se encuentren los extremos de ley que motivaron inicialmente su aplicación, lo cual haría procedente su revisión. El principio de presunción de inocencia no implica la prohibición de acordar medidas cautelares privativas de libertad cuando su imposición busque salvaguardar finalidades estrictamente procesales; lo que sí está vedado es su aplicación como una suerte de pena anticipada o de sanción procesal en contra del inculpado, producto de la permanencia prolongada de dichas medidas de coerción personal…”.

Criterio, además, sostenido en la Sentencia N° 390 de fecha diecinueve (19) de julio de 2024, emanada de la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal, sostiene que:

“…En atención al principio del estado de libertad como regla, contemplado en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad están sujetas a revisión, ya sea por su incumplimiento o porque se solicite su levamiento…”.

De modo que, los operadores de justicia solo puede revocar la medida una vez que existan factores que desvirtúen lo hechos debatidos, que le generaran duda razonable o si existiera algún hecho que modificara o cesara las causas que impulsaron la imposición de la medida primigenia, sostenido así en Sentencia N° 582, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil seis (2006), de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ratificado por esa misma sala en Sentencia N°015, Expediente N° R14-7, Caso BRACHO, GARCÍA, TORRES, NOGUERA, dictado en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil catorce (2014) con Ponencia del Magistrado DR.HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, indicando entre otras cosas, lo siguiente:

“…Respecto a la gravedad del delito es importante señalar que muchos doctrinarios han relacionado el carácter grave de los delitos con las penas más severas. No obstante, ha sido jurisprudencia reiterada, el criterio sostenido por la hoy extinta Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que la expresión ‘delitos graves’ debe ser interpretada de una manera más lata y general y no tan restringida. Esto es, que la gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo ‘(…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos (…) las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad…” (Resaltado de este Tribunal de Instancia).

Como es de ver, la doctrina jurisprudencial específica que en cuanto a la gravedad de los delitos se deben tomar en cuenta ciertas circunstancias como la magnitud del daño causado, el hecho social, el bien jurídico protegido, la obstaculización en cuanto al desarrollo del debate, el peligro de fuga, para estimar la procedencia de la medida cautelar sustitutiva de libertad, por lo que, quien aquí decide considera que si bien es cierto que ha sido evacuado parte del caudal probatorio promovido, no puede fundarse a criterio de la defensa como circunstancias favorables para la interposición de una medida menos gravosa, cuando la faculta de apreciación de las pruebas es a criterio del juzgador, una vez que el debate cumpla su finalidad conforme a la valoración y análisis del caudal probatorio debatido.

En tal sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el artículo 253 que:

Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio…”

Es por lo que, al no existir nuevos elementos que pudiesen desvirtuar el peligro de fuga para el estudio y que pudiese esta jurisdicente considerar conforme a la afirmación del principio de la libertad, la imposición de una medida cautelar sustitutiva de libertad menos gravosa de la solicitada por la Defensa, se mantiene la medida de Privación Preventiva de Libertad que pesa sobre el acusado de auto, no observándose que hayan disminuido o desaparecido las circunstancias por las que se tomó en consideración la imposición de la misma, siendo además que el asunto penal se encuentra en Continuación de Juicio Oral y Público, fase procesal más garantista del proceso penal donde se demostrara el establecimiento de la verdad los hechos objetos del proceso. Razón por la cual, considera quien aquí decide, declarar sin lugar la solicitud de otorgamiento de una medida menos gravosa incoada por la representación de la defensa Pública ABG. KAREN RAMOS PEREIRA, en escrito presentado de fecha treinta (30) de enero de 2025 constando en autos en fecha treinta y uno (31) de enero de 2025, manteniendo la Privación Preventiva de Libertad y el sitio de reclusión que pesa sobre los ciudadanos YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484 y EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198, como medida cautelar para garantizar las finalidades del presente proceso, que no es otra cosa, que el establecimiento de la verdad de los hechos, así como la efectiva realización de la justicia en la aplicación del derecho. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Establecido lo anterior, este Tribunal Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal, en obediencia a la Ley, el derecho y la justicia como fines fundamentales de un proceso justo, DECLARA: NEGAR la solicitud de otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad, incoada por parte de la representación de la defensa abogada KAREN RAMOS PEREIRA, adscrita a la defensoría N° 11 de la Defensa Pública del estado Aragua, en escrito interpuesto en fecha treinta (30) de enero de 2025 constando en autos en fecha treinta y uno (31) de enero de 2025. En consecuencia, se mantiene la validez de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que pesa contra de los ciudadanos YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484 y EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198, por cuanto no han variado las circunstancia que dieron origen a la misma. Negativa que obedece de conformidad con los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 250, 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese la presente decisión. Diarícese. Cúmplase.
LA JUEZA,

ABG. JESSICA COROMOTO SÁEZ
Juez Provisorio del Tribunal Octavo (8°) en función de Juicio
Del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.
EL SECRETARIO,

ABG. GILBERTO PARRA

En esta misma fecha, se cumplió lo ordenado en auto que antecede.

EL SECRETARIO,

ABG. GILBERTO PARRA

Expediente N° 8J-0278-24
JCS/HA.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
TRIBUNAL OCTAVO (8°) DE PRIMERA INSTANCIA
ESTADAL EN FUNCIONES DE JUICIO
214º de la Independencia y 165º de la Federación

Maracay, 04 de Febrero de 2025

BOLETA DE NOTIFICACIÓN N° 097-25
SE HACE SABER:

A la ciudadana, Abogada KAREN RAMOS PEREIRA, adscrita a la defensoría N° 11 de la Defensa Pública del estado Aragua, en su carácter de Defensa Pública de los justiciables YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484 y EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198, plenamente identificado en el asunto penal N° 8J-0278-24, se le notifica que este Tribunal por decisión de esta misma fecha y en atención al escrito interpuesto en fecha treinta (30) de enero de 2025 constando en autos en fecha treinta y uno (31) de enero de 2025, dicto lo siguiente:
“…DECLARA: NEGAR la solicitud de otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad, incoada por parte de la representación de la defensa abogada KAREN RAMOS PEREIRA, adscrita a la defensoría N° 11 de la Defensa Pública del estado Aragua, en escrito interpuesto en fecha treinta (30) de enero de 2025 constando en autos en fecha treinta y uno (31) de enero de 2025. En consecuencia, se mantiene la validez de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que pesa contra de los ciudadanos YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484 y EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198, por cuanto no han variado las circunstancia que dieron origen a la misma. Negativa que obedece de conformidad con los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 250, 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

Firmará al pié de la presente boleta en señal de haber sido notificado.-

Notificación que se hace, a los fines legales consiguientes.

LA JUEZ,

ABG. JESSICA COROMOTO SÁEZ
Jueza del Juzgado Octavo (8º) de Primera Instancia en
Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua

FIRMA: _____________ HORA: __________ FECHA: _______________

DOMICILIO PROCESAL: DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN EL PRIMER PISO, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA.

ASUNTO PENAL N° 8J-0278-24
JCS/HA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
TRIBUNAL OCTAVO (8°) DE PRIMERA INSTANCIA
ESTADAL EN FUNCIONES DE JUICIO
214º de la Independencia y 165º de la Federación

Maracay, 04 de Febrero de 2025

BOLETA DE NOTIFICACIÓN N° 098-25
SE HACE SABER:

A la ciudadana, Fiscal Abogada SACHENKA LUGO, adscrita a la fiscalía Décima Quinta (15°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Aragua, que este Tribunal por decisión de esta misma fecha y en atención al escrito interpuesto en fecha treinta (30) de enero de 2025 constando en autos en fecha treinta y uno (31) de enero de 2025, por parte de la Abogada KAREN RAMOS PEREIRA, adscrita a la defensoría N° 11 de la Defensa Pública del estado Aragua en su carácter de Defensa Pública de los justiciables: YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484 y EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198, plenamente identificado en el asunto penal N° 8J-0258-24, se dictó lo siguiente :

“…DECLARA: NEGAR la solicitud de otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad, incoada por parte de la representación de la defensa abogada KAREN RAMOS PEREIRA, adscrita a la defensoría N° 11 de la Defensa Pública del estado Aragua, en escrito interpuesto en fecha treinta (30) de enero de 2025 constando en autos en fecha treinta y uno (31) de enero de 2025. En consecuencia, se mantiene la validez de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que pesa contra de los ciudadanos YURBELE CASTRO LOPEZ, titular de la cédula de identidad N° V-16.098.484 y EDUARDO ANTONIO OSTO PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-20.107.198, por cuanto no han variado las circunstancia que dieron origen a la misma. Negativa que obedece de conformidad con los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 250, 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

Firmará al pié de la presente boleta en señal de haber sido notificado.-

Notificación que se hace, a los fines legales consiguientes.

LA JUEZ,

ABG. JESSICA COROMOTO SÁEZ
Jueza del Juzgado Octavo (8º) de Primera Instancia en
Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua

FIRMA: ___________________ HORA: __________ FECHA: _______________

DOMICILIO PROCESAL: SEDE DE LA FISCALIA DÉCIMA QUINTA (15°) DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA.

ASUNTO PENAL N° 8J-0278-24 (Nomenclatura interna de este Juzgado)
MP-42174-2024 (Nomenclatura de la Causa Fiscal)
JCS/HA